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Boletín Edición 2:
Edición No. 002 - 2020 |
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Estas son las medidas fijadas por el Gobierno para contener el COVID-19
Con base en la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, ante la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, el Gobierno nacional ha expedido más de quince decretos legislativos, y alrededor de otros 20, en ejercicio de facultades ordinarias, los cuales impartieron una serie de medidas extraordinarias y urgentes encaminadas a contrarrestar la crisis en todos los sectores y ámbitos considerados esenciales. Además del aislamiento preventivo obligatorio decretado entre el pasado 25 de marzo y el próximo 13 de abril, se destacan el cierre de fronteras; la suspensión de desembarque de pasajeros procedentes del exterior, vía aérea; beneficios arancelarios y tributarios, como la flexibilización del calendario de declaración y pago de impuestos, la compensación del IVA a favor de población vulnerable, y la autorización a gobernadores y alcaldes para reorientar las rentas de destinación específica y reducir la tarifa de tributos territoriales; la reconexión y reinstalación del servicio de acueducto a suscriptores suspendidos o cortados; la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), destinado a solventar necesidades de recursos de atención en salud y de la economía productiva, y del Centro de Logística y Transporte; modificaciones en materia de contratación estatal y en la operación del Programa de Alimentación Escolar; la entrega de transferencias monetarias adicionales a hogares en condición de pobreza; cambios en la prestación del servicio a cargo de comisarías de familia y de telecomunicaciones; la concesión de auxilios a beneficiarios del Icetex, y la suspensión de términos en actuaciones administrativas y judiciales, entre otras acciones. |
Descuento por votaciones será transferido a instituciones oficiales de educación superior
Con la sanción de la Ley 2019 del 2020, el Gobierno reconocerá a las instituciones públicas de educación superior el valor de los descuentos hechos por votaciones. Este descuento equivale al 10% de la matrícula del estudiante, si este acredita haber sufragado en los últimos comicios, lo cual es efectivo para todos los periodos académicos adelantados hasta las siguientes elecciones. |
Modifican reglamentación de facturación electrónica
El Decreto 358 del pasado 5 de marzo, reglamentario del Estatuto Tributario, las leyes 962 del 2005 y 1607 del 2012, y el Decreto 1625 del 2016, regula lo concerniente a la factura electrónica de venta, las notas débito y crédito y demás documentos electrónicos utilizados en materia tributaria. La norma aclara los requisitos exigidos, los sujetos obligados, la forma de transmisión y divulgación, y la validación de sus proveedores electrónicos. |
Adoptan Código de Integridad del Servicio Público Colombiano
El Congreso expidió el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano, con el propósito de que las entidades estatales lo implementen y complementen autónomamente. La Ley 2016 de 27 de febrero pasado también creó el Sistema Nacional de Integridad, a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública. |
Incremento salarial del 5.12% para servidores públicos
El Gobierno nacional expidió los decretos anuales de régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de las entidades y organismos del Estado del orden nacional, y fijó los límites máximos salariales para los servidores del orden territorial. El aumento salarial para este año, con retroactividad al 1° de enero del 2020, es del 5.12%, que comprende el incremento porcentual del IPC total en el 2019, certificado por el DANE, esto es, 3.80%, sumado al 1.32%, según el acuerdo logrado con los representantes de las centrales y federaciones sindicales de los empleados públicos. |
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Conscriptos no bachilleres pueden solicitar que prestación del servicio militar sea de 12 meses
Es desproporcionada la limitación establecida en el parágrafo 4° del artículo 13 de la Ley 1861 del 2017, que impedía a los jóvenes no bachilleres incorporados bajo la modalidad de servicio militar obligatorio de 18 meses solicitar el cambio del mismo a 12 meses. Al declarar la inexequibilidad de un aparte de dicha norma, la Corte Constitucional advirtió la necesidad de garantizar la igualdad en el ejercicio de la libertad para escoger la formación educativa a todas las personas que prestan el servicio militar obligatorio. Corte Constitucional, Comunicado 10, Sentencia C-084, feb. 27/20 |
Reparación en divorcio es viable, si se prueba violencia intrafamiliar
En sede de revisión de una tutela contra sentencia emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico, la Corte Constitucional aseveró que los jueces están obligados a aplicar la reparación efectiva prevista en la Convención de Belém do Pará, cuando se demuestra la causal de ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra, consagrada en el Código Civil. La sentencia de unificación de jurisprudencia señaló que los operadores jurídicos deben asegurar que la mujer víctima de violencia intrafamiliar tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios compensatorios justos. El alto tribunal exhortó al Congreso a regular el derecho a reparación ante violencia intrafamiliar. |
Restricción para ejercer cargo público por incumplir pago de multa es razonable
La restricción para ser nombrado o ascendido en un cargo público, por incumplir el pago de una multa impuesta bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante los seis meses siguientes a su imposición, es razonable. Así lo determinó la Corte Constitucional, al declarar exequible el numeral 2° del artículo 183 de la Ley 1801 del 2016. De acuerdo con la corporación, tal restricción procura garantizar los principios de sujeción y respeto de la ley, no es requisito para postularse o ingresar al concurso, ni es absoluta, pues contiene un límite temporal. Corte Constitucional, Comunicado 12, Sentencia C-093, mar. 3/20. |
Avalan contribución fiscal al arbitraje
La justicia arbitral es un privilegio que debe pagarse y costearse, por tanto, la contribución especial que grava las condenas fijadas en laudos arbitrales de contenido económico no contraría los mandatos de igualdad y equidad tributaria. Bajo este argumento, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 130 del Plan Nacional de Desarrollo (L.1955/19), que creó una contribución fiscal al arbitraje, destinada a la modernización, descongestión y bienestar de la administración de justicia. El alto tribunal destacó que es plausible la imposición de este gravamen, teniendo en cuenta que la administración de justicia estatal se financia a través de impuestos generales. Corte Constitucional, Comunicado 13, Sentencia C-109, mar. 11/20. |
Exequible prórroga de entrada en vigor del Código General Disciplinario
Hasta el 1° de julio del 2021 empezará a regir el Código General Disciplinario (L. 1952/19). La Corte Constitucional declaró exequible la prórroga de la entrada en vigencia de esta norma, ordenada por el artículo 140 del Plan Nacional de Desarrollo (L. 1955/19). La corporación afirmó que la inclusión de esta disposición en el Plan no vulnera la unidad de materia, pues las bases del mismo reflejan la necesidad de prorrogar el inicio de la vigencia de tal código, con el fin de asegurar la adecuación técnica, procedimental, logística, conceptual y de infraestructura tecnológica y física necesaria para su debida implementación. Corte Constitucional, Comunicado 12, Sentencia C-095, mar. 3/20 |
Competencia del Presidente para integrar terna de candidatos a Fiscal General es discrecional
La Sección Quinta del Consejo de Estado negó la nulidad del Decreto 1163 del 2019, derogatorio del Decreto 450 del 2016, que fijaba el trámite de integración de terna de candidatos a Fiscal General de la Nación. Según la decisión, el Presidente de la República, en uso de su facultad discrecional, puede variar la reglamentación referente a la conformación de la terna destinada a la elección del Fiscal General, siempre y cuando respete el artículo 249 de la Carta Política y el artículo 29 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, como ocurrió en este caso. Si bien es viable expedir reglamentaciones adicionales, estas no son inmodificables o inderogables, porque dependen directamente de las consideraciones del primer mandatario, quien tiene la atribución para integrar la terna y reformar el procedimiento aplicable, aclaró el alto tribunal. Consejo de Estado, Sentencia 11001032400020190031900, feb. 27/20. |
Corte Constitucional mantiene postura sobre despenalización parcial del aborto
En sentencias C-088 y C-089 del 2 de marzo pasado, la Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse de fondo frente a una demanda interpuesta contra el artículo 122 del Código Penal, que tipifica el aborto, y otra, que atacaba el artículo 90 del Código Civil, el cual regula la existencia legal de las personas. En opinión del alto tribunal, las razones expuestas por la demandante no cumplieron con los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia, suficiencia y claridad exigidos, esto es, la ineptitud sustantiva de la demanda. Con respecto a los cargos contra el Código Civil, la Corte consideró que operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, dictada en la Sentencia C-591 de 1995. Corte Constitucional, Comunicado 11, Sentencias C-088 y C-089, mar. 2/20. |
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Decretos de estado de emergencia pasan a control de constitucionalidad
La Corte Constitucional inició el trámite de revisión de constitucionalidad del Decreto 417 del 2020, que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, ante la pandemia causada por el COVID-19, así como lo hará frente a los decretos legislativos derivados tal declaratoria. En ese sentido, se destaca que el Decreto 469 del pasado 23 de marzo permitió a la Sala Plena de la corporación levantar la suspensión de términos ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura, si es necesario. En estos procesos, la Corte estudiará el cumplimiento de los requisitos formales de expedición y motivación de los actos, al igual que los requisitos materiales de validez de los mismos, es decir, los presupuestos fácticos, valorativos y de necesidad que fundamentaron la declaratoria de la emergencia. Corte Constitucional, RE-232. |
Cuestionada nuevamente la reforma tributaria
En menos de tres meses ha sido presentada más de una decena de demandas contra la Ley de Crecimiento Económico (L. 2010/19), reemplazo de la denominada Ley de Financiamiento (L. 1943/18), declarada inexequible por la Corte Constitucional, debido a vicios en su trámite legislativo. Entre ellas, se destaca una demanda que impugna setenta artículos de la Ley 2010, al considerar que esta reproduce disposiciones que ya fueron declaradas inconstitucionales. Corte Constitucional, Demanda D-13666. |
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