RESOLUCION466542016201607 script var date = new Date(15/07/2016); document.write(date.getDate()); script falsefalseSUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIOSuperintendencia de Industria y ComercioPor medio de la cual se deciden unos recursos de reposición.falsefalseComercio, Industria y Turismotruefalsefalse15/07/201615/07/2016

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 46654 DE 2016

(julio 15)

Por medio de la cual se deciden unos recursos de reposición.

[Mostrar]

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E) 

  

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las previstas en la Ley 155 de 1959, la Ley 1340 de 2009, y el numeral 15 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011; y 

  

CONSIDERANDO 

  

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 26726 del 10 de mayo de 2016[1] (Resolución Sancionatoria), la Superintendencia de Industria y Comercio impuso sanciones de multa a ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ EDS LA ESMERALDA; ZULLY CATALINA VILLAMARÍN ORDÓÑEZ, en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio EDS PALACE POPAYÁN; RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio EDS LA VIRGEN POPAYÁN; MARTHA LEONOR DEL SOCORRO BRAVO ROJAS, en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio SERVICENTRO ESSO SOTARA; LUIS FELIPE MURIEL PALACIOS, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio EDS CALIBIO; JOSÉ IGNACIO CHÁVEZ ZARAMA, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio EDS # 23 POPAYAN; MARÍA JULIA MOLINA DE SOLARTE, en su calidad de arrendataria del establecimiento de comercio AUTO CENTRO POPAYÁN; NÉSTOR GONZÁLEZ MEJÍA, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio EDS SANTA ELENA POPAYÁN; LUBRICOM & CIA. LTDA.; en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio EDS MOBIL EL FAROL; INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA & CIA LTDA., en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio EDS LIBERTAD; COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO COOMOTORISTAS POPAYÁN; COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES RÁPIDO TAMBO, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio EDS TERPEL TRANSTAMBO; CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A., en su calidad de propietario del establecimiento de comercio CENTRO CARROS DEL NORTE; INVERSAV S.A., en su calidad de propietario del establecimiento de comercio AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA; y S Y M LIMITADA, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio S Y M LIMITADA AUTOCENTRO RÍO BLANCO, por haber actuado en contravención del numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 (acuerdos que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios). 

  

Así mismo, se impuso una multa a la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GASOLINA Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO - SODICOM, por haber actuado en contravención del numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992 (actos de influenciación a una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios o para que desista de su intención de rebajar los precios). 

  

En la misma Resolución No. 26726 de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió archivar la actuación administrativa en favor de RODRIGO JARAMILLO MEJÍA, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio EDS MOBIL EL ALJIBE; GUILLERMO MUÑOZ PINO, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio EDS El CRUCERO TOTORO; HERNANDO SOLARTE GÓMEZ, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio AUTO CENTRO POPAYÁN; ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio EDS BOLÍVAR; DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS POPAYÁNLTDA. en su calidad de propietario del establecimiento de comercio DISERPO LTDA.; CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ, en su calidad de propietario del establecimiento de comercio EDS BELLA VISTA; y DICOM INVERSIONES S.A.S. en su calidad de propietario del establecimiento de ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE EL CRUCERO TOTORO, por considerar que no actuaron contra lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 (acuerdos que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios). 

  

De acuerdo con lo expuesto, respecto de la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró probado dentro del trámite administrativo que los investigados concibieron y ejecutaron deliberadamente una estrategia anticompetitiva, ilegal, concertada, coordinada y continuada que derivó en la fijación de los precios en el mercado de gasolina corriente motor y ACPM en Popayán. Al respecto, el Despacho concluyó lo siguiente en la Resolución Sancionatoria: 

  

• Se acreditó un paralelismo en los precios de la gasolina corriente motor y ACPM, entre enero de 2009 y junio de 2011, para las estaciones de servicio de Popayán, situación que no fue justificada por los investigados. 

  

• La existencia del paralelismo de precios no respondió a un fenómeno estrictamente económico, sino a una estrategia acordada entre las estaciones de servicio que se evidenció a partir de diferentes elementos que dieron cuenta de la conciencia de la ilegalidad de la conducta y la necesidad de ocultarla. En particular, se demostró el elemento consciente a partir una reunión de la Junta Directiva de SODICOM del 10 de diciembre de 2010, donde se decidió suprimir del Acta No. 174 todo lo discutido en relación con los precios, teniendo en cuenta que la Superintendencia de Industria y Comercio podría sancionar a las estaciones de servicio. Así mismo, se demostró una estrategia acordada entre SODICOM y las estaciones de servicio para responder los requerimientos individuales de información hechos por la Superintendencia de Industria y Comercio y así conferir una respuesta creíble sobre el paralelismo de precios presentado. 

  

En cuanto a la infracción del numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio encontró probado que SODICOM concibió y ejecutó una conducta anticompetitiva a través de la cual influenció a sus afiliados en los procesos de formación de los precios al público de la gasolina corriente motor y ACPM. La anterior afirmación se fundamentó en lo siguiente: 

  

• Existe evidencia relacionada con la concurrencia de la voluntad de SODICOM y las estaciones de servicio en la configuración de la conducta de paralelismo imputada, toda vez que tenían una comunicación fluida y constante sobre el tema de fijación de precios, de lo cual da cuenta, entre otros hechos, la coordinación para responder las solicitudes de información hechas por la Autoridad de Competencia, en el seno de dicha entidad gremial. 

  

• Se demostró que los miembros de la Junta Directiva de SODICOM eliminaron del Acta No. 174 lo discutido en relación con los precios de las estaciones de servicio, por temor a una posible investigación por la violación de las normas de competencia. Así pues, tuvieron plena conciencia del actuar ilegal, pues de lo contrario hubieran dejado dichas constancias, como sucedió anteriormente con las Actas Nos. 165 de 2009 y 169 de 201O. 

  

• Las estaciones de servicio sancionadas presentaron precios uniformes, lo cual no se explicó frente a las características del mercado o decisiones unilaterales de los agentes para maximizar su utilidad, sino en el actuar coordinado a través de un acuerdo de precios bajo la modalidad de práctica consencientemente paralela, en el seno de SODICOM

  

SODICOM fue el promotor de la conducta investigada de paralelismo consciente, e incluso participó en la estrategia destinada a ocultar información y explicar de una forma que pudiera ser creíble el comportamiento de los precios desde el ámbito económico. 

  

• Los programas de capacitación adelantados por SODICOM para instruir a sus afiliados sobre las normas de competencia, nada tuvieron que ver con la conducta sancionada, por el contrario, de haberse impartido los cursos, estos no cumplieron con su objetivo. 

  

En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio impuso sanciones pecuniarias a los siguientes investigados por infringir el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 y a SODICOM por infringir el numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992. Las sanciones impuestas fueron las siguientes: 

  

 

  

Por su parte, mediante la citada Resolución No. 26726 de 2016, se archivó la actuación administrativa adelantada contra RODRIGO JARAMILLO MEJÍA, GUILLERMO MUÑOZ PINO, HERNANDO SOLARTE GÓMEZ, ORGANIZACIÓN TERPEL S.A., DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS POPAYÁN LTDA, CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ y DICOM INVERSIONESS.A.S. en relación con la presunta infracción del numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, con fundamento en las siguientes conclusiones: 

  

• No se evidenció que RODRIGO JARAMILLO MEJÍA, en su calidad de propietario de la EDS EL ALJIBE, para el periodo investigado hubiese estado afiliado a SODICOM. De igual forma, no se encontró evidencia adicional sobre el elemento consciente del paralelismo por parte de dicho investigado, presupuesto fundamental para la estructuración de la conducta sancionada. 

  

• En cuanto a HERNANDO SOLARTE GÓMEZ, propietario de la EDS AUTO CENTRO POPAYÁN, no se encontró prueba de su participación en los hechos objeto de sanción dado que, durante el periodo investigado, le arrendó a MARÍA JULIA MOLINA DE SOLARTE su estación de servicio, razón por la cual no fue agente de mercado. 

  

• Respecto de CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ, propietario de la EDS BELLA VISTA, se probó que durante el periodo 2007 a 2012 no fue afiliado a SODICOM y no está acreditada su participación en los hechos relacionados con la práctica conscientemente paralela de fijación de precios. 

  

• Frente a TERPEL, propietaria de la EDS BOLÍVAR, se acreditó que no estuvo afiliada a SODICOM durante el periodo investigado. De lo anterior da cuenta el listado recaudado en la visita administrativa adelantada por la Delegatura el 31 de agosto de 2011 en SODICOM, donde se observa que aquella estación no figura como afiliada. 

  

• En lo que tiene que ver con DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS POPAYÁN LTDA - DISERPO, por Escritura Pública No. 2247 del 31 de agosto de 2012, se disolvió, y por Acta No. 46 de la Junta de Socios del 15 de octubre de 2012 se inscribió su liquidación. En tal virtud y ante su inexistencia legal, se ordenó el archivo de la investigación en su favor. 

  

SEGUNDO: Que una vez notificada la Resolución No. 26726 de 2016 y dentro del término legal, los sancionados interpusieron recursos de reposición solicitando su revocación total y en subsidio, su modificación en el sentido de reducir el valor de las multas impuestas. Algunos de los impugnantes aportaron pruebas documentales, las cuales serán valoradas al momento de decidir sobre las mismas. 

  

A continuación, se expondrán los argumentos planteados por los recurrentes y posteriormente, se abordará su estudio por bloques temáticos teniendo en cuenta que, en general, los recurrentes coinciden en una serie de argumentos para controvertir el acto administrativo recurrido. 

  

2.1. Argumentos comunes planteados por LUIS FELIPE MURIEL PALACIOS, INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA & CIA. LTDA, INVERSAV S.A., COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE RÁPIDO TAMBO, JOSÉ IGNACIO CHÁVEZ ZARAMA, LUBRICOM & CIA. LTDA, MARÍA JULIA MOLINA DE SOLARTE, MARTHA LEONOR DEL SOCORRO BRAVO ROJAS, ZULLY CATALINA VILLAMARÍN ORDÓÑEZ, CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A., COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA y S Y M LIMITADA. 

  

• Los indicios que le permiten a la Superintendencia de Industria y Comercio determinar la responsabilidad de los agentes se basan únicamente en el hecho de estar o no afiliados a SODICOM, si concurrían a las reuniones organizadas por dicha agremiación o si suscribieron la carta del 1O de diciembre de 2010. 

  

• Es necesario que exista un procedimiento que garantice la exactitud de las pruebas, el elemento consciente del acuerdo o la ejecución de una práctica conscientemente paralela. 

  

• La Superintendencia se equivocó en la motivación de la Resolución recurrida, en tanto, no es posible que, para determinar la violación al régimen de competencia, se tenga por probado el elemento subjetivo con base en la firma de una carta para solicitar la ampliación de un plazo para cumplir con el requerimiento hecho por la Autoridad de Competencia. 

  

• El supuesto acuerdo de precios parte de una causalidad equivocada, pues fue el mismo régimen de libertad vigilada y regulada el que ocasionó la similitud de precios. 

  

• La Superintendencia de Industria y Comercio solo acogió las pruebas que le convenían y dejó de lado la libertad de asociación y agremiación, donde se trata la situación actual del mercado, contingencias o amenazas para el sector, capacitaciones y asesorías en materias desconocidas para los afiliados, tales como el funcionamiento del régimen de libertad vigilada y regulada. 

  

• La Resolución expedida por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA (en adelante MME) donde se determina el mecanismo para fijar el precio de la gasolina corriente motor y ACPM, es la referencia a seguir en los regímenes de libertad regulada y vigilada. 

  

• En el régimen de libertad vigilada los agentes tienen un escaso margen de maniobra teniendo en cuenta que: (i) el producto es suministrado por el distribuidor mayorista con un costo exacto para todos los competidores; (ii) el transporte por carro tanque tiene una variabilidad mínima al estar en la misma zona; (iii) los costos operativos de distribución no determinan los precios, pues los consumidores conocen la Resolución del MME y castigan al distribuidor minorista que se aparta de los precios establecidos. 

  

• La similitud en los precios de la gasolina corriente motor y ACPM de las estaciones investigadas, obedece a la fuerza mayor creada por un régimen de precios determinados por el Gobierno Nacional, donde el distribuidor minorista se encuentra entre dos límites que tienden a acercarse a un mismo punto: por un lado, los costos operativos y por el otro, el margen de comercialización máximo determinado por la Resolución del MME

  

• La utilidad de las estaciones se obtiene una vez se discrimina el margen del distribuidor minorista y se le deducen las inversiones en infraestructura, costos de operación y gastos de administración y ventas, generando que el mismo sea tan estrecho que la rivalidad en competencia frente a los precios, se presente dentro de las posibilidades de dicho margen. 

  

• Para el análisis de los precios, las gráficas presentadas en la Resolución Sancionatoria se deberían trazar dentro de márgenes acordes con los presentados por los distribuidores minoristas, pues, de acuerdo con el estudio de ITANSUCA, la competencia entre estaciones se da en los márgenes de utilidad y no por el precio, ni por el margen bruto del minorista. 

  

• El estudio económico sobre el precio permite demostrar, la inexistencia de la imposición de precios excesivos a los consumidores. 

  

• Los precios de la gasolina son elevados debido a las cargas tributarias y al costo pagado al productor del combustible. Así, una tercera parte del precio total de la gasolina corresponde a impuestos y sobretasa, y el 53% es el ingreso del productor. 

  

• El hecho de que dos empresas muestren tendencias paralelas en sus precios o condiciones de comercialización, con movimientos simultáneos hacia el alza o la baja, no puede considerarse como una práctica conscientemente paralela de precios. 

  

• La estructura de costos de las estaciones en Popayán es similar y está determinada según los mecanismos para la fijación de precios que señala la Resolución del MME

  

• La conducta de los agentes no cuenta con el elemento subjetivo necesario para determinar como causa real y adecuada un eventual acuerdo de precios. 

  

• Los costos operativos individuales de las estaciones no reflejan un diferencial importante en el precio final de venta al público teniendo en cuenta que: (i) las estaciones con un volumen bajo de venta tienen menores costos operativos, pero para poder mantener dichos costos, deben vender a un margen de comercialización mayor; y (ii) las estaciones que tienen mayores volúmenes de venta deben sufragar mayores costos operativos, por lo que están obligadas a llevar su precio final según lo previsto por la regulación. Lo anterior genera la similitud de precios finales de venta al público. 

  

• La conducta ejecutada por las estaciones no es antijurídica, para ello, debe considerarse que la conducta no produjo una utilidad razonable, no existieron privilegios injustificados, ni un motivo racional para desplegar la conducta. 

  

• Se vulneró el principio de conducencia de la prueba, puesto que nada tiene que ver la carta dirigida a la Superintendencia por parte de varios agremiados, con la existencia de un elemento subjetivo en una conducta conscientemente paralela para la determinación de las condiciones del mercado a través de la fijación de precios de venta al público. 

  

• La Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en falsa motivación al expedir la Resolución recurrida, porque: (i) no tuvo en cuenta ni valoró debidamente todas las pruebas; (ii) le otorgó un valor probatorio superior a algunas evidencias; (iii) incluyó pruebas inconducentes; (iv) efectuó interpretaciones extensivas y analógicas en materia sancionatoria; (v) incurrió en una vulneración de los derechos fundamentales; y, (vi) existe duda razonable en todos los fundamentos esgrimidos. 

  

• La Superintendencia de Industria y Comercio da por cierto que el gas natural vehicular no es un sustituto de la gasolina corriente motor y ACPM, lo cual es incorrecto y desvirtúa la estructura de la investigación. 

  

• El gas natural vehicular es una forma de sustituir los altos costos de los combustibles líquidos derivados del petróleo y, por eso, el Estado subsidia en algunas ciudades las conversiones de motores. 

  

• Las supuestas barreras de entrada derivadas de los altos costos de conversión de los motores a gasolina corriente motor o ACPM a gas natural vehicular, son sorteables por el consumidor. 

  

• La Superintendencia de Industria y Comercio parte de una premisa equivocada sobre el mercado producto, por ello, toda la estructura argumentativa está fundada en el mismo yerro, pues si se considerara el gas natural vehicular como un sustituto, la afectación al mercado sería inferior o incluso, desaparecería la supuesta afectación. 

  

• La Superintendencia de Industria y Comercio no obtuvo una prueba concreta del elemento subjetivo de la supuesta conducta conscientemente paralela. 

  

• Respecto de las grabaciones de reuniones de Junta Directiva de SODICOM, no se tiene certeza ni claridad sobre: (i) el autor de las afirmaciones relacionadas con el tema de precios; (ii) si es su representante legal; (iii) los asistentes a dicha reunión; (iv) quiénes aprueban tal moción. Tanto en el Informe Motivado como en la Resolución Sancionatoria, hay una deducción analógica y supositiva de tal acto al imputársele a todos los sancionados. 

  

• No se tuvieron en cuenta todos los criterios para imponer la sanción, por lo que se presenta una falta de aplicación de los principios de favorabilidad, proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad de la multa. 

  

• Se violó el derecho a la igualdad, por haberse considerado como un solo grupo a todos los agentes, sin analizar las situaciones particulares, su participación en el mercado, intervención en la supuesta conducta y la supuesta afectación del mercado y del consumidor. 

  

• Se vulneró el derecho a la igualdad al tener en cuenta para algunos agentes los estados financieros de 2011 y para otros los de 2012, cuando no existe fundamento para la aplicación de un trato desigual. Así pues, debió tomarse para todos los agentes un mismo año de ejercicio contable o un promedio de los ejercicios de todo el periodo investigado. 

  

• No se analizó la permanencia del agente en la conducta, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio solo encontró evidencia del elemento subjetivo a partir diciembre de 201O, por lo que es acertado atribuir la permanencia por todo el periodo investigado. 

  

• Los investigados desarrollan actividades diferentes a la distribución minorista de combustibles, por lo que los ingresos y el patrimonio que se tuvieron en cuenta para tasar la multa comprenden todas las actividades, por ello, la tasación de la multa es ilegal. 

  

2.2. Argumentos planteados por SODICOM 

  

• La Superintendencia de Industria y Comercio no se pronunció en la Resolución Sancionatoria sobre los argumentos particulares expuestos por SODICOM, en relación con la presunta ocurrencia del fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria de esta Entidad. 

  

• No se probó la existencia del elemento consciente después de marzo de 2011. En ese sentido, no existió una imputación legal contra SODICOM

  

• El Acta No. 174 que probaría el acto de influenciación, no forma parte del acervo probatorio. Por eso, la única prueba de su presunta existencia es el audio de la reunión celebrada el 10 de diciembre de 2010 donde se aprobaría su modificación. 

  

• La sanción impuesta a SODICOM atenta contra la presunción de inocencia, ya que la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó, sin ningún análisis probatorio, que el gremio actuó como sujeto activo influenciador. 

  

• No se incurrió en una conducta anticompetitiva, al no probarse el elemento consiente del acuerdo en las estaciones de servicio quienes eran los sujetos pasivos de la norma. 

  

• El derecho civil brinda elementos para diferenciar: paralelismo, práctica concertada y práctica conscientemente paralela, a partir de las fuentes de las obligaciones, por ello, todo acuerdo tendrá como base un encuentro de voluntades que en este caso no se produjo. 

  

2.3. Argumentos planteados por RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA y ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ 

  

• La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a personas naturales con base en una norma cuyos destinatarios son personas jurídicas, al tasar las multas bajo el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, lo cual contraviene los principios de legalidad y tipicidad. 

  

• La Superintendencia de Industria y Comercio incurrió en un error aritmético al imponer la sanción de RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA, en cuanto fijó su monto en el equivalente al 2.15% de la multa máxima aplicable, la cual arrojó un valor de $148.232.825, siendo la que correspondería la suma de $29.646.565. Lo propio ocurrió con ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ, cuya multa ascendió a $31.714.930, esto es, 0.46% de la multa máxima aplicable, siendo que la que correspondería sería de $643.299. 

  

• La eliminación en el Acta No. 174 de los temas tratados sobre precios en la Junta Directiva de SODICOM del 1O de diciembre de 201O, se debió a la "presión que las EDS y el gremio tenían en el marco de la investigación preliminar que realizaba la SIC”. 

  

• La coordinación de la respuesta dada por las estaciones y SODICOM a los requerimientos de información hechos por la Superintendencia de Industria y Comercio, se debió a que una de las funciones del gremio es colaborar con sus asociados como guía en temas complejos. 

  

• La sanción impuesta a RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA por $148.232.825 y a ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ por $31.714.930 es confiscatoria, pues al momento de calcularse su valor, se tuvo en cuenta los ingresos derivados de una actividad ajena a la comercialización minorista de combustibles. Así pues, debe dosificarse teniendo en cuenta solo los ingresos derivados de la presunta conducta anticompetitiva. 

  

RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA indicó que no se encontraba afiliado a SODICOM; sin embargo, precisó que la EDS LA VIRGEN que es de su propiedad, sí está afiliada a dicha agremiación desde septiembre de 2009. 

  

RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA afirmó que no participó en ninguna reunión de la Junta Directiva de SODICOM, durante el periodo objeto de investigación. 

  

• Caducidad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la medida en que el último hecho probado data del 10 de diciembre de 2010. 

  

2.4. Argumentos planteados por NÉSTOR GONZÁLEZ MEJÍA 

  

• Solicita que con base en los artículos 285 y 287 del Código General del Proceso, se adicione y/o aclare la Resolución Sancionatoria como quiera que en la parte considerativa no se analizaron los siguientes argumentos: (i) el precio final de venta al público de la gasolina corriente no siempre gira en torno del costo; y, (ii) la decisión de bajar el precio para aumentar la participación, conlleva un riesgo financiero en el corto plazo al disminuir la rentabilidad. 

  

2.5. Argumentos particulares planteados por LUIS FELIPE MURIEL PALACIOS 

  

• La sanción se determinó con base en información financiera de 2012, que no corresponde a su realidad económica actual. 

  

• No se aplicaron los principios de favorabilidad, proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad de la multa, dado que en la actualidad ya no es el propietario de la EDS CALIBIO, ni cuenta con trabajo o bienes que le permitan pagar la sanción. 

  

2.6. Argumentos planteados por INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA 

  

• La motivación de la sanción es ilegal, como quiera que esta compañía explota una estación de servicio privada, no vende combustibles al público en general, por lo que no hay razón para que participe en una conducta conscientemente paralela de precios. 

  

2.7 Argumentos planteados por CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS 

  

• Caducidad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la medida en que el último hecho probado data del 10 de diciembre de 2010. 

  

2.8. Argumentos planteados por COOPERARATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA 

  

• No participaron en ninguna reunión gremial de junta directiva durante el periodo investigado. 

  

• Caducidad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la medida en que el último hecho probado data del 10 de diciembre de 2010. 

  

TERCERO: Que mediante escrito radicado con No. 10-83828-1005 del 17 de junio de 2016[2], INVERSAV S.A. en su calidad de propietaria de las estaciones AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA y SERVICENTRO SOTARÁ, solicitó la "reconsideración" de las sanciones impuestas, dada la difícil situación económica por la que atraviesan debido a la alteración del orden público en el departamento del Cauca. 

  

CUARTO: Que de conformidad con el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo, este Despacho procede a resolver los recursos de reposición interpuestos, dando respuesta a los argumentos presentados por los impugnantes, para lo cual, el Despacho agrupó las manifestaciones comunes contenidas en cada uno de los escritos presentados, así: 

  

4.1. Análisis del Despacho de los argumentos relacionados con la definición del mercado relevante 

  

Algunos de los recurrentes indicaron que la Superintendencia de Industria y Comercio partió de una premisa equivocada relacionada con la definición del mercado producto, al no incluir como producto sustituto el gas natural vehicular (GNV). Por lo anterior, consideraron que toda la estructura argumentativa de la investigación incurrió en el mismo yerro, pues si se incluyera el GNV como sustituto de la gasolina corriente motor y el ACPM, la afectación del mercado sería muy inferior o incluso desaparecería. 

  

Sobre este punto, es importante reiterar, tal y como se indicó en la Resolución recurrida, y se ha manifestado en ocasiones anteriores[3], que en los casos de cartelización empresarial no es necesario definir el mercado relevante, toda vez que el mercado presuntamente afectado está determinado por el alcance mismo de la conducta, que en este caso versa sobre un acuerdo de precios de la gasolina corriente motor y ACPM en la modalidad de práctica conscientemente paralela. 

  

Por lo anterior, este Despacho consideró irrelevante analizar la sustituibilidad de los productos involucrados y aquellos que pudieran llegar a serlo como el GNV, pues incluir o no productos sustitutos no incide en el análisis del acuerdo sancionado en este caso. No obstante lo anterior, el Despacho indicó en la Resolución Sancionatoria que: 

  

"(...) el hecho de que la definición del mercado relevante no sea un prerrequisito para analizar los casos de carteles empresariales, no significa que no sea importante caracterizar el mercado en el que participan los agentes investigados. Lo anterior, toda vez que, en este caso puntual, dicha caracterización le permite a esta Superintendencia analizar las condiciones del mercado y determinar si efectivamente ocurrió un paralelismo en los precios de los productos ofrecidos por los investigados, así como la significatividad de la conducta imputada"[4]. 

  

Así, considerando los productos comercializados por las estaciones investigadas y referidos en la queja, vale reiterar que el mercado afectado es la distribución minorista de gasolina corriente motor y ACPM en Popayán, departamento del Cauca, productos cuyo uso principal es dar movimiento a vehículos de transporte terrestre. 

  

Adicionalmente, el Despacho se refirió a la sustituibilidad de los productos involucrados con otros combustibles como el GNV y la gasolina extra. Puntualmente, afirmó que, con base en los usos, características y precios, no es posible concluir que sean productos sustitutos de la gasolina corriente motor y ACPM. 

  

Teniendo en cuenta lo indicado, para este Despacho no son de recibo los argumentos planteados por los recurrentes, pues incluir o no el GNV en el mercado de producto, no incide en la conducta investigada, ya que, como se indicó en la Resolución recurrida, para infringir las normas de protección de la competencia basta con demostrar el objeto del acuerdo, siendo indiferente los efectos en el mercado, incluidos aquellos que pudieran causarse por la inclusión del GNV que, en todo caso como se indicó, es un producto que no hace parte del mercado relevante. 

  

4.2. Análisis del Despacho de los argumentos relacionados con el paralelismo en los precios y los precios excesivamente altos 

  

Algunos recurrentes consideraron que la Superintendencia de Industria y Comercio partió de una falsedad sobre los indicios utilizados para deducir el acuerdo de precios, los cuales identifica como: (i) existencia de precios altos, idénticos o muy similares; y (ii) alto margen de ganancia como resultado del acuerdo, todo lo anterior facilitado por una curva de demanda inelástica. 

  

Indicaron que tendencias paralelas en los precios o condiciones de comercialización, con movimientos simultáneos de precios hacia el alza o la baja, no pueden ser considerados estrictamente como un paralelismo de precios que se sustente en una práctica anticompetitiva. Agregaron que el sostenimiento de precios iguales o similares puede incluso ser el resultado de equilibrios competitivos o de otras estructuras de mercado. 

  

Así mismo, afirmaron que los precios de venta al público de la gasolina corriente motor y ACPM no siempre giran exclusivamente en torno al costo, pues el régimen de libertad vigilada o regulada determina el precio final. 

  

Puntualmente, señalaron que en el régimen de libertad vigilada los agentes se encuentran con un escaso margen de maniobra teniendo en cuenta que: (i) el producto es suministrado por el distribuidor mayorista con un costo exacto para todos los competidores; (ii) el transporte por carro tanque tiene una variabilidad mínima por encontrarse en la misma zona; (iii) los costos operativos de distribución no determinan dichos precios como se pretendiera, pues los consumidores conocen la Resolución del MME y castigan al distribuidor minorista que se aparta de los precios establecidos. 

  

Específicamente, sobre los márgenes de los distribuidores minoristas, afirmaron que la competencia entre estaciones se da respecto de los márgenes de utilidad y no por el precio de los productos, ni por el margen bruto del minorista, por lo que, para el análisis de precios, las gráficas se deberían trazar dentro de márgenes acordes a los obtenidos por los distribuidores minoristas, los cuales son muy pequeños para fijar los precios. 

  

Agregaron que los costos operativos de las estaciones no reflejan un diferencial importante en el precio final de venta al público, porque tanto las estaciones con volúmenes bajos de venta como aquellas con volúmenes altos de venta, se ven obligadas a llevar su precio final al público a un precio regulado o muy cercano a ella. Las primeras porque para mantener los costos operativos deben tener márgenes altos, y las segundas, porque deben sufragar mayores costos operativos. 

  

Por último, indicaron que, de acuerdo con el estudio económico en relación con el precio, es posible demostrar la inexistencia de la imposición de precios excesivamente altos a los consumidores, conductas propias de comportamientos anticompetitivos. Afirmaron que los precios son altos, en razón de la política fiscal estatal y el alto costo pagado al productor del combustible. 

  

Si bien es cierto que precios iguales o similares no necesariamente son el resultado de un acuerdo entre competidores y pueden obedecer a una dinámica de competencia entre los participantes de un mercado, el Despacho no comparte los argumentos presentados por los recurrentes, por las razones que se pasan a explicar. 

  

En primer lugar, vale la pena indicar que en la Resolución recurrida no se indicó que el acuerdo entre las estaciones investigadas se hubiera demostrado por la existencia de precios altos o de un alto margen de ganancia en los productos. 

  

Aunque se realizó un ejercicio de comparación de precios de gasolina corriente motor y ACPM entre las estaciones ubicadas en Popayán, y un ejercicio de comparación de precios máximo, mínimo y promedio en ciudades con características económicas similares a las de dicha ciudad, nunca se concluyó, con base en aquellos ejercicios, que las estaciones investigadas incurrieron en un acuerdo anticompetitivo; simplemente se concluyó que existía un comportamiento paralelo en los precios de los productos involucrados y que las diferencias de precios entre las estaciones investigadas eran mínimas. Es decir, este ejercicio sirvió para configurar el paralelismo como uno de los requisitos de la conducta anticompetitiva sancionada. 

  

Específicamente, respecto de las tendencias paralelas en los precios, se resalta que en ningún momento se indicó en la Resolución Sancionatoria que el solo comportamiento paralelo de los precios entre enero de 2009 y junio de 2011 fuera la única prueba de la conducta imputada. Al contrario, el ejercicio realizado por el Despacho fue utilizado para evidenciar exclusivamente el paralelismo en los precios de los productos señalados. 

  

En efecto, en el numeral 9.2.4.1 de la Resolución No. 26726 de 2016, se precisó que el Despacho analizó el comportamiento de los precios de venta al público fijados por los investigados entre enero de 2009 y diciembre de 2012, teniendo en cuenta que el paralelismo consiste en la evolución de variables como el precio o cantidades, que presentan comportamientos armónicos y sincronizados en el curso del tiempo por parte de varios agentes económicos. 

  

Ahora bien, los recurrentes indicaron que la Superintendencia de Industria y Comercio fundamentó la existencia del acuerdo en el alto margen de ganancia como resultado del acuerdo. Sin embargo, llama la atención que de la lectura del acto administrativo recurrido no se desprende que la conducta imputada haya sido sustentada en la existencia de dicha ganancia. El Despacho únicamente hizo referencia a los márgenes de ganancia de los distribuidores minoristas, para explicar los regímenes de libertad vigilada y regulada y no concluyó, como lo señalan los recurrentes, que las estaciones investigadas incurrieron en un acuerdo de precios debido a los altos márgenes de ganancia obtenidos por la comisión de la conducta. Es más, se resalta que en la Resolución impugnada no se analizó la utilidad derivada de la conducta, como para afirmar que se determinó la existencia del acuerdo en un supuesto alto margen de ganancia. 

  

En segundo lugar, en cuanto al argumento relacionado con los factores que determinan los precios finales de venta al público de la gasolina corriente motor y ACPM, este Despacho no desconoce que existan factores adicionales a los costos particulares de cada estación, como los regímenes de libertad vigilada y regulada y los volúmenes de venta de combustibles, que incidan en la determinación de dichos precios. 

  

Sin embargo, es oportuno indicar que las bajas diferencias entre los precios de las estaciones observadas en Popayán no se repiten en otras ciudades capitales de departamento con economías similares a las de Popayán, que también se encontraban sometidas a alguno de los regímenes de libertad de precios establecidos por el MME. 

  

En este punto vale mencionar que, por ejemplo, si bien las gráficas correspondientes a los precios máximos y mínimos de gasolina corriente motor en Tunja, Neiva y Villavicencio, presentadas en la Gráfica No. 4 de la Resolución No. 26726 de 2016, aparentemente muestran un comportamiento similar al de Popayán, lo cierto es que la diferencia entre dichos precios en las ciudades señaladas superaban, hasta junio de 2011, los cien pesos ($100), mientras que en Popayán únicamente superaron dicho umbral en cuatro oportunidades, manteniéndose la mayoría del tiempo por debajo de los cincuenta pesos ($50) e incluso por debajo de veinte pesos ($20). 

  

En lo que se refiere al margen de utilidad de los distribuidores minoristas, afirman los recurrentes que es muy estrecho para permitir diferencias significativas en precio. Sin embargo, considera el Despacho que, en el mismo sentido del argumento anterior, no se entiende cómo si dicha situación es igual para todas las estaciones ubicadas en el territorio nacional, las diferencias en precios de la gasolina corriente motor y ACPM en las ciudades que fueron comparadas con Popayán, sean significativamente mayores a las presentadas en las estaciones investigadas. 

  

Adicionalmente, llama la atención que según las Gráficas Nos. 3 y 4 presentadas en la Resolución No. 26726 de 2016, las diferencias entre los precios máximo y mínimo de gasolina corriente motor y ACPM después de octubre de 2011 se ampliaron. De ser cierto que el bajo margen de los distribuidores minoristas no les permite a las estaciones tener diferencias significativas en precios, se esperaría que a lo largo de todo el periodo analizado las diferencias entre los precios continuaran siendo bajas. 

  

Finalmente, respecto de los argumentos relacionados con los precios excesivamente altos, no se comprende la razón del planteamiento, pues la conducta imputada y sancionada es un acuerdo de precios mediante una práctica conscientemente paralela, no una práctica de precios excesivos, por lo que la Superintendencia no determinó, con base en los análisis realizados, que los precios fueran excesivamente altos y mucho menos concluyó que las estaciones investigadas habían incurrido en un acuerdo de precios por la existencia de precios excesivamente altos. En este sentido, si bien la Superintendencia de Industria y Comercio reconoce que bajar los precios de los productos puede implicar una disminución de la rentabilidad en el corto plazo, el argumento resulta irrelevante para explicar el paralelismo de precios encontrado, por lo que no es de recibo para esta Entidad. 

  

4.3. Análisis del Despacho de los argumentos relacionados con la supuesta caducidad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio 

  

Los recurrentes coincidieron en alegar la caducidad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio, tanto para la conducta prevista en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 (acuerdos que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios), como para aquella contenida en el numeral 2 del artículo 48 del Decreto 2153 de 1992 (actos de influenciación a una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios o para que desista de su intención de rebajar los precios). 

  

En opinión de los impugnantes, el elemento subjetivo del ilícito anticompetitivo habría tenido como escenario la reunión de Junta Directiva de SODICOM que se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2010, cuyo propósito consistió, entre otras cosas, en modificar los temas relacionados con precios que se discutieron y consignaron en el Acta de Junta Directiva No. 174; en ese sentido, la facultad sancionatoria de esta Superintendencia habría caducado al transcurrir más de cinco (5) años desde que se produjo dicha reunión, lo cual conllevaría a una falta de legalidad y tipicidad en la imputación y sanción impuesta. 

  

Para resolver dicho planteamiento, observa el Despacho que esta misma línea argumentativa fue expuesta por los sancionados al momento de presentar sus descargos y reiterada en las observaciones al Informe Motivado. En efecto, el planteamiento expuesto se fundamenta en que la práctica conscientemente paralela conlleva dos aspectos: (i) el paralelismo propiamente dicho (aspecto económico) y (ii) el elemento consciente (factor plus). 

  

Así pues, cuando falta uno de los elementos referidos no es posible atribuirle a un sujeto la violación de las normas de competencia. En ese sentido, al ser una prueba del elemento consciente del acuerdo la reunión de Junta Directiva de SODICOM celebrada el 10 de diciembre de 2010, la facultad sancionatoria de la Superintendencia habría caducado al imposibilitarse la sanción de una conducta, respecto de la cual falta uno de los presupuestos: el elemento consciente. 

  

Como se dijo en el acto administrativo recurrido, el régimen legal colombiano de protección a la libre competencia económica contiene una norma especial sobre la caducidad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio, prevista en el artículo 27 de la Ley 1340 de 2009, el cual reza: 

  

"Artículo 27. Caducidad de la facultad sancionatoria. La facultad que tiene la autoridad de protección de la competencia para imponer una sanción por la violación del régimen de protección de la competencia caducará transcurridos cinco (5) años de haberse ejecutado la conducta violatoria o del último hecho constitutivo de la misma en los casos de conductas de tracto sucesivo, sin que el acto administrativo sancionatorio haya sido notificado" (Resaltado y subrayado fuera del texto original). 

  

Bajo el amparo de esta disposición, cuando se investigan conductas violatorias del régimen de protección de la libre competencia, el término de caducidad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio es de cinco (5) años, contados a partir de la ejecución de la conducta anticompetitiva si es de ejecución instantánea, vale decir, que se realiza en un momento único en el tiempo, o del último hecho constitutivo de la misma en los casos de conductas continuadas o de tracto sucesivo. 

  

Para el Despacho, se probó que el paralelismo consciente objeto de esta actuación administrativa se produjo hasta junio de 2011; en ese sentido y con base en el mencionado artículo 27 de la Ley 1340 de 2009, la caducidad de la facultad sancionatoria de esta Superintendencia se produciría el 30 de junio de 2016, conforme se indicó en la Resolución impugnada. 

  

Considera la Superintendencia que no es aceptable fundamentar el elemento consciente de la práctica anticompetitiva, únicamente en la mencionada reunión de SODICOM del 1O de diciembre de 2010 toda vez que como se expuso en la Resolución No. 26726 de 2016, para la Autoridad de Competencia ocultar información relacionada con discusiones sobre precios, denota la consciencia en la ilegalidad de la conducta anticompetitiva. 

  

No se encuentra de recibo el argumento según el cual, el elemento consciente del paralelismo se produjo en un momento único en el tiempo con ocasión de la reunión de la Junta Directiva de SODICOM, por el contrario, para esta Entidad, el elemento consciente del paralelismo tuvo un momento estelar con dicha reunión, pero no se agotó allí, toda vez que está probado que la conducta anticompetitiva se prolongó por lo menos hasta junio de 2011. 

  

Se reitera que está acreditado, que es una conducta continuada, razón por la cual el término de caducidad solo se cuenta a partir del último acto que se produjo en junio de 2011, conforme se indicó en la Resolución Sancionatoria. Este es un tema pacífico en la doctrina y la jurisprudencia, pues obviamente, tratándose de conductas continuadas la fecha que debe advertirse es la de su finalización (el último acto ejecutado). 

  

Por lo anteriormente expuesto, el argumento de caducidad de la facultad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio para sancionar la conducta imputada a los investigados no está llamado a prosperar, y por lo tanto será rechazado como argumento incorporado en el recurso de reposición presentado por los investigados sancionados. 

  

4.4. Análisis del Despacho de los argumentos relacionados con la valoración de las pruebas del elemento subjetivo constitutivo del paralelismo consciente 

  

Algunos investigados argumentaron que la Superintendencia de Industria y Comercio valoró indebidamente el material probatorio, respecto del elemento subjetivo del paralelismo consciente que se tuvo por probado en el acto administrativo recurrido. 

  

En esencia, sostuvieron que las grabaciones de audio de la Junta Directiva de SODICOM, así como la comunicación remitida por las estaciones a la Superintendencia de Industria y Comercio para solicitar un plazo para remitir una información, no demuestran el elemento subjetivo necesario para configurar la conducta anticompetitiva endilgada. 

  

En este sentido, los investigados señalaron que las grabaciones de audio de la Junta Directiva de SODICOM, si bien pueden demostrar que en algún momento se habló de precios o de eliminar apartes de un acta, no se identifica al autor de las propuestas y si es el representante de las personas investigadas, así como tampoco la identidad de quienes supuestamente aprobaron las propuestas en la Junta Directiva. 

  

Así mismo, los investigados plantearon que la comunicación remitida en su momento a esta Entidad para solicitar un plazo para remitir una información en el trámite de la investigación, solo demuestra la preocupación de unos agentes sobre un tema desconocido y del que se asesoraron por parte de su agremiación, pero en ningún momento da cuenta de una conciencia colectiva. 

  

Sobre los anteriores argumentos, y como punto de partida, el Despacho indicar que de acuerdo con el ordenamiento procesal aplicable, las pruebas deben ser valoradas en su conjunto. Frente al denominado principio de unidad de prueba o apreciación en conjunto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente: 

  

"(...) Adiciona/mente, en el campo probatorio rige otro importante principio denominado "unidad de la prueba", en virtud del cual se considera que todas las pruebas del proceso forman una unidad v por consiguiente el juez debe apreciarlas en conjunto, esto es, en forma integral. La razón de ser del mismo es que la evaluación individual o separada de los medios de prueba no es suficiente para establecer la verdad de los hechos y se requiere, además de ella, efectuar la confrontación de tales medios para establecer sus concordancias y divergencias y lograr conclusiones fundadas y claras sobre aquella verdad (...)"[5] (Resaltado y subrayado fuera del texto original). 

  

En cuanto a la valoración probatoria, la jurisprudencia del Consejo de Estado señaló que: 

  

"(...) En ese orden de ideas ( ...) el régimen probatorio de los juicios administrativos concibe como prueba jurídica cualquier medio contentivo de información que sea útil para la formación del convencimiento del juez y (...) e/ principio de la libre valoración racional o libre convicción del juez, directamente relacionado con la libertad de los medios probatorios, se expresa en una doble connotación, por cuya virtud, en su aspecto negativo, implica ausencia de regulación que predetermine la eficacia o necesidad de un específico medio probatorio para un hecho concreto, mientras que en su ámbito positivo constituye un amplio reconocimiento al poder del juez para determinar, conforme a la sana critica, los criterios de valoración de la prueba en cada caso, con el deber de expresar en la motivación el raciocinio que le permitió fundar su convicción. 

  

(...)"[6](Resaltado y subrayado fuera del texto original). 

  

De la misma manera, la Corte Suprema de Justicia indicó: 

  

"4. (...) conviene precisar que por virtud del sistema de valoración probatoria consagrado en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, el juez está en el deber de evaluar, con sentido de integridad, los diversos medios de prueba aducidos por las partes para forjar su convicción acerca de los hechos materia de averiguación, (...). Lo anterior, por cuanto es posible que al considerar/os de manera aislada carezcan de significación probatoria, pero "... al unirlos o interrelacionarlos con otras pruebas, aflore todo su grado de persuasión para la elaboración del trazado fáctico del proceso" (G.J. t. CCVIII, pág. 151)."[7] (Resaltado y subrayado fuera del texto original). 

  

También reiteró la Corte Suprema de Justicia, que el propósito fundamental del análisis de las pruebas en conjunto estriba en que solo así se logra averiguar o encontrar las convergencias y divergencias en torno al debate: 

  

"(...) 3.1. La valoración en conjunto de las pruebas, de que trata el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, supone "la comparación reciproca de los distintos medios, con el propósito fundamental de averiguar por sus puntos de convergencia o de divergencia respecto de las varias hipótesis que en torno a lo que es materia del debate puedan suscitarse" (Cas. Civ., Sentencia del 6 de junio de 1995)[8]. (Resaltado y subrayado fuera del texto original) 

  

De lo anterior, puede afirmarse que el sistema jurídico colombiano prevé como principio esencial del análisis probatorio la valoración de las pruebas en conjunto, mediante la aplicación de la sana crítica y las reglas de la experiencia, principio que también debe predicarse en el ejercicio de la labor de las autoridades administrativas, como esta Superintendencia. 

  

Respecto de la sana crítica, la doctrina sostiene lo siguiente: 

  

"Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen de igual manera a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en los casos en que no es lisa y llana) con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. 

  

El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. Esta manera de actuar no sería sana crítica, sino libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento."[9](Resaltado fuera del texto original). 

  

Así las cosas, para el Despacho no tiene asidero el planteamiento de los impugnantes para justificar la inexistencia del elemento subjetivo del paralelismo consciente, en el sentido que debe efectuarse una valoración fragmentada del material probatorio y no en conjunto como es legalmente exigible. 

  

En efecto, el análisis de las manifestaciones y decisiones adoptadas en la reunión de la Junta Directiva de SODICOM del 10 de diciembre de 2010, no podía hacerse de manera aislada como lo pretenden ver los recurrentes, sino que, como se efectuó en el acto administrativo recurrido, se realizó en conjunto y se complementó con el análisis del comportamiento que asumieron los investigados para responder a los requerimientos individuales efectuados por la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre aspectos propios de la operación de distribución minorista de combustible. 

  

Como puede observarse, el argumento propuesto por algunos de los investigados en sus recursos, en cuanto a que el análisis de los elementos probatorios reseñados debe ser hecho de manera separada o aislada de cara a cada prueba y así determinar su alcance, sin buscar sus puntos de enlace, convergencia o coincidencia, desconoce abiertamente la obligación legal de valoración conjunta de la prueba prevista en su momento en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil y replicada en el artículo 176 del Código General del Proceso. 

  

En el presente caso, una vez valoradas las pruebas obrantes en el expediente en conjunto y bajo las reglas de la sana crítica, el Despacho concluyó que existió plena conciencia de los agentes sobre el paralelismo en el que se encontraban y que, en consecuencia, no fue un fenómeno económico, sino que tuvo como causa la voluntad de los agentes involucrados. 

  

La demostración del acuerdo anticompetitivo, en la modalidad de práctica conscientemente paralela, no fue producto de un análisis separado de las pruebas que obran en el expediente, sino que respondió al estudio de la evidencia disponible, la cual permitió enlazar diversos hechos que analizados conjuntamente no dejan duda de la práctica conscientemente paralela de fijación de precios en la que confluyeron varias estaciones de servicio en Popayán. 

  

El análisis probatorio en conjunto además de ser un mandato legal, cobra particular relevancia en este asunto si se tiene en cuenta que la conducta que se demostró en la investigación fue una práctica conscientemente paralela para fijar precios, la cual supone la existencia de un acuerdo tácito, cuya demostración implica una construcción probatoria consagrada en la ley que involucra, de un lado, un escenario de paralelismo de precios y, del otro, la conciencia de los agentes con dicho fenómeno. Es decir, la misma naturaleza de la figura jurídica de la práctica conscientemente paralela impone el análisis en conjunto de diferentes elementos de juicio para acreditar la existencia de la conducta contraria al régimen de libre competencia. 

  

Sobre el particular, es preciso mencionar las Resoluciones Nos. 51694 de 2008 y 71794 de 2011, donde esta Entidad indicó sobre la valoración probatoria en casos de paralelismo consciente que: "(...) Una vez identificado el paralelismo, la prueba de una práctica consciente debe resultar de la valoración, no aislada sino en conjunto, tanto de las características del mercado en cuestión como del comportamiento concreto de los investigados y las explicaciones del mismo (...)"(Resaltado y subrayado fuera del texto original). 

  

Así las cosas, cabe recordar que el análisis probatorio de la Superintendencia de Industria y Comercio en el acto administrativo recurrido permitió evidenciar, en primer lugar, que las estaciones de servicio presentaron precios similares para la gasolina corriente motor y ACPM entre enero de 2009 y junio de 2011, con lo cual se cumplió el primero de los presupuestos de la práctica conscientemente paralela para fijar precios: el paralelismo. En segundo lugar, el elemento consciente fue demostrado con la conjunción de diferentes manifestaciones realizadas en la sesión de Junta Directiva de SODICOM del 10 de diciembre de 2010, así como por la estrategia que idearon los sancionados para contestar un requerimiento de información de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

  

En lo que respecta al elemento consciente, es preciso señalar que la Autoridad de Competencia estableció a partir del análisis en conjunto de los elementos probatorios, que SODICOM, agremiación que agrupa a las estaciones sancionadas, ocultó deliberadamente las discusiones que se habían sostenido al interior de su Junta Directiva sobre el tema de precios de los combustibles, con el único propósito que la Autoridad de Competencia no las conocería en razón de los efectos negativos que esto pudiera generar. Esta decisión la adoptó el órgano colegiado, teniendo en cuenta que en ese momento estaba en curso una averiguación preliminar sobre temas relativos a precios que involucraba a las estaciones de servicio de Popayán. Lo anterior demostró una clara conciencia de la ilegalidad de la conducta desplegada y la necesidad natural de mantenerla oculta por parte de las estaciones de servicio y SODICOM

  

Ahora bien, el análisis probatorio del Despacho no se agotó en los anteriores elementos de juicio, sino que se extendió a otros que dieron cuenta que entre las estaciones sancionadas y SODICOM, idearon una estrategia coordinada para responder los requerimientos formulados por la Superintendencia de Industria y Comercio y así presentar información que permitiera explicar razonablemente que el paralelismo de precios tenía una causa económica y no la voluntad coincidente de los propietarios de las estaciones. Así, se encontró que, en la referida sesión de la Junta Directiva del 10 de diciembre de 2010, se manifestó que existieron reuniones con las estaciones de servicio, en las cuales se tomó la decisión de contestar de forma coordinada todos los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para dar explicaciones individuales coherentes sobre los precios que presentaban los combustibles. 

  

Se manifestó en la referida sesión de la Junta Directiva de SODICOM

  

"INTERVINIENTE: (...) "Eso lo hicimos todos en grupo porque esto se analizó por lo menos con cinco abogados, y todos están de acuerdo que podemos responder en grupo, en principio (...) Y luego individua/mente hacer las cartas. Yo en mi caso, siento algo de tranquilidad, depende de la respuesta que demos. Primero porque pues vamos a tener claridad de cómo vamos a responder. Y vamos a estar pendientes de las reuniones para ver cómo respondemos. Luego hacemos la respuesta individual. La diferencia de precios en Popayán ha fluctuado entre 13 pesos hasta 95 pesos en diferentes estaciones, ese es el margen que se ha mantenido."[10] 

(...) 

  

INTERVINIENTE: "Pero no tienen ustedes unas diferencias tan grandes. 

  

INTERVINIENTE: "No, lo que pasa es que la situación de Popayán es, como es un pueblo pequeño entonces casi las estaciones son vecinas, ¿vecinas quién Entonces eso va ahí en dentro de los argumentos. Nuestra estructura de costos son muy similares."[11] 

  

Es evidente que la coordinación de las respuestas no fue simplemente para solicitar un plazo para contestar el requerimiento hecho por la Autoridad de Competencia, como lo afirman algunos de los recurrentes, sino que el verdadero propósito fue idear y presentar una explicación razonable para el paralelismo de precios en que convivieron por varios años. 

  

Pero si lo anterior no fuera suficiente para denotar la estrategia fraguada entre SODICOM y sus estaciones afiliadas, en el acto administrativo recurrido se evidenció un correo electrónico en el que SODICOM impartió instrucciones a las estaciones indicándoles cómo debían responder al mencionado requerimiento, incluyendo aspectos sobre el margen de ganancias que tenían. Sobre este particular, cabe destacar que la información solicitada en los diferentes requerimientos a las distintas estaciones era individual y particular (costos, márgenes de utilidad, etc.), por lo que se reitera, no existía razón alguna para coordinar una respuesta. 

  

En este punto es preciso recordar que en el acto administrativo recurrido no se cuestionó el hecho de que SODICOM, en su calidad de entidad gremial asesorara a sus afiliados, lo que se reprochó fue que se hubiera prestado junto con las estaciones, para promocionar y ocultar un cartel de precios. En este sentido, no resulta aceptable el argumento planteado por algunos de los recurrentes según el cual, la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró su derecho de asociación, pues se insiste, la sanción no se impuso por desarrollar actividades gremiales legítimas, sino por participar en un cartel de precios e intentar ocultarlo. 

  

Como se observa, las conclusiones a las que llegó la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de la conducta de fijación de precios por vía de una práctica conscientemente paralela, fueron producto de un análisis eminentemente lógico, técnico y científico, ciñéndose al principio de valoración conjunta de la prueba que debe imperar en las actuaciones administrativas, sin admitir la sustitución del examen en conjunto por el análisis parcial, inconexo o descontextualizado de cada prueba, como lo proponen los impugnantes en contravía de los mandatos legales sobre la apreciación de las pruebas (unidad de la prueba). 

  

En suma, la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio es el resultado de un minucioso análisis de la unidad probatoria obtenida a lo largo de la investigación y no del estudio independiente y aislado de cada medio de prueba. Un análisis de las pruebas en conjunto es lo que ordena la ley y fue precisamente lo que se hizo en la Resolución impugnada. 

  

En este punto, es importante precisar que, a diferencia de lo manifestado por los recurrentes, para el Despacho no existe duda sobre la veracidad de lo discutido y decidido en la sesión de Junta Directiva del 10 de diciembre de 2010 de SODICOM, pues la grabación en la que se basó el análisis del Despacho fue extractada de los mismos archivos de esta agremiación y da cuenta que, efecto, era una reunión de su Junta Directiva, que tenían el quorum necesario para decidir y en la cual, entre otros aspectos, se realizaron las manifestaciones sobre la necesidad de ocultar las decisiones que habían tomado sobre el tema de precios, así como las referentes a la necesidad de coordinar una respuesta creíble a los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio. De hecho, cabe resaltar que en el recurso de reposición presentado por SODICOM contra la Resolución Sancionatoria, lejos de desconocer la veracidad de la grabación, reconoció que correspondía a una sesión de su Junta Directiva[12]

  

En virtud de lo expuesto, los argumentos presentados por los impugnantes y dirigidos a que la Autoridad de Competencia valore aisladamente algunas de las pruebas obrantes en el expediente y les dé un alcance particular, serán rechazados por el Despacho, en la medida en que, de acuerdo con lo expuesto en el presente acápite, la Superintendencia acató su deber legal de valorar todas las pruebas obrantes en el expediente de manera conjunta, para así concluir la existencia de un acuerdo de precios en la modalidad de una práctica conscientemente paralela. 

  

4.5. Análisis del Despacho de los argumentos relacionados con la conducencia de las pruebas del elemento subjetivo del paralelismo consciente 

  

Aducen algunos de los recurrentes que la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró "el principio de conducencia de la prueba", en la medida en que consideran que nada tiene que ver una carta dirigida por varios agremiados para pedir un plazo, con el elemento consciente en una conducta conscientemente paralela, pues ello solo demuestra una gestión gremial para procurar la asesoría de sus agremiados. 

  

Sin perjuicio de las consideraciones hechas sobre la valoración de las pruebas en el presente asunto, corresponde estudiar los argumentos planteados por los recurrentes señalando, en principio, que el Consejo de Estado ha indicado que la conducencia de la prueba "(...) es la aptitud legal del medio probatorio para probar el hecho que se investiga, y que requiere de dos requisitos esenciales, que son: que el medio probatorio respectivo esté autorizado y no prohibido expresa o tácitamente por la ley; y que ese medio probatorio solicitado no esté, prohibido en particular para el hecho que con él se pretende probar (...)"[13]

  

En este sentido, la doctrina señala que la conducencia "(...) Es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar determinado hecho. Supone que no exista una norma legal que prohíba el empleo del medio para demostrar un hecho determinado (...)"[14]

  

A su vez, es pertinente resaltar que el artículo 168 del Código General del Proceso dispone: 

  

"Artículo 168. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles (...)"[15] (Resaltado y subrayado fuera del texto original). 

  

Con base en lo expuesto, el Despacho no encuentra procedente la argumentación propuesta por los recurrentes teniendo en cuenta que no existe ninguna limitación legal que imponga la demostración del elemento consciente de una práctica conscientemente paralela por un medio de prueba específico, con lo cual, en virtud del principio de libertad probatoria previsto en el artículo 165 del Código General del Proceso[16], cualquier medio puede ser empleado para demostrar el elemento consciente de un acuerdo anticompetitivo, tal como ocurrió en el presente caso donde confluyeron pruebas indiciarias y documentales para demostrar la consciencia y conformidad de los sancionados con el paralelismo de precios. 

  

En este punto debe recordarse a los recurrentes que la prueba indiciaria, regulada en los artículos 240 a 242 del Código General del Proceso[17], tiene el mismo valor que cualquier otra prueba y debe ser apreciada en conjunto y bajo el principio de libertad probatoria previsto en el artículo165 ibídem

  

Así las cosas, los elementos probatorios valorados en esta actuación además de ser conducentes, fueron pertinentes pues como ya se analizó, permitieron demostrar la conciencia de la ilegalidad de la conducta desplegada por las estaciones y su agremiación, la cual se reflejó en un ocultamiento de información sobre las discusiones que sostuvieron sobre precios por el temor a ser descubiertos por la Autoridad de Competencia, así como la implementación de una estrategia para idear una respuesta creíble y razonable sobre el paralelismo en que convivieron por varios años. 

  

4.6. Análisis del Despacho de los argumentos relacionados con la inexistencia de antijuridicidad de la conducta 

  

Varios de los recurrentes indicaron que su conducta no fue antijurídica, y sobre el particular manifestaron que: "(...) el acto administrativos (sic) recurrido (...) supone para su expedición que haya habido una infracción a las disposiciones de protección a la competencia por parte de los agentes económicos sancionados -la denominada antijuridicidad- (...)"[18]. En la misma línea argumentativa, sugirieron que no se beneficiaron de la conducta, no obtuvieron ningún privilegio y no existió motivo racional para incurrir en el comportamiento anticompetitivo[19]

  

Sobre el particular, es preciso señalar que está probado que los propietarios de las estaciones sancionadas en la Resolución recurrida, incurrieron en un acuerdo de precios por vía de una práctica conscientemente paralela[20], que tuvo como objeto y efecto la fijación de precios para la gasolina corriente motor y ACPM en Popayán, entre enero de 2009 y junio de 2011. 

  

Así mismo, olvidan los recurrentes que el simple objeto de los acuerdos de precios está sancionado por el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992[21], siendo indiferente la motivación que tuvo el infractor para cometer el ilícito concurrencia! o si la conducta le generó algún beneficio, circunstancia que solo tiene relevancia para graduar la sanción[22]

  

Sin perjuicio de lo anterior, teniendo demostrado el paralelismo consiente de precios en que incurrieron las estaciones, es fácil concluir que esta conducta generó, al menos, un efecto favorable para los investigados en la medida en que les permitió abstraerse de la obligación legal de competir, evitando incurrir en todas las cargas asociadas a un escenario competitivo, como por ejemplo, determinar estrategias basadas en el comportamiento de los competidores, disminuir los precios para conservar la clientela o aumentarla, mejorar los servicios, entre otros. 

  

4.7. Análisis del Despacho de los argumentos relacionados con la dosificación de las sanciones 

  

En términos generales, todos los recurrentes manifestaron su inconformidad frente al monto de las sanciones impuestas catalogándolas como "confiscatorias", para lo cual adujeron diversos argumentos generales y particulares. 

  

En primer lugar, afirmaron que la Superintendencia de Industria y Comercio les impuso a las "personas naturales investigadas", las sanciones y los criterios de dosificación previstos para las personas jurídicas en el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

Del mismo modo, reprocharon que la Autoridad de Competencia tuviera en consideración al momento de tasar la sanción, la totalidad de los ingresos o patrimonio de los sancionados en tanto en los ingresos como en el patrimonio existen rentas derivadas de actividades económicas ajenas a aquella sancionada. 

  

Finalmente, indicaron que se violó el derecho a la igualdad, porque se impusieron multas con base en los ingresos y patrimonio de los sancionados correspondientes a estados financieros y declaraciones de renta de diversos años; así, por ejemplo, en algunos casos se tomaron los correspondientes a 2011 y en otros, los de 2012 y 2013. 

  

Para responder los anteriores argumentos, este Despacho expondrá, en primer lugar, el contexto general de las sanciones por prácticas anticompetitivas, explicando su idoneidad para cumplir con los fines de represión y disuasión. En segundo lugar, se analizará el caso concreto respecto de los agentes sancionados, explicando la legalidad y proporcionalidad del monto de la sanción, así como los criterios y metodología de dosificación utilizados. 

  

4.7.1. Contexto general - Finalidad de la función sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad única de protección de la libre competencia económica 

  

La facultad administrativa que le permite a la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad única en materia de protección de la libre competencia económica, imponer sanciones para la protección del derecho colectivo a la libre competencia, se fundamenta en las disposiciones contenidas en los artículos 2, 4, 6, 29, 88, 150 numeral 8, 189 numerales 21, 22, 24 y 26, 209, 333, 334, 365, 366 y 370 de la Constitución Política[23]

  

En ejercicio de su facultad sancionadora, el Estado debe respetar las garantías constitucionales de los administrados incluyendo el principio de legalidad, que se manifiesta a través de los principios de: (i) reserva de ley y (ii) tipicidad[24]. Según el primero, el legislador es el único habilitado para establecer las acciones y omisiones que dan lugar a que el Estado ejerza su poder punitivo, así como para determinar las sanciones y procedimientos para imponerlas. Por su parte, el segundo principio le impone al legislador la carga de establecer los elementos fundamentales del tipo, tales como la descripción de la conducta sancionable, la cuantía y la autoridad competente, entre otras[25]

  

El Consejo de Estado ha precisado la forma en la cual la potestad sancionadora se sujeta al principio de legalidad en los siguientes términos: 

  

"Visto lo anterior, la potestad sancionadora se halla sometida al principio de legalidad en los siguientes aspectos: 1. Su atribución; 2. El carácter discrecional o reglado de su ejercicio; 3. El espacio temporal en que puede utilizarse, y 4. Las formalidades procedimentales exigidas para imponer una sanción"[26]. 

  

En el marco del principio de legalidad, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional coinciden en reconocer que el legislador es el encargado de establecer los lineamientos a partir de los cuales el Estado ejercerá la función administrativa sancionadora en los casos particulares[27]. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional desarrolló el concepto de libertad de configuración legislativa en materia de sanción administrativa, en virtud de la cual: "el legislador dispone de un margen de configuración de /as sanciones administrativas, que es amplio habida cuenta de la gran diversidad de sectores de la administración y de /as necesidades y particularidades en cada uno de ellos (...)"[28]

  

Teniendo en cuenta lo anterior, en ejercicio del principio de legalidad y libertad de configuración legislativa en sanciones administrativas, el Congreso de la República decidió, mediante la Ley 1340 de 2009, robustecer la capacidad sancionatoria de la Superintendencia de Industria y Comercio para reprimir las prácticas anticompetitivas, hasta el punto de incrementar cincuenta (50) veces el nivel de las multas imponibles en relación con la normativa anterior. 

  

El legislador colombiano consideró que un incremento en el monto de las sanciones desde el nivel que tenían antes de la Ley 1340 de 2009, se fundamentó en la necesidad de lograr que la sanción como represión al infractor no resultara irrisoria frente a los potenciales beneficios indebidos que se pueden obtener mediante prácticas restrictivas de la competencia, así como en la necesidad de alcanzar un efecto disuasivo para que con ellas se mande un mensaje de corrección y auto regulación a la sociedad que evite futuras infracciones al régimen de protección de la competencia. El legislador también mencionó que en el concierto internacional, las multas buscan disuadir a los infractores del régimen de la libre competencia económica[29]

  

Respecto del efecto disuasivo, el legislador se pronunció en los siguientes términos: 

  

"El proyecto propone un aumento de la multa o sanción pecuniaria que va desde el 100% al 150% de la utilidad obtenida con la conducta y en los casos en que no pueda ser determinada la utilidad se propone una multa hasta de 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Las modificaciones propuestas son considerables en términos del aumento de los valores y rangos, pero las considero suficientes y ajustadas a las dinámicas de los negocios que en la actualidad se desarrollan en nuestro país; es conveniente resaltar la necesidad del establecimiento de potenciales multas que logren el efecto disuasivo para combatir las correspondientes conductas restrictivas de la competencia" (Resaltado y subrayado fuera del texto original). 

  

En el presente caso, la máxima sanción impuesta a un infractor ascendió al 2.29% del tope que permite el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, lo cual evidencia que las multas impuestas en el acto administrativo recurrido se enmarcan en lo legalmente permitido, y que las variaciones en los porcentajes atiende a la discrecionalidad que al respecto tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, al momento de aplicar los distintos criterios establecidos en la ley para tasar la multa y del análisis de las condiciones particulares de cada sancionado, ya que no todos tienen los mismos ingresos operacionales o patrimonio. 

  

Si bien es cierto que para algunos de los sancionados la multa equivale aproximadamente al 5% de sus ingresos para el año 2013, para otros representa solo el 0.2%, habida cuenta de que son empresas con ingresos y patrimonios diferentes. La razón por la cual la sanción impuesta a cada agente tiene un porcentaje distinto, frente al tope máximo legal permitido, se debe a que, si las sanciones fueran iguales en valor y porcentaje para todos, podría ser catalogada de confiscatoria para algunos, en razón de su patrimonio. Esta es la forma de preservar la proporcionalidad en relación con el infractor. 

  

En un cartel empresarial, las sanciones que imponen las autoridades de competencia del mundo no son idénticas para todos los ce-cartelistas, pues hay que evitar, entre otras cosas, que resulte irrisoria para unos agentes del mercado y confiscatoria para otros. De ahí, que una de las razones para que estos porcentajes sean distintos es precisamente en atención a las características propias de cada agente económico sancionado y la aplicación de los criterios previstos en el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. Ahora bien, obsérvese que, en todo caso, para ningún sancionado la multa estuvo por encima del tope máximo legal permitido y la máxima sanción que se impuso representa solo el 5% de sus ingresos para 2013, razón por la cual, el principio de legalidad y proporcionalidad de la sanción estuvo garantizado. 

  

Sobre este particular, se ha pronunciado el Consejo de Estado en los siguientes términos: 

  

"(...) la parte actora considera que las sanciones impuestas son expropiatorias en tanto que, en algunos casos, ascienden al 10% de la utilidad neta de algunas de las sancionadas, al tiempo que considera que para dosificar correctamente la multa económica, debieron tenerse en cuenta factores distintos a /os balances económicos de las empresas. 

  

(...) en cuanto respecta a la dosificación de /as multas impuestas, la Sala entiende que /as sanciones impuestas en las Resoluciones demandadas atienden a la discrecionalidad que tiene la entidad demandada (léase la autoridad administrativa) para su graduación dentro del rango máximo que permite la norma. (...)"[30]. (Resaltado fuera del texto original). 

  

Así las cosas, encuentra la Superintendencia de Industria y Comercio que las multas impuestas a todos los agentes sancionados se ajustaron a los lineamientos legales, constitucionales y jurisprudenciales que le confieren a esta Entidad la potestad para determinar el monto de las multas que corresponde imponer por la violación del régimen de la libre competencia. 

  

En este caso, los sancionados fundamentan sus escritos de impugnación bajo el argumento según el cual, al ser "personas naturales", se debió imponer las multas previstas en el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 y no aquellas del artículo 25 ibídem, como quiera que el primero es de aplicación exclusiva para personas jurídicas. 

  

En la presente actuación administrativa la Autoridad de Competencia demostró que los investigados ostentan el carácter de comerciantes y en tal virtud, actuaron en su condición de agentes del mercado y no como personas naturales vinculadas a una persona jurídica. 

  

Según esto, se precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio tuvo en cuenta que los investigados, ejercen actividades mercantiles de forma profesional y habitual, por tanto, deben reputarse para todos los efectos de las normas de libre competencia económica, como agentes del mercado sujetos a las consecuencias pecuniarias previstas en el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

Los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, contrario a lo planteado por los recurrentes, no se refieren a la imposición de sanciones a personas jurídicas y/o naturales conforme las disposiciones de la legislación civil. Como se dijo, es evidente las normas bajo análisis se refieren a sanciones a "agentes de mercado" o "empresas" por un lado y por el otro, cualquier otra persona natural que, sin ser agente de mercado, configure alguno de los verbos rectores para coadyuvar o facilitar la materialización del acuerdo anticompetitivo. 

  

.Así las cosas, si se tiene en cuenta que los propietarios de las estaciones ejercen una actividad económica organizada y que adicionalmente ejercen el comercio de forma activa, es claro que debían recibir el trato de agentes del mercado y no el de los administradores, representantes legales o cualquier otra persona natural que coadyuve a la realización de la conducta anticompetitiva. 

  

Por tanto, y teniendo en cuenta el razonamiento expuesto, esta Superintendencia encuentra que el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009 es aplicable a todos los sancionados, quienes, en su calidad de agentes económicos, incurrieron en una práctica conscientemente paralela. 

  

4.7.2. Legalidad de la dosificación y aplicación de los criterios y metodología utilizada 

  

Frente a los argumentos expuestos por los recurrentes en sus escritos de reposición según los cuales, la Resolución Sancionatoria desconoció los criterios de dosificación y graduación establecidos en la ley, esta Superintendencia reitera lo señalado previamente, al precisar que los criterios establecidos en el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009, no son una lista taxativa para todos los casos, ya que los mismos aplican dependiendo de las particularidades de cada caso, según si permite o no su aplicación[31]

  

La anterior posición fue validada por la jurisprudencia del Consejo de Estado, como se observa en el siguiente pronunciamiento sobre la dosificación de la sanción en materia administrativa: 

  

"( ...) la dosificación no implica que en el acto administrativo se deba hacer un razonamiento expreso y especial para sustentar el quantum de la sanción, sino que ello puede estar dado en la valoración de la gravedad de los hechos, como en efecto se hace en la decisión aquí enjuiciada, de suerte que realizada esa ponderación se entiende que la Administración ha estimado que la sanción aplicada es la que ameritan los hechos, y pasa a ser de cargo del administrado demostrar que no lo es, es decir, que es desproporcionada a los mismos (...)"[32]. (Resaltado y subrayado fuera del texto original). 

  

De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el ejercicio de dosificación NO impone en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad de policía administrativa económica, la carga de exponer en sus actos administrativos un "razonamiento expreso y especial" sobre la metodología aplicada para la estimación del quantum de las sanciones. Por esta razón, tampoco es de recibo el argumento de los recurrentes según el cual, la Superintendencia de Industria y Comercio no explicó el proceso concreto de dosimetría, pues ello no es obligatorio según las voces de la propia jurisprudencia del Consejo de Estado. 

  

Así las cosas, la Superintendencia reafirma los parámetros objetivos aplicados para dosificar y graduar la sanción: (i) dimensión del mercado afectado; (ii) grado de participación de los implicados; (iii) conducta procesal delos investigados; (iv) cuota de mercado de la empresa infractora, parte de activos y/o ventas involucradas; y, (v) patrimonio de los investigados

  

Por lo demás, resulta oportuno hacer una reseña de los criterios utilizados en la graduación de las multas impuestas en la Resolución recurrida[33]

  

(i) En lo que respecta a la dimensión del mercado y su afectación, el paralelismo consciente de precios afectó casi la totalidad de la distribución minorista de gasolina corriente motor y ACPM de una ciudad capital de departamento, como lo es Popayán, en tanto que, de las 20 estaciones de servicio autorizadas para operar en esa ciudad, 16 participaron en la conducta anticompetitiva. 

  

(ii) Frente al grado de participación de los agentes sancionados, todos ellos concurrieron a la realización de la práctica conscientemente paralela destinada al acuerdo de precios. 

  

(iii) En cuanto a la conducta procesal de los investigados se generó un efecto neutro, ya que ejercieron su derecho de defensa sin que se presentara una conducta procesal que ameritara agravar la sanción, ni tampoco alguna actuación que permitiera conceder un beneficio por esta misma causa. 

  

(iv) En relación con la reiteración de la conducta, el Despacho encontró que los investigados no tienen antecedentes por infracciones del régimen de protección de la competencia económica. 

  

  

  

(v) Respecto de la persistencia de la conducta infractora, se tuvo en cuenta su duración la cual se extendió desde enero de 2009 hasta junio de 2011. 

  

(vi) Sobre los criterios del grado de participación de los infractores, al dosificarse la sanción impuesta se valoró su participación en el mercado. 

  

Finalmente, es oportuno reiterar que para la dosificación se tuvo en cuenta la situación financiera de los sancionados, en ese sentido las multas fueron disuasorias pero no confiscatorias. Así pues, las sanciones impuestas ascendieron a un valor máximo del 5% de los ingresos de cada agente, sin superar en ningún caso el 5% de su patrimonio. 

  

Por lo demás, es importante reiterar que la multa impuesta en el presente caso resulta proporcional a la gravedad de la conducta en la que incurrieron los sancionados, atendiendo a la necesidad del producto para los consumidores y la dimensión del mercado afectado, cumpliendo así, con el objetivo de castigar y disuadir de las sanciones en materia de protección de la libre competencia. 

  

Al respecto, debe ponerse de presente a los recurrentes que la imposición de multas sustancialmente inferiores, implica una falta grave a los deberes de la Autoridad de Competencia, pues una multa irrisoria, antes que ser disuasiva es un incentivo para que el investigado o cualquier agente del mercado infrinja las normas de protección de la libre competencia, una vez sopese las potenciales ventajas que podrían resultar de la infracción, frente al riesgo de la posible multa en caso de ser descubierto. Nótese la perversa consecuencia que se produciría, si la Superintendencia impusiera sanciones que no cumplan con el objetivo de reprimir o disuadir, pues estaría incentivando las conductas prohibidas cuando su deber es castigarlas y adelantar una política pública preventiva para que no se repitan. 

  

Por último, algunos de los recurrentes afirman que con la imposición de la multa resultan gravemente perjudicados, e incluso que la sanción es confiscatoria, teniendo en cuenta su mala situación económica. Al respecto el Despacho debe precisar que la capacidad económica no es un criterio de graduación de la sanción, sino que se trata de información a tener en cuenta para evitar justamente que la multa resulte expropiatoria o confiscatoria. 

  

En el caso particular de LUIS FELIPE MURIEL PALACIOS indicó en su escrito de reposición que: "(...) no cuenta con trabajo ni bienes que Je permitan sufragar la suma establecida como sanción en la resolución recurrida"[34]; sin embargo, no se advierte ningún elemento de juicio que demostrara la desproporción de la sanción en relación con su actual situación financiera. 

  

4.8. Otros argumentos planteados por los recurrentes 

  

En opinión de SODICOM, los artículos 1494 y 1495 del Código Civil brindan suficientes elementos de juicio para diferenciar entre: paralelismo, práctica concertada y práctica conscientemente paralela, a partir de las normas relacionadas con las fuentes de las obligaciones; por ello, todo acuerdo tendrá como base un encuentro de voluntades encaminado a producir efectos jurídicos, lo cual en este caso no ocurrió. 

  

Pues bien, la anterior tesis no puede ser de recibo teniendo en consideración un argumento hermenéutico según el cual, a la luz de los artículos 2 y 3 de la Ley 153 de 1887, la ley especial y posterior prevalece sobre la ley general y anterior. Así las cosas, en la presente actuación administrativa no aplican las disposiciones civiles referidas, ya que en materia de protección de la competencia existe una disposición normativa especial y posterior que define legalmente lo que es un acuerdo

  

En efecto, dispone el numeral 1 del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992: 

  

"Artículo 45. Definiciones. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo anterior se observarán las siguientes definiciones: 

  

1. Acuerdo: Toda contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o más empresas. 

(...)" (Resaltado y subrayado fuera del texto original). 

  

Así las cosas, para la Superintendencia de Industria y Comercio no es posible acudir a las disposiciones normativas del Código Civil atinentes a lo que debe entenderse como contrato, convenio o acto, por cuanto existe una norma especial de competencia que define como una modalidad de acuerdo, entre otros, las prácticas conscientemente paralelas. 

  

En relación con el argumento expuesto conjuntamente por RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA, propietario de la EDS LA VIRGEN y la COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA, propietaria de la EDS COOMOTORISTAS POPAYÁN, según el cual, deben absolverse de los cargos imputados ya que no pertenecen a SODICOM, ni participaron en la reunión de Junta Directiva celebrada por dicha agremiación el 10 de diciembre de 2010, es oportuno indicar que en sus escritos contentivos de los recursos de reposición contra la Resolución Sancionatoria, aportaron sendas certificaciones expedidas el 24 de mayo de 2016 por la entidad gremial que indican: 

  

- Certificación aportada por COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA: 

  

"El señor PEDRO NEL CORREA, Gerente General y Representante Legal de Ja Cooperativa de Motoristas del Cauca - Coomotoristas del Cauca: 

  

1. No ha participado en ninguna reunión de Junta Directiva de Ja Asociación SODJCOM desde el año 2009 a 2013. 

  

2. No participó en la reunión de Junta Directiva de la Asociación, celebrada el 1O de diciembre de 2010"[35]. 

  

- Certificación aportada por RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA: 

  

"El señor RAMIRO ORDOÑEZ (sic) Representante Legal de Ja Estación de Servicio La Virgen: 

  

1. No ha participado en ninguna reunión de Junta Directiva de Ja Asociación SODICOM desde el año 2009 a 2013. 

  

2. No participó en Ja reunión de Junta Directiva de la Asociación, celebrada el 1O de diciembre de 2010"[36]. 

  

Para resolver sobre el particular, vale mencionar que si bien RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA no habría participado en ninguna reunión de Junta Directiva de la Asociación SODICOM durante el período 2009 a 2013, ni tampoco habría participado en la reunión de Junta Directiva de la Asociación celebrada el 10 de diciembre de 2010, lo cierto es que la EDS LA VIRGEN de su propiedad, sí se encuentra afiliada a SODICOM desde el 3 de septiembre de 2009, según consta en el certificado expedido el 20 de mayo de 2016 por dicha agremiación y que fuera aportado por el mismo recurrente[37]

  

A su turno, en lo que respecta a la COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA, resulta irrelevante que su Representante Legal PEDRO NEL CORREA, no figure como persona natural afiliada a la agremiación ni haya concurrido a la reunión del 10 de diciembre de 2010, toda vez que se encuentra demostrado que dicha cooperativa sí estaba afiliada a SODICOM para la época de los hechos investigados. 

  

Así las cosas, la Superintendencia de Industria y Comercio no encuentra evidencia que le permita reponer el acto administrativo impugnado, bajo el argumento de no haber participado en las reuniones de la Junta Directiva de SODICOM, pues lo cierto es que la COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA y la EDS LA VIRGEN, de propiedad de RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA, estaban afiliadas a esta agremiación para la época de los hechos objeto de investigación, que es el aspecto relevante para la presente actuación, pues el paralelismo consciente reprochado y demostrado deriva de la actuación conjunta de las EDS junto con su gremio SODICOM

  

Por lo demás, CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A. indicó que es ilegal la sanción impuesta, ya que en el numeral 1.13 del artículo primero de la parte resolutiva del acto administrativo recurrido, se ordenó sancionarla; pero a su vez, en el artículo tercero se ordenó archivar la investigación en su favor, por lo cual en aplicación del principio de favorabilidad debe revocarse la sanción. 

  

Sobre el particular, debe advertirse que, en efecto, en el artículo tercero de la parte resolutiva del acto administrativo impugnado se dispuso lo siguiente: 

  

"ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR la presente actuación administrativa en favor de (...) CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A. identificada con NIT 900.021.407 ensu calidad de propietaria del establecimiento de comercio EDS BOLÍVAR ( ...)"[38] (Subrayado fuera del texto original). 

  

Lo anterior da cuenta de un simple error tipográfico, toda vez que de la lectura integral de la Resolución No. 26726 de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio se refirió en todo momento a CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A. en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio CENTRO CARROS DEL NORTE[39] y en tal virtud, le impuso la sanción objeto de impugnación[40], lo anterior dado que la EDS BOLÍVAR es de propiedad de la ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. y no de CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A. 

  

Así las cosas y con base en lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, corresponde modificar el ARTÍCULO TERCERO de la parte resolutiva de la Resolución No. 26726 del 10 de mayo de 2016, el cual quedará así: 

  

"ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR la presente actuación administrativa en favor de RODRIGO JARAMILLO MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.086.453 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN MOBIL EL ALJIBE, GUILLERMO MUÑOZ PINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4. 604. 792 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO El CRUCERO TO TORO, HERNANDO SOLARTE GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.281.122 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio AUTO CENTRO POPAYÁN, ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. identificada con NIT 830.095.213 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO BOLÍVAR, DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS POPAYÁN LTDA identificada con NIT 800.012.008 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio DISERPO LTDA., CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.518.248 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO BELLA VISTA y DICOM INVERSIONES S.A.S. identificada con NIT 900.437.396 en su calidad de propietario del establecimiento de ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE EL CRUCERO TOTORO, por la infracción contemplada en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución". 

  

Finalmente, en cuanto a la solicitud de "reconsideración" radicada por la Representante Legal de INVERSAV S.A., bajo el argumento de la difícil situación económica por la que atraviesa debido a la alteración del orden público en el departamento del Cauca[41], es oportuno indicar que esta Superintendencia al momento de declarar la ocurrencia de una conducta violatoria del régimen legal de la libre competencia, toma en consideración las pruebas legal y oportunamente allegadas al expediente; y, en cuanto a los criterios de dosificación de las sanciones, se atiene a los previstos en la Ley 1340 de 2009; en ese sentido, no es posible atender favorablemente la petición. 

  

No obstante lo anterior, vale mencionar que esta Entidad estudió los argumentos expuestos por dicha compañía en su recurso de reposición, frente a los cuales se pronunció a lo largo de la presente Resolución que resuelve dicho recurso. 

  

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

  

RESUELVE: 

  


ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR la solicitud de aclaración y/o adición presentada por NÉSTOR GONZÁLEZ MEJÍA, contra la Resolución No. 26726 del 10 de mayo de 2016, por las razones expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo. 

  


ARTÍCULO SEGUNDO: RECHAZAR la solicitud de reconsideración presentada por INVERSAV S.A. en su calidad de propietaria de las estaciones AUTOCENTRO TERPEL AVENIDA y SERVICENTRO SOTARÁ, contra la Resolución No. 26726 del 10 de mayo de 2016, por las razones expuestas en la parte considerativa de este acto administrativo. 

  


ARTÍCULO TERCERO:MODIFICAR el ARTÍCULO TERCERO de la parte resolutiva de la Resolución No. 26726 del 10 de mayo de 2016, el cual queda así: 

  

"ARTÍCULO TERCERO: ARCHIVAR la presente actuación administrativa en favor de RODRIGO JARAMILLO MEJÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.086.453 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN MOBIL EL ALJIBE, GUILLERMO MUÑOZ PINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.604.792 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO El CRUCERO TOTORO, HERNANDO SOLARTE GÓMEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.281.122 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio AUTO CENTRO POPAYÁN, ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. identificada con NIT 830.095.213 en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO BOLÍVAR, DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS POPAYÁN LTDA identificada con NIT 800.012.008 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio DISERPO LTDA., CÉSAR AUGUSTO FERNÁNDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.518.248 en su calidad de propietario del establecimiento de comercio ESTACIÓN DE SERVICIO BELLA VISTA y DICOM INVERSIONES S.A.S. identificada con NIT 900.437.396 en su calidad de propietario del establecimiento de ESTACIÓN DE COMBUSTIBLE EL CRUCERO TOTORO, por la infracción contemplada en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución". 

  


ARTÍCULO CUARTO:CONFIRMAR en todas las partes no modificadas por el artículo precedente, la Resolución No. 26726 del 10 de mayo de 2016, atendiendo a lo preceptuado en la parte motiva de la presente Resolución. 

  


ARTÍCULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resolución a ALEJANDRO ARIAS PELÁEZ; ZULLY CATALINA VILLAMARÍN ORDÓÑEZ; RAMIRO ALONSO ORDÓÑEZ PEÑA; MARTHA LEONOR DEL SOCORRO BRAVO ROJAS; LUIS FELIPE MURIEL PALACIOS; JOSÉ IGNACIO CHÁVEZ ZARAMA; MARÍA JULIA MOLINA DE SOLARTE; NÉSTOR GONZÁLEZ MEJÍA; LUBRICOM & CIA. LTOA; INVERSIONES OCCIDENTAL DEL CAUCA & CIA. LTDA; COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL CAUCA; COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES RÁPIDO TAMBO; CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A.; INVERSAV S.A.; S Y M LIMITADA; y ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GASOLINA Y OTROS DERIVADOS DEL PETRÓLEO - SODICOM, entregándole copia de la misma e informándole que en su contra no procede recurso alguno. 

  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

  

  

Dada en Bogotá, D.C., a los 15 JUL 2016 

  

  

FELIPE GARCÍA PINEDA 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E), 

  

  

[1] En este acto administrativo se hará referencia a la Resolución No. 26726 del 10 de mayo de 2016, como la "Resolución No. 26726 de 2016" o la "Resolución Sancionatoria". 

[2] Folios 8226 y 8227 del Cuaderno Público No. 33 del Expediente. 

[3] Ver Resolución No. 80847 de 2015. 

[4] Resolución 26726 de 2016, p. 17. 

[5] Corte Constitucional. Sentencia T - 274 de 2012. 

[6] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. 26 de junio de 2015. 

M.P. Stella Conto Díaz Del Castillo. Radicación 20001-23-31-000-2003-01951-01(35752). 

[7] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 26 de agosto de 2004. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar. Expediente 7779 

[8] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 30 de septiembre de 201O. M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Expediente 11001-3103-022-1998-01485-01. 

[9] Cfr. Eduardo Couture. Fundamentos de derecho procesal civil, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1962. 

[10] Folio 469 del Cuaderno Reservado No. 2. 

[11] Ibídem. 

[12] Folios 8173 y 8174 del Cuaderno Público No. 33. 

[13] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. 23 de julio de 2009. 

M.P. BERTHA LUCIA RAMÍREZ DE PÁEZ. Radicación 25000-23-25-000-2007-00460-02(0071-09). 

[14] Jairo Parra Quijano. Manual de derecho probatorio, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 2001. Pág. 109. 

[15] En el mismo sentido el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil. 

[16] En el mismo sentido el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil. 

[17] En el mismo sentido en los artículos 248 a 250 del Código General del Proceso. 

[18] Ver por ejemplo folios 7878, 7879 y 8051 del Cuaderno Público No. 32. 

[19] Ibídem. 

[20] El numeral 1 del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, define acuerdo como: "(...) Todo contrato, convenio, concertación, práctica concertadas o conscientemente paralela entre dos o más empresas (...) (Resaltado fuera de texto original). 

[21] Conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, son contrarios a la libre competencia, los acuerdos: 

(...) 

  

"2.Los que tengan por objeto o tengan como efecto Ja fijación directa o indirecta de precios. 

  

(...)". (Resaltado fuera del texto original). 

  

[22] Numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

[23] Corte Constitucional. Sentencia C - 595 de 2010. 

[24]"El principio de legalidad se ha establecido como uno de los más importantes instrumentos de garantía ciudadana, un verdadero límite 8 los poderes del Estado, y más aún frente al ejercicio del poder punitivo. Es la propia Constitución Política -artículo 29- quien impone a las autoridades judiciales y administrativas realizar las actuaciones de conformidad con los principios del debido proceso, incluida la legalidad y tipicidad de las conductas. Este precepto contiene un mandato claro: las autoridades -administrativas o judiciales- tienen la obligación de adelantar sus actuaciones conforme al principio de legalidad;- más aún cuando se trata de la potestad sancionadora, como quiera que es pilar fundamental del derecho sancionador del Estado". Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Enrique Gil Botero. Sentencia de noviembre trece (13) de dos mil ocho (2008). Radicación número: 68001-23-31-000-1996-02081-01 (17009). 

[25] Corte Constitucional. Sentencia SU - 1010 de 2008. 

[26] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia octubre 22 de 2012. M.P. Enrique Gil Botero. Radicación número: 05001-23-24-000-1996-00680-01 (20738). 

[27]"Así, las cosas, todos los elementos que conforman la conducta reprochada no necesariamente deben haber sido previstos por el legislador, en atención a que el derecho administrativo admite una participación activa del reglamento en la definición del ilícito administrativo”. Ibídem. 

[28] Corte Constitucional. Sentencia C - 616 de 2002. 

[29] Rama Legislativa del Poder Público, Gaceta del Congreso No. 583 del 16 de noviembre de 2007, pág. 5. 

[30] Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. M.P. María Claudia Rojas Lasso. 28 de enero de 201O. Expediente 25000-23-24-000-2001-00364-01. 

[31] Ver Resolución No. 66934 de 2013, p. 90. 

[32] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta. Sentencia 20 de octubre de 2005. Radicación 68001-23-15-000-1997-02933 01(7826). 

[33] Resolución No. 26726 de 2016, p. 40 y 41. 

[34] Folio 7864 del Cuaderno Público No. 32 del Expediente. 

[35] Folio 7891 del Cuaderno Público No. 32 del Expediente. 

[36] Folio 7952 del Cuaderno Público No. 32 del Expediente. 

[37] Folio 7950 del Cuaderno Público No. 32 del Expediente. 

[38] Folio 7771 del Cuaderno Público No. 32 del Expediente. 

[39] Folios 7748, 7769, 7770 y 7772 del Cuaderno Público No. 32 del Expediente. 

[40] Es oportuno indicar que el establecimiento de comercio denominado CENTRO CARROS DEL NORTE, se encuentra matriculado a nombre de CENTRO DE SERVICIOS PARA CARROS S.A. desde el 3 de mayo de 2005. 

[41] Folios 8226 y 8227 del Cuaderno Público No. 33 del Expediente.