RESOLUCION303002016201605 script var date = new Date(23/05/2016); document.write(date.getDate()); script falsefalseSUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIOSuperintendencia de Industria y ComercioPor la cual se imponen unan sanciones.falsefalseComercio, Industria y Turismotruefalsefalse23/05/201623/05/2016

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 30300 DE 2016

(mayo 23)

Por la cual se imponen unan sanciones.

[Mostrar]

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

  

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial de las previstas en la Ley 1340 de 2009, el Decreto 4886 de 2011[1], en concordancia con el Decreto 2153 de 1992[2], y, 

  

CONSIDERANDO 

  

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 1155 de 28 de enero de 2013[3] la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la "Delegatura"), abrió una investigación y formuló pliego de cargos contra SILOE CASTING DE COLOMBIA S.A.S. (en adelante "SILOE CASTING"}, ZOOMPRODUCCIONES LTDA. (en adelante "ZOOIV!PRODUCCIONES"), CARÁCTER PRODUCCIÓN DE TALENTO S.A.S. (en adelante "CARACTER PRODUCCION"), LION PRODUCCIONES S.A. (en adelante "LION PRODUCCIONES"), ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ como propietario del establecimiento de comercio MANTICORA CASTING, para determinar si habrían incurrido en la conducta anticompetitiva prevista en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 (acuerdo que tenga por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios}, con ocasión de haber celebrado el contrato denominado "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" . 

  

Así mismo, la mencionada resolución ordenó abrir investigación para determinar si ERNESTINA EMILIA APARICIO FRANCO en su calidad de Representante Legal de SILOE CASTING, LUZ CARMELA DAZA VACA en su calidad de Subgerente de SILOE CASTING, ALEJANDRO CURREA FERREIRA en su calidad de Representante Legal de ZOOMPRODUCCIONES, MARÍA FERNANDA CURREA FERREIRA en su calidad de Representante Legal Suplente de ZOOMPRODUCCIONES, ELIANA YAZMÍN GALÁN ZAMBRANO en su calidad de Representante Legal de CARÁCTER PRODUCCIÓN y WILLIAM MANUEL BELLO GARZÓN en su calidad de Representante Legal de LION PRODUCCIONES, incurrieron en la responsabilidad establecida en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, al haber presuntamente autorizado, ejecutado o tolerado la conducta objeto de investigación. 

  

SEGUNDO: Que la Resolución de Apertura de Investigación fundamentó las imputaciones jurídicas anteriormente señaladas, en un presunto acuerdo de precios incluido en el " CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" , documento que fue autenticado ante la Notaría 42 de Bogotá, conforme con el cual las agencias investigadas suscribieron un acuerdo en el que se evidencia la fijación de tarifas mínimas que se cobrarían por la prestación de algunos de sus servicios, en especial, lo concerniente a la persona que trabaja como modelo publicitario. 

  

TERCERO: Que una vez notificada la Resolución de Apertura a los investigados, y corrido el término para solicitar y aportar pruebas, los investigados presentaron sus descargos extemporáneamente, razón por la cual no fueron tenidos en cuenta por la Delegatura. 

  

CUARTO: Que una vez notificada la Resolución de Apertura de Investigación y corridos los términos para solicitar y aportar pruebas[4], mediante Resolución No. 59490 del 10 de octubre de 2013[5], adicionada y modificada por la Resolución No. 85701 del 26 de diciembre de 2013[6], Resolución No. 32447 del 22 de mayo de 2014[7] y Resolución No. 63358 del 23 de octubre de 2014[8], la Delegatura ordenó practicar de oficio las pruebas que consideró conducentes, pertinentes y útiles para la investigación administrativa. 

  

QUINTO: Que el 7 de abril de 2016, una vez culminó la etapa probatoria y se realizó la audiencia de descargos prevista por el artículo 155 del Decreto 19 de 2012[9], el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia presentó ante el Superintendente de Industria y Comercio, el Informe Motivado con el resultado de la etapa de instrucción (en adelante "Informe Motivado")[10], en el cual recomendó declarar administrativamente responsables y sancionar a los agentes del mercado y personas naturales investigadas. 

  

Frente al mercado relevante en el caso, la Delegatura consideró que son los servicios prestados por las agencias de casting a nivel nacional, a saber: (i) servicio de casting para la selección de modelos; (ii) representación de los modelos y su remuneración; y (iii) los derechos de modelaje para la retransmisión de productos publicitarios. 

  

Como resultado de la investigación realizada la Delegatura concluyó en su Informe Motivado lo siguiente: 

  

• Que los agentes del mercado investigados participaron en la celebración del "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING". 

  

• Que el documento denominado "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" se presume auténtico, y no fue desconocido ni tachado de falso por los investigados. 

  

• Que están plenamente identificadas las personas firmantes y su relación con los agentes del mercado. 

  

• Que el "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" da cuenta de la existencia del cartel empresarial para la fijación de precios, en la modalidad de acuerdo anticompetitivo suscrito por los investigados y contiene cláusulas restrictivas de la libre competencia, entre otras, aquellas que fijan precios entre competidores. 

  

• Que el "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" es un acuerdo que tiene la potencialidad, la capacidad, la idoneidad, la aptitud o la suficiencia para restringir, limitar o eliminar la competencia del mercado. 

  

• Que el objeto anticompetitivo del acuerdo se desprende de la fijación de los precios relacionados con la prestación del servicio de selección de modelos con fines publicitarios (servicio de casting), los valores mínimos de los honorarios de los modelos y el porcentaje o comisión sobre dichos honorarios (representación). 

  

• Que para el análisis de la conducta resultaba indiferente indagar sobre los móviles o intención que tuvieron los cartelistas. El acuerdo (cartel empresarial) incorpora cláusulas o compromisos abiertamente anticompetitivos que sustraen de la dinámica de la oferta y la demanda el comportamiento de los precios de los servicios mencionados. 

  

• Que probada la existencia del acuerdo que por objeto resulta contrario a la libre competencia, no era necesario que la Delegatura indagara sobre los efectos del mismo en el mercado para insistir en su reproche. 

  

SEXTO: Que en cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 155 del Decreto 19 de 2012, se dio traslado del Informe Motivado a los investigados, quienes dentro del término establecido para tal fin, manifestaron sus observaciones al mismo. 

  

A continuación se hace un resumen de los argumentos presentados por los investigados frente al Informe Motivado: 

  

Argumentos comunes de todos los investigados 

  

• El "Convenio de Concertación entre Agencias de Casting" implicó una integración empresarial, en virtud de la cual las empresas suscriptoras empezaron a actuar de manera permanente bajo un único órgano de gestión (Comité de Administración). En consecuencia, no es posible configurar una infracción al régimen de libre competencia en la modalidad de acuerdo de precios, por cuanto dicha conducta requiere la participación de dos o más empresas y en el presente caso el convenio celebrado es una concentración económica y los investigados se transformaron en un solo agente en el mercado. 

  

• La integración empresarial no requería autorización por cuanto las empresas participantes, en conjunto o individualmente consideradas, no tuvieron durante el año fiscal anterior a la operación, ingresos operacionales superiores a 100.000 SMLMV, ni tampoco, en conjunto o individualmente, tenían activos totales superiores al monto mencionado. 

  

• El acuerdo suscrito no tuvo la capacidad, aptitud, potencialidad o suficiencia para restringir la competencia. Se encuentra probado que en el mercado relevante existe una alta sustituibilidad de la oferta y demanda, así como nulas barreras de entrada. Existen numerosas empresas que prestan el servicio de casting en Colombia, así como múltiples entidades que solicitan estos servicios. En el presente caso el acuerdo que se reprocha involucra apenas a cinco (5) empresas que participan en el mercado nacional, es decir, un porcentaje mínimo del mercado. 

  

• La conducta objeto de estudio carece de significatividad y ni siquiera tiene la capacidad de producir un efecto restrictivo de la competencia, teniendo en cuenta que el porcentaje de la demanda cubierto por las investigadas es sumamente bajo; las investigadas no tienen poder en el mercado relevante; existen múltiples alternativas de oferta respecto al servicio de casting; el acuerdo no podía tener efectos previsibles que afectaran la eficiencia económica o el bienestar de los consumidores. 

  

• El convenio no tuvo por objeto la fijación de precios, sino por el contrario mejorar las condiciones del mercado, en especial las laborales de los modelos, tal y como se desprende de diferentes cláusulas del convenio. Las tarifas indicadas en el convenio no constituyen un acuerdo de precios desde el punto de vista del régimen del derecho de la competencia. Las tarifas que obran en el anexo sobre remuneración u honorarios de los modelos son establecidas para garantizar "un mínimo vital para los modelos". Esta situación implicaría que en caso de considerarse que existe un acuerdo de precios debería realizarse un análisis de conflicto de derechos entre el derecho a la competencia y el derecho al mínimo vital y a la vida digna, los cuales son de carácter superior. 

  

• Las tarifas consignadas en el anexo del convenio no correspondían a las que cobraban las agencias, para lo cual hace referencia a una serie de facturas que, manifiesta, acreditan lo mencionado. 

  

• La cláusula que señala que la contraprestación a la agencia de casting es del 30% de los ingresos recibidos como remuneración de terceros, la cual para la Delegatura constituye un acuerdo de precios, se encuentra incluida a título de ejemplo pues hace parte de un modelo o sugerencia de un contrato. 

  

• El acuerdo no produjo efectos y no puso en riesgo el bien jurídico protegido de la libre competencia. 

  

• Ausencia de culpabilidad, en tanto los investigados no tenían consciencia de que el acuerdo celebrado contenía un acuerdo de precios que fuera restrictivo de la competencia. Todos tenían la firme convicción de que el convenio iba a plasmar y materializar sus propósitos de mejoramiento del mercado de agencias de casting y las condiciones de los modelos. 

  

• La actuación no fue negligente, pues antes de elaborar el convenio buscaron serv1c1os profesionales de varios abogados que los asesoraron, teniendo en cuenta que ninguno de los investigados es abogado. 

  

Argumentos de las personas naturales investigadas 

  

• El numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992 no establece una presunción de culpa en contra de los representantes legales, ni consagra un caso de responsabilidad objetiva. 

  

• No puede presumirse responsabilidad por el hecho de ser administrador de una sociedad investigada, se requiere que exista culpabilidad de la persona natural. Se requiere demostrar que la persona actuó con conciencia de la ilicitud de su conducta y queriendo la misma. 

  

• Las personas naturales investigadas actuaron bajo el convencimiento de estar actuando dentro de la ley, sin que pueda considerarse que actuaron con dolo o negligencia. 

  

Argumentos particulares de ERNESTINA EMILIA APARICIO FRANCO 

  

• Las conductas imputadas no se encuentran probadas. Nunca ejerció sus facultades para celebrar el convenio, no lo negoció ni firmó y tampoco tenía la capacidad de evitar que el acuerdo se aplicara. 

  

• No puede desprenderse un conocimiento del acuerdo por el hecho de recibir informes de la compañía que representaba, ni tampoco por tener conocimiento que algunas agencias de casting estaban celebrando un convenio. 

  

Argumentos particulares de ALEJANDRO CURREA FERREIRA 

  

• No existe prueba alguna que acredite que autorizó o toleró la celebración del convenio. No conoció el alcance del acuerdo. 

  

Argumentos particulares de ERIK ALEXÁNDER AGUILAR 

  

• Las conductas imputadas no se encuentran probadas, son simples conjeturas de la Delegatura. El conocimiento que tuvo del acuerdo fue posterior a su celebración y como consecuencia de la presente investigación. 

  

• Se encuentra probado que no participó en la negociación, revisión y firma del convenio. Ni siquiera asistió a las reuniones. 

  

• No es aceptable considerar que la firma de DEISY MARROQUÍN lo vincule automáticamente con la celebración del convenio. ERIK ALEXÁNDER AGUILAR nunca autorizó a DEISY MARROQUÍN que lo representara. La teoría de la representación aparente no resulta aplicable al presente caso. 

  

SÉPTIMO: Que de conformidad con el artículo 25 del Decreto 4886 de 2011, el 23 de mayo de 2016 se escuchó al Consejo Asesor de Competencia, el cual recomendó al Superintendente de Industria y Comercio sancionar a los investigados. 

  

OCTAVO: Que habiéndose surtido todas las etapas señaladas en el procedimiento aplicable para este tipo de trámites, este Despacho procede a resolver el presente caso en los siguientes términos: 

  

8.1. Competencia funcional 

  

De acuerdo con las atribuciones conferidas por la ley a la Superintendencia de Industria y Comercio, en los términos del numeral 1 del artículo 2 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 3 de la Ley 1340 de 2009, corresponde a esta Entidad "velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la competencia; atender las reclamaciones o quejas por hechos que pudieren implicar su contravención y dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en particular los siguientes propósitos: la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica" . 

  

Por su parte, el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011[11], señala que el 'superintendente de Industria y Comercio tiene como función, entre otras, "vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre protección de Ja competencia y competencia desleal en todos los mercados nacionales, respecto de todo aquel que desarrolle una actividad económica o afecte o pueda afectar ese desarrollo, independientemente de su forma o naturaleza jurídica." 

  

Así mismo, el artículo 4 de la Ley 1340 de 2009 establece que "la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, Ja presente Ley y las demás disposiciones que las modifiquen o adicionen, constituyen el régimen general de protección de la competencia, aplicables a todos los sectores y todas las actividades económicas". 

  

Por otra parte, el artículo 6 de la Ley 1340 de 2009 prevé que la Superintendencia de Industria y Comercio es la Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, y en ese sentido "conocerá en forma privativa de las investigaciones administrativas, impondrá multas y adoptará las demás decisiones administrativas por infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia, así como en relación con Ja vigilancia administrativa del cumplimiento de las disposiciones sobre competencia desleal". 

  

Finalmente, de conformidad con lo establecido en los numerales 4 y 6 del artículo 1 del Decreto 4886 de 2011, en concordancia con el numeral 11 del artículo 3 ibídem, y los numerales 15 y 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, esta Superintendencia está facultada para imponer las sanciones pertinentes por la violación de cualquiera de las disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas, ordenar a los infractores la modificación o terminación de las conductas, y sancionar la inobservancia de las instrucciones que imparta en desarrollo de sus funciones. 

  

8.2. Marco normativo 

  

De conformidad con la Resolución No. 1155 de 28 de 2013, se ordenó la apertura de la investigación por la presunta infracción de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo del Decreto 2153 de 1992, el cual dispone lo siguiente: 

  

"Artículo 47.Acuerdos contrarios a la libre competencia. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente Decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes acuerdos: 

  

1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios. 

  

(...)" 

  

La anterior imputación fue realizada a las agencias de casting investigadas por haber celebrado un contrato denominado "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" conforme con el cual acordaron la fijación de las tarifas mínimas a cobrar por la prestación de algunos de sus servicios. 

  

Por otra parte, a las personas naturales investigadas se les imputó haber incurrido presuntamente en la conducta prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, por colaborar, facilitar, autorizar, ejecutar o tolerar las conductas objeto de investigación. 

  

Para resolver el presente asunto, este Despacho describirá sucintamente el mercado objeto de la conducta investigada y presentará las consideraciones respecto del cargo imputado a los investigados, las cuales comparte en términos generales con las realizadas por la Delegatura en el Informe Motivado. 

  

8.3. Mercado en el que se desarrolló la conducta 

  

El mercado que resultaría afectado con el "CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE AGENCIAS DE CASTING" por el cual se inició la presente investigación es el relacionado con los servicios de casting ofrecidos por las agencias de casting, el cual comprende, según lo señaló la Delegatura, la prestación del servicio de selección de modelos con fines publicitarios y su representación. 

  

De acuerdo con lo expuesto por la Delegatura, los modelos requeridos para participar en la producción de material publicitario pueden ser contratados de forma directa o a través de un intermediario, como lo son las agencias de casting acá investigadas. Estas agencias, además de prestar el servicio de selección de los modelos según las necesidades del cliente, pueden actuar como sus representantes y negociar en su nombre las condiciones de la prestación de ese servicio. 

  

Los ingresos económicos de las agencias de casting provienen generalmente de las siguientes actividades[12]

  

a) Servicio de casting: Es el proceso mediante el cual evalúan y sugieren modelos potenciales para que participen en un producto publicitario. El ingreso recibido por este servicio dependerá del tipo de modelo que se requiera, según sea protagonista, secundario, extra, entre otros. 

  

b) Honorarios por modelo (Porcentaje por representación): Comisión recibida por la agencia de casting a partir de los honorarios pagados al modelo. Los honorarios que se pagan al modelo dependen de varios factores, tales como el medio en el que se presente el producto publicitario, el país donde se transmita y la duración de la transmisión[13]

  

c) Derechos de modelaje (Porcentaje por retransmisión): Si el cliente decide retransmitir un producto publicitario, la agencia recibe un valor adicional. 

  

Según la información obrante en el expediente, el establecimiento de una empresa de casting no requiere mayores inversiones de capital ni permisos especiales regulados, por lo que se considera que este mercado no tiene barreras de entrada. De hecho, se acreditó en la investigación que cualquier empresa o persona con pocos recursos y el mínimo know how podría entrar a competir en este mercado. 

  

Teniendo en cuanta que las cinco (5) empresas están en capacidad de ofrecer sus servicios a clientes ubicados en cualquier parte del país, se considera que el ámbito geográfico del mercado es nacional. 

  

En la siguiente tabla se presentan los agentes investigados en la presente actuación, los cuales participan en el mercado como empresas de casting: 

  

[14] 

  

 

  

Fuente: Elaboración SIC con base en el REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL CAMARAS DE COMERCIO - RUES[15]. 

  

8.4. Análisis de la conducta de los investigados en relación con la infracción al numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 (acuerdo de precios) 

  

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, entre otros, son acuerdos contrarios a la libre competencia "Los que tengan por objeto o tengan como efecto Ja fijación directa o indirecta de precios". 

  

Al respecto, es importante tener en cuenta que como lo ha manifestado esta Entidad de manera reiterada en sus decisiones, el sistema de libre competencia se traduce en garantía a la libertad de entrada y salida a los mercados, la libertad para que cada agente del mercado ofrezca el precio por sus productos o servicios que de forma independiente defina con base en su estructura de costos y las condiciones del mercado, que ofrezca las calidades y cantidades de productos que desee, y que los consumidores elijan libremente qué comprar. Bajo estas condiciones, los precios de mercado dan una señal a los consumidores sobre los niveles de oferta de un producto en el mercado y asigna con eficiencia los recursos disponibles. 

  

En consecuencia, por regla general, los distribuidores y expendedores deben fijar libre y autónomamente los precios de acuerdo con su estructura de costos y su margen de utilidad, sin sujetarse al consenso de otras voluntades. 

  

Estas condiciones del sistema de libre competencia son benéficas porque contribuyen a un mejor desarrollo de la economía y tutelan de manera efectiva los intereses de todos los agentes del mercado y del Estado mismo. De acuerdo con lo anterior, las conductas que coarten la libre competencia e impidan la libre formación del precio, se consideran ilegales por violar las normas de protección de la libre competencia y se denominan anticompetitivas o restrictivas de la competencia. Entre estas conductas, los carteles empresariales se distinguen por ser la conducta más dañina para los consumidores y la economía en general y es considerada como la conducta más reprochable en que puede incurrir un empresario. 

  

De entrada, debe señalarse que el "CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE AGENCIAS DE CASTING" constituye sin lugar a dudas como un acuerdo de precios (cartel empresarial), en la medida en que, como se mostrará a continuación, en él se plasma la voluntad de cinco (5) competidores de someter la variable precio a un acuerdo común y no a las reglas de la competencia, evitando con ello la presión competitiva que comporta establecer cada uno su precio de acuerdo con las condiciones del mercado. 

  

En efecto, la presente investigación inició como consecuencia del "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING", celebrado a través de sus representantes por cinco agentes económicos que participan en el mercado como agencias de casting de modelos (SILOE CASTING, ZOOMPRODUCCI ONES, CARÁCTER PRODUCCIÓN, LION PRODUCCIONES y MANTICORA CASTING). 

  

Como se observa a continuación, el objeto del citado convenio era establecer las condiciones bajo las cuales los investigados se comprometían a "sujetarse en el desarrollo de cada proyecto de trabajo que asuman en su actividad empresarial''. En desarrollo de este compromiso, acordaron también tener los mismos parámetros contractuales con sus clientes en sus relaciones económicas y jurídicas: 

  

"CLÁUSULAS 

  

(.. .) 

  

PRIMERA.- Objeto del Convenio. 

  

Las partes (...) acuerdan establecer en este instrumento las condiciones mínimas de operación a /as cuales se comprometen a sujetarse en el desarrollo de cada proyecto de trabajo que asuman en su actividad empresarial. 

  

También acuerdan establecer los parámetros contractuales que observarán en sus relaciones económicas y jurídicas con terceros participantes en la cadena del negocio del modelaje con fines publicitarios."[16](Subraya y destacado fuera de texto). 

  

En desarrollo del objeto del convenio anteriormente citado, las agencias investigadas acordaron que las cotizaciones de sus servicios que habrían de presentar a sus clientes (agencias de publicidad, las productoras y las pre-productoras), deberían realizarse con los precios previamente establecidos por ellos y consignados en una tabla de tarifas anexa al convenio, como se observa a continuación en la cláusula quinta del convenio en mención: 

  

"QUINTA.- Prácticas Comerciales. 

  

(...) 

  

Las Agencias de Casting que sean parte de este Convenio, asumen el cumplimiento delas prácticas comercia/es, en la medida que concuerde con lo dispuesto en las buenas prácticas comercia/es en materia de competencia económica, y se comprometen a lo siguiente: 

  

( ...) 

  

6. Poner en práctica los siguientes puntos en las operaciones delas Agencias de Casting: 

  

A. Las Agencias de Casting en su relación con /os modelos: 

  

(...) 

  

4. Tarifas aplicables. 

  

B. Las Agencias de Casting en su relación con las agencias de publicidad, las productoras y las pre-productoras: 

  

1. Elaboración de cotizaciones de conformidad con la tabla de tarifas y derechos debidamente consensuada, y determinación delas condiciones de pago. 

  

(...) 

  

8. Condiciones de facturación y pago. (.. .)"[17](Negrilla y subraya fuera del texto) 

  

En virtud de la anterior cláusula, formaba parte del "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" como anexo la citada tabla de tarifas bajo el nombre de "Anexo Tarifario"[18], el cual incluía, entre otras, las siguientes tarifas: 

  

  

 

 

  

Como puede observarse de la cláusula quinta del "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" y del anexo citado, es a todas luces manifiesto el acuerdo anticompetitivo celebrado por los investigados, para aplicar conjuntamente en sus relaciones comerciales las tarifas fijadas con anterioridad, dejando de lado su deber legal de competir y de disputarse clientes a través del precio como una de las variables más importantes en las relaciones comerciales. Es así como, tal y como lo señaló la Delegatura, en este caso se acreditó que los agentes económicos investigados acordaron las tarifas aplicables a la prestación de sus servicios, lo cual no es otra cosa que fijar de manera directa los precios de mercado y es justamente esta conducta la proscrita por el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. 

  

En línea con lo anterior, los anexos del "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" denominados "ACUERDO PRIVADO ENTRE AGENCIA DE CASTING Y MODELO (MAYORES DE EDAD)" y "ACUERDO PRIVADO ENTRE AGENCIA DE CASTING Y MODELO (MENORES DE EDAD)" establecían el porcentaje de ingresos recibidos como remuneración que deberían recibir tanto la agencia como los modelos, lo cual es otra prueba de fijación directa de precios por parte de los investigados, en tanto que eliminaban la variable de competencia relacionada con la discrecionalidad de la agencia para decidir el monto de su remuneración frente a la del modelo. Así puede verse en la cláusula octava de los referidos anexos del "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING"

  

"OCTAVA: (...) 

  

Como contraprestación a favor de LA AGENCIA por la gestión que realice en desarrollo de su actividad de representación exclusiva, ella percibirá o devengara el treinta por ciento (30%) de los ingresos recibidos como remuneración de parte de terceros. de manera que a EL MODELO le corresponderá el setenta por ciento (70%) de tales ingresos. EL MODELO y LA AGENCIA convienen que el porcentaje que corresponde a cada uno, se aplica sobre el valor o ingreso neto recibido después de las retenciones de impuestos a que haya lugar". (Subraya y destacado fuera de texto). 

  

Como se dijo anteriormente, un acuerdo como el descrito incluye un objeto que limita o restringe la competencia, pues tiene la potencialidad, la capacidad, la idoneidad, la aptitud o la suficiencia para restringir, limitar o eliminar la competencia y, por lo tanto, no es admisible en un modelo de una economía de mercado como el que constitucionalmente rige en Colombia[19]

  

En adición de lo anterior, la Delegatura encontró que a través del " CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" , las agencias de casting investigadas definieron mecanismos para monitorear y generalizar las condiciones de operación uniforme y anticompetitivas previamente convenidas. De hecho, como se observa a continuación, en la cláusula décimo tercera del convenio en mención los investigados establecieron un "Régimen Sancionatorio" dirigido a reconvenir a aquellas agencias firmantes que no cumplieran con las condiciones convenidas, como sería por ejemplo, cotizar o cobrar una tarifa por debajo de la acordada en el anexo de tarifas, e imponer posteriormente, la sanción correspondiente: 

  

"DECIMO TERCERA.- Régimen Sancionatorio. 

  

La contravención de las obligaciones y compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del presente Convenio, acarreará la imposición de sanciones, de acuerdo con las siguientes reglas: 

  

1. El Comité de Administración es el órgano competente para imponer las sanciones. (...). 

  

2. Se requiere la formulación previa y en documento escrito dirigido al Comité de Administración. (.. .). 

  

(...) 

4. Las sanciones que pueden imponerse son: 

  

A. Amonestación escrita. 

B. Multas desde uno (1) hasta tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

C. Suspensión hasta por tres (3) meses. 

D. Expulsión. (...)."[20] 

  

Para mayor ilustración, a continuación, se muestran imágenes de las partes relevantes del convenio por el cual se investigó a SILOE CASTING, ZOOMPRODUCCIONES, CARÁCTER PRODUCCIÓN, LION PRODUCCIONES y ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ como propietario del establecimiento de comercio MANTICORA CASTING, señalando las partes signatarias, su objeto, los compromisos anticompetitivos, las represalias en caso de incumplimiento y las tarifas fijadas: 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

De acuerdo con lo anterior, para este Despacho resulta claro que del análisis del "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING", es posible concluir que los investigados acordaron los precios de los servicios que ofrecen a sus clientes, lo cual se constituye como una conducta manifiestamente anticompetitiva y proscrita por el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. 

  

8.5. Argumentos de los investigados 

  

A continuación este Despacho abordará los argumentos contenidos en las observaciones al Informe Motivado presentadas por los investigados que no hayan sido respondidos en consideraciones anteriores. 

  

8.5.1. Argumentos relacionados con la significatividad de la conducta 

  

Los investigados manifestaron en sus observaciones al Informe Motivado que la conducta objeto de estudio carece de significatividad y ni siquiera tiene la capacidad de producir un efecto restrictivo de la competencia, teniendo en cuenta que el porcentaje de la demanda cubierto por las investigadas es sumamente bajo; las investigadas no tienen poder en el mercado relevante; existen múltiples alternativas de oferta respecto al servicio de casting; el acuerdo no podía tener efectos previsibles que afectaran la eficiencia económica o el bienestar de los consumidores. 

  

Frente a la supuesta falta de significatividad de la conducta, debe ponerse de presente a los investigados que el análisis de significatividad de determinada conducta es una labor atribuible a la Delegatura al momento de decidir si inicia una investigación formal, por lo que la etapa actual de la actuación no es el escenario para ventilar una supuesta falta de significatividad. 

  

En adición de lo anterior, debe advertirse que tal y como lo señaló la Delegatura, los investigados no estuvieron en capacidad de corroborar con rigor su dicho sobre el hecho de que su participación en el mercado es marginal. Por el contrario, en el expediente obra evidencia de que la conducta por objeto por la que ahora se sanciona a los investigados fue diseñada para que no se limitara al ámbito exclusivo de sus relaciones comerciales, sino que la verdadera finalidad del "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" era lograr que un número creciente de agencias se fueran adhiriendo al mismo, lo cual le otorga una potencialidad al acuerdo para eventualmente llegar a cartelizar gran parte del mercado si muchas agencias se adhirieran. 

  

En efecto, de conformidad con la cláusula décima del convenio que se transcribe a continuación, se observa que el mismo no se estableció como un convenio cerrado o exclusivo aplicable a las agencias de casting firmantes del documento, sino que por el contrario, se previó la posibilidad de que otras agencias de casting pudieran adherir al mismo: 

  

"DECIMA.- Adhesión al Convenio. 

  

La adhesión por parte de las Agencias de Casting a este Convenio, se realiza mediante la suscripción de este Convenio y, a partir de su celebración, se realizará a través de su manifestación formal e individua/izada por escrito, cumpliendo con los requisitos formales que al efecto sean establecidos. Satisfechos esos requisitos, las Agencias de Casting que lo suscriban se obligarán recíprocamente a las disposiciones establecidas en el Convenio. 

  

(...)"[21] 

  

Como puede observarse, la anterior provisión descarta que la conducta anticompetitiva no fuese significativa, pues refleja la posibilidad que previeron las investigadas de extenderla de tal forma que otras agencias de casting interesadas pudieran acogerse a los términos del acuerdo y así incrementar el riesgo de aumentar el alcance del cartel de precios. 

  

8.5.2. Argumentos relacionados con la ausencia de efecto en el mercado 

  

No pueden ser de recibo los argumentos de los investigados referentes a que la Superintendencia no puede sancionarlos porque su conducta nunca se materializó en el mercado y que su acuerdo nunca se cumplió. Como bien lo sostuvo la Delegatura en su Informe Motivado, el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 es claro al afirmar que la configuración de la conducta anticompetitiva de fijación directa o indirecta de precios puede presentarse en dos modalidades, bien por objeto o por efecto. 

  

Al respecto debe señalarse que la literatura del derecho de la competencia de forma unánime considera los carteles empresariales como anticompetitivo por su propio objeto, es decir, que no se requiere que se acredite que el acuerdo ilegal causó un efecto restrictivo de la competencia para poder ser sancionado. Así, poco importa que el acuerdo anticompetitivo en la modalidad de cartel empresarial hubiera generado un efecto en el mercado, pues es evidente que por su objeto ya en sí mismo es restrictivo de la competencia, circunstancia que reconoce claramente el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. 

  

En el presente caso, la conducta reprochada se configura por la celebración de un acuerdo cuyo objeto consistió, precisamente, en la fijación directa de precios. Acto que se materializó a través del "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING", cuya celebración es reconocida por las investigadas y que incluso fue protocolizada en notaria. 

  

En consecuencia, no existe obligación alguna para esta autoridad de acreditar los efectos del acuerdo en el mercado para sancionarlo, ya que basta con tener demostrado que el acuerdo tiene la potencialidad, la capacidad, la idoneidad, la aptitud o la suficiencia para la fijación anticompetitiva de precios, por lo que en este caso es posible concluir que el convenio firmado por las investigadas es reprochable por objeto con fundamento en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992[22]

  

8.5.3. Argumentos relacionados con la ausencia de objeto anticompetitivo derivado de la no intención de los agentes en acordar los precios 

  

Ahora bien, tampoco son de recibo los argumentos de los investigados sobre la presunta inexistencia de objeto anticompetitivo por cuanto su intención no era la fijación de precios, sino la mejora de las condiciones laborales de los modelos, buscando garantizar "un mínimo vital para los modelos", ya que la intención anticompetitiva no es un elemento de juicio para determinar la responsabilidad de los investigados. 

  

La intención o no de los agentes de mercado investigados no tiene relevancia al momento de establecer responsabilidad administrativa en las investigaciones administrativas derivada de los casos de prácticas restrictivas de la competencia. En efecto, como lo ha reconocido el Consejo de Estado[23]

  

"Lo anterior tiene sentido si se observa que el tenor literal del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, contentivo de las conductas que se consideran prácticas comerciales restrictivas, señala claramente que además de la existencia del pacto de precios -sea cual sea su naturaleza- es indispensable que tenga por objeto o efecto la fijación directa o indirecta de precios. 

  

Es por ello, que no interesa la intención que la parte demandante dijo tener al momento que celebró el acuerdo de precios censurado por la Superintendencia de Industria y Comercio- y que dicho sea de paso, no demostró-, puesto que lo que importaba a efectos de la procedencia de las sanciones correspondientes, era, además de la existencia del acuerdo, como ya se dijo que éste tuviera por objeto o por efecto la fijación indirecta o directa de precios 

  

(.. .) 

  

Lo dicho además descarta de plano la teoría del actor según Ja cual el tipo de responsabilidad en el que la demandada sustentó la imposición de la multa es objetiva, como quiera que se aprecia un claro componente subjetivo en el tenor literal del numeral 1º del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, al señalar que son prácticas comerciales restrictivas, aquellas que tengan por <<objeto o efecto, la fijación directa o indirecta de precios>>" (Negrilla fuera de texto) 

  

Así las cosas, el Consejo de Estado reconoce que las conductas que se consideran como restrictivas de la competencia incorporan, en su literalidad, un claro componente subjetivo que, estando demostrado como parte del tipo proscrito, no requiere de prueba alguna sobre la intención de los agentes. 

  

Para el caso que nos ocupa, el cual versa sobre un acuerdo cuyo objeto era la fijación de precios, tal y como en el caso estudiado por el Consejo de Estado, la norma establece que están prohibidos los acuerdos que "tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios (...)", por lo cual, la Superintendencia de Industria y Comercio solo debe demostrar la existencia del acuerdo y que el mismo tuvo como objeto, la fijación de precios, sin que en ningún momento se deba demostrar la intención de los agentes de vulnerar la competencia o afectar a un tercero o la generación de dicho efecto. 

  

En esta medida, el argumento según el cual la intención de los agentes no era anticompetitiva sino la garantía del mínimo vital de los modelos o la restricción de la competencia por medio de la fijación de tarifas y condiciones comerciales uniformes, además de no estar probada, no altera en ninguna forma la tipificación de su conducta dentro del numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. Adicionalmente, un argumento según el cual un fin legítimo justifica medios ilegales como la cartelización empresarial no puede ser de recibo bajo ninguna circunstancia por el Despacho, aun en el caso hipotético -que no es el caso- de que estuviera probado el loable fin que alegan los investigados. 

  

En estos términos, basta con que esté demostrado, como lo está, que existió el acuerdo y que éste contenía la potencial o efectiva fijación de precios en el mercado. Por ello, es suficiente con que el documento conocido como "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" sea prueba cierta e irrefutable del acuerdo de voluntades entre las investigadas, y que su contenido tenga como fin la fijación conjunta de condiciones contractuales (económicas y jurídicas) frente a terceros, en especial la fijación de tarifas aplicables a sus servicios, para que sea procedente la sanción administrativa. 

  

Ahora bien, tampoco comparte este Despacho las afirmaciones de los investigados sobre el fin altruista de su acuerdo de precios. Sólo basta con recordar que en el mismo convenio definieron el porcentaje que les cobrarían a los modelos sobre los ingresos que estos generaran gracias a su representación. Como se desprende de los formatos de contrato anexos al convenio, en particular los denominados "ACUERDO PRIVADO ENTRE AGENCIA DE CASTING Y MODELO (MAYORES DE EDAD)" y "ACUERDO PRIVADO ENTRE AGENCIA DE CASTING Y MODELO (MENORES DE EDAD)": 

  

"OCTAVA: (...) 

  

Como contraprestación a favor de LA AGENCIA por la gestión que realice en desarrollo de su actividad de representación exclusiva, ella percibirá o devengara el treinta por ciento (30%) de los ingresos recibidos como remuneración de parte de terceros, de manera que a EL MODELO Je corresponderá el setenta por ciento (70%) de tales ingresos. EL MODELO y LA AGENCIA convienen que el porcentaje que corresponde a cada uno, se aplica sobre el valor o ingreso neto recibido después de las retenciones de impuestos a que haya lugar''. (Subraya y destacado fuera de texto). 

  

En este sentido, no tiene lógica que argumenten haber celebrado un acuerdo de precios para garantizarle el mínimo vital a los modelos, pero a su vez estandarizaran las utilidades que reciben sobre los ingresos que generan sus modelos. De esta forma, no solo pretendían no competir con el precio de los servicios que prestaban sus modelos, sino que buscaban eliminar la competencia entre ellas sobre el porcentaje que les cobraban a éstos por representarlos, que, de no ser así, sería más beneficioso para los modelos, pues puede inferirse que por medio de esa competencia las agencias les ofrecerían menores porcentajes de comisión para convencerlos de quedarse con ellos y de paso, beneficiarían la obtención del mínimo vital que argumentan estar defendiendo. 

  

De igual forma, al no ser la intención un justificante jurídico para eliminar la responsabilidad administrativa por conductas anticompetitivas, el haberse asesorado jurídicamente para llevar a cabo este acuerdo no elimina la ilegalidad del mismo y la responsabilidad que les atañe haberlo celebrado. 

  

8.5.4. Argumentos relacionados con una presunta integración empresarial 

  

Tampoco son de recibo los argumentos de los investigados consistentes en que el convenio suscrito constituye una integración empresarial ellos, y que como consecuencia de esto, al conformar un sólo agente no serían susceptibles de adelantar un acuerdo entre ellos. 

  

Como primera medida, es un contrasentido que los investigados argumenten que el efecto del "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" fue la integración de las firmantes en un solo agente del mercado, cuando en todas las actuaciones, así como en el mismo escrito en el que plantean esta posición, sostienen que no pueden ser sancionados por cuanto no se produjeron efectos y no se cumplieron los precios allí fijados. 

  

En este sentido, resulta que para las investigadas el convenio tuvo efectos integradores entre las firmantes, con lo que perderían su individualidad competitiva en el mercado, y por ende no podrían imputárseles acuerdos anticompetitivos entre ellas por no ser agentes independientes, pero a su vez niegan que el convenio se haya cumplido para pedir que no se les sancione por falta de efecto en el mercado. Esta fuerte inconsistencia por si sola ya desvirtúa cualquier posibilidad de recibir la teoría de que con el convenio se haya llevado a cabo una integración. 

  

No puede confundir el apoderado de los investigados una operación integración empresarial en los términos de la ley de competencia, con el hecho que un cartel empresarial de precios, como el a que aquí se investiga, genere que unos empresarios se comporten coordinadamente en el mercado, eliminando artificialmente la competencia entre ellos fruto del acuerdo ilegal. Lo primero, esto es, la integración empresarial está permitido por la ley, pero lo segundo -el cartel empresarial, que fue lo que realmente sucedió en este caso, no solo está prohibido sino que tiene objeto ilícito, como lo dispone el artículo 46 del Decreto 2153 de 1992. 

  

Como segunda medida, y dejando de lado la falta de coherencia argumentativa de los investigados, este acuerdo anticompetitivo por objeto no tiene la virtualidad de generar una integración empresarial entre sus signatarias por el hecho de tener un comité de administración para su verificación y cumplimiento. No existe una pérdida de individualidad de los agentes del mercado por el simple hecho de que tener un comité de verificación del cumplimiento de los acuerdos fijados, lo cual simplemente es un mecanismo de seguimiento de los compromisos adquiridos en el cartel empresarial, que evidencia aún más, la potencialidad que tenía el acuerdo de restringir la competencia. 

  

Como se desprende de las funciones previstas para el comité de administración del convenio, dicho órgano cumpliría las siguientes funciones: 

  

"DECIMA PRIMERA.- Administración del Convenio. 

  

Las Agencias de Casting establecerán un Comité de Administración, integrado por las cuatro (4) empresas que suscriben el presente documento, que determinará la forma y la organización para llevar a cabo lo siguiente: 

  

1. Difundir y promover este convenio (...). 

2. Recibir solicitudes de adhesión al Convenio (...). 

3. Actualizar el registro de Agencias de Casting (...). 

4. Recibir, inscribir en el registro de partes y difundir las solicitudes de separación del Convenio".[24] 

  

En estos términos, la función de este órgano no era la de suplir las decisiones comerciales de cada uno de los signatarios del convenio, sino de difundir, promover, verificar y administrar la participación de las agencias de casting en el acuerdo de precios, mecanismo que como se dijo, detalla la potencialidad que tenía el convenio de aplicarse, verificarse, incrementarse y en términos generales, fortalecerse e imponerse a sus miembros, dado que adicionalmente a las funciones mencionadas, el comité sería el encargado de imponer las sanciones previstas en el documento en caso de incumplimiento. 

  

"DECIMO TERCERA.- Régimen Sancionatorio. 

  

La contravención de las obligaciones y compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del presente Convenio, acarreará la imposición de sanciones, de acuerdo con las siguientes reglas: 

  

1. El Comité de Administración es el órgano competente para imponer las sanciones. (.. .). 

2. Se requiere la formulación previa y en documento escrito dirigido al Comité de Administración. (.. .). 

  

(.. .) 

  

4. Las sanciones que pueden imponerse son: 

  

A. Amonestación escrita. 

B. Multas desde uno (1) hasta tres (3) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

C. Suspensión hasta por tres (3) meses. 

O. Expulsión. ( ...).”[25] 

  

Por lo dicho, el argumento de la existencia de una integración empresarial entre las investigadas es incoherente con la defensa ofrecida por las mismas y los hechos encontrados, así como resulta imposible por el hecho de que el acuerdo simplemente se limitó al objeto anticompetitivo y no tenía un efecto integrador. 

  

8.5.5. Argumentos relacionados con la falta de representación de MANTICORA CASTING 

  

No pueden ser de recibo los argumentos de ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ, propietario de MANTICORA CASTING, según los cuales no se le puede imputar responsabilidad alguna a él y su establecimiento de comercio por el actuar de DEISY MARROQUÍN, quien fue quien firmó el "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" en su nombre y representación. En términos generales, este Despacho comparte los argumentos ofrecidos por la Delegatura para reprochar la conducta en cabeza de ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ como propietario de MANTICORA CASTING. 

  

En la parte final del documento "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" aparece sobrepuesta al nombre impreso de ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ, la firma manuscrita "Deisy B Marroquín C”

  

Si bien la prueba documental que obra en el expediente, junto con las declaraciones y la intervención en la audiencia del Decreto 19 de 2012, confirman y permiten concluir que ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ, en su condición de propietario del establecimiento de comercio MANTICORA CASTING, no firmó el "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING", también dejan claro que (i) ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ tenía conocimiento sobre la existencia del acuerdo, aunque niegue conocer su contenido; (ii) que el convenio para él era un proyecto que no puso en práctica porque dejó de trabajar seis meses antes de que empezara a desarrollarse; y (iii) que sabía sobre la contratación de abogados para la elaboración del mismo. Así lo manifestó en su declaración[26]

  

"(...) 

  

Despacho:.. de acuerdo con las funciones que usted desempeña en su empresa, ¿tiene conocimiento de la existencia del convenio de contratación entre las agencias de casting  

  

Erik Alexánder Aguilar Narváez: 

  

Despacho: ¿En qué consistió dicho convenio  

  

Erik Alexánder Aguilar Narváez: No, la verdad es que hasta ahora no he tenido tiempo de leerlo... 

  

(...) 

  

Despacho: ¿Conoce usted si se puso en práctica dicho convenio  

  

Erik Alexánder Aguilar Narváez: No lo puse en práctica, porque dejé de trabajar como seis meses antes de que empezara a desarrollarse el proyecto. 

  

(...) 

  

Despacho: ¿Qué sabe usted del convenio  

  

Erik Alexánder Aguilar Narváez: Que se hizo para organizar un poco la informalidad y las condiciones de los modelos, de los actores y de los extras. 

  

(.. .) 

  

Despacho: volviendo al tema del convenio ¿Cómo se llegó a la decisión de celebrar efectivamente ese convenio  

  

Erik Alexánder Aguilar Narváez: Pues mira, yo no, yo no, se habló de reunir, se iba a reunir un grupo de gente para mejorar ciertas condiciones de los modelos y de los actores, pero yo nunca participé de ninguna reunión, pero si me parecía interesante que se estaba generando ahí un movimiento que era el de gestión, de tener unas condiciones mínimas para acabar con la informalidad... 

  

(...) 

  

Despacho: ¿Cómo supo usted de las reuniones, quién las convocaba o cómo eran las comunicaciones para citar a esas reuniones  

  

Erik Alexánder Aguilar Narváez: Porque no toda la gente está, se encuentra uno en los rodajes no, como es varia gente se encuentra en los rodajes y alguien me comentó, un muchacho abogado modelo 'Oye como que se están reuniendo a ver si mejora esto', pero pues yo no tuve tiempo, yo estaba como en otro proceso a partir de mi enfermedad, yo dejé de trabajar tanto... le pedí a una persona que me hiciera el favor de asistir a las reuniones pero me desentendí del caso porque tenía muchas cosas... hasta que un día, yo no firmé el convenio, hasta que un día llegó la Superintendencia a la oficina yo no estaba... pregunté por el convenio lo sacamos, lo mostré, mostré mis facturas, mostré todas las cosas... 

  

(...) 

  

Despacho: ¿Usted sabe cómo se llegó al texto como tal del convenio  

  

Erik Alexánder Aguilar Narváez: No, pues yo estaba, pues siempre me pareció bien, no, no me di cuenta de nada. .. 

  

(.. .) 

  

Despacho: ¿Sabe usted de alguna asesoría jurídica que se haya contratado precisamente para la redacción  

  

Erik Alexander Aguilar Narváez: Sí. Ellos se asesoraron de unos abogados que les dijeron como tenían que hacer todo eso. 

  

(...)" . 

  

Así, pese a que ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ estaba al tanto de los acontecimientos relacionados con el convenio que pretendían firmar las agencias de casting investigadas, y no obstante que en su declaración intentó mostrarse ajeno a los hechos, supo del alcance y antecedentes del convenio, compartía los móviles que lo inspiraron y a pesar de todo ello, pretende no tener ninguna responsabilidad en la comisión de la conducta reprochada a la agencia de la que es propietario. 

  

Ahora bien, respecto a que DEISY MARROQUÍN fuera quien suscribió el convenio a nombre de ERIK ALEXANDER AGUILAR NARVÁEZ y MANTICORA CASTING, se tiene que tener en cuenta que dicha representación era evidente para las otras partes firmantes, ejemplo de ello es que LUZ CARMELA DAZA VACA reconoció que DEISY MARROQUÍN era conocida como la esposa de ERIK ALEXANDER AGUILAR NARVÁEZ y que, precisamente, era ella quien de forma ocasional asistía a las reuniones del convenio. 

  

Más aún, ERIK ALEXANDER AGUILAR NARVÁEZ tenía conocimiento que las reuniones se estaban llevando a cabo y tenía información de lo que ahí se estaba negociando, tanto así que en su declaración del 4 de noviembre de 2014 afirmó que en su momento le había pedido a una persona que le hiciera el favor de asistir a las reuniones relacionadas con el convenio, quien a partir de las afirmaciones de LUZ CARMELA DAZA VACA se podría deducir que era DEISY MARROQUÍN

  

Así las cosas, la representación que DEISY MARROQUÍN hizo de ERIK ALEXÁNDER AGUILARNARVÁEZ se desprende de lo dispuesto en el artículo 842 del Código de Comercio, el cual establece la figura de la representación aparente y afirma: 

  

"Artículo 842.Representación Aparente. Quién dé motivo a que se crea, conforme a /as costumbres comerciales o por su culpa, que una persona está facultada para celebrar un negocio jurídico, quedará obligado en los términos pactados ante terceros de buena fe exenta de culpa." (Negrilla y subrayado fuera del texto) 

  

En estos términos, el hecho de que ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ hubiera permitido que fuera representado para la celebración del acuerdo, del cual jamás refutó su vinculación con los compromisos del mismo, y que de hecho conservó en la medida en que en sus archivos fue hallado, demuestra un gesto complaciente con el hecho de que DEISY MARROQUÍN lo representara para este negocio jurídico de objeto anticompetitivo. 

  

Revisadas las diligencias, se observa que el 17 de julio de 2012 se practicó una visita de inspección en las instalaciones de MANTICORA CASTING y que los funcionarios de esta Superintendencia fueron atendidos por ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ y, justamente, DEISY MARROQUÍN, la cual se presentó como gerente administrativa del establecimiento de comercio[27]. Esto no sólo demuestra el grado de confianza que ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ depositaba en DEISY MARROQUÍN para el desarrollo de las funciones de su establecimiento, lo cual se traduce en la convicción de las demás partes del Convenio de la participación de MANTICORA CASTING a través del actuar de ella, sino que DEISY MARROQUÍN efectivamente ostentaba un cargo directivo dentro de MANTICORA CASTING

  

Por lo anterior, la suscripción del "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" por parte de DEISY MARROQUÍN, no sucedió por casualidad y actuar independiente de ella como pretende hacerlo ver el investigado, sino como parte y en el contexto de la actividad comercial MANTICORA CASTING, cuyos derechos y obligaciones derivadas de la operación comercial se encuentran en cabeza de su propietario. 

  

Dentro de la presente investigación no se probó que DEISY MARROQUÍN hubiera actuado de forma autónoma e independiente de la actividad comercial que se desarrolla en MANTICORA CASTING al momento de la firma del "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING". Por el contrario, ella misma reconoció en el acto de suscripción del convenio que su intervención la realizaba "Por Poder”, situación que resulta congruente con el encargo de gerente administrativa que dijo tener en dicha agencia. 

  

Precisamente, tal y como puede apreciarse en la siguiente imagen, la firma impuesta por DEISY MARROQUÍN se encuentra antecedida por la abreviatura "P.P."[28], de lo que se deduce, o al menos hace entender a los demás signatarios, que lo hace en representación de ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ. 

  

 

  

Ante todos estos elementos que determinan que DEISY MARROQUÍN suscribió el "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" en razón de su vinculación con la agencia MANTICORA CASTING, propiedad de ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ, no es posible concluir de ninguna forma que ella no representaba, aparentemente o por medio de poder, los intereses de ese establecimiento y su propietario. 

  

Por todo lo anotado se sancionará a ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ como propietario del establecimiento de comercio MANTICORA CASTING, con ocasión del "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING", que como ya se explicó, se trata de un acuerdo que se encuentra expresamente prohibido por el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. 

  

8.5.6. Argumentos relacionados con la falta de culpa o negligencia de las personas naturales 

  

No son de recibo los argumentos de los investigados frente a la supuesta ausencia de culpa, intención, dolo o negligencia de las personas naturales al haber actuado bajo el convencimiento de legalidad que les dio la asesoría jurídica contratada, toda vez que el actuar de cada una de las personas naturales investigadas se adecúa típicamente a alguno de los verbos rectores proscritos por el numeral 12 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, en concordancia con el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, el cual establece lo siguiente: 

  

"ARTÍCULO 3. Funciones del despacho del superintendente de industria y comercio. 

Son funciones del Despacho del Superintendente de Industria y Comercio: 

  

(...) 

  

12. Imponer a cualquier persona natural que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia y competencia desleal las multas que procedan de acuerdo con la ley. 

  

(...)" 

  

Los verbos rectores reprochables se limitan a colaborar, tolerar, autorizar, ejecutar o facilitar conductas anticompetitivas. En este sentido, el origen de la sanción puede generarse tanto en un hecho positivo (i.e. acción), como en un hecho negativo (i.e. omisión). Así, se castiga la colaboración, facilitación, autorización, ejecución o tolerancia de la conducta restrictiva de la competencia que adelanta un agente en el mercado. 

  

Este reproche se genera con independencia de que la conducta desplegada por el sancionado haya sido colaborar, tolerar, autorizar, ejecutar o facilitar la práctica anticompetitiva adelantada por el agente del mercado, lo que varía, dependiendo de la acción ejecutada y la injerencia efectiva de esa acción u omisión en la comisión de la práctica anticompetitiva, es la graduación de la multa a imponerse. 

  

Atendiendo a que el sentido de las palabras contenidas en la ley debe ser el de su uso general o significado natural y obvio[29], los distintos verbos rectores deben entenderse desde su aproximación literal. Por ende, se puede apoyar la interpretación de los verbos rectores en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. A saber: 

  

• Colaborar significa "trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra”. Es posible deducir que una conducta colaborativa implica un trabajo conjunto de varios sujetos con una misma finalidad en un determinado proyecto o labor; 

  

• Facilitar significa "hacer fácil o posible la ejecución de algo o la consecución de un fin”. Lo anterior significa que el sujeto facilitador proporciona un cierto tipo de ayuda que, por su naturaleza, hace más cómoda o posible la realización de una determinada conducta o acción; 

  

• Autorizar significa "dar o reconocer a alguien facultad o derecho para hacer algo". Esta definición conlleva el otorgamiento de una potestad o permiso para la realización de una determinada acción; 

  

• Ejecutar significa "poner por obra algo”. La anterior definición consiste en que quien ejecuta es el sujeto activo de una acción que transforma la realidad material en un contexto específico. Así, la ejecución de la conducta se puede traducir en la realización o puesta en práctica de una determinada actividad o tarea; y, 

  

• Tolerar significa "permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente". Así, el sujeto activo que tolera, está incurso en una conducta omisiva al condescender en el acaecimiento de un comportamiento calificado como ilegal, lo cual implica la aquiescencia o el beneplácito, por vía pasiva, respecto de tal comportamiento. 

  

Vale la pena recordar que la responsabilidad personal a que alude el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, emana de un comportamiento (acción u omisión) de la persona natural en cuestión. La precisión efectuada reviste especial importancia, si se tiene en cuenta que lo previsto en el numeral 16 ya mencionado no exige que las personas naturales que resulten incursas en el comportamiento descrito ejecuten directamente el acto. 

  

En esta medida, la responsabilidad de una persona que coadyuve a la comisión de una práctica restrictiva, se desprende directamente de su actuar (vía acción u omisión), y no de la naturaleza de su cargo o vinculación con el agente de mercado sancionado. Esto quiere decir que la pertenencia o afiliación de una persona a una empresa, en calidad de representante legal, miembro de junta directiva y, en general, de administrador, no implica automáticamente su responsabilidad por la comisión de la conducta anticompetitiva. 

  

Una vez clara la infracción al régimen por parte del agente del mercado se podrá sancionar a quien lleve a cabo la ejecución de la conducta, o a aquel que la facilite en la medida en que, pudiendo o debiendo hacerlo, omitió adoptar medidas para evitar su realización o la permanencia de sus efectos. 

  

Es de aclarar que no es necesario que la persona esté directamente vinculada al agente de mercado infractor, pues el dinamismo de los mercados y las múltiples figuras jurídicas y de hecho han demostrado que la capacidad de influenciar la comisión de prácticas restrictivas de la competencia de un agente del mercado no se agota con la vinculación directa o formal de la persona con él, sino a su efectiva participación y capacidad de influenciar el actuar. 

  

Así las cosas, el desconocimiento de las personas naturales sobre la ilegalidad de su actuar no es excusa para exonerarse de su responsabilidad. Lo que verdaderamente importa es que con su actuar, bien sea por acción u omisión, hayan facilitado la comisión de la conducta anticompetitiva que se reprocha a los agentes del mercado investigados. Por ende, no existe responsabilidad objetiva de las personas naturales, pero tampoco la necesidad de demostrar una intención anticompetitiva, pues su responsabilidad no se desprende exclusivamente de la ejecución de la conducta con el pleno conocimiento ilegal de la misma, sino que puede atender a su omisión frente a su materialización cuando estaba dentro de sus posibilidades, en virtud de sus funciones, evitarla o interrumpirla. 

  

Por lo anterior, no es admisible el argumento de que sea necesario demostrar el dolo de las personas naturales a la hora de colaborar, tolerar, autorizar, ejecutar o facilitar conductas anticompetitivas, y la responsabilidad de cada una debe analizarse desde la óptica de su participación efectiva en la conducta sancionada, bien sea por acción u omisión. 

  

8.6. Responsabilidad de las personas naturales investigadas 

  

8.6.1. ERNESTINA EMILIA APARICIO FRANCO 

  

Comparte plenamente este Despacho las conclusiones de la Delegatura sobre la responsabilidad de ERNESTINA EMILIA APARICIO FRANCO, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Gerente de SILOE CASTING

  

El reconocimiento que hizo de haber tenido conocimiento de la celebración del "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING", en el que participó la empresa que representa, y la capacidad y funciones que se le atribuyen en su designación como Representante Legal de SILOE CASTING, dentro de las cuales se encontraban autorizar la celebración o ejecución de todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que estuvieran relacionadas directamente con el funcionamiento de SILOE CASTING, determinan su autorización y tolerancia para la celebración del convenio. 

  

Como lo reconoció, ERNESTINA EMILIA APARICIO FRANCO no firmó el convenio, pero recibía actualizaciones constantes de LUZ CARMELA DAZA VACA sobre el día a día de los negocios e incluso expresó haberlo conocido el acuerdo una vez se firmó. 

De todo lo anterior, se encuentra que ERNESTINA EMILIA APARICIO FRANCO autorizó y toleró la conducta investigada pues, en su condición de administradora, no obstante que conoció la celebración del "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" , no se opuso a su contenido ni desplegó comportamiento activo alguno que la desvinculara de los compromisos allí adquiridos. 

  

En conclusión, ERNESTINA EMILIA APARICIO FRANCO autorizó y toleró el "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" violatorio de las normas sobre protección a la libre competencia, de conformidad con el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, el cual es considerado contrario a la libre competencia, incurriendo en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, por haber autorizado y tolerado la celebración del acuerdo anticompetitivo acordado entre las agencias de casting investigadas. 

  

8.6.2. Responsabilidad de LUZ CARMELA DAZA VACA 

  

Comparte plenamente este Despacho las conclusiones de la Delegatura sobre la responsabilidad de LUZ CARMELA DAZA VACA, quien para la época de los hechos era la Subgerente y también Representante Legal de SILOE CASTING

  

LUZ CARMELA DAZA VACA suscribió directamente el "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" como pudo comprobarse con la prueba documental que obra en el expediente. De esta forma lo confirmó la investigada en diligencia del 30 de octubre de 2013: 

  

"(...) 

  

Despacho: ¿De acuerdo con las funciones que desempeña en la empresa, tiene conocimiento del convenio, de la concertación entre agencias de casting  

  

Luz Carmela Daza Vaca: Sí yo firmé el convenio de concertación porque también sentíamos que no había mucho orden, no había mucho control en este negocio que somos de los chiquitos que siempre les pasan un poco por encima y pues quisimos tratar de organizar un poco las cosas esa era la intención pero si estoy consciente del convenio. 

  

(...)" 

  

Por todo lo anterior, la Delegatura concluye que LUZ CARMELA DAZA VACA colaboró, facilitó y ejecutó -en términos de la conducta que por objeto se investiga- el "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" violatorio de las normas sobre protección a la libre competencia, toda vez que se trata de un acuerdo se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, el cual es considerado contrario a la libre competencia. En consecuencia, incurrió en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, por haber colaborado, facilitado y ejecutado la celebración del acuerdo anticompetitivo acordado entre las agencias de casting investigadas. 

  

8.6.3. Responsabilidad de ALEJANDRO CURREA FERREIRA 

  

Comparte plenamente este Despacho las conclusiones de la Delegatura sobre la responsabilidad de ALEJANDRO CURREA FERREIRA, quien para la época de los hechos era Representante Legal de ZOOMPRODUCCIONES

  

El reconocimiento que hizo de haber tenido conocimiento de la celebración del "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING", en el que participó la empresa que representa, y la capacidad y funciones que se le atribuyen en su designación como Representante Legal de ZOOMPRODUCCIONES dentro de las cuales se encontraban autorizar la celebración o ejecución de todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que estuvieran relacionadas directamente con el funcionamiento de ZOOMPRODUCCIONES, determinan su autorización y tolerancia para la celebración del convenio. 

  

En sus palabras, ALEJANDRO CURREA FERREIRA afirmó: 

  

"(...). 

  

Despacho: ¿Cuáles son las razones o usted tiene conocimiento del acuerdo de casting  

  

Alejandro Currea Ferreira: Tuve conocimiento que ya estaba firmado y notariado. No estaba en conocimiento que se estaba realizando y cuál era su contenido. 

  

(.. .)" . 

  

De todo lo anterior, se encuentra que ALEJANDRO CURREA FERREIRA autorizó y toleró la conducta investigada pues, en su condición de administrador, no obstante que conoció la celebración del "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" , no se opuso a su contenido ni desplegó comportamiento activo alguno que lo desvinculara de los compromisos allí adquiridos. 

  

En conclusión, ALEJANDRO CURREA FERREIRA autorizó y toleró el "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" violatorio de las normas sobre protección a la libre competencia, toda vez que se trata de un acuerdo que se encuentra se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, el cual es considerado contrario a la libre competencia. En consecuencia, incurrió en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, por haber autorizado y tolerado la celebración del acuerdo anticompetitivo acordado entre las agencias de casting investigadas. 

  

8.6.4. Responsabilidad de MARÍA FERNANDA CURREA FERREIRA 

  

Comparte plenamente este Despacho las conclusiones de la Delegatura sobre la responsabilidad de MARÍA FERNANDA CURREA FERREIRA, quien para la época de los hechos era Representante Legal Suplente de ZOOMPRODUCCI ONES

  

MARÍA FERNANDA CURREA FERREIRA no solo suscribió el "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" como pudo comprobarse con la prueba documental que obra en el expediente, sino que también colaboró con entrega de insumos para su redacción. De esta forma contestó en diligencia del 30 de octubre de 2013: 

  

"(...) 

  

Despacho: ¿Y frente a la competencia de competitividad de las agencias de casting, a que hacían referencia el convenio doctora  

  

María Fernanda Currea: No, ahí dice fomento a Ja libre competencia, concurrencia, compromiso de concluirse lealtad y buena fe, legalidad, transparencia, es que no... 

  

Despacho: ¿Ese documento fue redactado por los abogados  

  

María Fernanda Currea: Ese documento fue redactado por los abogados, nosotros nada hicimos, digamos como si en este momento estamos reunidos y yo les digo no es que no saben, en este momento ese mercado los contratos siempre nos toca firmarlos lo que el cliente quiere y uno le pone una cláusula y Jo devuelven, no lo firmo no le pago, entonces tal cual yo se lo transmití a los abogados para que ellos lo plasmaran de forma tal en que quedando en el documento, yo se los argumentaba digamos con contratos físicos mire estos son los contratos que nos pone, así tal cual era como con contratos y pues como con cada situación tratando algo de los ejemplos claros para ir redactando el documento, esa era la idea. 

  

(.. .)" . 

  

Así las cosas, MARÍA FERNANDA CURREA FERREIRA colaboró, facilitó y ejecutó -en términos de la conducta por objeto que se investiga- el "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING", violatorio de las normas sobre protección a la libre competencia, toda vez que se trata de un acuerdo que se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, el cual es considerado contrario a la libre competencia. En consecuencia, incurrió en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, por haber colaborado, facilitado y ejecutado la celebración del acuerdo anticompetitivo acordado entre las agencias de casting investigadas. 

  

8.6.5. Responsabilidad de ELIANA YAZMÍN GALÁN ZAMBRANO 

  

Comparte plenamente este Despacho las conclusiones de la Delegatura sobre la responsabilidad de ELIANA YAZMÍN GALÁN ZAMBRANO, quien para la época de los hechos era Representante Legal suplente de CARÁCTER PRODUCCIÓN

  

ELIANA YAZMÍN GALÁN ZAMBRANO suscribió el "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" como pudo corroborase con la prueba documental que obra en el expediente. De esta forma lo confirmó la investigada en su declaración: 

  

"(...) 

  

Despacho: De acuerdo con las funciones que usted desempeñaba en la empresa, ¿Tiene conocimiento del acuerdo de concertación entre agencias de casting  

  

Eliana Yazmín Galán Zambrano: Sí. 

  

Despacho: ¿Nos podría explicar cuáles fueron las razones para realizar este convenio y en qué consiste  

  

Eliana YAZMÍN Galán Zambrano: Nosotros estamos en Ja mitad, entre Jos modelos y el cliente y nosotros tenemos que ver que tanto los modelos como el cliente estén beneficiados y tengan todas las garantías necesarias de parte y parte, este convenio Jo hicimos para beneficiar tanto al modelo como al cliente en todo lo que yo les explicaba, es decir, con el modelo es explicarle a que tiene derechos y a que se está comprometiendo, y con el cliente es decirle, le estamos proponiendo un modelo, no está en la competencia, se está comprometiendo a estar en las fechas de los rodajes está firmando un contrato de exclusividad y se le está pagando la campaña al modelo de acuerdo los derechos que se están contratando. 

  

Este convenio era básicamente formalizar todo ese proceso que nosotros realizamos cotidianamente era simplemente decir, creemos que nosotros 5 somos agencias organizadas, legalmente constituidas, que trabajamos formalmente y legalmente como deben de ser legalmente, queremos organizarnos un poco para que dentro de esa informalidad que se vive en el proceso, no tengamos tantos inconvenientes como los sufrimos a diario... 

  

(.. .)" 

  

Así las cosas, ELIANA YAZMÍN GALÁN ZAMBRANO colaboró, facilitó y ejecutó -en términos de la conducta que por objeto se investiga- el "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING", violatorio de las normas sobre protección a la libre competencia, toda vez que se trata de un acuerdo que se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, el cual es considerado contrario a la libre competencia. En consecuencia, incurrió en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, por haber colaborado, facilitado y ejecutado la celebración del acuerdo anticompetitivo acordado entre las agencias de casting investigadas. 

  

8.6.6. Responsabilidad de WILLIAM MANUEL BELLO GARZÓN 

  

Comparte plenamente este Despacho las conclusiones de la Delegatura sobre la responsabilidad de WILLIAM MANUEL BELLO GARZÓN, quien para la época de los hechos era Representante Legal de LION PRODUCCIONES

  

WILLIAM MANUEL BELLO GARZÓN suscribió el "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" como pudo corroborarse con la prueba documental que obra en el Expediente. De esta forma lo confirmó el investigado en la diligencia del 5 de noviembre de 2013[30]

  

" (...) 

  

Despacho: Cuéntenos un poquito sobre el convenio de concertación entre agencias de casting, usted lo suscribió 

  

William Manuel Bello Garzón: ¿Suscribirlo es  

  

Despacho: Es firmarlo 

  

William Manuel Bello Garzón: Yo lo firmé, yo lo firmé, nosotros cuando..., nosotros cuando resolvimos como encontrarnos con la competencia para. . . para ver que hacíamos porque normalmente un comercial tenia, una taza, una parte de esto honorarios por. . . por... por... reali. . . por día de filmación, y si ese comercial tenía usos de derechos de imagen, por decir ese comercia/ va para edición cable internet, pues tenía unos derechos adicionales. 

  

(...) 

  

Despacho: ¿Señor BELLO quien realizó este convenio ¿Quién lo elaboró William Manuel Bello Garzón: Nosotros visitamos varios abogados Despacho: ¿Usted recuerda los nombres de estos abogados  

  

William Manuel Bello Garzón: Mmmm... mmm... no recuerdo los nombres pero si podría, si usted me da un plazo yo le consigo la dirección y el sitio de los abogados que visitamos para que para que los tenga ahí, pero visitamos varios y todos dijeron que si y muchos nos parecieron chéveres y toda la cosa pero cuando pasaban la cotización económica de lo que valía Jo que iban a hacer lo que inicialmente íbamos a hacer como asociación, algo que buscara que propendiera por la defensa de nuestros derechos, nos salía muy caro, finalmente aparecieron los abogados que nosotros contratamos cosa tenaz porque baratos entre comillas baratos pero que además eran profesores universitarios, nos parecía perfecto, profesores universitarios con experiencia y esos son. 

  

(...)" . 

  

Así las cosas, WILLIAM MANUEL BELLO GARZÓN colaboró, facilitó y ejecutó el "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING" , violatorio de las normas sobre protección a la libre competencia, toda vez que se trata de un acuerdo comprendido en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, el cual es considerado contrario a la libre competencia. En consecuencia, incurrió en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, por haber colaborado, facilitado y ejecutado la celebración del acuerdo anticompetitivo acordado entre las agencias de casting investigadas. 

  

NOVENO: Monto de la sanción. 

  

Para efectos de determinar el monto de la sanción a imponer por la violación a las normas de competencia, es preciso resaltar que de conformidad con el principio de proporcionalidad que orienta el derecho administrativo sancionador, la autoridad administrativa debe ejercer su potestad sancionadora en forma razonable y proporcionada, de modo que logre el equilibrio entre la sanción y la finalidad de la norma que establezca, así como la proporcionalidad entre el hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. 

  

Sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en sanciones administrativas, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: 

  

"En cuanto al principio de proporcionalidad en materia sancionatoria administrativa, éste exige que tanto la falta descrita como la sanción correspondiente a la misma resulten adecuadas a los fines de la norma, esto es, a la realización de los principios que gobiernan la función pública. Respecto de la sanción administrativa, la proporcionalidad implica también que ella no resulte excesiva en rigidez frente a la gravedad de la conducta, ni tampoco carente de importancia frente a esa misma gravedad”[31]. 

  

Es así como, para la adecuación razonable y proporcional de los hechos y la sanción aplicable, el operador jurídico debe en primer lugar analizar la gravedad de la falta, así como los efectos que la misma pudo haber generado en el mercado y el beneficio que pudo obtener el infractor, para luego analizar otras circunstancias concurrentes de graduación de la sanción, tales como la capacidad económica del investigado, la reiteración de la infracción, colaboración del investigado para esclarecer los hechos investigados, actuación procesal, etc. 

  

Por lo anterior, este Despacho tuvo en cuenta todos aquellos criterios de dosificación que exige la Ley 1340 de 2009. Para ilustrar a los recurrentes de mejor forma, pasa esta Superintendencia a explicar cómo aplicó cada uno de estos criterios. 

  

9.1. Dosificación de la multa de los agentes del mercado investigados Establece el Artículo 25 de la Ley 1340 de 20089 lo siguiente: 

  

"Artículo 25. Monto de las multas a personas jurídicas. El numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992 quedará así: 

  

Por violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia, incluidas la omisión en acatar en debida forma las solicitudes de información, órdenes e instrucciones que imparta, la obstrucción de las investigaciones, el incumplimiento de las obligaciones de informar una operación de integración empresarial o las derivadas de su aprobación bajo condiciones o de la terminación de una investigación por aceptación de garantías, imponer, por cada violación y a cada infractor, multas a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio hasta por la suma de 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes o, si resulta ser mayor, hasta por el 150% de la utilidad derivada de la conducta por parte del infractor.  

Para efectos de graduar la multa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

  

1. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado. 

2. La dimensión del mercado afectado. 

3. El beneficio obtenido por el infractor con la conducta. 

4. El grado de participación del implicado. 

5. La conducta procesal de los investigados. 

  

6. La cuota de mercado de la empresa infractora, así como la parte de sus activos y/o de sus ventas involucrados en la infracción. 

7. El Patrimonio del infractor. 

  

PARÁGRAFO. Serán circunstancias de agravación para efectos de la graduación de la sanción. La persistencia en la conducta infractora; la existencia de antecedentes en relación con infracciones al régimen de protección de la competencia o con incumplimiento de compromisos adquiridos o de órdenes de las autoridades de competencia; el haber actuado como líder, instigador o en cualquier forma promotor de la conducta. La colaboración con las autoridades en el conocimiento o en la investigación de la conducta será circunstancia de atenuación de la sanción.". 

  

Respecto del impacto que la conducta tenga sobre el mercado, este elemento de dosificación no resulta aplicable plenamente en estos casos de conductas por objeto, pues como su propia definición lo establece, esta ocurre precisamente cuando el efecto en el mercado no pudo causarse. 

  

En cuanto al criterio de la dimensión del mercado sobre el cual pudo haberse desarrollado la conducta anticompetitiva investigada, se tuvo en cuenta que, pese a que las investigadas están domiciliadas en Bogotá, prestan sus servicios en todo el país. En consecuencia, el mercado potencialmente afectado era el de los servicios de casting ofrecidos por las agencias de casting, el cual comprende, la prestación del servicio de selección de modelos con fines publicitarios y su representación a nivel nacional. 

  

En cuanto al beneficio obtenido por el infractor con su conducta, y tratándose de una conducta que se quedó en el objeto, no resulta aplicable este criterio. 

  

Respecto del grado de participación del implicado, se tuvo en cuenta que la actuación de las sancionadas fue clara y directamente encaminada a fijar los precios y tarifas que cobrarían por sus servicios y los de sus modelos representados. Así, la participación de cada uno de los agentes de mercado fue total, desde la planeación del convenio hasta su suscripción 

  

Frente a la conducta procesal de la investigada, su adecuada conducta procesal genera un efecto neutro en la dosificación de la multa a las sancionadas, ya que ejercieron su derecho de defensa y contradicción sin que se presentara ninguna conducta procesal que condujera a la agravación de la sanción. 

  

Frente a la cuota de mercado de Ja empresa infractora, así como la parte de sus activos y/o de sus ventas involucrados en la infracción, es importante mencionar que tal y como fue explicado por la Delegatura en el Informe Motivado, la alta sustituibilidad de los servicios prestados por las agencias de casting no permite verificar cuotas de participación confiables de los agentes que desarrollan esta actividad a nivel nacional, máxime si se tiene en cuenta que fue acreditado que prácticamente cualquier persona puede realizar este tipo de actividades con un mínimo de conocimientos o de inversión. En todo caso, precisamente por lo anterior, este Despacho no es ajeno al hecho que las investigadas tengan bajas cuotas de participación, lo cual se tendrá en cuanta al momento de imponer la sanción. 

  

9.2. Dosificación de la multa de las personas naturales investigadas 

  

Por su parte, y respecto a las personas naturales, la Superintendencia tuvo en cuenta los criterios definidos en el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, el cual establece lo siguiente: 

  

"Artículo 26. Monto de las multas a personas naturales. El numeral 16 del artículo 4o del Decreto 2153 de 1992 quedará así: 

  

"Imponer a cualquier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere conductas vio/atarías de las normas sobre protección de la competencia a que se refiere la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y normas que la complementen o modifiquen, multas hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

  

Para efectos de graduar la multa, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

  

1. La persistencia en la conducta infractora. 

2. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado. 

3. La reiteración de la conducta prohibida. 

4. La conducta procesal del investigado, y 

5. El grado de participación de la persona implicada. 

  

Parágrafo. Los pagos de las multas que la Superintendencia de Industria y Comercio imponga conforme a este artículo, no podrán ser cubiertos ni asegurados o en general garantizados, directamente o por interpuesta persona, por la persona jurídica a la cual estaba vinculada la persona natural cuando incurrió en la conducta; ni por la matriz o empresas subordinadas de esta; ni por las empresas que pertenezcan al mismo grupo empresarial o estén sujetas al mismo control de aquella." 

  

Frente a la persistencia en la conducta infractora, este Despacho tuvo en cuenta que se trató de una conducta por objeto, que no se demostró que haya sido aplicada. 

  

En cuanto al impacto de Ja conducta en el mercado, esta Entidad aplicó las mismas conclusiones que sobre el mismo elemento de dosificación hizo cuando analizó los criterios de dosificación definidos en el artículo 25 aplicado a los agentes del mercado sancionados. 

  

Sobre la reiteración de Ja conducta prohibida, se tuvo en cuenta que esta es la primera sanción que se les imponía a estas personas por conductas restrictivas de la competencia. Esta ausencia de antecedentes administrativos sobre la materia implicó que la Superintendencia no agravara la sanción que les impuso, ya que no eran reincidentes en la facilitación para la comisión de prácticas restrictivas de la competencia. 

  

Al igual que en el caso del impacto de la conducta en el mercado, este Despacho tuvo en cuenta los mismos criterios que aplicó a las personas jurídicas sancionadas cuando analizó la conducta procesal de las personas naturales. 

  

Por último, y respecto al grado de participación de la persona implicada, esta Autoridad de competencia tuvo en cuenta las consideraciones expuestas en acápites anteriores de la presente Resolución 

  

En virtud de lo anterior, este Despacho encuentra procedente imponer a las personas jurídicas y personas naturales investigadas las siguientes sanciones: 

  

9.3. Sanciones a los agentes del mercado investigados 

  

9.3.1. SILOE CASTING 

  

Para SILOE CASTING, una multa de TRECE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE($13.099.645.oo) equivalentes a DIECINUEVE SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES(19 S.M.L.M.V). La anterior sanción equivale al 5% aprox. del patrimonio y al 0.019% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

9.3.2. ZOOMPRODUCCI ONES 

  

Para ZOOMPRODUCCIONES, una multa de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.236.375.oo) equivalentes a VEINTICINCO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (25 S.M.L.M.V). La anterior sanción equivale al 5% aprox. del patrimonio y al 0.025% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

9.3.3. CARÁCTER PRODUCCIÓN 

  

Para CARÁCTER PRODUCCIÓN, una multa de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($689.455.oo) equivalentes a UN SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUA VIGENTE (1 S.M.L.M.V). La anterior sanción equivale al 5% aprox. del patrimonio y al 0.001% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

9.3.4. LION PRODUCCIONES 

  

Para LION PRODUCCIONES, una multa de ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO ($11.720.735.oo) equivalentes a DIECISIETE SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (17 S.M.L.M.V). La anterior sanción equivale al 5% aprox. del patrimonio y al 0.017% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

9.3.5. ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ como propietario del establecimiento de comercio MANTICORA CASTING 

  

Para ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ como propietario del establecimiento de comercio MANTICORA CASTING, una multa de CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.515.640.oo) equivalentes a OCHO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (8 S.M.L.M.V). La anterior sanción equivale al 5% aprox. del patrimonio y al 0.008% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 15 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009. 

  

9.4. Sanciones a las personas naturales investigadas 

  

Para ERNESTINA EMILIA APARICIO FRANCO (Representante Legal de SILOE CASTING), DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.067.000.oo) equivalentes a TRES SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (3 S.M.L.M.V). La anterior sanción equivale al 5% aprox. de sus ingresos brutos de 2012 y al 0.003% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009. 

  

Para LUZ CARMELA DAZA VACA (Subgerente de SILOE CASTING), una multa de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.757.820.oo) equivalentes a CUATRO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (4 S.M.L.M.V). La anterior sanción equivale al 5% aprox. de sus ingresos brutos de 2012 y al 0.004% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009. 

  

Para ALEJANDRO CURREA FERREIRA (Representante Legal de ZOOMPRODUCCI ONES), DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.067.000.oo) equivalentes a TRES SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (3 S.M.L.M.V). La anterior sanción equivale al 5% aprox. de sus ingresos brutos de 2012 y al 0.003% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009. 

  

Para MARÍA FERNANDA CURREA FERREIRA (Representante Legal Suplente de ZOOMPRODUCCIONES), DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.067.000.oo) equivalentes a TRES SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (3 S.M.L.M.V). La anterior sanción equivale al 5% aprox. de sus ingresos brutos de 2012 y al 0.003% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009. 

  

Para ELIANA YAZMÍN GALÁN ZAMBRANO (Representante Legal de CARÁCTER PRODUCCIÓN), una multa de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.757.820.oo) equivalentes a CUATRO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (4 S.M.L.M.V). La anterior sanción equivale al 0.004% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009. 

  

Para WILLIAM MANUEL BELLO GARZÓN (Representante Legal de LION PRODUCCIONES), una multa de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.757.820.oo) equivalentes a CUATRO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (4 S.M.L.M.V). La anterior sanción equivale al 5% aprox. de sus ingresos brutos de 2012 y al 0.003% de la multa máxima potencialmente aplicable, de acuerdo con el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009. 

  

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

  

RESUELVE: 

  

  


ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR que SILOE CASTING COLOMBIA S.A.S. identificada con NIT 900.360.235-2, violó la libre competencia por haber actuado en contravención de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, en los términos establecidos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

  

En consecuencia, IMPONER una multa a SILOE CASTING COLOMBIA S.A.S. identificada con NIT 900.360.235-2, de TRECE MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($13.099.645.oo) equivalentes a DIECINUEVE SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (19 S.M.L.M.V)

  

Parágrafo: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio - Formato de Recaudo Nacional, Código de referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el número del expediente y el número de la presente resolución. El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución. 

  

Vencido el término de pago aquí establecido se causarán intereses moratorias a la tasa del 12% anual, liquidados por días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se efectúe dicha liquidación. 

  


ARTÍCULO SEGUNDO.DECLARAR que ZOOMPRODUCCIONES LTDA. identificada con NIT 900.189.419-9, violó la libre competencia por haber actuado en contravención de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, en los términos establecidos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

  

En consecuencia, IMPONER una multa a ZOOMPRODUCCIONES LTDA. identificada con NIT 900.189.419-9, de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.236.375.oo) equivalentes a VEINTICINCO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (25 S.M.L.M.V)

  

Parágrafo: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio -:-- Formato de Recaudo Nacional, Código de referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el número del expediente y el número de la presente resolución. El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución. 

  

Vencido el término de pago aquí establecido se causarán intereses moratorias a la tasa del 12% anual, liquidados por días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se efectúe dicha liquidación. · 

  


ARTÍCULO TERCERO. DECLARAR que CARÁCTER PRODUCCIÓN DE TALENTO S.A.S. identificada con NIT 900.343.940-5, violó la libre competencia por haber actuado en contravención de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, en los términos establecidos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

  

En consecuencia, IMPONER una multa a CARÁCTER PRODUCCIÓN DE TALENTO S.A.S identificada con NIT 900.343.940-5, de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($689.455.oo) equivalentes a UN SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUA VIGENTE (1 S.M.L.M.V). 

  

Parágrafo: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio - Formato de Recaudo Nacional, Código de referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el número del expediente y el número de la presente resolución. El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución. 

  

Vencido el término de pago aquí establecido se causarán intereses moratorias a la tasa del 12% anual, liquidados por días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se efectúe dicha liquidación. · 

  


ARTÍCULO CUARTO.DECLARAR que LION PRODUCCIONES S.A. identificada con NIT 830.078.696-2, violó la libre competencia por haber actuado en contravención de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, con la celebración del "CONVENIO DE CONCERTACIÓN ENTRE AGENCIAS DE CASTING", en los términos establecidos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

  

En consecuencia, IMPONER una multa a LION PRODUCCIONES S.A. identificada con NIT 830.078.696-2, de ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO ($11.720.735.oo) equivalentes a DIECISIETE SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (17 S.M.L.M.V). 

  

Parágrafo: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio - Formato de Recaudo Nacional, Código de referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el número del expediente y el número de la presente resolución. El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución. 

  

Vencido el término de pago aquí establecido se causarán intereses moratorias a la tasa del 12% anual, líquidados por días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se efectúe dicha liquidación. 

  


ARTÍCULO QUINTO.DECLARAR que ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.764.961, como propietario del establecimiento de comercio MANTICORA CASTING, violó la libre competencia por haber actuado en contravención de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, en los términos establecidos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

  

En consecuencia, IMPONER una multa a ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.764.961, como propietario del establecimiento de comercio MANTICORA CASTING, de CINCO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.515.640.oo) equivalentes a OCHO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (8 S.M.L.M.V). 

  

Parágrafo: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio - Formato de Recaudo Nacional, Código de referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el número del expediente y el número de la presente resolución. El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución. 

  

Vencido el término de pago aquí establecido se causarán intereses moratorias a la tasa del 12% anual, líquidados por días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se efectúe dicha liquidación. 

  


ARTÍCULO SEXTO.DECLARAR que ERNESTINA EMILIA APARICIO FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.167.411, incurrió en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 al autorizar y tolerar la conducta anticompetitiva sancionada, en los términos establecidos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

  

En consecuencia, IMPONER a ERNESTINA EMILIA APARICIO FRANCO, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.167.411, una multa de DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.067.000.oo) equivalentes a TRES SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (3 S.M.L.M.V). 

  

Parágrafo: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio - Formato de Recaudo Nacional, Código de referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el número del expediente y el número de la presente resolución. El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución. 

  

Vencido el término de pago aquí establecido se causarán intereses moratorias a la tasa del 12% anual, liquidados por días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se efectúe dicha liquidación. 

  


ARTÍCULO SÉPTIMO.DECLARAR que LUZ CARMELA DAZA VACA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.800.893, incurrió en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 al colaborar, facilitar y ejecutar la conducta anticompetitiva sancionada, en los términos establecidos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

  

En consecuencia, IMPONER a LUZ CARMELA DAZA VACA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.800.893, una multa de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.757.820.oo) equivalentes a CUATRO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (4 S.M.L.M.V). 

  

Parágrafo: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio - Formato de Recaudo Nacional, Código de referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el número del expediente y el número de la presente resolución. El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución. 

  

Vencido el término de pago aquí establecido se causarán intereses moratorios a la tasa del 12% anual, liquidados por días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se efectúe dicha liquidación. 

  


ARTÍCULO OCTAVO.DECLARAR que ALEJANDRO CURREA FERREIRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.082.405, incurrió en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 al autorizar y tolerar la conducta anticompetitiva sancionada, en los términos establecidos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

  

En consecuencia, IMPONER a ALEJANDRO CURREA FERREIRA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.082.405, una multa de DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.067.000.oo) equivalentes a TRES SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (3 S.M.L.M.V). 

  

Parágrafo: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio - Formato de Recaudo Nacional, Código de referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el número del expediente y el número de la presente resolución. El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución. 

  

Vencido el término de pago aquí establecido se causarán intereses moratorias a la tasa del 12% anual, liquidados por días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se efectúe dicha liquidación. 

  


ARTÍCULO NOVENO.DECLARAR que MARÍA FERNANDA CURREA FERREIRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.700.174, incurrió en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 con relación de lo dispuesto en el numeral 1del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, al colaborar, facilitar y ejecutar la conducta anticompetitiva sancionada, en los términos establecidos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

  

En consecuencia, IMPONER a MARÍA FERNANDA CURREA FERREIRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.700.174, una multa de DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.067.000.oo) equivalentes a TRES SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (3 S.M.L.M.V). 

  

Parágrafo: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio - Formato de Recaudo Nacional, Código de referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el número del expediente y el número de la presente resolución. El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución. 

  

Vencido el término de pago aquí establecido se causarán intereses moratorias a la tasa del 12% anual, liquidados por días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se efectúe dicha liquidación. 

  


ARTÍCULO DÉCIMO. DECLARAR que ELIANA YAZMÍN GALÁN ZAMBRANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.216.091, incurrió en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 con relación de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, al colaborar, facilitar y ejecutar la conducta anticompetitiva sancionada, en los términos establecidos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

  

En consecuencia, IMPONER a ELIANA YAZMÍN GALÁN ZAMBRANO, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.216.091, una multa de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.757.820.oo) equivalentes a CUATRO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (4 S.M.L.M.V)

  

Parágrafo: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio - Formato de Recaudo Nacional, Código de referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el número del expediente y el número de la presente resolución. El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución. 

  

Vencido el término de pago aquí establecido se causarán intereses moratorias a la tasa del 12% anual, liquidados por días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se efectúe dicha liquidación. 

  


ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. DECLARAR que WILLIAM MANUEL BELLO GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.250.928, incurrió en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009 con relación de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, al colaborar, facilitar y ejecutar la conducta anticompetitiva sancionada, en los términos establecidos en la parte considerativa de la presente Resolución. 

  

En consecuencia, IMPONER a WILLIAM MANUEL BELLO GARZÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.250.928, una multa de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.757.820.oo) equivalentes a CUATRO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (4 S.M.L.M.V)

  

Parágrafo: El valor de la sanción pecuniaria que por esta resolución se impone, deberá consignarse en efectivo o en cheque de gerencia en el Banco de Bogotá, Cuenta Corriente No. 062-754387, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio - Formato de Recaudo Nacional, Código de referencia para pago No. 03. En el recibo deberá indicarse el número del expediente y el número de la presente resolución. El pago deberá acreditarse ante la pagaduría de esta Superintendencia, con el original de la consignación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta resolución. 

  

Vencido el término de pago aquí establecido se causarán intereses moratorias a la tasa del 12% anual, liquidados por días en forma proporcional, lo que le generará un saldo en su contra, por ello, resulta de suma importancia acercarse a la Dirección Administrativa y Financiera a efectos de que se efectúe dicha liquidación. 

  


ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. ORDENAR a SILOE CASTING COLOMBIA S.A.S., ZOOMPRODUCCIONES LTDA, CARÁCTER PRODUCCIÓN DE TALENTO S.A.S., LION PRODUCCIONES S.A., ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ como propietario del establecimiento de comercio MANTICORA CASTING, ERNESTINA EMILIA APARICIO FRANCO, LUZ CARMELA DAZA VACA, ALEJANDRO CURREA FERREIRA, MARÍA FERNANDA CURREAFERREIRA, ELIANA YAZMÍN GALÁN ZAMBRANO y WILLIAM MANUEL BELLO GARZÓN, que en aplicación del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 156 del Decreto 19 de 2012, que dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente decisión, realicen la publicación del siguiente texto: 

  

"Por instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, SILOE CASTING COLOMBIA S.A.S., ZOOMPRODUCCIONES LTDA., CARÁCTER PRODUCCIÓN DE TALENTO S.A.S., LION PRODUCCIONES S.A., ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ como propietario del establecimiento de comercio MANTICORA CASTING, ERNESTINAEMILIA APARICIO FRANCO, LUZ CARMELA DAZA VACA, ALEJANDRO CURREAFERREIRA, MARÍA FERNANDA CURREA FERREIRA, ELIANA YAZMÍN GALÁN ZAMBRANO y WILLIAM MANUEL BELLO GARZÓN, informan que: 

  

Mediante Resolución expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, se impuso una sanción contra SILOE CASTING COLOMBIA S.A.S., ZOOMPRODUCCIONES LTDA, CARÁCTER PRODUCCIÓN DE TALENTO S.A.S., LION PRODUCCIONES S.A., ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ como propietario del establecimiento de comercio MANTICORA CASTING, ERNESTINA EMILIA APARICIO FRANCO, LUZ CARMELA DAZA VACA, ALEJANDRO CURREA FERREIRA, MARÍA FERNANDA CURREA FERREIRA, ELIANA YAZMÍN GALÁN ZAMBRANO y WILLIAM MANUEL BELLO GARZÓN, por haber infringido lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 y haber incurrido en la responsabilidad prevista en el numeral 16 del artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, modificado por el numeral 26 de la Ley 1340 de 2009.  

  

Lo anterior, en cumplimiento del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009." 

  

Parágrafo. La publicación deberá realizarse en un lugar visible de un diario de amplia circulación regional y remitirse la respectiva constancia a esta Superintendencia, dentro de los siguientes diez (10) días siguientes a la fecha de la publicación. 

  

Parágrafo 2. La ausencia de publicación o la no remisión de la constancia de la misma dentro de los términos indicados, podrá ocasionar la responsabilidad tipificada en el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009 en cabeza de las personas o entidades a quienes se les impuso dicha carga, en cuanto se considerará una omisión en acatar en debida forma las órdenes impartidas por esta Superintendencia. 

  


ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente Resolución a SILOE CASTING COLOMBIA S. A. S., ZOOMPRODUCCIONES LTOA, CARÁCTER PRODUCCIÓN DE TALENTO S. A. S., LION PRODUCCIONES S. A., ERIK ALEXÁNDER AGUILAR NARVÁEZ como propietario del establecimiento de comercio MANTICORA CASTING, ERNESTINA EMILIA APARICIO FRANCO, LUZ CARMELA DAZA VACA, ALEJANDRO CURREA FERREIRA, MARÍA FERNANDA CURREA FERREIRA, ELIANA YAZMÍN GALÁN ZAMBRANO y WILLIAM MANUEL BELLO GARZÓN, entregándoles copia de la misma e informándoles que en su contraprocede recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 del Decreto 1 de 1984, se podrá interponer dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. 

  


ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.PUBLICAR una vez en firme la presente decisión, en la página Web de la Entidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 156 del Decreto 19 de 2012. 

  

  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D.C., el 23 MAY 2016 

  

  

PABLO ENRIQUE ROBLEDO DEL CASTILLO 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

  

  

  

[1] Mediante el cual se modificó el Decreto 3523 de 2009, a su vez modificado por el Decreto 1687 de 2010. 

[2] Modificado por el Decreto 019 de 2012. 

[3] Folios 1774 a 1781 del Cuaderno Público No. 5 del Expediente. Entiéndase que en la presente Resolución cuando se hace referencia al Expediente, el mismo corresponde al radicado con el No. 12-86114. 

[4] Decreto 2153 de 1992, artículo 52, modificado por el artículo 155 del Decreto 19 de 2012. 

[5] Folios 1825 a 1836 del Cuaderno Público No. 6 del Expediente. 

[6] Folios 1825 a 1836 del Cuaderno Público No. 6 del Expediente y Folios 2881 a 2887 del Cuaderno Público No. 11 del Expediente. 

[7] Folios 2924 a 2926 del Cuaderno Público No. 11 del Expediente. 

[8] Folios 3053 a 3061 del Cuaderno Público No. 12 del Expediente. 

[9] Folios 3013 a 3028 del Cuaderno Público No. 12 del Expediente. 

[10] Folios 3259 a 3314 del Cuaderno Público No. 13 del Expediente. 

[11] Mediante el cual se modificaron los Decretos 3523 de 2009 y 1687 de 2010. 

[12] Folio 63 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

[13] Según el acuerdo preforma anexo al "CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE AGENCIAS DE CASTING”, el porcentaje por representación que recibirían las agencias de casting corresponde al 30% del valor neto recibido por el modelo. 

[14] Folio 292 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

[15] Véase: http://www.rues.org.co. Acceso Privado. 

[16] Folio 19 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

[17] Folios 21 a 23 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

[18] Folios 41 a 48 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

[19] Esta Superintendencia explicó en la Resolución 103652 de 2015, la importancia que tiene la competencia para una economía de mercado, en los siguientes términos: "Es así como, protegiendo la competencia y rivalidad entre las empresas en los mercados, se garantiza una condición más equitativa para todos los colombianos. En las economías de mercado como la nuestra, la competencia es un factor dinamizador del desarrollo económico. al paso que la evidencia empírica ha demostrado que las economías con mercados domésticos competitivos. tienen niveles v tasas más altas de crecimiento en su ingreso per cápita respecto de aquellas en que no se hace una eficaz y eficiente protección de la competencia" (Subrayado fuera del texto) 

[20] Folios 26 a 27 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

[21] Folio 25 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

[22] Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 103652 del 30 de diciembre de 2015. Hoja 75. 

[23] Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia del 28 de enero de 201O, exp. 25000-23-24-000-2001-00364-01. 

[24] Folios 25 a 26 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

[25] Folios 26 a 27 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 

[26] Folios 2899 y 2902 del Cuaderno Público No. 11 del Expediente. 

[27] Folio 370 a 373 del Cuaderno Público No. 2 del Expediente. 

[28] http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/abreviaturas Consultada el 1 de febrero de 2016. La Real Academia Española (RAE), recoge en un apéndice las abreviaturas convencionales más usuales en español. 

[29] Artículo 28 de la Ley 57 de 1887: "Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal". 

[30] Folio 2525 del Cuaderno Público No. 9 del Expediente. 

[31] Corte Constitucional, Magistrado Ponente: MARCO GERARDO MONROY CABRA, Sentencia C-125 del 18 de febrero de 2003, Expediente: D-4059.