RESOLUCION267262016201605 script var date = new Date(10/05/2016); document.write(date.getDate()); script falsefalseSUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIOSuperintendencia de Industria y ComercioPor la cual se imponen unas sanciones por infracciones al régimen de protección de la competencia y se adoptan otras determinaciones.falsefalseComercio, Industria y Turismotruefalsefalse10/05/201610/05/2016

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 26726 DE 2016

(mayo 10)

Por la cual se imponen unas sanciones por infracciones al régimen de protección de la competencia y se adoptan otras determinaciones.

[Mostrar]

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

  

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las previstas en la Ley 1340 de 2009, el Decreto 4886 de 2011[1], en concordancia con el Decreto 2153 de 1992[2]

  

  

CONSIDERANDO: 

  

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 32820 del 29 de mayo de 2012, el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia ordenó la apertura de investigación y formuló pliego de cargos contra RODRIGO JARAMILLO MEJÍA, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN MOBIL EL ALJIBE (en adelante, EL ALJIBE), ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ ESTACIÓN DE SERVICIO LA ESMERALDA (en adelante, LA ESMERALDA}, ZULLY CATALINA VILLAMARÍN ORDÓÑEZ, en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIOS PALACE POPAYÁN (en adelante, PALACE), RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO LA VIRGEN POPAYÁN (en adelante, LA VIRGEN), GUILLERMO MUÑOZ PINO, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO El CRUCERO TOTORO (en adelante, CRUCERO TOTORO[3]), MARTHA LEONOR DEL SOCORRO BRAVO ROJAS, en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio SERVICENTRO ESSO SOTARA (en adelante, ESSO SOTARA), LUIS FELIPE MURIEL PALACIOS, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO CALIBIO (en adelante, CALIBIO[4]), JOSÉ IGNACIO CHÁVEZ ZARAMA, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO # 23 POPAYAN (en adelante, TEXACO 23[5]), MARÍA JULIA MOLINA DE SOLARTE, en su calidad de arrendataria del establecimiento de comercio AUTO CENTRO POPAYÁN, HERNANDO SOLARTE GÓMEZ, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio AUTO CENTRO POPAYÁN[6] , CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIOBELLA VISTA (en adelante BELLA VISTA), NÉSTOR GONZÁLEZ MEJÍA, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN SANTA ELENA POPAYÁN (en adelante, SANTA ELENA), LUBRICOM & CIA LTDA. (en adelante, LUBRICOM) en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO MOBIL EL FAROL (en adelante, EL FAROL), INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA & CIA LTOA. (en adelante, INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA) en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN LIBERTAD (en adelante, LIBERTAD), ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. (en adelante, TERPEL) en su calidad de propietario del establecimiento de comercio EDS BOLÍVAR (en adelante, BOLÍVAR), COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA-COOMOTORISTAS (en adelante, COOMOTORISTAS) en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO COOMOTORISTAS POPAYÁN (en adelante, COOMOTORISTASPOPAYÁN), COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES RÁPIDO TAMBO (en adelante, RÁPIDOTAMBO), en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL TRANSTAMBO (en adelante, TRANSTAMBO), DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS POPAYÁN LTDA DISERPO LTDA (en adelante, DISERPO)[7] en su calidad de propietario del establecimiento de comercio DISERPO LTDA., CENTRO DE SERVICIOS PARACARROS S.A. (en adelante, CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS) en su calidad de propietario del establecimiento de comercio CENTRO CARROS DEL NORTE (en adelante, CENTRO CARROS), INVERSAV S.A. (en adelante, INVERSAV) en su calidad de propietario del establecimiento de comercio AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA (en adelante TERPEL AVENIDA), S Y M LIMITADA (en adelante, S Y M), en su calidad de propietario del establecimiento de comercio S Y M LIMITADA AUTOCENTRO RÍO BLANCO (en adelante, RÍO BLANCO), DICOM INVERSIONES S.A.S. (en adelante, DICOM)[8], en su calidad de propietario del establecimiento de ESTACIÓN DE COMBUSTI BLE EL CRUCERO TOTORO (en adelante, CRUCERO TOTORO), para determinar si infringieron lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 (acuerdo de precios). 

  

Así mismo, se abrió investigación y se formuló pliego de cargos en contra de la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GASOLINA Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO (en adelante, SODICOM), para determinar si infringió lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992 (actos de influenciación para incrementar los precios). 

  

SEGUNDO: Que la presente actuación administrativa se inició a partir de una denuncia radicada con No. 10-83828-0 del 10 de julio de 2010 por MELKICEDETH ANDRADE SALAZAR en la que informaba sobre la presunta existencia de un cartel de precios fijados de las estaciones de servicio minoristas de gasolina corriente motor y ACPM en la ciudad de Popayán (Cauca). 

  

Indicó en el escrito de queja que, si bien es cierto la comercialización minorista de gasolina corriente motor y ACPM estaba regulada por el Gobierno Nacional, existía una considerable diferencia en las ciudades en las que su precio estaba regulado y el precio de comercialización de la gasolina en Popayán. En ese sentido, señaló que el supuesto sobreprecio no tiene justificación económica, ya que Popayán está ubicada a dos horas de la planta de almacenamiento de los distribuidores mayoristas en Yumbo (Valle del Cauca)[9]

  

De acuerdo con lo anterior, el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia ordenó iniciar una averiguación preliminar mediante memorando interno radicado con No. 10- 83828-72 del 11 de febrero de 2011[10], con el fin de determinar la necesidad de abrir una investigación formal por la presunta comisión de prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia económica en el mercado de la distribución minorista de gasolina corriente motor y el ACPM en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca. 

  

Durante el curso de la averiguación preliminar, la Delegatura para la Protección de la Competencia (en adelante la Delegatura) efectuó algunos requerimientos de información a varios agentes del mercado, practicó visitas administrativas a establecimientos de distintos comercializadores, recopiló declaraciones y recaudó documentos. 

  

Mediante Resolución No. 32820 del 29 de mayo de 2012[11], la Delegatura para la Protección de la Competencia ordenó la apertura de la investigación y formuló pliego de cargos, con la finalidad de establecer si los investigados ejecutaron conductas constitutivas de prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia económica, en los siguientes términos: 

  

(i) Por la presunta infracción de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992: 

  

La Delegatura ordenó la apertura de la investigación y formuló pliego de cargos por presuntamente haber incurrido en cartelización de precios, a las siguientes personas: 

  

Personas naturales, en su condición de agentes del mercado: RODRIGO JARAMILLO MEJÍA, ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ, ZULLY CATALINA VILLAMARÍN ORDÓÑEZ, RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA, GUILLERMO MUÑOZ PINO, MARTHA LEONOR DEL SOCORRO BRAVO ROJAS, LUIS FELIPE MURIEL PALACIOS, JOSÉ IGNACIO CHÁVEZ ZARAMA, MARÍA JULIA MOLINA DE SOLARTE, HERNANDO SOLARTE GÓMEZ, CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ, NÉSTOR GONZÁLEZ MEJÍA. 

  

Personas jurídicas: LUBRICOM, INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA, TERPEL, COOMOTORISTAS, RÁPIDO TAMBO, DISERPO, CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS, INVERSAV, S Y M y DICOM. 

  

(ii) Por la presunta infracción del numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992: 

  

La Delegatura ordenó la apertura de la investigación y formuló pliego de cargos por la presunta comisión de actos de influenciación para incrementar precios a SODICOM

  

TERCERO: Que de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 1340 de 2009[12], algunos investigados ofrecieron garantías, con el fin de que el Superintendente de Industria y Comercio diera por terminada de manera anticipada la presente investigación. Una vez analizadas las propuestas, fueron rechazadas por considerarse que los compromisos propuestos resultaban insuficientes para ordenar la terminación anticipada de la actuación administrativa. 

  

CUARTO: Que una vez notificada la Resolución de Apertura de Investigación con Pliego de Cargos, sus adiciones y modificaciones y corridos los términos para solicitar y aportar pruebas[13], mediante Resolución No. 89280 del 27 de diciembre del 2013[14], adicionada y modificada por la Resolución No. 5372 del 06 de febrero de 2014, Resolución No. 19380 del 27 de marzo del 2014[15], Resolución No. 30513 del 7 de mayo de 2014 y Resolución No. 32524 del 22 de mayo de 2014, la Delegatura ordenó practicar algunas pruebas solicitadas por los investigados y rechazó otras. Así mismo, decretó de oficio las pruebas que consideró conducentes, pertinentes y útiles para la presente investigación administrativa. 

  

QUINTO: Que luego de culminar la etapa probatoria y realizada la audiencia de descargos el 20 de noviembre de 2015[16], de conformidad con lo previsto por el artículo 155 del Decreto 19 de 2012[17], mediante oficio radicado con No. 10-83828-859 del 25 de febrero de 2016[18], el Delegado presentó ante el Superintendente de Industria y Comercio, el Informe Motivado con el resultado de la etapa de instrucción (en adelante "Informe Motivado") en el cual recomendó: 

  

"(.. .) SANCIÓN en contra de: ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 6.459.720; ZULLY CATALINA VILLAMARÍN ORDÓÑEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 67.001.193; RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA identificado con cédula de ciudadanía No. 10.540.031; MARTHA LEONOR BRAVO ROJAS identificada con cédula de ciudadanía No. 27.069.424; LUIS FELIPE MUR/EL PALACIOS identificado con cédula de ciudadanía No. 76.320.987; JOSÉ IGNACIO CHÁVEZ ZARAMA identificado con cédula de ciudadanía No. 12.989.667; MARÍA JULIA MOL/NA DE SOLARTE identificada con cédula de ciudadanía No. 27.294.807; CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 10.518.248; NÉSTOR GONZÁLEZ MEJÍA identificado con cédula de ciudadanía 10.532.181; LUBRICOM Y CIA LTDA identificada con NIT. 891.304.365; INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA & CIA. LTDA. identificada con NIT 900.062.762; ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. con NIT 830.095.213; COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA-COOMOTORISTAS identificada con NIT 891.500.045; COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES RÁPIDO TAMBO NIT 891.500.194; DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS POPAYÁN LTDA-DISERPO identificada con NIT 800.012.008; CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A. identificada con NIT 900.021.407; INVERSAV S.A. identificada con NIT 817.004.979; S y M LIMITADA identificada con NIT 891.502.289 y D/COM INVERSIONES S.A.S. identificada con NIT 900.407.396, respecto de las conductas imputadas en el pliego de cargos contenido en la Resolución de Apertura de Investigación previstas en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. 

  

Adicionalmente, para la presente actuación administrativa se recomienda SANCIÓN en contra de la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GASOLINA Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO - SOD/COM identificada con NIT 890.304.416, respecto de la conducta imputada en el pliego de cargos contenido en la Resolución de Apertura de Investigación, prevista en el numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992. 

  

Por último, se recomienda ARCHIVAR la presente actuación administrativa en favor de GUILLERMO MUÑOZ PINO identificado con cédula de ciudadanía No. 4.604.792, RODRIGO JARAMILLO MEJÍA identificado con cédula de ciudadanía No. 6.086.453 y HERNANDO SOLARTE GÓMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 5.281.122 respecto de las conductas imputadas en el pliego de cargos contenido en Ja Resolución de Apertura de Investigación previstas en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992". 

  

Frente a las conductas investigadas, la Delegatura estructuró su análisis partiendo de la identificación del mercado presuntamente afectado, para luego examinar la regulación del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (en adelante MME) sobre los precios de los combustibles. Posteriormente, analizó las conductas imputadas y finalizó con las recomendaciones de sanción y archivo. 

  

5.1. Consideraciones de la Delegatura frente al mercado presuntamente afectado 

  

Luego de definir la cadena productiva de los combustibles, la Delegatura centró su atención en el eslabón de la cadena productiva correspondiente a la distribución minorista de combustibles (a la que pertenecen las estaciones de servicio), enfocándose en la gasolina corriente motor y el ACPM. En ese sentido, determinó que el mercado relevante de producto era la comercialización minorista de gasolina corriente motor y ACPM. 

  

En cuanto al mercado relevante geográfico, la Delegatura estimó que era la ciudad Popayán donde prestan sus servicios las estaciones de servicio (EDS) investigadas. 

  

5.2. Consideraciones de la Delegatura sobre la normatividad del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA respecto del precio de la gasolina corriente motor y ACPM 

  

La Delegatura afirmó que, de acuerdo con el numeral 1 del artículo 3 del Decreto 2119 de 1992, corresponde al MME adoptar la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, beneficio, transformación y distribución de minerales e hidrocarburos. En tal virtud, reglamentó la forma en que se fijan las tarifas del sector petrolero y sus derivados. 

  

En 1998 el MME expidió las Resoluciones Nos. 82438 y 82439 de 1998 mediante las cuales se establecieron dos regímenes diferentes que regulaban la forma de comercialización de los combustibles, lo cual dependía de la ubicación geográfica de los distribuidores minoristas de gasolina corriente motor y ACPM, así: 

  

(i) Régimen de libertad vigilada aplicable a las ciudades capitales de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y el Distrito Capital de Bogotá. 

  

(ii) Régimen de libertad regulada aplicable a todas las ciudades capitales de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, Guajira, Vaupés, Vichada y demás municipios del territorio nacional no mencionados anteriormente. 

  

De acuerdo con la regulación, explica la Delegatura, el régimen de libertad vigilada permitía que los precios de venta al público por galón fueran fijados libremente por cada distribuidor minorista; en cambio, el régimen de libertad regulada imponía un límite máximo al margen de los distribuidores minoristas. Así, en cumplimiento de las referidas resoluciones cualquier estación de servicio que distribuyera gasolina corriente motor o ACPM en el territorio nacional, se encontraba vinculada a uno de los dos regímenes, según su ubicación geográfica. 

  

Posteriormente, durante el periodo comprendido entre los años 2003 a 2009, el MME modificó la regulación en cuanto a la estructura de los precios y los márgenes máximos para los distribuidores minoristas y mayoristas de combustibles. 

  

El 22 de junio de 2011 el MME expidió la Resolución No. 181047 de 2011, a través de la cual modificó el régimen vigente para la fijación de precios de venta al público de la gasolina motor corriente y ACPM, incluyendo a Popayán en el régimen- de libertad regulada. A su turno, las Resoluciones Nos. 181047 del 22 de junio y 182336 del 30 de diciembre de 2011, fijaron el margen que debía observar el distribuidor minorista de gasolina y ACPM en las ciudades en que se impuso el régimen de libertad regulada, al momento de fijar los precios de venta al público, resoluciones que aplicaban para Popayán. 

  

Por lo demás, la Delegatura concluyó afirmando que en la Resolución No. 181047 del 22 de junio 2011, el MME consideró que, si bien el régimen de libertad vigilada buscaba que, en un escenario de competencia, los distribuidores minoristas tuvieran una remuneración adecuada que les permitiera desarrollar su negocio, observó que en el marco de dicho régimen no se estaba generando una efectiva competencia entre las estaciones de servicio de aquellas ciudades, lo que llevó al MME a adoptar el régimen de libertad regulada en las ciudades que antes estaban bajo el régimen de libertad vigilada. 

  

5.3. Consideraciones de la Delegatura en relación. con la presunta violación del numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 

  

Las conductas objeto de estudio por parte de la Delegatura en su Informe Motivado, darían cuenta de la existencia de un presunto cartel conformado por las estaciones de servicio minoristas, para fijar los precios de venta al público de gasolina y ACPM en Popayán a través de la modalidad de práctica conscientemente paralela. Dicha conducta habría sido adelantada por LUBRICOM, INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA, TERPEL, S Y M, COOMOTORISTAS, RÁPIDO TAMBO, DISERPO, CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS e INVERSAV, RODRIGO JARAMILLO MEJÍA, ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ, ZULLY CATALINA VILLAMARÍN ORDÓÑEZ, RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA, GUILLERMO MUÑOZ PINO, MARTHA LEONOR DEL SOCORRO BRAVO ROJAS, LUIS FELIPE MURIEL PALACIOS, JOSÉ IGNACIO CHÁVEZ ZARAMA, MARÍA JULIAMOLINA DE SOLARTE, HERNANDO SOLARTE GÓMEZ, CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ y NÉSTOR GONZÁLEZ MEJÍA. 

  

Explicó la Delegatura que el paralelismo consciente tiene que ver con aquellas situaciones de mercado en las cuales no existe un acuerdo expreso sobre las variables de competencia (precio y cantidades) pero se presentan comportamientos armónicos y sincronizados duraderos por parte de varios agentes económicos. Así pues, el paralelismo puede constituir una práctica anticompetitiva cuando los agentes económicos convienen en forma consciente y sincronizada, eliminar la competencia sobre alguna variable estratégica, como por ejemplo, el precio. 

  

Las practicas conscientemente paralelas tienen dos elementos: (i) el elemento económico, en virtud del cual debe evidenciarse un comportamiento coordinado y armónico de agentes que participan en un mismo mercado sobre una variable de competencia y (ii) el elemento consciente, en el cual debe identificarse que los agentes conocen que su actuar es coordinado. 

  

Es importante indicar que la Delegatura evidenció que para la época de los hechos objeto de investigación, el mercado de la gasolina corriente motor y ACPM en Popayán, se desarrolló bajo dos regímenes: (i) libertad vigilada, entre enero de 2009 y junio de 2011 y (ii) libertad regulada, entre julio de 2011 y diciembre de 2012. 

  

Como ya se indicó, la diferencia entre libertad regulada y vigilada, es la independencia con la que el distribuidor minorista fija su margen de distribución. En la libertad vigilada no hay límite, en razón del gran número de oferentes. En la libertad regulada hay restricciones y se aplica en aquellas zonas del país donde hay poca oferta o existen "sobrecostos" de transporte[19]. Bajo este contexto, la Delegatura analizó la conducta investigada, en el marco de la figura del paralelismo consciente, con sus dos elementos ya mencionados: comportamiento económico y elemento consciente. 

  

En cuanto al elemento económico, la Delegatura estudió los precios por galón de venta al público fijados por los investigados para la gasolina corriente motor y ACPM, encontrando un comportamiento paralelo para el período comprendido entre enero de 2009 y mayo de 2011, el cual se desarrolló bajo el régimen de libertad vigilada. 

  

Para el periodo posterior, cuando entró en vigencia un régimen de libertad regulada en Popayán, los precios cambiaron su comportamiento y empezaron a presentar mayor volatilidad, lo cual para la Delegatura resultó ser a lo esperado, desde el punto de vista económico, en cada uno de los regímenes. 

  

La Delegatura encontró atípico el comportamiento de los precios de la gasolina corriente motor y ACPM antes y después del cambio de régimen regulatorio (de vigilado a regulado). Para la Delegatura, resulta contrario a la lógica económica que el precio de cada uno de estos productos tuviera un patrón de comportamiento uniforme, tanto en el tiempo como en los valores, cuando la regulación correspondía al régimen de libertad vigilada, pues allí se espera que exista mayor competencia y libertad para manejar los márgenes de utilidad. En cambio, cuando inició el régimen de libertad regulada, donde existen restricciones y límites a esta libertad, los precios se comportaron de manera diferente y presentaron divergencias. 

  

Concluye la Delegatura afirmando que existió una similitud en los precios y un comportamiento atípico con el cambio del régimen regulatorio, por lo que las condiciones del mercado no explican esta coordinación y los valores tan cercanos. Adicionalmente, llamó la atención de la Delegatura que el comportamiento de los precios de la gasolina y ACPM fuera similar, aun cuando se probó que las estaciones de servicio tenían estructuras de costos diferentes. 

  

A partir de estudiar el comportamiento periódico de los costos de transporte de las EDS entre enero de 2009 y enero de 2012, la Delegatura concluyó que, para cada tipo de combustible, los costos de transporte de las EDS investigadas son diferentes. Para la gasolina corriente motor, la estación de servicio que presentó mayores costos en flete fue PALACE ($350 por galón) y la de menores costos fue CRUCERO TOTORO ($120 - $130 por galón). Para el ACPM, la estación de servicio que presentó mayores costos en flete fue PALACE ($350 por galón) y la de menores costos fue CRUCERO TOTORO ($132 por galón en promedio). 

  

De conformidad con lo anterior, para la Delegatura la diferencia entre los costos del flete de los combustibles analizados es marcada, lo que hace que el paralelismo carezca, en principio, de justificación económica. Siendo el precio de transporte diferente, es natural que los demás costos también lo sean, por lo que el precio de venta al consumidor en cada estación de servicio debería también ser diferente. 

  

Del mismo modo, la Delegatura analizó el comportamiento de los precios fijados por las estaciones de servicio afiliadas y no afiliadas a SODICOM, entidad gremial que agrupa a la mayoría de distribuidores de combustibles en Popayán, encontrando que la evolución de los precios de cada clase de agente (agremiado y no agremiado) fue equivalente. 

  

Por otra parte, en cuanto al segundo aspecto objeto de análisis de la conducta, vale decir, el elemento consciente, la Delegatura llamó la atención sobre la grabación de audio de una reunión celebrada el 10 de diciembre de 2010, en la que algunos miembros de la Junta Directiva de SODICOM plantearon la posibilidad de modificar el Acta de Junta Directiva No. 174 por cuanto se habló de precios. En ese sentido, manifestó uno de los intervinientes su preocupación por que: "..hacia un futuro en una investigación pidan las actas y se den cuenta de eso...". 

  

Así mismo, se discutió en dicha reunión la forma en que debía responderse un requerimiento de información hecho por la Delegatura a las investigadas, quienes se habrían concertado a instancias de SODICOM para solicitar una prórroga y dar una respuesta conjunta al mismo. 

  

Finalmente, la Delegatura recomienda sancionar a ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ ZULLY CATALINA VILLAMARÍN ORDÓÑEZ; RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA, MARTHA LEONOR BRAVO ROJAS; LUIS FELIPE MURIEL PALACIOS; JOSÉ IGNACIO CHÁVEZ ZARAMA; MARÍA JULIA MOLINA DE SOLARTE; CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ; NÉSTOR GONZÁLEZ MEJÍA; LUBRICOM Y CIA LTOA; INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA & CIA. LTDA.; ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.; COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA-COOMOTORISTAS; COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES RÁPIDO TAMBO; DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS POPAYÁN LTDA; CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A.; INVERSAV S.A.; S y M LIMITADA y DICOM INVERSIONES S.A.S. respecto de las conductas imputadas en el pliego de cargos contenido en la Resolución de Apertura de Investigación previstas en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, esto es, acuerdo de precios en la modalidad de práctica conscientemente paralela. 

Por último, la Delegatura recomendó ARCHIVAR la investigación respecto de RODRIGO JARAMILLO MEJÍA ya que es un agente de mercado que no estaba afiliado a SODICOM para la época de los hechos, y además fue ajeno a todas las actuaciones a partir de las cuales la Delegatura concluyó sobre el "elemento consciente" de la conducta. En consecuencia, no obstante que los precios de la estación EL ALJÍBE se comportaron paralelamente con los precios de las demás estaciones investigadas, se imposibilitó la atribución del elemento consciente de su conducta (voluntad de acuerdo). 

  

Frente a GUILLERMO MUÑOZ PINO está probado que fue el propietario de la estación de servicios CRUCERO TOTORO hasta el 8 de febrero de 2011, y en consecuencia, se recomendó la declaratoria de caducidad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia al transcurrir más de cinco años desde la comisión de la conducta anticompetitiva investigada. 

  

Finalmente, frente a HERNANDO SOLARTE GÓMEZ, está acreditado que no fungió como agente económico del mercado durante el periodo investigado, ya que si bien es cierto era el propietario de la estación de servicio AUTO CENTRO POPAYÁN, celebró un contrato de arrendamiento sobre dicho establecimiento de comercio, de tal suerte que no habría orientado la actividad económica ni explotado dicho establecimiento para la época de los hechos. 

  

5.4. Consideraciones de la Delegatura en relación con la presunta violación del numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992 

  

En cuanto a los posibles actos de influenciación ejercidos por SODICOM sobre las estaciones de servicio para fijar sus precios en el mercado, indicó la Delegatura que dicha agremiación fue el sujeto activo de la conducta y las estaciones de servicio los sujetos pasivos de la misma. 

  

El elemento objetivo se constituyó a partir del comportamiento desplegado por , entidad gremial que agrupa a la mayoría de distribuidores de combustibles en Popayán, que desembocó en una práctica paralela de las estaciones de servicio quienes en lugar de adoptar una política autónoma para fijar sus precios de venta, y mantener un comportamiento heterogéneo frente a los precios de venta acorde con un escenario en el que los agentes compiten entre sí por aumentar sus ventas, mostraron niveles de precios similares durante un mismo periodo y, en esta medida, decidieron incrementarlos o se abstuvieron de rebajarlos, dando lugar así al efecto previsto en la norma. 

  

Afirma la Delegatura que el comportamiento mostrado por SODICOM, en coordinación con las estaciones de servicio investigadas, desembocó en una homogeneidad de los precios en el mercado de la comercialización y distribución de gasolina corriente motor y ACPM en Popayán. 

  

En primer lugar, indica la Delegatura que se probó que las estaciones de servicio y SODICOM tenían una comunicación fluida y constante. Así mismo, el ente gremial coordinó a las estaciones investigadas para que respondieran las solicitudes de información hechas por la Delegatura. También se afirmó que SODICOM propició la celebración de reuniones con esta finalidad. Se determinó que fue aprobado en Junta Directiva el texto de la comunicación de solicitud de prórroga radicada por los investigados ante esta Superintendencia, lo cual sería indicativo de un firme interés de la asociación, en el devenir de esta actuación administrativa, en la cual, para la época de estas reuniones, no había sido requerida. 

  

En segundo lugar, afirmó la Delegatura que constató que los miembros de la Junta Directiva de SODICOM eliminaron las menciones relativas a las discusiones sobre precios que constaban en actas de reunión (No. 174), en razón del riesgo de afrontar una investigación administrativa contra las estaciones de servicio y la agremiación. En opinión de la Delegatura, no existe otra razón que la consciencia de la comisión de un comportamiento no ajustado a derecho por parte de la asociación y las estaciones de servicio que permita justificar el actuar sigiloso de la agremiación. 

  

Por lo anterior, para la Delegatura resulta claro que SODICOM promovió la conducta investigada de influenciación, ya que los hechos expuestos indican que con su orientación y auspicio las estaciones de servicio coordinaron un comportamiento que, de no haber sido patrocinado por esta, cada una de las estaciones de servicio habría fijado autónomamente su estrategia comercial de precios. Así las cosas, la Delegatura recomendó sancionar a SODICOM respecto de la conducta prevista en el numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992, esto es, actos de influenciación para incrementar los precios. 

  

SEXTO: Que en cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 155 del Decreto 19 de 2012, se dio traslado del Informe Motivado a los investigados[20], quienes dentro del término legal manifestaron sus observaciones al mismo. 

  

Los argumentos y observaciones se resumen a continuación: 

  

6.1. Argumentos comunes de los investigados 

  

• Caducidad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que los hechos se habrían producido entre el 10 de julio de 2010 (fecha en la cual se presentó la queja) y el 10 de diciembre de 2010 (reunión entre algunos investigados a instancias de SODICOM), por lo cual ya habrían transcurrido más de cinco años, plazo que tiene la Entidad para investigar y sancionar una conducta anticompetitiva. 

  

• Para ejercer el derecho de defensa, debe precisarse para cada uno de los investigados el periodo donde habría ocurrido la conducta anticompetitiva, lo cual no se hizo en el Informe Motivado. 

  

• Se debe aplicar el principio de investigación integral sobre las pruebas que obran en el expediente, analizando tanto lo favorable como lo desfavorable, ya que la Delegatura se centró solo en los aspectos que afectan a los investigados. 

  

• El posible paralelismo en los precios de venta al público de gasolina y ACPM por parte de las estaciones de servicio, obedece a una realidad económica, ya que dicho precio está regulado por el Estado. 

  

• No hay una estación de serv1c10 líder en el mercado, todas compiten sobre variables diferentes al precio (calidad, servicios adicionales, etc.). 

  

• Si existiera un acuerdo de precios, se generaría una constante repartición del mercado entre las estaciones de servicio, lo cual no ocurre en el presente caso. 

  

• La solicitud conjunta de prórroga hecha por los investigados para responder un requerimiento de información de la Delegatura, así como la asesoría solicitada a SODICOM no es una conducta ilegal, pues es natural que los afiliados acudan a su agremiación. 

  

• En la Resolución de Apertura de Investigación con Pliego de Cargos se indicó que el periodo investigado era de enero de 2009 a junio de 2011, pero la Delegatura extendió dicho periodo hasta diciembre de 2012, al solicitar información comercial para dicho año, impidiendo que los investigados ejercieran cabalmente su derecho de defensa. 

  

• Para tener certeza de la comisión de la conducta anticompetitiva, no basta con la identidad de precios, sino que debe acreditarse una conciencia para eliminar la competencia sobre una variable estratégica. 

  

• Es lícito que los investigados se reúnan y compartan información pública sobre los precios de la gasolina y ACPM. 

  

• La Delegatura se equivocó en su análisis económico, al afirmar que la competencia en el mercado se basa solo en dos variables: precio y cantidad, en tanto existen otras variables de competencia como la calidad del servicio, ubicación geográfica, economías de escala, entre otras. 

  

• Los componentes de la estructura de costos de producción para cada una de las estaciones de servicio investigadas son semejantes (salarios, servicios públicos, etc.), pero la única variable que incidiría es el valor del flete de transporte que varía si la estación de servicio cuenta con un carro tanque propio o tiene un convenio especial de transporte. Sin embargo, un valor de flete diferente no necesariamente conlleva una reducción en el precio de venta al público, ya que el minorista puede determinar invertir ese diferencial en un mejor servicio o en un valor agregado, o puede ser menos eficiente en su estructura de costos frente a su competidor. 

  

6.2. Argumentos particulares de TERPEL 

  

• No hace parte de SODICOM, razón por la cual las decisiones adoptadas en el seno de dicha agremiación no le eran aplicables. 

  

• No participó en la reunión del 1O de diciembre de 201O, donde se propuso modificar el Acta No. 174 sobre los precios de los productos objeto de investigación. 

  

• No solicitó plazo para responder los requerimientos de información de la Delegatura y su respuesta fue presentada de manera independiente al resto de las demás investigadas. 

  

• Los precios de venta de gasolina y ACPM de la estación de servicio BOLÍVAR son calculados desde Bogotá con una herramienta informática llamada PriceltPro, no son fijados localmente en Popayán. 

  

6.3. Argumentos particulares de SODICOM 

  

• Durante el curso de esta investigación, adelantó programas académicos para instruir a sus agremiados sobre las normas de libre competencia. 

  

• La definición del mercado relevante hecho por la Superintendencia, no corresponde a las verdaderas características del mercado ya que este depende de la ubicación de las estaciones de servicio, por ello debe hablarse de un mercado regional Cauca - Valle del Cauca, no solo Cauca como lo describe la Delegatura. 

  

• La conducta de SODICOM no es significativa, en la medida en que cuenta con 245 afiliados en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, de los cuales solo 17 están aquí investigados, lo cual no supera el monto establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio del 20% como elemento de significatividad de la conducta. 

  

• El testimonio rendido ante la Delegatura por la Directora Ejecutiva SODICOM, no puede verse como una expresión de la ilegalidad de la conducta, toda vez que el comportamiento de SODICOM se enmarca en la protección constitucional del derecho de asociación y cabildeo. 

  

6.4. Argumentos comunes de la COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA y de la COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES RÁPIDO TAMBO 

  

Estas dos investigadas manifestaron que su naturaleza jurídica cooperativa implica que no se interesen ni beneficien de un eventual acuerdo de precios, por cuanto su único interés es el beneficio de los afiliados. 

  

6.5. Argumentos particulares de HERNANDO SOLARTE GÓMEZ 

  

Manifestó que no fue agente del mercado durante el periodo investigado. Si bien fue propietario de la estación de servicio AUTO CENTRO POPAYÁN, la cedió a través de un contrato de arrendamiento, de manera que no habría explotado dicho establecimiento de comercio durante el periodo investigado. 

  

6.6. Argumentos particulares de GUILLERMO MUÑOZ PINO 

  

Solicita que se acoja la recomendación de archivo de la Delegatura, y se declarare la caducidad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia al haber transcurrido más de cinco años desde que se habría producido la conducta anticompetitiva. 

  

6.7. Argumentos particulares de DISERPO 

  

La sociedad está disuelta y liquidada desde octubre de 2012, por ello no hay una persona jurídica a quién sancionar. 

  

6.8. Argumentos particulares de INVERSAV 

  

Para la época de los hechos investigados, era propietaria de la estación de servicio AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA y el 80% de sus ventas, provenían de contratos estatales y no de ventas hechas al público en general. Así mismo, asegura que no estaba afiliada a SODICOM. 

  

6.9. Argumentos particulares de INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA & CÍA. LTDA. 

  

Para la época de los hechos investigados INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA & CÍA. LTDA.; era propietaria de la estación de servicio LA LIBERTAD, la cual es una estación privada que solo surte a los vehículos de su empresa de transporte, por ello las restantes estaciones no son sus competidoras al no estar abierta al público. Así mismo, asegura que no estaba afiliada a SODICOM. 

  

6.10. Argumentos particulares de RODRIGO JARAMILLO MEJÍA 

  

Solicitó que se acoja la recomendación de archivo, debido a que no era afiliado a SODICOM y fue ajeno a los hechos a partir de los cuales la Delegatura concluyó que no era posible atribuirle el "elemento consciente" de la conducta (voluntad de acuerdo). 

  

6.11. Argumentos particulares de CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ 

  

Indicó que no es afiliado a SODICOM, razón por la cual la EDS BELLAVISTA no puede ser sancionada, respecto de los temas tratados sobre la modificación del Acta No. 174, en cuanto a los precios de los productos objeto de investigación. 

  

6.12. Argumentos particulares planteados por DICOM INVERSIONES S.A.S. 

  

Para la época en que se presentó la queja no estaba legalmente constituida y solo desde el 1 de abril de 2011 inició sus actividades comerciales. Afirma que su estación está por fuera del marco geográfico de investigación, esto es, a cinco kilómetros de Popayán. Señala que no es afiliado a SODICOM razón por la cual no puede ser sancionada. 

  

SÉPTIMO: Que en el escrito de observaciones al Informe Motivado, los investigados presentaron una solicitud de nulidad, argumentando que esta Superintendencia habría vulnerado el derecho de defensa y debido proceso, al dar inicio a una actuación administrativa en la que no existe prueba del paralelismo de precios y ni del elemento consiente de esa actuación. 

  

Del mismo modo, la Superintendencia habría perdido competencia para sancionar por caducidad de la facultad sancionatoria al haber transcurrido más de cinco años contados a partir del momento en el cual se habría producido la presunta conducta anticompetitiva. 

  

Finalmente, indican que al negarse por parte de la Delegatura el aplazamiento de la audiencia prevista en el artículo 155 del Decreto 019 de 2012, y que fuera fijada por la Delegatura para el 20 de noviembre de 2015, se habría violado su derecho de defensa al no poder concurrir a la diligencia y controvertir los argumentos expuestos en su contra. 

  

OCTAVO: Que de conformidad con el artículo 25 del Decreto 4886 de 2011, el 18 de abril de 2016 se escuchó al Consejo Asesor de Competencia, el cual recomendó sancionar a las siguientes personas naturales y jurídicas, en su condición de agentes del mercado, por incurrir en la conducta prevista en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992: 

  

• ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ 

  

• ZULLY CATALINA VILLAMARÍN ORDÓÑEZ 

  

• RAMÍRO ALFONSO ORDÓÑEZ PEÑA 

  

• MARTHA LEONOR BRAVO ROJAS 

  

• LUIS FELIPE MURIEL PALACIOS 

  

• JOSÉ IGNACIO CHÁVEZ ZARAMA 

  

• MARÍA JULIA MOLINA DE SOLARTE 

  

• NÉSTOR GONZÁLEZ MEJÍA 

  

• LUBRICOM Y COMPAÑÍA LTOA. 

  

• INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA Y CIA LTDA. 

  

• COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA - COOMOTORISTAS 

  

• COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES RÁPIDO TAMBO 

  

• CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A. 

  

• INVERSAV S.A. 

  

• S Y M LTDA. 

  

Así mismo, recomendó sancionar a la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GASOLINA Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO - SODICOM, por incurrir en la conducta prevista en el numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992. 

  

De otra parte, el Consejo Asesor de Competencia recomendó exonerar o archivar la investigación en relación con la conducta prevista en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992: 

  

• RODRIGO JARAMILLO MEJÍA 

  

• GUILLERMO MUÑOZ PINO 

  

• HERNANDO SOLARTE GÓMEZ 

  

• ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 

  

• DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS POPAYÁN LTDA 

  

• CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ 

  

• DICOM INVERSIONES S.A.S. 

  

NOVENO: Que agotadas las etapas señaladas en el procedimiento aplicable para este tipo de actuaciones administrativas, el Despacho procede a resolver la presente investigación en los siguientes términos. 

  

9.1. Competencia funcional 

  

De acuerdo con las atribuciones conferidas por la ley a la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos del numeral 1 del artículo 2 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009, corresponde a esta Entidad: "velar por la observancia de /as disposiciones sobre protección de la competencia; atenderlas reclamaciones o quejas por hechos que pudieren implicar su contravención y dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en particular los siguientes propósitos: la libre participación delas empresas en el mercado, el bienestar delos consumidores y la eficiencia económica". 

  

Por su parte, el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011[21], señala que el Superintendente de Industria y Comercio tiene como función, entre otras, "vigilar el cumplimiento delas disposiciones sobre protección de la competencia y competencia desleal en todos /os mercados nacionales, respecto de todo aquel que desarrolle una actividad económica o afecte o pueda afectar ese desarrollo, independientemente de su forma o naturaleza jurídica”. 

  

Así mismo, el artículo 4 de la Ley 1340 de 2009 establece que: “la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, la presente Ley y /as demás disposiciones que /as modifiquen o adicionen, constituyen el régimen general de protección de la competencia, aplicables a todos los sectores y todas /as actividades económicas". 

  

Por otra parte, el artículo 6 de la Ley 1340 de 2009 prevé que la Superintendencia de Industria y Comercio es la Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, y en ese sentido: "conocerá en forma privativa de /as investigaciones administrativas, impondrá multas y adoptará las demás decisiones administrativas por infracción a /as disposiciones sobre protección de la competencia, así como en relación con la vigilancia administrativa del cumplimiento de las disposiciones sobre competencia desleal". 

  

Finalmente, de conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 6 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, en concordancia con el numeral 11 del artículo 3 ibídem, y los numerales 15 y 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, esta Superintendencia está facultada para imponer las sanciones pertinentes por la violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia y competencia desleal, ordenar a los infractores la modificación o terminación de las conductas, y sancionar la inobservancia de las instrucciones que imparta en desarrollo de sus funciones. 

  

9.2. Análisis del Despacho sobre el caso concreto 

  

En las Resoluciones de Apertura de Investigación con Pliego de Cargos se imputó a los investigados la comisión de los siguientes actos contrarios a la libre competencia: (i) a las EDS, un acuerdo de precios a través de una práctica conscientemente paralela (cartelización empresarial), conducta tipificada en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 y (ii) al gremio SODICOM, actos de influenciación para incrementar los precios, conducta tipificada en el numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992. 

  

Para resolver el presente asunto, el Despacho realizará en primer lugar una exposición del marco normativo y jurisprudencial de las conductas contrarias a la libre competencia imputadas, así como la posición de esta Superintendencia sobre la materia. Posteriormente, se expondrán las consideraciones de este Despacho sobre el mercado en que se desarrollaron los agentes de mercado y las conductas investigadas. 

  

Finalmente, el Despacho presentará las consideraciones respecto de cada uno de los cargos imputados incluyendo los argumentos planteados por los investigados en los escritos de descargos. 

  

9.2.1. Marco normativo y jurisprudencia! del paralelismo consciente 

  

La Constitución Política adoptó la economía social de mercado como modelo económico, en virtud del cual la libre competencia constituye el escenario natural donde concurren los diferentes agentes: oferentes y demandantes. De esta manera se elevó a rango constitucional la protección de la libre competencia en el artículo 333, así: 

  

"ARTÍCULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

  

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. 

  

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 

  

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 

  

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación". 

  

En el marco de este mandato constitucional el legislador ha tipificado diferentes conductas contrarias a la libre competencia económica en cuatro grandes modalidades: (i) la prohibición general, (ii) los actos contrarios a la libre competencia, (iii) los acuerdos restrictivos y (iv) el abuso de posición dominante. 

  

Particularmente, las conductas imputadas en el presente asunto son un acuerdo de precios mediante una práctica conscientemente paralela y un acto de influenciación de precios. Corresponde pronunciarnos en principio al acuerdo de precios. 

  

• El acuerdo de precios mediante una práctica conscientemente paralela 

  

Señala el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, que son contrarios a la libre competencia los acuerdos "(...) que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios (...)" (Negrilla fuera de texto). 

  

A su vez, el numeral 1 del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, define acuerdo como "Todo contrato, convenio, concertación, práctica concertadas o conscientemente paralela entre dos o más empresas" (Negrilla fuera de texto). 

  

De acuerdo a lo anterior, las prácticas conscientemente paralelas entre dos o más empresas, cuyo objeto o efecto sea la fijación directa o indirecta de precios, constituyen acuerdos contrarios a la libre competencia. 

  

Sobre las prácticas conscientemente paralelas para la fijación de precios, el Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diferentes ocasiones, señalando: 

  

"(.. .) la fijación de precios iguales o idénticos para un mismo producto en un mismo tiempo y valor, con incrementos o variaciones en los mismos períodos de tiempo y en igual proporción, por parte de dos o más empresas diferentes, son coincidencias que constituyen prueba suficiente de que hubo un acuerdo que tuvo por efecto la fijación indirecta de precios del producto. 

  

Dichas coincidencias o simetrías presentadas en un período determinado de tiempo, por dos o más empresas, no pueden ser resultado de la casualidad o del azar, teniendo en cuenta que un producto, como el combustible en este caso, depende de factores variables, como son: los costos de producción, de transporte, de operación de cada estación de servicio, del nivel de eficiencia, las expectativas de utilidad del empresario, el posicionamiento o acreditación del establecimiento comercial, los cuales varían necesariamente de una empresa a otra, no obstante que se trate de un mismo producto (...)"[22]

  

De la anterior cita jurisprudencia! puede concluirse que, para el Consejo de Estado, el paralelismo de precios es el elemento preponderante, incluso suficiente, a efectos de identificar un acuerdo de precios por vía de una práctica conscientemente paralela. 

  

Ahora bien, sin dejar de lado la posición jurisprudencial del Consejo de Estado, de forma complementaria, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sostenido reiteradamente que, para configurar una práctica conscientemente paralela contraria a la libre competencia, se requiere que la simetría de precios identificada esté acompañada de factores adicionales que denoten que el comportamiento de los precios responde a una concertación entre los agentes involucrados y no ha variables de otra naturaleza, lo que doctrinalmente se conoce como "plus factors"[23]

  

En este orden de ideas, corresponde hacer un breve recuento de la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las prácticas conscientemente paralelas destinadas a la fijación de precios o "paralelismo consciente". 

  

• Posición de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el paralelismo consciente 

  

Las prácticas conscientemente paralelas cuyo objeto o efecto es la fijación directa o indirecta de precios han sido denominadas por la Superintendencia de Industria y Comercio como "paralelismo consciente", figura en virtud de la cual "(...) sin existir un documento que plasme de manera explícita un acuerdo anticompetitivo entre agentes de un determinado mercado, sea posible declarar por parte de la autoridad de competencia la existencia de una ilicitud, basada en el paralelismo en la definición de los precios ofrecidos en el mercado. No obstante, en Ja determinación de una infracción emanada de una conducta conscientemente paralela, es necesario encontrar medios de prueba adicionales a Ja mera simultaneidad en los precios y sus tendencias (...)"[24]. 

  

En este sentido, se encuentra decantado por esta Superintendencia que el paralelismo consciente se integra por dos elementos: (i) el paralelismo y (ii) el elemento consciente, los cuales necesariamente deben confluir para configurar la conducta anticompetitiva[25]. En otras palabras, frente a la ausencia de uno de estos elementos se descartaría de plano el paralelismo consciente entendido como una conducta contraria al régimen de libre competencia. 

  

En este orden de ideas, corresponde precisar en qué consisten los dos elementos constitutivos del paralelismo consciente. 

  

• El paralelismo 

  

Para esta Superintendencia el elemento paralelismo identifica aquellas "(...) situaciones en las cuales la evolución de las variables con base en los cuales se compite (especialmente cantidades y precios) presentan tendencias y variaciones armónicas a través del tiempo de varios agentes económicos (...)"[26]

  

Es importante destacar en este punto que el paralelismo no implica la existencia de una exactitud en los precios ofertados por los diferentes agentes, siendo suficiente que se verifique la presencia de "(...) tendencias y variaciones armónicas a través del tiempo en lo que respecta a las cantidades y precios ofrecidos (...)"[27]

  

Así las cosas, la identificación de un paralelismo de precios conlleva que dos o varios agentes de un determinado mercado oferten precios similares durante un determinado periodo de tiempo, al punto de generar un comportamiento homogéneo en cuanto a la disminución y aumento de los precios. 

  

• El elemento consciente 

  

El elemento consciente identifica comportamientos coordinados, sincronizados y conscientes de varios agentes del mercado para abstenerse de competir, mediante la fijación homogénea de precios en un determinado periodo. Sobre el particular, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sostenido: 

  

"(...) la conducta paralela puede constituir una práctica restrictiva de la competencia en la medida en que los participantes de un determinado mercado, actuando en forma consciente y sincronizada se abstienen de competir, generando un patrón de comportamiento uniforme sobre una o más de las variables cuya dinámica en condiciones de competencia debe corresponder a la estrategia individual e independiente de quienes lo conforman. 

  

En este orden de ideas, el elemento consciente puede identificarse a partir de diferentes elementos que reflejan el desarrollo de una conducta coordinada y armónica de agentes económicos que participan de un mismo mercado, buscando evitar la contienda propia de un escenario de competencia (...)"[28]. 

  

De acuerdo con lo anterior, el elemento consciente se integra de todos aquellos factores que puedan determinar que el paralelismo no es fruto de nada diferente a que los agentes involucrados, de alguna forma, han concertado comportarse armónicamente evitando incurrir en un escenario de competencia. 

  

Sobre la importancia del elemento consciente, la Superintendencia de Industria y Comercio ha sido enfática en señalar: 

  

"La sola presencia de conductas o comportamientos paralelos no basta para establecer la existencia de una práctica comercial restrictiva. Para arribar a una conclusión en este sentido resultaría necesario acudir a elementos de prueba adicionales que permitan identificar la existencia de una concertación entre los investigados con el objeto de eludir la competencia en el mercado (...)"[29]. 

  

En consideración de lo expuesto, es importante destacar que el análisis de una conducta, a efectos de tipificarla como paralelismo consciente, involucra una valoración conjunta del paralelismo y del elemento consciente, pues solo a partir de la conexión entre estos factores es que puede concluirse la existencia de un acuerdo anticompetitivo y no de otro fenómeno que pudiera explicar el panorama económico evidenciado, el cual incluso, podría ser legítimo[30]

  

9.2.2. Mercado en el que se desarrollaron las conductas investigadas y agentes participantes 

  

En este punto recuerda esta Superintendencia que, tal y como lo ha indicado en casos anteriores, en los casos de cartelización empresarial no se considera necesario definir el mercado relevante, toda vez que el mercado presuntamente afectado está determinado por el alcance mismo de la conducta. En efecto, en la Resolución No. 80847 de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio señaló lo siguiente: 

  

"Este Despacho ha señalado en ocasiones anteriores que el mercado relevante, en casos de acuerdos o carteles anticompetitivos, se define en relación con los bienes y servicios respecto de los cuales recae la restricción de la competencia [Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 6839 del 9 de febrero de 201O. Versión Pública Hoja No 7.]. Esta definición no es ajena a la práctica internacional, la cual acepta que en los casos de carteles empresariales se justifica el uso de una definición amplia del mercado afectado, referida al grupo de productos sobre los cuales las empresas carie/izadas han acordado desarrollar la práctica anticompetitiva [Unión Europea, Caso T-11112008, MasterCard Inc, MasterCard Europe SPRL v. Commission, 24 de mayo de 2012], lo que en definitiva significa que los mercados relevantes en casos de carteles empresariales están definidos por los bienes y/o servicios afectados por el propio acuerdo anticompetitivo". 

  

No obstante lo anterior, esta Entidad considera que el hecho de que la definición del mercado relevante no sea un prerrequisito para analizar los casos de carteles empresariales, no significa que no sea importante caracterizar el mercado en el que participan los agentes investigados. Lo anterior, toda vez que, en este caso puntual, dicha caracterización le permite a esta Superintendencia analizar las condiciones del mercado y determinar si efectivamente ocurrió un paralelismo en los precios de los productos ofrecidos por los investigados, así como la significatividad de la conducta imputada. 

  

Así, este Despacho comparte las consideraciones de la Delegatura frente al mercado presuntamente afectado, el cual corresponde a la distribución minorista de gasolina corriente motor y ACPM en la ciudad de Popayán en el departamento del Cauca. Lo anterior, teniendo en cuenta los productos que comercializan las EDS investigadas, y aquellos que fueron referidos en la queja, los cuales corresponden a gasolina corriente motor y ACPM, combustibles derivados del petróleo cuyo uso principal es dar movimiento a vehículos de transporte terrestre. 

  

De acuerdo con lo indicado por la Delegatura en su Informe Motivado, y tal y como lo ha señalado esta Superintendencia en oportunidades anteriores[31], la gasolina corriente motor y el ACPM no cuentan con productos sustitutos. 

  

En primer lugar, este Despacho recuerda que no es posible la sustituibilidad entre la gasolina corriente motor y el ACPM, toda vez que, aunque tienen los mismos usos, dichos combustibles son específicos para determinados tipos de motores, por lo que no es posible utilizar indiferentemente cualquiera de los dos combustibles. 

  

En segundo lugar, respecto de la gasolina corriente motor, si bien existen otros productos que tienen los mismos usos, como la gasolina extra o el gas natural vehicular (GNV), se debe tener presente que, de acuerdo con un análisis de características y precios, los mismos no resultan sustitutos de la gasolina corriente, toda vez que tienen características físicas y químicas significativamente diferentes que no hacen posible la sustituibilidad de los productos. Adicionalmente, se recalca que para utilizar como combustible el GNV se requiere adecuar los vehículos, lo que supone una inversión adicional para los consumidores. 

  

Ahora bien, en cuanto al precio, esta Entidad ha indicado en decisiones anteriores que ni el GNV ni la gasolina extra resultan ser sustitutos de la gasolina corriente motor por las siguientes razones: (i) aunque el precio del GNV sea más bajo que el precio de la gasolina corriente, existe una barrera tecnológica que impide que exista una relación de sustituibilidad entre la gasolina y el GNV[32]; y (ii) el precio de la gasolina extra es sustancialmente mayor al precio de la gasolina corriente motor[33]

  

Respecto de los posibles combustibles sustitutos del ACPM, este Despacho coincide con el análisis presentado por la Delegatura, del cual se concluyó no existen sustitutos para el ACPM. Lo anterior debido a que el Biodiesel y el ACPM tienen una relación de complementariedad y no de sustituibilidad, y a que el precio del Biodiesel fue un 25% más costoso que el ACPM para el periodo investigado. 

  

En cuanto al mercado geográfico, este Despacho concuerda con el análisis realizado por la Delegatura en el Informe Motivado, el cual, a partir de la identificación de la ubicación de los límites geográficos de la ciudad de Popayán, las principales vías de acceso a la ciudad, las EDS investigadas, y las características del mercado de distribución minorista de combustibles, concluyó que el mismo corresponde únicamente a la ciudad de Popayán, donde para la época de los hechos participaban las siguientes EDS: (i) AUTO CENTRO POPAYÁN; (ii) BELLAVISTA; (iii) COOMOTORISTAS POPAYÁN; (iv) LA VIRGEN; (v) EL ALJIBE; (vi) SANTA ELENA; (vii) BOLÍVAR; (viii) TRANSTAMBO; (ix) CRUCERO TOTORO; (x) PALACE; (xi) LIBERTAD; (xii) LA ESMERALDA; (xiii) TEXACO 23; (xiv) DISERPO LTDA.; (xv) CALIBIO; (xvi) RIO BLANCO; (xvii) CENTRO CARROS; (xviii) EL FAROL; (xix) ESSO SOTARA; y (xx) TERPEL AVENIDA

  

En consideración de lo expuesto, no es de recibo el argumento planteado por SODICOM en el sentido que el mercado relevante corresponde al mercado regional del Cauca-Valle del Cauca, pues un mercado así amplio desconocería las características propias de la distribución minorista de combustibles líquidos. 

  

Es importante señalar que, tal y como lo advierte la Delegatura en el Informe Motivado, al ser estas 20 estaciones las únicas autorizadas para distribuir gasolina corriente motor y ACPM en Popayán para la época de los hechos, su participación de mercado fue del 100%. 

  

En este punto resulta pertinente precisar que, como indicó en su momento la Delegatura, en el período investigado tanto en el mercado de distribución minorista de gasolina corriente motor como en el mercado de distribución minorista de ACPM, se evidenció una volatilidad en las participaciones de mercado de las EDS investigadas, medidas con base en las ventas de cada uno de los combustibles en cantidades (galones) y en valor (pesos). Es de resaltar que para el caso del ACPM, existió una EDS que en el periodo analizado tuvo una participación, medida en galones vendidos, superior al 15%, mientras que la participación de las demás estaciones no superó dicho valor. 

  

Adicionalmente, este Despacho advierte que, si bien es cierto, como lo argumentan algunos investigados, existen otras variables con base en las cuales las EDS podrían competir, diferentes al precio y la cantidad, como lo son campañas de fidelización, atención al cliente, servicios complementarios, entre otros, esta situación no descarta el paralelismo de precios encontrado en el presente caso. 

  

Ahora bien, una vez determinado el mercado en el cual se desarrollaron las conductas investigadas, es pertinente tener en cuenta que en dicho mercado existe una normatividad que, como ya fue señalado por la Delegatura en su Informe Motivado, reglamentó la forma en que se comercializan los combustibles, dando lugar al establecimiento de dos regímenes, el régimen de libertad vigilada y el régimen de libertad regulada. En el régimen de libertad vigilada los precios de venta al público por galón son fijados libremente por el distribuidor minorista, mientras que en el régimen de libertad regulada se impone un límite máximo al margen de dichos distribuidores. 

  

De acuerdo con las citadas Resoluciones Nos. 82438 y 82439 de 1998 del MME, el régimen de libertad vigilada es aplicable para las ciudades capitales de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle y Bogotá. Mientras que el régimen de libertad regulada es aplicable a todas las ciudades capitales de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Chocó, Guainía, Guaviare, Guajira, Vaupés, Vichada y demás municipios del territorio nacional que no se encuentran en el régimen de libertad vigilada. 

  

Para el caso puntual de Popayán, es relevante señalar que mediante la Resolución No. 181047 del 22 de junio de 2011, el MME modificó el régimen aplicable para la fijación de precios de venta al público de la gasolina motor corriente y ACPM en todas las ciudades capitales del país y sus áreas metropolitanas, incluyendo Popayán, al pasar del régimen de libertad vigilada, al régimen de libertad regulada, en el cual, como ya se indicó, se impone un límite máximo al margen de los distribuidores minoristas de gasolina motor corriente y ACPM. 

  

9.2.3. Significatividad de las conductas anticompetitivas 

  

El régimen legal de protección de la libre competencia, concretamente el numeral 1 del artículo 2 del Decreto 2153 de 1992[34], modificado por el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009, ordena que las investigaciones administrativas por la violación de las normas de competencia deben adelantarse respecto de hechos que sean significativos para alcanzar, en particular, los siguientes objetivos: (i) la libre participación de las empresas en el mercado, (ii) el bienestar de los consumidores, y (iii) la eficiencia económica. 

  

El criterio de significatividad permite concentrar los esfuerzos y recursos (humanos, técnicos y financieros) de la Superintendencia en aquellos casos significativos para alcanzar los objetivos del régimen de protección de la competencia. Contrariosensu, aquellas conductas que no restrinjan la competencia de forma significativa, quedarían por fuera de la órbita de las actuaciones administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

  

Si bien la legislación colombiana no define explícitamente qué reglas deben seguirse para decidir si una conducta es significativa o no, o establece umbrales de cuotas de mercado, ni criterios cualitativos negativos, ni de otro tipo para la aplicación de las normas de competencia, le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio determinar, atendiendo las circunstancias particulares de tiempo, modo y lugar de cada caso en concreto, si los hechos son de tal entidad que ameriten iniciar una actuación administrativa. 

  

Para lo anterior, debe tenerse en cuenta que ni el Decreto 2153 de 1992, ni ninguna otra norma sobre prácticas comerciales restrictivas, definen qué se debe entender por significatividad, lo que conlleva a aplicar lo dispuesto por el artículo 28 del Código Civil en virtud del cual, "/as palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal". Así, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que por significativo se entiende aquello "que tiene importancia por representar o significar algún valor''. 

  

En este mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado, al decidir sobre una demanda que pretendía obtener la nulidad de un Auto por medio del cual la Superintendencia de Industria y Comercio dispuso no abrir una investigación administrativa, donde señaló lo siguiente: 

  

"El numeral 3 del artículo 11 ordena al Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia, adelantar la averiguación preliminar e instruir la investigación tendiente a establecer la infracción de las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas restrictivas. Mas para ello debe contar primero con la propuesta que, una vez adelantada la averiguación preliminar por el Jefe de la División de Promoción de la Competencia, éste le haga "cuando la importancia de la conducta o de la práctica así lo amerite”[35]. (Negrillas fuera de texto) 

  

Con base en todo lo anterior, esta Superintendencia, con fundamento en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992 y el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009, debe concentrar sus recursos tanto económicos como humanos en las infracciones que afecten directamente los propósitos señalados en la Ley 1340 de 2009. En esta medida, debe evitar iniciar actuaciones innecesarias sobre prácticas que no exhiban suficiente grado de significatividad e iniciar sus actuaciones, ante todo, contra las conductas que por su magnitud, gravedad y duración perjudiquen significativamente los objetivos perseguidos por la libre competencia. 

  

Bajo este contexto, la apreciación de la significatividad del asunto dependerá de las circunstancias de cada caso concreto, valorando la gravedad de las distorsiones de la competencia o del bienestar de los consumidores o la eficiencia del mercado que se hayan denunciado, así como la persistencia de sus efectos. 

  

Así, es relevante señalar que, en términos de política de competencia, la afectación del bienestar del consumidor puede derivarse tanto de una disminución en la oferta de productos disponibles, como de una disminución de la calidad de los mismos, aumentos en precios, o de las asimetrías de información al momento de elegir los productos. 

  

Así, la apreciación de la significatividad del asunto dependerá de las circunstancias de cada caso concreto, valorando la gravedad de las distorsiones de la competencia o del bienestar de los consumidores o la eficiencia del mercado que se hayan denunciado, así como la persistencia de sus efectos. 

  

En el presente caso, se evidenció que las conductas imputadas a la totalidad de las EDS investigadas y a SODICOM ocurrieron en el mercado de distribución minorista de combustibles en la ciudad de Popayán, específicamente gasolina corriente motor y ACPM, mercado que como es sabido, es de suma importancia para la economía tanto a nivel local como nacional, pues son la fuente principal de combustibles para cualquier tipo de transporte terrestre que requiere combustible líquidos. Así, es claro que las conductas de los investigados pudieron lesionar el bienestar de los consumidores ubicados en Popayán, al impedirles acceder a los productos a precios que respondan a una dinámica de competencia, y someterlos a unos precios presuntamente artificiales. 

  

En suma, para el Despacho es evidente que la conducta de los propietarios de las EDS y de SODICOM fue significativa, dado que abarcó íntegramente el mercado de distribución minorista de gasolina corriente y ACPM de Popayán. 

  

Al respecto, cabe señalar que la argumentación de SODICOM sobre la falta de significatividad pierde total sustento pues se fundamentó en un mercado que no corresponde al que es objeto de análisis en la presente investigación. 

  

9.2.4. Análisis de la conducta de paralelismo consciente imputada 

  

Como se ha indicado en precedencia, el paralelismo consciente debe ser analizado desde los dos elementos que lo integran, por lo tanto, a continuación, se analizará si en el presente asunto se presentó un fenómeno de paralelismo de precios y, de ser afirmativa la respuesta, se estudiará si se encuentra acreditado el elemento consciente necesario para configurar el acuerdo de precios mediante una práctica conscientemente paralela. 

  

9.2.4.1. Paralelismo en los precios de la gasolina corriente motor y ACPM en la ciudad de Popayán entre enero de 2009 y junio de 2011 

  

Teniendo en cuenta que el paralelismo consiste en situaciones en las que la evolución de variables como el precio o cantidades presentan comportamientos armónicos y sincronizados en el curso del tiempo por parte de varios agentes económicos, este Despacho analizó el comportamiento de los precios de venta al público fijados por los investigados por galón mensual de combustible, durante el periodo comprendido entre enero de 2009 y diciembre de 2012. 

  

Conforme se pasa a exponer en las gráficas que se presentan a continuación, entre enero de 2009 y junio de 2011 se observa una gran similitud en los precios de venta al público por galón de gasolina corriente motor y ACPM, con algunas EDS que presentan comportamientos levemente diferentes en ciertos meses, como es el caso de las estaciones de servicio EL FAROL, EL ALJIBE, PALACE y RIO BLANCO en gasolina corriente motor, y las EDS BOLÍVAR, PALACE, RIO BLANCO y CALIBIO, en ACPM. 

  

Para el periodo posterior a junio de 2011, momento en el cual la ciudad de Popayán pasó al régimen de libertad regulada, se sigue observando una similitud en los precios de venta de ambos productos. Sin embargo, se resalta que la diferencia en los precios de aquellas estaciones que no siguen el mismo comportamiento de las EDS que tienen precios similares, es mayor que en el periodo anterior, como las EDS BELLAVISTA y BOLÍVAR en el caso de gasolina corriente motor, y BELLA VISTA y COOMOTORISTAS en el caso del ACPM, quienes presentan un comportamiento completamente distinto a las demás estaciones. 

  

 

  

El comportamiento de los precios de la gasolina corriente motor y el ACPM descrito anteriormente llama la atención de este Despacho, puesto que se esperaría que como consecuencia de un mercado que se encuentra en sana competencia, los precios de los productos comercializados por las EDS fueran distintos. 

  

Adicionalmente, si bien entiende este Despacho que no necesariamente costos de producción distintos[36] implican diferentes precios de venta al público, llama la atención particularmente las bajas diferencias entre los precios de las EDS observadas. Comportamiento que, bien vale la pena resaltar, no se presentó en otras ciudades capitales de departamento con economías similares a la de Popayán, con excepción de Riohacha, que por su cercanía a la frontera con Venezuela tiene unas condiciones particulares en lo que respecta a distribución de combustibles. 

  

En este punto es importante señalar que, de acuerdo con la respuesta allegada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) al requerimiento efectuado por esta Superintendencia[37], existen varios criterios para determinar aquellas ciudades que son similares entre sí, como son la población, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el nivel de ingresos y gastos, y aspectos relacionados con la competitividad. Con base en dichos criterios, se encuentra que Popayán es similar a Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, lbagué, Manizales, Neiva, Pasto, Pereira, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar, y Villavicencio. 

  

Así, con base en lo anterior, este Despacho consultó la serie histórica de precios de la gasolina corriente y ACPM en las principales ciudades del país, disponible en el Sistema de Información de Petróleo y Gas Colombiano (SIPG)[38], para observar el comportamiento del precio máximo, precio mínimo y precio promedio en las ciudades similares a Popayán. Este Despacho aclara que no está disponible la información para la totalidad de ciudades similares a Popayán, por lo que solamente se tendrán en cuenta aquellas para las que sí está disponible la información para el periodo comprendido entre enero de 2010 y diciembre de 2013. En las gráficas que se presentan a continuación se puede observar dicho comportamiento. 

  

  

 

 

 

 

  

Así, en las gráficas anteriores se puede observar la diferencia entre el precio máximo, precio mínimo y precio promedio para la gasolina corriente motor y el ACPM en cada una de las ciudades seleccionadas. Como se indicó anteriormente, llama la atención de este Despacho el comportamiento de dichos precios en la ciudad de Popayán, donde los mismos son muy similares y, por ende, las diferencias son cercanas a cero. 

  

Con base en lo indicado anteriormente, este Despacho coincide con lo señalado por la Delegatura, respecto de la existencia de un paralelismo en los precios de la gasolina corriente motor y el ACPM, el cual se presentó entre enero de 2009 y junio de 2011, situación que no fue justificada por los investigados. 

  

En esa medida, para el Despacho no es de recibo el argumento común planteado por los investigados según el cual se habría violado el derecho de defensa al no precisarse para cada uno de ellos el periodo de imputación, pues como se ha visto la conducta de paralelismo se presentó uniformemente para todos los investigados entre enero de 2009 y junio de 2011. 

  

En el mismo sentido, se descarta el argumento tendiente a indicar que la Superintendencia de Industria y Comercio amplió el periodo de investigación hasta el mes de diciembre de 2012 sin permitirles ejercer su derecho de defensa, en tanto, la información que se recopiló de los meses posteriores a junio de 2011 solo se empleó para el análisis económico y no para extender la imputación, como erróneamente lo sugirieron los investigados. 

  

Finalmente, importa destacar que un escenario de paralelismo de precios no implica una repartición del mercado entre los agentes del mercado involucrados, como equivocadamente lo afirmaron algunos investigados. Además, en la presente investigación no se imputó un acuerdo anticompetitivo de repartición de mercados. 

  

9.2.4.2. El elemento consciente 

  

Teniendo demostrada la existencia de un paralelismo de precios en las 20 EDS investigadas, el cual se prolongó desde enero de 2009 hasta junio de 2011, corresponde realizar el análisis del elemento consciente planteado por la Delegatura para la Protección de la Competencia, contrastándolo con los argumentos que presentaron los investigados. 

Al respecto, importa reiterar que el elemento consciente constituye un factor fundamental y necesario para la determinación de una conducta de paralelismo consciente, al punto que sin su presencia debe descartarse la existencia de la conducta anticompetitiva. Solo de esta forma puede garantizarse el cumplimiento al principio de legalidad, evitando la imposición de sanciones frente a conductas que, no solo no atentan contra el régimen de libre competencia, sino que, inclusive, pueden responder a lo esperado por los agentes del mercado en un escenario de competencia. 

  

En este orden de ideas, advierte el Despacho que el elemento consciente indicativo de una concertación de precios, se encuentra plenamente demostrado en el presente asunto con base en las pruebas identificadas por la Delegatura. Veamos: 

  

• El ocultamiento de información sobre discusiones de precios denota la consciencia de la ilegalidad de la conducta 

  

Se encuentra acreditado en el expediente que en la reunión de la Junta Directiva de SODICOM del 10 de diciembre de 2010, se decidió suprimir del Acta No. 174 todo lo discutido en relación a los precios, teniendo en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio se podía dar cuenta de lo que se habló y ello podría dar lugar a una sanción a las EDS[39]

  

En efecto, al momento de poner en consideración de los integrantes de la Junta Directiva la aprobación del Acta No. 174 se efectuaron las siguientes manifestaciones: 

  

INTERVINIENTE:"Yo la leí por correo y no tengo observaciones." 

  

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ:"Yo sí creo que, yo tengo una observación. O sea, es una anotación muy corta y muy acorde a lo que dijimos todos.No sé, como yo ya escuché en una reunión que el hecho de cuando uno habla de los precios y toda esa cosa, que TERPEL y que de pronto hacia un futuro en una investigación pidan las actas y se den cuenta de eso, entonces no sé, sería mi única observación. Lo que yo dije está claro y es así, pero no sé hasta dónde eso de pronto en una investigación que le pidan copias de las actas, alguna cosa de esas paraunasanción una vaina, pueda quedar (...) esa es mi única observación."[40] (Negrillas y subrayado fuera del texto). 

  

Sobre la propuesta, JORGE RICARDO NAVIA KLEPERER, Presidente de la Junta Directiva de SODICOM, expresó lo siguiente: 

  

"Sí, válida. No, es que uno (sic) en acta no puede quedar nada de precios"[41]. 

(Negrillas fuera del texto). 

  

Así mismo, MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ, integrante de la Junta Directiva, indicó: 

  

"Entonces en ese caso solicitaría, pues, por mí no, porque a mí no me dan miedo esas cosas, pero sí que de pronto al gremio como tal lo puedan o a FENDIPETROLEO como tal pueda verse involucrado en un proceso. 

  

INTERVINIENTE:No, a FENDIPETROLEO no, a las estaciones. 

  

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ:O a las estaciones. Entonces no sé si en esa parte, revisarlo y cambiar de pronto. . .". (Negrillas fuera del texto). 

  

Finalmente, se advierte que la decisión de los miembros de Junta Directiva fue modificar el Acta No. 174: 

  

"JORGE RICARDO NAVIA KLEPERER: No tenemos más observaciones sobre el acta anterior, la aprobamos con esa modificación que planteóMIGUEL ÁNGEL". 

Varias voces: ¡Aprobado!"[42]. (Negrillas fuera del texto). 

  

Para el Despacho resulta relevante destacar el contexto en que se tomó la decisión de modificar el Acta 174 por parte de la Junta Directiva de SODICOM, pues para ese momento el gremio tenía conocimiento que la Delegatura para la Protección de la Competencia estaba adelantando una averiguación preliminar[43], por cuanto, en la misma sesión de la Junta Directiva se hizo referencia a la estrategia que debía adoptarse para dar respuesta a un requerimiento información elevado por la Superintendencia de Industria y Comercio a las EDS de Popayán sobre fijación de precios de combustibles y estructura de costos, entre otros temas. 

  

Así las cosas, era claro para los miembros de la Junta Directiva de SODICOM, que las EDS estaban siendo investigadas por la Superintendencia de Industria y Comercio por temas relacionados con los precios ofertados, y conscientes de ello, decidieron eliminar del Acta No. 174 las discusiones que tuvieron sobre precios con el único propósito de evitar sanciones. 

  

Al respecto, debe advertirse que la discusión sobre temas relativos a precios en el seno de los gremios, per se no constituye un acto ilegal, ilegítimo y mucho menos contrario a la libre competencia. Solo cuando dichas discusiones involucren, directa o indirectamente, un acuerdo o concertación de precios entre dos o más agentes del mercado se generará una conducta anticompetitiva. 

  

En este sentido, se advierte que en varias reuniones de la Junta Directiva de SODICOM se debatieron diversos temas relacionados con los precios de la gasolina y del ACPM, sin que fuera necesario suprimir de las actas estas cuestiones. 

  

En efecto, en Acta No. 165 del 23 de junio de 2009 se indica: 

  

"(...) eso se le plantea al gobierno y ellos aceptaron que les prestemos un estudio, el mismo cuesta ( ...) se escogerán 150 estaciones en todo el país ubicadas en diferentes sitios, y teniendo en cuenta la variable de rangos de ventas, se traza y se le muestra al gobierno, ellos dicen que hay EDS que venden a un precio bajo y con eso viven y que sustentemos muy bien, por qué estamos pidiendo ganar $800, cuando el otro señor vive con 420 pesos (...)" (Negrilla fuera de texto)[44]. 

  

Así mismo, en el Acta No. 169 del 27 de enero de 2010 se lee: 

  

"(...) nosotros sabemos también que no es cierto obviamente, además tenemos gerentes de los mayoristas diciendo que Cali no tiene por que (sic) estar ganando 800 pesos que tenemos que bajar los precios y la gente pegándose de eso (...)"[45]. 

  

Lo anterior permite reforzar al Despacho el entendimiento que los miembros de la Junta Directiva de SODICOM decidieron suprimir información relativa a una concertación de precios de sus EDS miembros, pues si la situación hubiera sido diferente, es decir, si se trata de una referencia a precios inocente o legal, no existiría razón para eliminar una discusión legítima sobre aspectos relativos a los precios de la gasolina y el ACPM en Popayán. 

  

• Estrategia para otorgar una explicación económica razonable sobre el paralelismo presentado 

  

Aunado al ocultamiento de las discusiones que se tenían en el marco de SODICOM sobre los precios de las EDS, existen elementos probatorios en el expediente que dan cuenta de una estrategia acordada entre el gremio y las EDS para dar respuesta a los requerimientos individuales elevados por la Superintendencia de Industria y Comercio durante la etapa de averiguación preliminar. 

  

Si bien es legítimo que un gremio asesore a sus integrantes sobre temas técnicos propios del sector o sobre la forma de atender requerimientos de autoridades, lo cierto es que los elementos probatorios demuestran que la estrategia nunca tuvo un propósito legítimo, sino por el contrario, se fundamentó en la necesidad de estructurar explicaciones económicas razonables, conjuntas y comunes sobre las causas del paralelismo de precios en que se encontraban y del cual eran absolutamente conscientes. De hecho, para ese momento, la Superintendencia de Industria y Comercio en ningún momento había realizado imputaciones o manifestaciones sobre la ocurrencia de un posible acuerdo de precios en el sector de la comercialización minorista de gasolina y ACPM en Popayán que, de alguna forma, diera cuenta de una actuación administrativa sobre el particular. 

  

En efecto, en la referida reunión de la Junta Directiva de SODICOM celebrada el 10 de diciembre de 2010, uno de los temas que se discutió fue como dar respuesta a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, realizándose las siguientes manifestaciones: 

  

INTERVINIENTE: "Entonces como esto llegó así rapidito hace tres días, cuatro días para responder el lunes, hicimos una reunión entre todas las estaciones y estamos tratando el tema con FENDIPETRÓLEO regional y nacional, entonces vamos a pedir un plazo para analizar más la cosa, cómo montamos la respuesta. ¿Estamos de acuerdo todos en que vamos a responder Entonces la respuesta es: 

  

( ...) 

  

De acuerdo con el contenido del oficio del 25 de noviembre de 2010 con números de radicados de citados en la referencia, donde se requiere en 11 puntos información relacionada con la operación de las Estaciones de Servicio que suscriben el presente oficio y que tiene como plazo de entrega el día 13 de diciembre de 2010, respetuosamente solicitamos una extensión del plazo hasta el 20 de enero de 2011 para poder suministrar la totalidad de la información, ya que por encontrarnos en cierre de año tenemos a todo nuestro personal en la elaboración de distintos informes que son requeridos por las diferentes autoridades que controlan la actividad de distribución de combustibles derivados del petróleo, tales como los solicitados por el Ministerio de Minas y Energía, autoridades ambientales y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN..."[46]. 

  

(...) 

  

"Eso lo hicimos todos en grupo porque esto se analizó por lo menos con cinco abogados, y todos están de acuerdo que podemos responder en grupo, en principio (...) Y luego individua/mente hacer las cartas. Yo en mi caso, siento algo de tranquilidad, depende de la respuesta que demos. Primero porque pues vamos a tener claridad de cómo vamos a responder. Y vamos a estar pendientes de las reuniones para ver cómo respondemos. Luego hacemos la respuesta individua/. La diferencia de precios en Popayán ha fluctuado entre 13 pesos hasta 95 pesos en diferentes estaciones, ese es el margen que se ha mantenido."[47] 

  

(...) 

  

INTERVINIENTE: "Pero no tienen ustedes unas diferencias tan grandes. 

  

INTERVINIENTE: "No, lo que pasa es que la situación de Popayán es, como es un pueblo pequeño entonces casi las estaciones son vecinas, ¿vecinas quién Entonces eso va ahí en dentro de los argumentos. Nuestra estructura de costos son muy similares."[48] 

  

En concordancia con lo discutido, obra en el expediente un correo electrónico del 14 de enero de 2011 en el que SODICOM cita a las EDS a una reunión para "...llenar en forma puntual el formulario de industria y comercio tal y como se habló en la última reunión...". 

  

En el mismo sentido, en relación a un requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio del 17 de marzo de 2011, SODICOM remitió otro correo electrónico en el que se les imparten instrucciones sobre el contenido de la respuesta que debe emitir cada EDS, así: 

  

"(...) Les está llegando una nueva comunicación de la Súper-industria, es importante que tengan en cuenta que la información requerida, debe ser enviada dentro de los plazos estipulados. 

  

Igualmente tal y como lo tratamos en reunión anterior los datos deben ser iguales a los que presentan en sus diferentes declaraciones ante las otras autoridades. Recuerden un dato muy importante en el renglón correspondiente a margen Minorista, favor escribirlo así. 

  

MARGEN BRUTO, con ello la Súper entiende que la cifra no ingresa completa por galón como ganancia sino que de esta salen todos los costos de la operar(sic) la EDS. 

  

Cualquier inquietud estaremos atentos para atenderles (...)". (Subrayado y negrillas fuera de texto) 

  

Adicionalmente, vale la pena destacar que la información que dio lugar a la solicitud de plazo, a las reuniones y respuestas conjuntas y coordinadas, era específica de cada una de las EDS, pues hacía referencia a la forma de adquirir el combustible, fijar sus precios de venta, márgenes de ganancia y sus estructuras de costos, entre otros temas, por lo que no era necesario sostener una reunión para discutir cómo se le daría respuesta a la autoridad. 

  

Así las cosas, para el Despacho se encuentra acreditado que la estrategia dispuesta por SODICOM junto con los propietarios de las EDS, no solo era innecesaria por el tipo de información solicitada, sino que tuvo como fin preponderante desarrollar una explicación económica razonable al paralelismo en que se encontraban, el cual se derivaba realmente de la subyacente concertación de precios a la que en algún momento llegaron. Esta conclusión se complementa con el audio de la grabación de la sesión de la Junta Directiva de SODICOM en donde se discute y aprueba eliminar cualquier sugerencia de precios en el Acta 174 anterior de dicha agremiación. 

  

Teniendo en cuenta lo expuesto, pierde cualquier sustento el argumento común planteado por los investigados en el sentido que los precios de la gasolina corriente y el ACPM que fijaron para el periodo investigado responden una realidad económica derivada de la regulación dispuesta por el Estado, pues es evidente que el paralelismo observado y probado en el expediente obedece a un acuerdo de precios entre los investigados en la modalidad de práctica conscientemente paralela. 

  

De otra parte, es necesario precisar que, como quiera que el elemento consciente, necesario para configurar la conducta anticompetitiva, se deriva en el presente asunto de la actuación conjunta de SODICOM con sus miembros, únicamente es posible predicar responsabilidad de los propietarios de la EDS miembros de SODICOM para la época de ocurrencia de los hechos, descartándose de plano la responsabilidad aquellas personas que nunca han pertenecido al gremio o que no lo hicieron para el periodo en que se presentó el paralelismo de precios. 

  

Por esta razón, el Despacho se alejará de la recomendación de la Delegatura de sancionar a CESARAUGUSTO FERNÁNDEZ y a TERPEL, toda vez que no se acreditó que fueran miembros de SODICOM para la época de los hechos objeto de investigación, incluso en el caso del primero, existe una certificación donde se indica que entre el 2007 y el 2012, no estuvo afiliado a la agremiación. 

  

A su vez, para el Despacho existe pleno convencimiento que, por intermedio del gremio SODICOM, ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ, ZULLY CATALINA VILLAMARÍN ORDÓÑEZ, RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA, MARTHA LEONOR DEL SOCORRO BRAVO ROJAS, LUIS FELIPE MURIEL PALACIOS, JOSÉ IGNACIO CHÁVEZ ZARAMA, MARÍA JULIA MOLINA DE SOLARTE, NÉSTOR GONZÁLEZ MEJÍA, LUBRICOM, INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA, COOMOTORISTAS, RÁPIDO TAMBO, CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS, INVERSAV y S Y M, incurrieron en la conducta anticompetitiva de acuerdo de precios en la modalidad de práctica conscientemente paralela entre enero de 2009 y junio de 2011. 

  

9.2.5. Marco normativo y jurisprudencial del acto de influenciación previsto en el numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992: 

  

Dentro de las conductas tipificadas como contrarias a la libre competencia, se encuentra los actos de influenciación para incrementar los precios. En este sentido, se tipifica en el numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992 la siguiente conducta restrictiva de la libre competencia: 

  

"Artículo 48. Actos contrarios a la libre competencia. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente Decreto, se consideran contrarios a la libre competencia los siguientes actos: 

(...) 

2. Influenciar a una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios o para desista de su intención de rebajar los precios. 

  

(...)". 

  

Sobre esta modalidad de acto contrario a la libre competencia el Consejo de Estado ha señalado: 

  

"...Para que la conducta sea considerada como contraria a la libre competencia, es necesario que concurran los elementos subjetivo y objetivo que integran la estructura jurídica de la citada norma. El elemento subjetivo hace alusión a los sujetos activos o pasivos que intervienen en la conducta, así como a las cualificaciones que la misma norma requiere. De esta forma se tiene que el sujeto activo, es quien ejerce el acto de influenciar sobre una empresa determinada, con el ánimo de incidir en su política de precios. Respecto al sujeto pasivo, se trata de la empresa a quien se pretende influenciar, esto es, el que recibe el mensaje u orden..." (Negrilla fuera de texto)[49]. 

  

Así mismo, ha indicado el Consejo de Estado que el acto de influenciación no requiere la comprobación de un efecto, siendo suficiente para su tipificación que el agente despliegue actos dirigidos a influir en el otro agente para que modifique su estructura de precios[50]

  

9.2.6. Consideraciones de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el acto de influenciación 

  

Ha sostenido la Superintendencia de Industria y Comercio que, a diferencia de los acuerdos, los actos restrictivos de la libre competencia se caracterizan por ser comportamientos unilaterales desplegados por un determinado agente de mercado que debe tener la posibilidad de influir en el funcionamiento de un mercado o modificar su estructura[51]

  

Adicionalmente, se ha considerado que los elementos para que se configure un acto anticompetitivo de influenciación son los siguientes: 

  

Elemento subjetivo: se requiere la existencia de dos agentes; el sujeto activo que es quien realiza la conducta de influenciación y el sujeto pasivo que es contra quien se dirige la conducta de influenciación[52], y entre estos tiene que existir una relación[53]. Pese a que inicialmente se requería la independencia entre el sujeto activo y el pasivo[54], la Superintendencia ha cambiado su posición al considerar que una asociación gremial puede influenciar a sus afiliados[55]

  

• Elemento objetivo: se refiere a la conducta unilateral realizada por el sujeto activo, consistente en influenciar al sujeto pasivo para que suba los precios o desista de su intención de bajarlos, afectando su libre albedrío en la fijación de precios[56]. Se considera que, en relación con el acto de influenciación, no es importante "que se logre el resultado, ni el tamaño o el ascendente que el agente activo tenga sobre el agente pasivo"[57], tesis compartida por el Consejo de Estado, que ha señalado que la norma "no condiciona ni supedita su configuración a una respuesta positiva de la empresa influenciada, ya que de haber sido esa la voluntad del legislador, entonces, la norma en estudio habría incluido tal supuesto como si lo hace en otras disposiciones del Decreto 2153 de 1992, al referirse al "efecto" de la conducta"[58]. (Subrayado fuera de texto). 

  

9.2.7. Análisis del acto de influenciación imputado a SODICOM 

  

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, este Despacho acogerá la recomendación de la Delegatura y del Consejo Asesor de Competencia de sancionar a SODICOM por la infracción a lo previsto en el numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992. 

  

El numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992 reprime conductas conforme a las cuales el sujeto activo despliega actividades orientadas a alterar el libre albedrío del sujeto pasivo, respecto del precio de sus bienes y servicios. Como se analizó en la jurisprudencia citada, esta infracción tendrá lugar sin importar que se logre el resultado. 

  

Durante la actuación administrativa se encontró evidencia suficiente que acredita el supuesto de la contravención establecida en el numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992. En efecto, para el Despacho existen elementos probatorios suficientes e idóneos para demostrar que efectivamente existió una influenciación por parte de SODICOM sobre sus afiliados, la cual estuvo direccionada a intervenir en la formación de los precios al público de la gasolina corriente motor y ACPM. 

  

Como lo recuerda la Delegatura, el artículo 2 la Ley 1340 de 2009 establece que las normas de competencia son aplicables a todo aquel que desarrolle una actividad económica o afecte o pueda afectar su desarrollo con independencia de su forma o naturaleza jurídica. En ese sentido, las agremiaciones y asociaciones contraen obligaciones y adquieren derechos en representación de sus asociados, en procura de la protección de intereses y la persecución de objetivos en común. 

  

Respecto de lo anterior, esta Superintendencia ha reconocido que las asociaciones o gremios tienen tres tipos de funciones: (i) desarrollar actividades para los miembros; (ii) prestar apoyo a las entidades regulatorias Rara la expedición de proyectos relativos al sector económico y (iii) realizar funciones políticas[59]

  

Así mismo, se ha dicho que las asociaciones o gremios pueden incurrir en una eventual transgresión de las normas de la libre competencia en razón del tipo de funciones que desarrollan, especialmente cuando agrupan agentes económicos que compiten entre sí[60], como se ha manifestado por la OECD

  

"Por otro lado, como las asociaciones de empresarios ofrecen repetidas oportunidades de contacto entre competidores directos, también podrían servir como un vehículo para actividades que restrinjan la competencia. Un buen número de casos de cartelización traídos por las autoridades de competencia del mundo involucran directa o indirectamente una asociación de empresas. 

  

Una asociación puede por sí misma organizar, orquestar y motivar violaciones a la competencia directas, o simplemente facilitarlas"[61]

  

De acuerdo con lo anterior, si bien la libertad de asociación y la libertad de empresa son derechos fundamentales, su ejercicio no puede ser abusivo, arbitrario, ni contrario a derecho. Por esto, se ha reconocido que las asociaciones tienen límites legales en el ejercicio de su labor, dentro de los cuales el régimen de protección de la competencia se erige como uno de dichos límites, sin que esto constituya una vulneración al derecho de libre asociación. 

  

Por lo anterior, las asociaciones o gremios como sujetos de las normas de competencia están obligadas a desarrollar sus funciones dentro dicho marco normativo y "deben abstenerse de decidir, recomendar o sugerir a sus asociados condiciones de fijación [de precios o tarifas], en razón a que dichos actos pueden llegar a considerarse como acuerdos o actos restrictivos de la competencia."[62] 

  

Con todo, puede advertir el Despacho que el elemento subjetivo de la conducta de influenciación para incrementar los precios se encuentra configurado, en tanto SODICOM actuó como sujeto activo influenciador, al paso que las estaciones de servicio afiliadas a ella se comportaron como agentes influenciados. 

  

En cuanto al elemento objetivo, se tiene que este se configura con ocasión del comportamiento ejecutado por SODICOM que concluyó en una práctica paralela por parte de las estaciones de servicio, las cuales en lugar de adoptar una política autónoma de fijación de precios de venta de la gasolina corriente motor y ACPM en Popayán, que se viera evidenciada en una comportamiento heterogéneo frente a los precios de venta acorde con un escenario en el que las estaciones compitieran entre sí por aumentar sus ventas, mantuvieron niveles de precios similares durante un mismo periodo y, en esta medida, decidieron incrementarlos o se abstuvieron de rebajarlos, dando lugar así al efecto previsto en la norma. 

  

Según lo advierte la Delegatura y se ha visto en la presente Resolución, existe evidencia relacionada con la concurrencia de la voluntad de SODICOM y las estaciones de servicio con la configuración de la conducta de paralelismo imputada. Es así como, las estaciones de servicio y la asociación tenían una comunicación fluida y constante. Así mismo, pudo establecerse la coordinación para dar respuesta a las solicitudes de información de la autoridad entre la asociación y las estaciones, así como, que SODICOM propició la celebración de reuniones con esta finalidad. 

  

De otra parte se demostró que los miembros de Junta Directiva de SODICOM eliminaron del acta de Junta Directiva No. 174 lo discutido en relación a precios de las EDS, por temor a un posible proceso administrativo de carácter sancionatorio en contra de las estaciones de servicio y la agremiación. 

  

No encuentra el Despacho justificación alguna sobre el comportamiento de la Junta Directiva, diferente a que, como se menciona en el Informe Motivado, los miembros tenían plena conciencia de su comportamiento ilegítimo y quisieron ocultarlo, pues de otra forma era perfectamente legítimo dejar menciones a temas de precios en el acta, como sucedió en el pasado con las Actas Nos. 165 de 2009 y 169 de 2010. 

  

Por lo demás, en la presente actuación está probado que las estaciones de servicio de Popayán presentaron precios uniformes para la gasolina corriente motor y ACPM, lo cual no se explicó en la estructura del mercado, sus características o en las decisiones unilaterales de los agentes para maximizar su utilidad, sino en el actuar coordinado a través de un acuerdo de precios bajo la modalidad de práctica consencientemente paralela, auspiciado precisamente en el seno de SODICOM como entidad gremial. 

  

Con base en lo expuesto, comparte el Despacho el criterio de la Delegatura en el sentido de que SODICOM fue el sujeto promotor de la conducta investigada, en tanto se advierte un comportamiento coordinado de la EDS derivado de la orientación de su agremiación, el cual se reflejó, no solo en la práctica conscientemente paralela, sino incluso en la estrategia destinada a ocultar información y explicar de forma que pudiera ser creíble desde el ámbito económico el comportamiento de los precios. 

  

Ahora bien, la conclusión del Despacho no puede variar porque SODICOM hubiera realizado programas de capacitación para instruir a sus afiliados sobre las normas de libre competencia, por cuanto estas actividades nada tienen que ver la infracción aquí enrostrada, ni mucho menos constituye una prueba de que no existió. Por el contrario, que SODICOM haya incurrido en el acto antícompetitivo de influenciación para el incremento de precios, a pesar de supuestamente haber promovido actividades de concientización sobre la libre competencia, lo que evidencia es que, de haber existido tales actividades, no sensibilizaron a los propietarios de las EDS. 

  

9.2.8. Sobre los argumentos particulares planteados por los investigados 

  

Le corresponde ahora al Despacho referirse sobre los argumentos específicos que se han formulado durante la etapa de descargos. 

  

En relación con el planteamiento de COOMOTORISTAS y RÁPIDO TAMBO según el cual al ser cooperativas no se beneficiarían de un acuerdo de precios, se advierte que, independiente del alcance del posible beneficio, la conducta de estas dos sociedades configuró un paralelismo consciente. Al respecto importa recordar que los acuerdos de precios se encuentran reprochados en nuestro ordenamiento jurídico, incluso sino generan efectos, pues el simple objeto del acuerdo es suficiente para configurar la infracción al régimen de libre competencia[63]

  

Por su parte, INVERSAV manifestó que el 80% de sus ventas provenían de contratos estatales y que no estaba afiliado a SODICOM. Sobre el particular debe indicarse que, si bien pudiera ser cierto que el 80% de las ventas de esta sociedad derivan de la ejecución de contratos estatales, esa circunstancia, que además nunca fue demostrada, no exime de la responsabilidad a INVERSAV por haber incurrido en una práctica consciente paralela con otros agentes del mercado para concertar precios de gasolina corriente y ACPM. 

  

A su vez, el material probatorio obrante en el expediente acredita que no es cierto que INVERSAV no hubiera estado afiliada a SODICOM para el periodo en que se presentó el paralelismo de precios, pues según se desprende de la comunicación obrante a folios 248 a 251 del cuaderno reservado empresas No. 3, al menos para el 24 de febrero de 2011, dicha sociedad se encontraba afiliada a SODICOM. 

  

INVERSIONES OCCIDENTAL DELCAUCA sostuvo que su EDS es privada y solo surte a los vehículos de su empresa, no estando abierta al público. Así mismo, afirma que no estaba afiliada a SODICOM. En relación a este argumento, debe indicarse que el investigado no acreditó que, en efecto, para la época de los hechos objeto de investigación, solo hubiera prestado sus servicios a vehículos de una empresa privada. 

  

Así mismo, en similar sentido a lo ocurrido con INVERSAV, existen elementos de juicio contundentes en el expediente que dan cuenta que INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA sí estuvo afiliado a SODICOM, pues así se desprende de la encuesta realizada el 1 de septiembre de 2011, en el marco de una visita administrativa, donde se respondió que la EDS hacía parte de SODICOM desde 2005. 

  

9.2.9. Sobre el fenómeno de la caducidad 

  

Algunos de los investigados alegaron que en el presente caso se había configurado el fenómeno de caducidad de la facultad sancionadora de la Superintendencia de Industria y Comercio y que, por lo tanto, debía procederse al archivo. 

  

Sobre este punto, resulta pertinente señalar que en materia de protección a la competencia existe una norma especial respecto de la caducidad de la facultad sancionatoria de la Autoridad Única de Competencia (Superintendencia de Industria y Comercio), contemplada en el artículo 27 de la Ley 1340 de 2009, así: · 

  

"Artículo 27. Caducidad de la facultad sancionatoria. La facultad que tiene la autoridad de protección de la competencia para imponer una sanción por la violación del régimen de protección de la competencia caducará transcurridos cinco (5) añosde haberse ejecutado la conducta vio/ataría o del último hecho constitutivo de la misma en los casos de conductas de tracto sucesivo, sin que el acto administrativo sancionatorio haya sido notificado". (Negrillas fuera de texto). 

  

De esta forma, es claro que el término de caducidad de la facultad sancionatoria de esta Superintendencia cuando se investigan conductas violatorias al régimen de libre competencia es de cinco (5) años contados a partir de la ejecución de la conducta anticompetitiva o del último hecho constitutivo de la misma en los casos de conductas continuadas. 

  

Así las cosas, teniendo en cuenta que el paralelismo consciente se presentó hasta junio de 2011, como se demostró en el numeral 9.2.4.1 del presente acto administrativo, resulta claro para el Despacho que el término de caducidad vence el 30 de junio de 2016. 

  

Por lo anterior, debe descartarse la solicitud de archivo de los investigados que alegaron que se había generado la caducidad, excepto de GUILLERMO MUÑOZ PINO, quien fue propietario de la EDS CRUCERO TOTORO hasta febrero de 2011, respecto de quien sí se reconocerá tal circunstancia y, en consecuencia, se ordenará archivar la presente investigación en su favor. 

  

En efecto, si bien es cierto GUILLERMO MUÑOZ PINO fue propietario de la estación de servicio El CRUCERO TOTORO, dicho establecimiento de comercio fue vendido a DICOM, quien a partir del 31 de enero de 2011, entró en posesión y le cambió el nombre comercial a "ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE CRUCERO TOTORO"[64] registrándolo en la matrícula mercantil como de su propiedad el 8 de febrero de 2011, mediante el registro No. 130542 del Libro No. 15. 

  

Así las cosas, teniendo en cuenta que está acreditado que GUILLERMO MUÑOZ PINO fue propietario de la estación de servicio El CRUCERO TOTORO solo hasta el 8 de febrero de 2011, momento a partir el cual se registró su propiedad en cabeza de DICOM, resulta claro para el Despacho que en el presente caso ya transcurrió el término de caducidad de cinco (5) años establecido en el artículo 27 de la Ley 1340 de 2009 arriba citado, razón por la cual lo procedente será declarar la ocurrencia del fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria de esta Superintendencia respecto de GUILLERMO MUÑOZ PINO

  

9.2.10. Sobre las conductas de RODRIGO JARAMILLO MEJÍA, GUILLERMO MUÑOZ PINO, HERNANDO SOLARTE GÓMEZ, TERPEL, DISERPO, CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ y DICOM 

  

En cuanto a las conductas imputadas en la Resolución de Apertura de Investigación contra RODRIGO JARAMILLO MEJÍA, GUILLERMO MUÑOZ PINO y HERNANDO SOLARTE GOMEZ en relación con la infracción al artículo 1 del Decreto 2153 de 1992, en su Informe Motivado la Delegatura efectuó una recomendación de archivo de la presente investigación en favor de dichos investigados con fundamento en los siguientes argumentos: 

  

"En cuanto a RODRIGO JARAMILLO MEJÍA se observa que se trata de otro agente de mercado que tampoco se encuentra afiliado a SODICOM y que resultó ajeno a todas las gestiones a partir de las cuales la Delegatura concluyó sobre el "elemento consciente" de la conducta. En consecuencia, no obstante que los precios de la estación EL ALJÍBE se comportaron paralelamente con los precios de las demás EDS investigadas, frente a la imposibilidad de atribuirle el elemento consciente (voluntad de acuerdo) de su conducta, se hace necesario recomendar el archivo sobre este sujeto vinculado a la investigación administrativa. 

  

Frente a GUILLERMO MUÑOZ PINO se tiene que ejerció como propietario de la estación de servicios CRUCERO TOTORO hasta el 8 de febrero de 2011 y en consecuencia se recomendará que se reconozca la ocurrencia del fenómeno de caducidad de la facultad sancionatoria. 

  

Finalmente, frente a HERNANDO SOLARTE GÓMEZ, se tiene acreditado que no fungió como agente económico del mercado pues durante el periodo investigado y con posterioridad a él, fue el propietario y arrendador. De (sic) la estación de servicio 

  

AUTO CENTRO POPAYÁN. De manera que no habría orientado la actividad económica ni explotado dicho establecimiento durante el periodo investigado"[65]. 

  

Sobre el particular, este Despacho acogerá las recomendaciones hechas por la Delegat1:1ra frente al archivo de la presente investigación en favor de RODRIGO JARAMILLO MEJIA, GUILLERMO MUÑOZ PINO y HERNANDO SOLARTE GÓMEZ. 

  

En efecto, una vez analizado el expediente administrativo, no se evidenció que RODRIGO JARAMILLO MEJÍA, en su calidad de propietario de la estación de servicio EL ALJIBE para el periodo objeto de investigación, hubiese estado afiliado a SODICOM, entidad gremial bajo la cual tuvo lugar la práctica conscientemente paralela de fijación de precios. De igual forma, no encontró el Despacho evidencia adicional sobre el elemento consciente por parte de dicho investigado, presupuesto fundamental para la estructuración de la conducta investigada. 

  

En cuanto a HERNANDO SOLARTE GÓMEZ, propietario de la estación de servicio AUTO CENTRO POPAYÁN, encuentra el Despacho que no pudo haber tenido participación en los hechos materia de investigación, dado que durante el periodo investigado le entregó a MARÍA JULIA MOLINA DE SOLARTE, a título de arrendamiento su estación de servicio, razón por la cual no ostentó la condición de agente de mercado. 

  

Por otra parte, en su Informe Motivado la Delegatura recomendó sancionar a CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ, en su calidad de propietario de la estación de servicio BELLA VISTA, TERPEL y DISERPO en relación con la infracción al numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. Sobre el particular, una vez estudiada la situación particular de cada uno de estos investigados, el Despacho ha podido establecer que no son sujetos de sanción, en consecuencia se ordenará el archivo de la presente investigación teniendo como fundamento lo que a continuación pasa a exponerse. 

  

Respecto de CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ, manifestó en su escrito de observaciones al Informe Motivado que no se encontraba afiliado a SODICOM para la época de los hechos materia de investigación, razón por la cual no puede ser objeto de sanción: 

  

"( ...) CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ (...) no pertenece a la Junta Directiva de dicha agremiación (...) ni siquiera es afiliado a la misma, tal como está certificado por dicha agrupación, lo cual se encuentra acreditado en el expediente, y por lo tanto, los temas que trató o trate dicha entidad, así como sus actos y decisiones, no tienen por qué vincular a la EDS BELLAVISTA (no afiliada), aunado al hecho que mi poderdante, desconoce lo tratado por la Junta Directiva ( ...)".[66] 

  

Conforme se ha venido afirmando en el curso de la presente Resolución, la práctica conscientemente paralela de fijación de precios de la gasolina y ACPM por parte de los agentes económicos sancionados, tuvo lugar en el seno de SODICOM. En ese sentido, es claro que aquellos investigados que no estuvieron afiliados a dicha agremiación, y respecto de los cuales no exista evidencia que permita concluir su participación en el cartel, corresponde su absolución de los cargos imputados en el pliego de cargos. 

  

Dicho lo anterior, obra en el expediente la siguiente comunicación expedida por SODICOM a CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ, propietario de la estación de servicio BELLA VISTA en la cual certifica: 

  

"HACEMOS CONSTAR QUE: 

  

Que (sic) César Fernández, identificado con cédula de ciudadanía 10.518.248 de Popayán, distribuidor minorista de la estación de servicio Bellavista, ubicada en la ciudad de Popayán, no ha sido afiliado desde el año 2007 hasta la actualidad a SODICOM FENDIPETROLEO. 

  

En constancia de firma en Santiago de Cali, a los Veinte (sic) (20) días del mes de Junio (sic) de Dos (sic) Mil (sic) Doce (sic) (2012)"[67](se subraya). 

  

Así las cosas, se tiene que CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ, propietario de la estación de servicio BELLA VISTA no estuvo afiliado a SODICOM durante el periodo investigado, razón la cual el Despacho ordenará el archivo de la investigación, dado que no existe evidencia adicional de su participación de los hechos relacionados con la práctica conscientemente paralela de fijación de precios. 

  

La situación anteriormente descrita se replica en el caso de TERPEL, como propietaria de la estación de servicio BOLÍVAR, quien tampoco estuvo afiliada a SODICOM durante el periodo investigado. Según lo indicó en su escrito de descargos a la Resolución de Apertura: 

  

"Es muy importante indicar que la EDS Bolívar (sic) no se encuentra agremiada a FENDIPETROLEO SECCIONAL SURORIENTE y en consecuencia, no participa, no conoce, no tiene interés, no tiene contacto, no hace seguimiento y en general no tiene información alguna sobre sus reuniones, decisiones y/o estrategias comerciales"[68]. 

  

Este mismo argumento fue reiterado por dicha investigada en sus observaciones al Informe Motivado en los siguientes términos: 

  

"Pues bien, como se mencionó desde los mismos descargos, TERPEL no es ni ha sido agremiado de SODICOM y por ende cualquier tipo de decisión, incluidas las solicitudes de ampliación de plazo y discusiones internas entre los miembros de dicho gremio, son ajenas a mi representada. Es por esto que nos extraña que una investigación que se fundamenta en supuestas comunicaciones sospechosas entre unos agremiados, recomiende sancionar a una compañía que no solo no hace parte de dicho gremio sino que no tuvo ninguna clase de contacto con la agremiación"[69]. 

  

Pues bien, obra prueba en el expediente de una relación de las estaciones de servicio afiliadas a FENDIPETROLEO SUROCCIDENTE SODICOM, listado que fue acopiado en el curso de la visita administrativa adelantada por la Delegatura el 31 de agosto de 2011 a las instalaciones de dicha agremiación, donde se puede observar que la estación de servicio BOLÍVAR de propiedad de TERPEL no figura dentro de sus afiliadas[70], en ese sentido, al no estar afiliada a SODICOM durante el periodo investigado y en ausencia de prueba adicional de su participación de los hechos relacionados con la práctica conscientemente paralela de fijación de precios, se ordenará su archivo. 

  

Respecto de la sociedad investigada denominada comercialmente DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS POPAYÁN LTDA - DISERPO, se observa en su certificado de existencia y representación legal que por Escritura Pública No. 2247 otorgada en la Notaría 3 del Círculo de Popayán del 31 de agosto de 2012, se procedió con la disolución de dicha persona jurídica; y por Acta No. 46 de la Junta de Socios del 15 de octubre de 2012 se inscribió su liquidación[71]

  

En tal virtud y ante la inexistencia de DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS POPAYÁN LTDA - DISERPO como persona jurídica objeto de investigación, se ordenará el archivo de la investigación respecto de ella. 

  

DÉCIMO: Que, en su escrito de observaciones al Informe Motivado, los investigados presentaron una solicitud de nulidad, en razón a que esta Superintendencia habría vulnerado el derecho de defensa y debido proceso, al dar inicio a una actuación administrativa en la que no existe prueba del paralelismo de precios y ni del elemento consiente de esa actuación. 

  

Del mismo modo, la Superintendencia habría perdido competencia para sancionar por caducidad de la facultad sancionatoria al haber transcurrido más de cinco años contados a partir del momento en el cual se habría producido la presunta conducta anticompetitiva. 

  

Finalmente, indican que al negarse por parte de la Delegatura el aplazamiento de la audiencia prevista en el artículo 155 del Decreto 19 de 2012, mediante el cual se modificó el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, y que fuera fijada por la Delegatura para el 20 de noviembre de 2015, se habría violado su derecho de defensa al no poder concurrir a la diligencia y controvertir los argumentos expuestos en su contra. 

  

Sobre el particular, advierte el Despacho que la solicitud de nulidad no se fundamentó en ninguna de las causales previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso, con lo cual debe rechazarse la petición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 del mismo cuerpo normativo donde se establece: 

  

ARTÍCULO 135. REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD. "La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. 

  

(...) 

  

El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación ( ...)" (Negrilla fuera de texto). 

  

En todo caso, los argumentos en que se fundamenta la solicitud de nulidad fueron objeto de pronunciamiento en el presente acto administrativo durante el análisis de las conductas imputadas. 

  

UNDÉCIMO: Monto de la sanción. 

  

Sobre las sanciones que se imponen por la violación a las normas de competencia es preciso resaltar que de conformidad con el principio de proporcionalidad que orienta el derecho administrativo sancionador, la autoridad administrativa debe ejercer su potestad sancionadora en forma razonable y proporcionada, de modo que logre el equilibrio entre la sanción y la finalidad de la norma que establezca, así como la proporcionalidad entre el hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. 

  

Sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en sanciones administrativas, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: 

  

"En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, éste exige que tanto Ja falta descrita como la sanción correspondiente a Ja misma resulten adecuadas a los fines de la norma, esto es, a Ja realización de los principios que gobiernan Ja función pública. Respecto de Ja sanción administrativa, la proporcionalidad implica también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad'[72]. 

  

Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, el Superintendente de Industria y Comercio deberá imponer a las personas jurídicas, sanciones pecuniarias hasta por el equivalente de cien mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (100.000 SMLMV) al momento de la imposición de la sanción, es decir SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($68.945.500.000), por violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia, dentro de las cuales se incluyen las normas sobre competencia desleal. 

  

En efecto, numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, señala que: 

  

ARTÍCULO 25. MONTO DE LAS MULTAS A PERSONAS JURÍDICAS. "El numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992 quedará así: 

  

"Por violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia, incluidas la omisión en acatar en debida forma las solicitudes de información, órdenes e instrucciones que imparta, la obstrucción de las investigaciones, el incumplimiento de las obligaciones de informar una operación de integración empresarial o /as derivadas de su aprobación bajo condiciones o de la terminación de una investigación por aceptación de garantías, imponer, por cada violación y a cada infractor, multas a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio hasta por la suma de 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes o, si resulta ser mayor, hasta por el 150% de la utilidad derivada de la conducta por parte del infractor. 

  

Para efectos de graduar la multa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

  

1. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado. 

  

2. La dimensión del mercado afectado. 

  

3. El beneficio obtenido por el infractor con la conducta. 

  

4. El grado de participación del implicado. 

  

5. La conducta procesal de los investigados. 

  

6. La cuota de mercado de la empresa infractora, así como la parte de sus activos y/o de sus ventas involucrados en la infracción. 

  

7. El Patrimonio del infractor. 

  

PARÁGRAFO. Serán circunstancias de agravación para efectos de la graduación de la sanción. La persistencia en la conducta infractora; la existencia de antecedentes en relación con infracciones al régimen de protección de la competencia o con incumplimiento de compromisos adquiridos o de órdenes de las autoridades de competencia; el haber actuado como líder, instigador o en cualquier forma promotor de la conducta. La colaboración con las autoridades en el conocimiento o en la investigación de la conducta será circunstancia de atenuación de la sanción. 

  

De otra parte, el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, señala que la Superintendencia de Industria y Comercio podrá imponer a las personas naturales, sanciones pecuniarias hasta por el equivalente de dos mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (2.000 SMLMV) al momento de la imposición de la sanción, es decir MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($1.378.910.000), por colaborar, facilitar, autorizar o ejecutar una conducta violatoria de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia, incluidas las normas sobre competencia desleal. 

  

En efecto, el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, señala que: 

  

ARTÍCULO 26. MONTO DE LAS MULTAS A PERSONAS NATURALES. "El numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992 quedará así: 

  

"Imponer a cualquier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia a que se refiere la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y normas que la complementen o modifiquen, multas hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

  

Para efectos de graduar la multa, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

  

1. La persistencia en la conducta infractora. 

  

2. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado. 

  

3. La reiteración de la conducta prohibida. 

  

4. La conducta procesal del investigado, y 

  

5. El grado de participación de la persona implicada. 

  

PARÁGRAFO. Los pagos de las multas que la Superintendencia de Industria y Comercio imponga conforme a este artículo, no podrán ser cubiertos ni asegurados o en general garantizados, directamente o por interpuesta persona, por la persona jurídica a la cual estaba vinculada la persona natural cuando incurrió en la conducta; ni por la matriz o empresas subordinadas de esta; ni por las empresas que pertenezcan al mismo grupo empresarial o estén sujetas al mismo control de aquella". 

  

De acuerdo con lo anterior, la autoridad de competencia debe asegurar que los efectos de prevención general y prevención especial de la sanción se realicen en forma efectiva, esto es, que tanto los individuos como las personas jurídicas que participan en el mercado se vean disuadidos de infringir la ley. 

  

Por otro lado, de conformidad con el principio de proporcionalidad que orienta el derecho administrativo sancionador, la Superintendencia de Industria y Comercio debe ejercer su potestad sancionadora en forma razonable y proporcionada, de modo que logre el equilibrio entre la sanción y la finalidad perseguida con la norma, así como la proporcionalidad entre el hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. 

  

Con todo, haciendo un recuento de los criterios destinados a la graduación de la sanción, se advierte que, en lo que respecta a la dimensión del mercado y su afectación, el paralelismo consciente en que incurrieron los propietarios de las EDS involucradas, tuvo la magnitud de afectar casi la totalidad del mercado de distribución minorista de gasolina corriente y ACPM de una ciudad capital de Departamento, esto es Popayán, en tanto que de las 20 estaciones de servicio que estaban autorizadas para operar en esa ciudad, se comprobó que 16 participaron en la conducta, es decir el 80% de los distribuidores minoristas para la época de los hechos objeto de la investigación. 

  

En lo que respecta al grado de participación, tanto de las personas naturales, como de las jurídicas, propietarias de EDS, debe indicarse que todas ellas participaron en la práctica conscientemente paralela destinada al acuerdo de precios, como se demostró a partir del análisis económico y de los elementos que dieron cuenta de la consciencia. 

  

No obstante, merece mención especial la conducta de SODICOM, pues en el marco de esta agremiación fue que se fraguó la práctica anticompetitiva, al punto que se demostró que dicha entidad influenció a sus miembros para dirigir su comportamiento a la consolidación del paralelismo consciente. 

  

En cuanto a la aplicación del criterio de conducta procesal de los investigados se genera un efecto neutro sobre la dosificación de la sanción, habida cuenta que los investigados ejercieron su derecho de defensa y contradicción sin que se presentara ninguna conducta procesal que condujera a la agravación de la sanción, como tampoco alguna actuación que ameritara conceder un beneficio por esta misma causa. 

  

En relación con la reiteración de la conducta prohibida, el Despacho encontró que los investigados no presentan antecedentes por infracciones del régimen de protección de la libre competencia económica. 

  

Frente al criterio de persistencia de la conducta infractora, el Despacho tendrá ·en cuenta el tiempo de duración de la conducta, el cual se extendió desde enero de 2009 hasta junio de 2011. 

  

Finalmente, sobre los criterios relacionados con el grado participación de la persona implicada y la cuota de mercado de las empresas infractoras, al momento de dosificar la sanción se valorará la participación que las personas jurídicas y naturales a sancionar tuvieron en el mercado de la distribución minorista de gasolina corriente y ACPM en Popayán. 

  

Para la dosificación de la sanción, además, se tendrá en cuenta la situación financiera de los agentes investigados, de tal manera que la sanción resulte disuasoria pero no confiscatoria, por lo que en el presente caso, la sanción corresponderá a un valor máximo del 5% de los ingresos de cada agente investigado, sin superar en ningún caso el 5% de su patrimonio. 

  

Bajo este contexto, se advierte que, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, el Superintendente de Industria y Comercio deberá imponer sanciones pecuniarias derivadas de la violación de las normas sobre protección de la competencia, por cada violación y a cada infractor de hasta por CIEN MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100.000 SMLMV) al momento de la sanción, es decir SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($68.945.500.000). 

  

En virtud de lo anterior, este Despacho encuentra procedente en el presente caso imponer las siguientes sanciones: 

  

11.1. Sanción a pagar por personas naturales agentes de mercado 

  

11.1.1. Para ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.459.720 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ ESTACIÓN DE SERVICIO LA ESMERALDA, una multa de TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($31.714.930) equivalentes a CUARENTA Y SEIS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (46 SMMLV). 

  

Esta sanción equivale al aprox. ¦% de sus ingresos netos y ¦% al de su patrimonio del año 2012. 

  

Lo anterior sanción equivale al 0,46% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

11.1.2. Para ZULLY CATALINA VILLAMARÍN ORDÓÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 67.001.193 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIOS PALACE POPAYÁN, una multa de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.683.650) equivalentes a TREINTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (30 SMMLV). 

  

Esta sanción equivale al ¦% aprox. de sus ingresos netos y al ¦% de su patrimonio del año 2012. 

  

Lo anterior sanción equivale al 0,3% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

11.1.3. Para RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No.10.540.031 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO LA VIRGEN POPAYÁN, una multa de CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($148.232.825) equivalentes a DOSCIENTOS QUINCE SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (215 SMMLV). 

  

Esta sanción equivale al ¦% aprox. de sus ingresos netos y al ¦% de su patrimonio del año 2012. 

  

Lo anterior sanción equivale al 2, 15% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

11.1.4. Para MARTHA LEONOR DEL SOCORRO BRAVO ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.069.424 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio SERVICENTRO ESSO SOTARA, una multa de SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($68.945.500) equivalentes a CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 SMMLV). 

  

Esta sanción equivale al % aprox. de sus ingresos netos y al 1% de su patrimonio del año 2012. 

  

Lo anterior sanción equivale al 1% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

11.1.5. Para LUIS FELIPE MURIEL PALACIOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.320.987 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO CALIBIO, una multa de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.925.830) equivalentes a VEINTISEIS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (26 SMMLV). 

  

Esta sanción equivale al ¦% aprox. de sus ingresos netos y ¦% al de su patrimonio del año 2012. 

  

Lo anterior sanción equivale al 0,26% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

11.1.6. Para JOSÉ IGNACIO CHÁVEZ ZARAMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.989.667 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO # 23 POPAYAN, una multa de SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE ($71.703.320) equivalentes a CIENTO CUATRO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (104 SMMLV). 

  

Esta sanción equivale al ¦% aprox. de sus ingresos netos y al ¦% de su patrimonio del año 2012. 

  

Lo anterior sanción equivale al 1,04% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

11.1.7. Para MARÍA JULIA MOLINA DE SOLARTE, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.294.807 en su calidad de arrendataria del establecimiento de comercio AUTO CENTRO POPAYÁN, una multa de VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($23.441.470) equivalentes a TREINTA Y CUATRO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (34 SMMLV). 

  

Esta sanción equivale al ¦% aprox. de sus ingresos netos y al ¦% de su patrimonio del año 2012. 

  

Lo anterior sanción equivale al 0,34% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

11.1.8. Para NÉSTOR GONZÁLEZ MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.532.181 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN SANTA ELENA POPAYÁN, una multa de TRECE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($13.099.645) equivalentes a DIECINUEVE SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (19 SMMLV). 

  

Esta sanción equivale al ¦% aprox. de sus ingresos netos y al ¦% de su patrimonio del año 2012. 

  

Lo anterior sanción equivale al 0, 19% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

11.2. Sanción a pagar por personas jurídicas agentes de mercado 

  

11.2.1. Para LUBRICOM & CIA LTDA. identificada con NIT 891.304.365 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO MOBIL EL FAROL, una multa de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($15.857.465) equivalentes a VEINTITRÉS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (23 SMMLV). 

  

Esta sanción equivale al 4,9% aprox. de sus ingresos operacionales y al 4,0% de su patrimonio del año 2013. 

  

Lo anterior sanción equivale al 0,23% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del ·Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

11.2.2. Para INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA & CIA LTDA. identificada con NIT 900.062.762 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN LIBERTAD, una multa de VEINTIDOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($22.062.560) equivalentes a TREINTA Y DOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (32 SMMLV). 

  

Esta sanción equivale al 0,6% aprox. de sus ingresos operacionales y al 4,9% de su patrimonio del año 2011. 

  

Lo anterior sanción equivale al 0,32% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

11.2.3. Para COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA identificada con NIT 891.500.045 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO COOMOTORISTAS POPAYÁN, una multa de CIENTO CINCENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($157.885.195) equivalentes a DOSCIENTOS VEINTINUEVE SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (229 SMMLV). 

  

Esta sanción equivale al 4,0% aprox. de sus ingresos operacionales y al 5,0% de su patrimonio del año 2013. 

  

Lo anterior sanción equivale al 2,29% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

11.2.4. Para COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES RÁPIDO TAMBO, identificada con NIT 891.500.194 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL TRANSTAMBO, una multa de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($128.238.630) equivalentes a CIENTO OCHENTA Y SEIS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (186 SMMLV). 

  

Esta sanción equivale al 1,0% aprox. de sus ingresos operacionales y al 5,0% de su patrimonio del año 2013. 

  

Lo anterior sanción equivale al 1,86% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

11.2.5. Para CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A. identificada con NIT 900.021.407 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio CENTRO CARROS DEL NORTE, una multa de CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($42.746.210) equivalentes a SESENTA Y DOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (62 SMMLV). 

  

Esta sanción equivale al 0,6% aprox. de sus ingresos operacionales y al 5,0% de su patrimonio del año 2013. 

  

Lo anterior sanción equivale al 0,62% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

11.2.6. Para INVERSAV S.A. identificada con NIT 817.004.979 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA, una multa de CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($56.535.310) equivalentes a OCHENTA Y DOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (82 SMMLV). 

  

Esta sanción equivale al 0,8% aprox. de sus ingresos operacionales y al 5,0% de su patrimonio del año 2013. 

  

Lo anterior sanción equivale al 0,82% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

11.2.7. Para S Y M LIMITADA, identificada con NIT 891.502.289 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio S Y M LIMITADA AUTOCENTRO RÍO BLANCO, una multa de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($15.857.465) equivalentes a VEINTITRES SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (23 SMMLV). 

  

Esta sanción equivale al 0,2% aprox. de sus ingresos operacionales y al 4,8% de su patrimonio del año 2011. 

  

Lo anterior sanción equivale al 0,23% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

11.2.8. Para la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GASOLINA Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO - SODICOM, identificada con NIT 890.304.416, una multa de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($19.994.195) equivalentes a VEINTINUEVE SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (29 SMMLV). 

  

Esta sanción equivale al 4,8% aprox. de sus ingresos operacionales y al 3,2% de su patrimonio del año 2015. 

  

Lo anterior sanción equivale al 0,29% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

En mérito de lo expuesto este Despacho, 

  

RESUELVE: 

  


ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR que ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.459.720 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ ESTACIÓN DE SERVICIO LA ESMERALDA, ZULLY CATALINA VILLAMARÍN ORDÓÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 67.001.193 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIOS PALACE POPAYAN, RAMIRO ALONSO ORDONEZ PENA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.540.031 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO LA VIRGEN POPAYÁN, MARTHA LEONOR DEL SOCORRO BRAVO ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.069.424 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio SERVICENTRO ESSO SOTARA, LUIS FELIPE MURIEL PALACIOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.320.987 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO CALIBIO, JOSÉ IGNACIO CHÁVEZ ZARAMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.989.667 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO # 23 POPAYAN, MARÍA JULIA MOLINA DE SOLARTE, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.294.807 en su calidad de arrendataria del establecimiento de comercio AUTO CENTRO POPAYÁN, NÉSTOR GONZÁLEZ MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.532.181 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN SANTA ELENA POPAYÁN, LUBRICOM & CIA LTDA. identificada con NIT 891.304.365 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO MOBIL EL FAROL, INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA & CIA LTOA. identificada con NIT 900.062.762 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN LIBERTAD, COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA identificada con NIT 891.500.045 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO COOMOTORISTAS POPAYÁN, COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES RÁPIDO TAMBO, identificada con NIT 891.500.194 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL TRANSTAMBO, CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A. identificada con NIT 900.021.407 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio CENTRO CARROS DEL NORTE, INVERSAV S.A. identificada con NIT 817.004.979 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA y S Y M LIMITADA, identificada con NIT 891.502.289 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio S Y M LIMITADA AUTOCENTRO RÍO BLANCO, violaron el régimen de competencia por haber actuado en contravención del numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, en los términos establecidos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

  

En consecuencia, IMPONER las siguientes sanciones: 

  

1.1. A ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.459.720 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ ESTACIÓN DE SERVICIO LA ESMERALDA, una multa de TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($31.714.930) equivalentes a CUARENTA Y SEIS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (46 SMMLV). 

  

1.2.ZULLY CATALINA VILLAMARÍN ORDÓÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 67.001.193 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIOS PALACE POPAYÁN, multa de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($20.683.650) equivalentes a TREINTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (30 SMMLV). 

  

1.3.RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.540.031 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO LA VIRGEN POPAYÁN, multa de CIENTO CUARE;NTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($148.232.825) equivalentes a DOSCIENTOS QUINCE SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (215 SMMLV). 

  

1.4.MARTHA LEONOR DEL SOCORRO BRAVO ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.069.424 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio SERVICENTRO ESSO SOTARA, multa de SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($68.945.500) equivalentes a CIEN SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100 SMMLV). 

  

1.5. LUIS FELIPE MURIEL PALACIOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.320.987 en su calidad de propietario del ·establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO CALIBIO, multa de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.925.830) equivalentes a VEINTISEIS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (26 SMMLV). 

  

1.6.JOSÉ IGNACIO CHÁVEZ ZARAMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.989.667 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO # 23 POPAVAN, multa de SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE ($71.703.320) equivalentes a CIENTO CUATRO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (104 SMMLV). 

  

1.7.MARÍA JULIA MOLINA DE SOLARTE, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.294.807 en su calidad de arrendataria del establecimiento de comercio AUTO CENTRO POPAYÁN, multa de VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($23.441.470) equivalentes a TREINTA Y CUATRO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (34 SMMLV). 

  

1.8. NÉSTOR GONZÁLEZ MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.532.181 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN SANTA ELENA POPAYÁN, multa de TRECE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($13.099.645) equivalentes a DIECINUEVE SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (19 SMMLV). 

  

1.9. LUBRICOM & CIA LTOA. identificada con NIT 891.304.365 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO MOBIL EL FAROL, multa de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($15.857.465) equivalentes a VEINTITRÉS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (23 SMMLV). 

  

1.10. INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA & CIA LTDA. identificada con NIT 900.062.762 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN LIBERTAD, multa de VEINTIDOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($22.062.560) equivalentes a TREINTA Y DOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (32 SMMLV). 

  

1.11. COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA identificada con NIT 891.500.045 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO COOMOTORISTAS POPAYÁN, multa de CIENTO CINCENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($157.885.195) equivalentes a DOSCIENTOS VEINTINUEVE SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (229 SMMLV). 

  

1.12.COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES RÁPIDO TAMBO, identificada con NIT 891.500.194 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL TRANSTAMBO, multa de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($128.238.630) equivalentes a CIENTO OCHENTA Y SEIS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (186 SMMLV). 

  

1.13. CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A. identificada con NIT 900.021.407 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio CENTRO CARROS DEL NORTE, multa de CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($42.746.210) equivalentes a SESENTA Y DOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (62 SMMLV). 

  

1.14. INVERSAV S.A. identificada con NIT 817.004.979 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA multa de CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CORRIENTE ($56.535.310) equivalentes a OCHENTA Y DOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (82 SMMLV). 

  

1.15. S Y M LIMITADA, identificada con NIT 891.502.289 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio S Y M LIMITADA AUTOCENTRO RÍO BLANCO, multa de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($15.857.465) equivalentes a VEINTITRES SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (23 SMMLV). 

  

PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio - Formato de Recaudo Nacional, Código de referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el número del expediente y el número de la presente resolución. El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución. 

  

Vencido el término aquí establecido se causarán intereses moratorias a la tasa del 12% anual, liquidados por días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se efectúe dicha liquidación. 

  


ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR que la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GASOLINA Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO - SODICOM, identificada con NIT 890.304.416, violó el régimen de competencia por haber actuado en contravención del numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992, en los términos establecidos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

  

En consecuencia, IMPONER a la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GASOLINA Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO - SODICOM, identificada con NIT 890.304.416, multa de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($19.994.195) equivalentes a VEINTINUEVE SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (29 SMMLV). 

  

PARÁGRAFO: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio - Formato de Recaudo Nacional, Código de referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el número del expediente y el número de la presente resolución. El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución. 

  

Vencido el término aquí establecido se causarán intereses moratorias a la tasa del 12% anual, liquidados por días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se efectúe dicha liquidación. 

  


ARTÍCULO TERCERO:ARCHIVAR la presente actuación administrativa en favor de RODRIGO JARAMILLO MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.086.453 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN MOBIL EL ALJIBE, GUILLERMO MUÑOZ PINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.604.792 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO El CRUCERO TOTORO, HERNANDO SOLARTE GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.281.122 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio AUTO CENTRO POPAYÁN, ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. identificada con NIT 830.095.213 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO BOLÍVAR, DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS POPAYÁN LTDA identificada con NIT 800.012.008 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio DISERPO LTDA., CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A., identificada con NIT 900.021.407 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio EDS BOLÍVAR, CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.518.248 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO BELLA VISTA y DICOM INVERSIONES S.A.S. identificada con NIT 900.437.396 en su calidad de propietario del establecimiento de ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE EL CRUCERO TOTORO, por la infracción contemplada en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 

  


ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR a las personas naturales y jurídicas sancionadas, en aplicación del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 156 del Decreto 19 de 2012, que dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, realicen la publicación del siguiente texto: 

  

"Por instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.459. 720 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ ESTACIÓN DE SERVICIO LA ESMERALDA, ZULLY CATALINA VILLAMARÍN ORDÓÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 67.001.193 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIOS PALACE POPAYÁN, RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.540.031 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO LA VIRGEN POPAYÁN, MARTHA LEONOR DEL SOCORRO BRAVO ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.069.424 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio SERVICENTRO ESSO SOTARA, LUIS FELIPE MURIEL PALACIOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.320.987 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO CALIBIO, JOSÉ IGNACIO CHÁVEZ ZARAMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.989.667 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO # 23 POPAYAN, MARÍA JULIA MOLINA DE SOLARTE, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.294.807 en su calidad de arrendataria del establecimiento de comercio AUTO CENTRO POPAYÁN, NÉSTOR GONZÁLEZ MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.532.181 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN SANTA ELENA POPAYÁN, LUBRICOM & CIA LTDA. identificada con NIT 891.304.365 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO MOBIL EL FAROL, INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA& CIA LTDA. identificada con NIT 900.062.762 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN LIBERTAD, COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA identificada con NIT 891.500.045 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO COOMOTORISTAS POPAYÁN, COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES RÁPIDO TAMBO, identificada con NIT 891.500.194 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL TRANSTAMBO, CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A. identificada con NIT 900.021.407 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio CENTRO CARROS DEL NORTE, INVERSAV S.A. identificada con NIT 817.004.979 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA y S Y M LIMITADA, identificada con NIT 891.502.289 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio S Y M LIMITADA AUTOCENTRO RÍO BLANCO informan que: 

  

Mediante Resolución No. N 26726·de 2016 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, se impuso una sanción contra ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.459.720 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ ESTACIÓN DE SERVICIO LA ESMERALDA, ZULLY CATALINA VILLAMARÍN ORDÓÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 67.001.193 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIOS PALACE POPAYÁN, RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.540.031 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO LA VIRGEN POPAYÁN, MARTHA LEONOR DEL SOCORRO SRAVO ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.069.424 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio SERVICENTRO ESSO SOTARA, LUIS FELIPE MURIEL PALACIOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.320.987 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO CALIBIO, JOSÉ IGNACIO CHÁVEZ ZARAMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.989.667 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO # 23 POPAYAN, MARÍA JULIA MOL/NA DE SOLARTE, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.294.807 en su calidad de arrendataria del establecimiento de comercio AUTO CENTRO POPAYÁN, NÉSTOR GONZÁLEZ MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1O.532. 181 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN SANTA ELENA POPAYÁN, LUBRICOM & CIA LTDA. identificada con NIT 891.304.365 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO MOBIL EL FAROL, INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA & CIA LTDA. identificada con NIT 900.062.762 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN LIBERTAD, COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA identificada con NIT 891.500.045 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO COOMOTORISTAS POPAYÁN, COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES RÁPIDO TAMBO, identificada con NIT 891.500.194 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL TRANSTAMBO, CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A. identificada con NIT 900.021.407 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio CENTRO CARROS DEL NORTE, INVERSAV S.A. identificada con NIT 817.004.979 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA y S Y M LIMITADA, identificada con NIT 891.502.289 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio S Y M LIMITADA AUTOCENTRO RÍO BLANCO, por haber infringido lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. 

  

Lo anterior, en cumplimiento del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009". 

  

La publicación deberá realizarse en un lugar visible en un diario de amplia circulación nacional y deberá remitirse la respectiva constancia a esta Superintendencia. 

  


ARTÍCULO QUINTO: ORDENAR a la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GASOLINA Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO - SODICOM, identificada con NIT 890.304.416, en aplicación del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 156 del Decreto 19 de 2012, que dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, realicen la publicación del siguiente texto: 

  

"Por instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GASOLINA Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO - SODICOM, identificada con NIT 890.304.416 informa que:  

  

Mediante Resolución No. 26726 de 2016 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, se impuso una sanción contra la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GASOLINA Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO - SODICOM, por haber infringido lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992. 

  

Lo anterior, en cumplimiento del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009". 

  

La publicación deberá realizarse en un lugar visible en un diario de amplia circulación nacional y deberá remitirse la respectiva constancia a esta Superintendencia. 

  


ARTÍCULO SEXTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolución a ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.459.720 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ ESTACIÓN DE SERVICIO LA ESMERALDA, ZULLY CATALINA VILLAMARÍN ORDÓÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 67.001.193 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIOS PALACE POPAYÁN, RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.540.031 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO LA VIRGEN POPAYÁN, MARTHA LEONOR DEL SOCORRO BRAVO ROJAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.069.424 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio SERVICENTRO ESSO SOTARA, LUIS FELIPE MURIEL PALACIOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 76.320.987 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO CALIBIO, JOSÉ IGNACIO CHÁVEZ ZARAMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.989.667 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACION DE SERVICIO # 23 POPAYAN, MARIA JULIA MOLINA DE SOLARTE, identificada con cédula· de ciudadanía No. 27.294.807 en su calidad de arrendataria del establecimiento de comercio AUTO CENTRO POPAYÁN, NÉSTOR GONZÁLEZ MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.532.181 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN SANTA ELENA POPAYÁN, LUBRICOM & CIA LTDA. identificada con NIT 891.304.365 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO MOBIL EL FAROL, INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA & CIA LTDA. identificada con NIT 900.062.762 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN LIBERTAD, COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA identificada con NIT 891.500.045 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO COOMOTORISTAS POPAYÁN, COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES RÁPIDO TAMBO, identificada con NIT 891.500.194 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL TRANSTAMBO, CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A. identificada con NIT 900.021.407 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio CENTRO CARROS DEL NORTE, INVERSAV S.A. identificada con NIT 817.004.979 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA, S Y M LIMITADA, identificada con NIT 891.502.289 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio S Y M LIMITADA AUTOCENTRO RÍO BLANCO y ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GASOLINAY OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO - SODICOM, identificada con NIT 890.304.416, entregándoles copia de la misma e informándoles que en su contra procede recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, que se podrá interponer dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. 

  


ARTÍCULO SÉPTIMO: Una vez en firme la presente decisión, PUBLÍQUESE en la página Web de la Entidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 156 del Decreto 19 de 2012. 

  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

  

Dada en Bogotá D.C., a los 10 MAY 2016 

  

  

PABLO ENRIQUE ROBLEDO DEL CASTILLO 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

  

  

[1] Mediante el cual se modificó el Decreto 3523 de 2009, a su vez modificado por el Decreto 1687 de 2010. 

[2] Modificado por el Decreto 19 de 2012. 

[3] Establecimiento de comercio cuya matrícula mercantil fue cancelada el 25 de junio de 2012, mediante inscripción de documento privado en la Cámara de Comercio del Cauca. Información que obra en el folio 6540 del cuaderno público No. 26 del expediente. Entiéndase que, en el presente acto administrativo, cuando se hace referencia al expediente, el mismo corresponde al radicado con el No. 10-83828. 

[4] Establecimiento de comercio cuya matrícula mercantil fue cancelada mediante inscripción de documento privado en la Cámara de Comercio del Cauca el 31 de marzo de 2014, información que obra en el folio 6510 del cuaderno público No. 26 del expediente. 

[5] Establecimiento de comercio cuya matrícula mercantil fue cancelada mediante inscripción de comunicación en la Cámara de Comercio del Cauca el 23 de enero de 2014, información que obra en el folio 6474 del cuaderno público 26 del expediente. 

[6] HERNANDO SOLARTE GÓMEZ, tal y· como consta en el certificado de matrícula de persona natural, obra en calidad de arrendador de AUTO CENTRO POPAYÁN, siendo la arrendataria MARÍA JULIA MOLINA DE SOLARTE. Establecimiento de comercio cuya matrícula mercantil fue renovada por última vez el 14 de abril de 2014, información que obra en los folios 6480 y 6481 del cuaderno público 26 del expediente. 

[7] Sociedad comercial disuelta y liquidada a partir de 2012. Información verificada en: http://www.rues.org.co/RUES_Web/consultas/DetalleRM codigo_camara=28&matricula=0000021949 Consulta: abril 04 de 2016. 

[8] El 8 de febrero de 2011 se matriculó en la Cámara de Comercio del Cauca como propiedad de DICOM el establecimiento de comercio denominado ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES CRUCERO TOTORO, información que obra en el folio 6513 del cuaderno público No. 26 del expediente. 

[9] Folios 2 a 4 del cuaderno público No. 1 del Expediente. 

[10] Folio 242 del cuaderno público No. 1 del expediente. 

[11] Adicionada por las Resoluciones No. 53300 del 4 de septiembre de 2012 y 78237 del 30 de agosto de 2013. 

[12] Ley 1340 de 2009, artículo 16. Ofrecimiento de garantías suficientes para la terminación anticipada de una investigación. Adiciónase el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992 con un parágrafo 1 del siguiente tenor: 

"Para que una investigación por violación a las normas sobre prácticas comerciales restrictivas pueda terminarse anticipadamente por otorgamiento de garantías, se requerirá que el investigado presente su ofrecimiento antes del vencimiento del término concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para solicitar o aportar pruebas. Si se aceptaren las garantías, en el mismo acto administrativo por el que se ordene la clausura de la investigación la Superintendencia de Industria y Comercio señalará las condiciones en que verificará la continuidad del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los investigados. 

El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aceptación de las garantías de que trata este artículo se considera una infracción a las normas de protección de la competencia y dará lugar a las sanciones previstas en la ley previa solicitud de las explicaciones requeridas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

PARÁGRAFO. La autoridad de competencia expedirá las guías en que se establezcan los criterios con base en los cuales analizará la suficiencia de las obligaciones que adquirirían los investigados, así como la forma en que estas pueden ser garantizadas". 

[13] Decreto 2153 de 1992, artículo 52, modificado por el artículo 155 del Decreto 19 de 2012. 

[14] Folios 4386 a 4424 del cuaderno público No. 18 del expediente. 

[15] Folios 5333 a 5345 del cuaderno público No. 23 del expediente. 

[16] Folios 6920 a 6923 del cuaderno público No. 27 del expediente. 

[17] Decreto 19 de 2012, artículo 155. Procedimiento por infracción a las normas de competencia y prácticas comerciales restrictivas. El artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por los artículos 16 y 19 de la Ley 1340 de 2009, quedará así: 

(...) 

"Instruida la investigación el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia citará, por una sola vez, a una audiencia dónde los investigados y terceros reconocidos dentro del trámite presentarán de manera verbal los argumentos que pretendan hacer valer respecto de la investigación. La inasistencia a dicha audiencia no será considerada indicio alguno de responsabilidad’. 

(...)". 

  

[18] Folios 6951 al 7068 del cuaderno público No. 28 del expediente. 

[19] Superintendencia de Industria y Comercio, oficio radicado No. 12-128356-1 del 31 de julio de 2012. 

[20] Folios 7185 a 7204 del cuaderno público No. 28. 

[21] Mediante el cual se modificaron los Decretos No. 3523 de 2009 y 1687 de 2010. 

[22] Sentencia del 13 de noviembre de 2014, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación: 2013-00254-01. Consejera ponente: María Elizabeth García González y Sentencia del 21 de agosto de 2014, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación: 25000-23-24-000-2002-00909-01. Consejera ponente: María Elizabeth García González. 

  

[23] Resoluciones No. 51694 de 2008, 4946 de 2009 y 71794 de 2011. 

[24] Resolución No. 71794 de 2011. 

[25] Resoluciones No. 51694 de 2008, 4946 de 2009 y 71794 de 2011. 

[26] Ibídem. 

[27] Ibídem. 

[28] Ibídem. 

[29] Ibídem. 

[30]Sobre este aspecto en la Resolución No. 51694 de 2008 se indicó: "(...) En conclusión, para el caso de una investigación relacionada con una práctica conscientemente paralela, la Superintendencia de Industria y Comercio, una vez identificado el paralelismo acudirá a la valoración conjunta de los diferentes elementos de prueba de modo que le permitan constatar si existe o no una concertación con fines anticompetitivos (...)". 

[31] Resoluciones Nos. 11081 del 8 de marzo de 2016 y 11700 del 14 de marzo de 2016. 

[32] Resolución No. 11700 del 14 de marzo de 2016. Radicado No, 14-246644. 

[33] Resolución No. 11081 del 8 de marzo de 2016. Radicado No. 15-146647. 

[34]"Artículo 2. Funciones.La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones: 

1. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la competencia; atender las reclamaciones o quejas por hechos que pudieren implicar su contravención y dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en particular los siguientes propósitos: la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. 

  

Parágrafo. La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en cuenta los propósitos de que trata el presente artículo al momento de resolver sobre la significatividad de la práctica e iniciar o no una investigación, sin que por este solo hecho se afecte el juicio de ilicitud de la conducta. 

  

(...)". 

  

[35] Consejo de Estado, Sentencia del 20 de febrero de 1997. Expediente No. 3488. Consejero Ponente: Juan Alberto Polo Figueroa. 

[36] Específicamente costos de transporte por cada tipo de combustible y costos administrativos de cada estación. 

[37] Folios 5239 a 5242 del Cuaderno Público No. 22 del Expediente. 

[38] http://www.upme.gov.co/generadorconsuItas/ConsuIta_Series.aspx idModulo=3&tipoSerie=136&fechainicial=01/01/2010&fechafinal=31/12/2015. 

[39] Disco compacto que obra a folio 499 del cuaderno reservado No. 2. 

[40] Ibídem. 

[41] Ibídem. 

[42] Ibídem. 

[43] La cual derivó en la presente investigación. 

[44] Folio 460 del cuaderno reservado No. 2. 

[45] Folio 469 del cuaderno reservado No. 2. 

[46] Ibídem. 

[47] Ibídem. 

[48] Ibídem. 

[49] Sentencia del 19 de noviembre de 2009, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Radicación número: 25000-23-24-000-2001-01261-01. Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. 

[50] Ibídem. Se lee en la Sentencia del Consejo de Estado: "(...) De acuerdo con lo previsto en la norma, la acción se predica exclusivamente del sujeto activo, pues ésta no condiciona ni supedita su configuración a una respuesta positiva de la empresa influenciada, ya que de haber sido esa la voluntad del legislador, entonces, la norma en estudio habría incluido tal supuesto como si lo hace en otras disposiciones del Decreto 2153 de 1992, al referirse al "efecto" de la conducta (...). 

[51] Resolución No. 16562 de 2015. 

[52] Resolución No. 8231 de 2001. 

[53] Resolución No. 9727 de 2003. 

[54] Resolución No. 27263 de 1999. 

[55] Resolución No. 33141 de 2011: "(...) cuando los cañicultores reunidos en asambleas de afiliados de sus respectivas asociación (sic), adoptan decisiones, las mismas corresponden a actuaciones de la persona jurídica y no a las personas naturales individualmente consideradas". Ver también, Resolución No. 25420 de 2002, 37033 de 2011 (por la que se sancionó a la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Automotor), 41687 de 2011 (por la que se sancionó a Ashoralda) y 71794 de 2011 (por la que se sancionó a Fendipetróleo). 

[56] Resolución No. 8231 de 2001. 

[57] Ibídem 

[58] Consejo de Estado; Sección Primera; Sentencia de 19 de noviembre de 2009. 

[59] Superintendencia de Industria y Comercio: " Cartilla sobre la aplicación de las normas de competencia frente a las asociaciones de empresas y asociaciones o colegios de profesionales." pág. 4. 

[60] Ibídem. 

[61] Traducción libre. Trade Associations - OECD Policy Roundtables 2007, pág. 16. "(...) On the other hand, because trade associations offer opportunities for repeated contacts between direct competitors, they may also serve as a vehicle for activities that restrict competition. A fair number of the cartel cases brought by competition agencies around the world directly or indirectly involve a trade association. A trade association may itself organize, orchestrate and enforce naked antitrust violations, or may simply facilitate them". 

[62] Resolución No. 25420 de 2002, confirmada por la Resolución No. 35523 de 2002 (ADICONAR). 

[63] Conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, son contrarios a la libre competencia, los acuerdos: 

  

"2. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios. 

  

(...)". 

[64] Folio 4182 del cuaderno público No. 17 del expediente. 

[65] Página 115 del Informe Motivado. 

[66] Folio 7222 del cuaderno público No. 29 del expediente. 

[67] Folio 1229 del cuaderno público No. 6 del expediente. 

[68] Folio 3751 del cuaderno público No. 15 del expediente. 

[69] Folio 7245 del cuaderno público No. 29 del expediente. 

[70] Folio 450 del cuaderno reservado No. 4 del expediente. 

[71] Folio 450 del cuaderno público No. 20 del expediente. 

[72] Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-125 del 18 de febrero de 2003, Expediente Radicado D-4059.