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Infografía Ventana al Derecho:

¿De qué se trata?

 

  

Es una medida que concede la detención preventiva y de prisión domiciliaría transitorias para evitar el contagio, propagación y consecuencias del coronavirus COVID-19.

¿A quiénes beneficia?

 

  

  1. A las personas que se encontraren cumpliendo medida de aseguramiento de detención preventiva en centros de detención transitoria o establecimientos carcelarios.
  2. A las personas condenadas a penas privativas de la libertad.

¿A todos los privados de la libertad?

¡No!

Estos son los beneficiarios:

 

  

  1. Personas que hayan cumplido 60 años de edad.
  2. Madre gestante o con hijo menor de tres (3) años de edad, dentro de los establecimientos penitenciarios.
  3. Personas en situación de internamiento carcelario que padezcan cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica, diabetes, insulinodependientes, trastorno pulmonar, anticoagulación, hepatitis B y C, hemofilia, entre otras.
  4. Personas con movilidad reducida.
  5. Personas condenadas o con medida de aseguramiento por delitos culposos.
  6. Condenados a penas privativas de la libertad de hasta cinco (5) años de prisión.
  7. Quienes hayan cumplido el cuarenta por ciento (40%) de la pena privativa de la libertad.
¿El término de la medida es indefinido?

 

  

No, es por seis (6) meses.

¿Cuál es el procedimiento?

 

  

1

2

Detención domiciliaria transitoria como sustitutiva de la detención preventiva

La prisión domiciliaria transitoria

Para el caso de personas cobijadas con medida de aseguramiento de detención preventiva en centros de detención transitoria como Estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata o en establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional.

Personas condenadas a pena privativa de la libertad en establecimiento penitenciario o carcelario.

El Director del INPEC, por medio de sus directores regionales y de establecimientos, verificará el cumplimiento de los requisitos y remitirá el listado junto con los soportes al Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales, quien de manera inmediata asignará por reparto a los Jueces de Control de Garantías, o al Juez que esté conociendo el caso. El Juez solicitará al fiscal la información y documentación que resulte necesaria para emitir la decisión (3 días). El Juez tiene 5 días para decidir. Comunicará por correo electrónico. De aplicar la medida, se suscribirá Acta de compromiso previo a la salida.

El Director del INPEC, por medio de las direcciones regionales y los directores de establecimientos, verificará el cumplimiento de los requisitos y remitirán a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el listado junto con los soportes para que dentro del término de cinco (5) días apliquen la medida. La decisión se notificará por correo electrónico. Se suscribirá Acta de compromiso previo a la salida.

 

Boletín Edición 3:

Edición

No. 003 - 2020

 
 

En crisis sanitaria, Minjusticia promueve virtualidad, suspensión de términos procesales y sustitución transitoria de pena de prisión

Ante la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, debido a la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió un paquete de normas tendientes a proteger el acceso efectivo a la justicia, el debido proceso y otros derechos fundamentales y garantías procesales. El Decreto 491 del 2020 reguló la continuidad, en medios virtuales, del arbitraje, conciliación y otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y, estableció reglas aplicables a las conciliaciones no presenciales ante la Procuraduría General de la Nación. También, se destaca el Decreto 564, que suspendió los términos de prescripción y caducidad de derechos, acciones, medios de control y presentación de demandas, al igual que los de inactividad para el desistimiento tácito y de duración del proceso. De igual forma, el Decreto 595 amplió la suspensión de términos del trámite de extradición, contemplados en la Ley 600 del 2000 y la Ley 906 del 2004. Por su parte, el Decreto 567 otorgó funciones jurisdiccionales a los procuradores de familia para conocer los procesos de adopción excluidos del levantamiento de la suspensión de términos judiciales, dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, y en los que aún no se ha admitido la demanda respectiva o los nuevos a tramitar, a través de medios digitales. Adicionalmente, el Decreto 545 suspendió el requisito de insinuación de donaciones a realizar ante notario, contenido en el inciso 1° del artículo 1458 del Código Civil. Finalmente, en el Decreto 546, se fijaron directrices relativas a la sustitución transitoria de la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por la prisión y detención domiciliaria en el lugar de residencia, aplicables a las personas privadas de la libertad en situación de mayor vulnerabilidad.

Decretos 491, 545, 546, 567 y 595, mar. 28 y abr. 13, 14, 15 y 25/20.

Ejecutivo amplía el aislamiento obligatorio

Con la finalidad de evitar el aumento del contagio del coronavirus COVID-19 y mantener el orden público en la emergencia sanitaria, el Gobierno nacional extendió, hasta el 11 de mayo, el aislamiento preventivo obligatorio, la suspensión de vuelos aéreos domésticos y la prohibición de consumo de bebidas embriagantes en espacio público. El Decreto 593 del 24 de abril también robusteció el catálogo de excepciones a la limitación de la circulación de personas, lo que posibilitó la reactivación de algunos sectores económicos, como la manufactura y la construcción. Por otra parte, se prorrogó el servicio militar obligatorio de quienes actualmente se encuentran en servicio, hasta por tres meses, con el objetivo de que el personal no licenciado apoye activamente las labores de seguridad y convivencia durante la crisis.

Decretos 531, 541 y 593, abr. 11, 13 y 24/20.

Expiden disposiciones en beneficio de trabajadores y la generación de empleo

Algunas de las nuevas normas expedidas por el Gobierno contemplan incentivos económicos a favor de trabajadores y productores del campo mayores de 70 años, y empleados que hayan cotizado a las cajas de compensación familiar; subsidio de emergencia como mecanismo de protección al cesante; promoción de la conservación del empleo; autorización del retiro de cesantías para compensar la reducción de ingresos mensuales; destinación de recursos de las cotizaciones de riesgos laborales a la atención de la propagación de la COVID-19; fortalecimiento patrimonial del Fondo Nacional de Garantías, en aras de respaldar la emisión de nuevos créditos y financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, al igual que a personas naturales que dejaron de percibir ingresos por ser trabajadores independientes o desempleados, y mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación de las empresas perjudicadas por la crisis, pues estas son consideradas unidades de explotación económica y fuentes generadoras de empleo.

Decreto 486, 488, 492, 552, 553 y 560, mar. 27 y 28 y abr. 15/20.

Servicios públicos y conectividad, prioridad en la emergencia

Para garantizar el acceso a servicios públicos domiciliarios y esenciales durante la emergencia sanitaria, el Gobierno ha facilitado que las empresas de agua, acueducto y alcantarillado puedan diferir los pagos hasta 36 meses y definir incentivos tarifarios para el pago oportuno. Del mismo modo, el Ministerio de Vivienda permite a las entidades territoriales asignar subsidios o asumir total o parcialmente el valor de tales servicios, según su nivel de recursos y liquidez. Lo propio hace el Ministerio de Minas y Energía, respecto a los servicios de electricidad y gas combustible, al posibilitar el pago diferido o su asunción, el giro anticipado de subsidios y crear un aporte voluntario. Con el fin de otorgar liquidez a las empresas de servicios públicos domiciliarios, para implementar las medidas enunciadas, el Decreto 581 autoriza al Findeter a otorgar créditos directos y establecer las condiciones de operación de los mismos. Por otra parte, se define la exención del IVA a los servicios de conexión y acceso a voz e internet móviles, cuyo valor no supere $ 71.214. Finalmente, se agilizan los trámites de solicitudes para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

Decretos 517, 528, 540, 580 y 581, abr. 4, 7, 13 y 15/20.

Incrementan medidas de emergencia en ámbito presupuestal, tributario y financiero

Entre las últimas normas de emergencia expedidas por el Presidente de la República en materia presupuestal, se recalcan las referentes al trámite de los proyectos de inversión pública a ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías; adiciones al presupuesto general de la Nación y Fondo de Mitigación de Emergencias, al igual que autorizaciones amplias relacionadas con el cupo de endeudamiento de aquella; creación de una subcuenta en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de una inversión obligatoria temporal en títulos de deuda pública, a fin de procurar liquidez. En el ámbito tributario, se resalta la exención del gravamen a los movimientos financieros a los retiros que realicen las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial y, además, en la importación y venta de nuevos bienes e insumos médicos; disposiciones frente al impuesto sobre las ventas aplicables a donaciones de ciertos bienes corporales muebles; el procedimiento abreviado de devolución y compensación de saldos a favor de los contribuyentes de los impuestos sobre la renta y ventas; creación del impuesto solidario por COVID-19, para inversión social con destino a la clase media vulnerable y trabajadores informales, y medidas relativas al Fondo Agropecuario de Garantías, dirigidas a asegurar su funcionamiento permanente y la seguridad alimentaria. El Gobierno también autorizó una nueva operación a la Financiera de Desarrollo Territorial, de forma que se otorguen créditos directos a las empresas de servicios públicos domiciliarios y, así, se garantice su solvencia operativa.

Decretos 513, 519, 522, 523, 530, 535, 551, 552, 559, 562, 568, 571, 572, 573 y 581, abr. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 15 y 16/20.

Implementan acciones que cobijan al sector salud

Con respecto a las últimas acciones ejecutadas por el Ejecutivo, es de subrayar la facultad asignada al Ministerio de Salud y Protección Social de flexibilizar requisitos normativos, para evitar el desabastecimiento de insumos médicos, junto con la exigencia de agilizar los procedimientos ante el Invima. De otro lado, cabe mencionar la adecuación de los servicios de los prestadores de salud a la coyuntura sanitaria; autorización del traslado de recursos a las ESE e IPS, privadas o mixtas, con el fin de lograr una mayor cobertura de atención; creación de garantías a los profesionales en la salud; inclusión de la COVID-19 entre las enfermedades laborales; implementación de protocolos de bioseguridad, y el aval para que la distribución y transferencia de recursos provenientes de juegos de suerte y azar novedosos se realice en el mes siguiente a su recaudo y no semestralmente.

Decretos 538, 539 y 576, abr. 12, 13 y 15/20.

Reglamentan alivios para arrendatarios y deudores de créditos de vivienda

El Ministerio de Vivienda suspendió, hasta el próximo 30 de junio, las acciones de desalojo destinadas a la restitución de inmuebles arrendados; aplazó el reajuste anual de cánones de arrendamiento y definió estipulaciones especiales respecto a su pago; prohibió el cobro de penalidades y multas, y prorrogó automáticamente los contratos que se vencen durante este periodo de emergencia. Igualmente, adoptó medidas frente al reajuste de las cuotas de administración de zonas comunes de la propiedad horizontal, la utilización del fondo de imprevistos y la realización virtual o aplazamiento de las asambleas de copropietarios. A su vez, el Decreto 493 avaló la concesión de periodos de gracia en capital e intereses en los créditos para adquisición de vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés, pactados entre los beneficiarios y la respectiva entidad financiera, sin que esto sea causal de terminación anticipada de la cobertura.

Decretos 493 y 579, mar. 29 y abr. 15/20.

Gobierno modifica normativa de protección de pensionados

Con el fin de proteger los derechos de pensionados y beneficiarios del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y del Programa de Subsidio al Aporte a Pensión, durante la vigencia del estado de emergencia Sanitaria, el Gobierno aceptó que los documentos exigidos para el reconocimiento pensional se remitan en copia simple y vía electrónica. Tampoco se requiere presentar el certificado de invalidez, frente al pago de mesadas pensionales por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Así mismo, adoptó un mecanismo especial de pago de las pensiones reconocidas bajo la modalidad de retiro programado; disminuyó temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones; fijó directrices para garantizar las reservas que apalancan el pago de las anualidades vitalicias de los adultos mayores más vulnerables que reciben BEPS; suspendió la posibilidad de que los afiliados a dicho programa pierdan la condición de beneficiarios, cuando no se efectúe el pago oportuno del aporte; facilitó el pago de mesadas pensionales a mayores de 70 años, por medio de un tercero autorizado, sin que se requiera poder o autorización especial, y el de las mesadas pensionales y anualidades vitalicias correspondientes a BEPS, a través del abono en cuenta en entidades financieras.

Decretos 491, 558, 565 y 582, mar. 28 y abr. 15 y 16/20.

Aumentan control de precios y protección al consumidor

Con miras a lograr el bienestar de los consumidores más vulnerables y evitar que se impongan precios significativamente altos a los productos de primera necesidad, el Decreto 507 del 2020 asigna a los ministerios de Salud y Protección Social; Comercio, Industria y Turismo, y Agricultura y Desarrollo Rural la fijación de listados de bienes básicos. El encargado del seguimiento estadístico de tales listas y su publicación es el DANE. Así mismo, a la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control en la materia, con apoyo de los gobernadores y alcaldes del país, quienes deberán reportar las eventuales variaciones atípicas en los precios.

Decreto 507, abr. 1°/20

Exoneran a estudiantes de presentar el examen de Estado

El calendario académico y los programas del sector educativo han sido modificados, debido a las decisiones del Gobierno, como la exención de presentar el examen de Estado, a favor de los estudiantes inscritos para el 15 de marzo pasado, y la supresión de este requisito de ingreso a los programas de pregrado de educación superior, lo cual podría extenderse a quienes se hayan inscrito para aplicar a la prueba el próximo 9 de agosto, si persisten las causas de la declaratoria del estado de excepción. Así mismo, se dispuso que el Programa de Alimentación Escolar sea brindado a los niños y adolescentes matriculados en las instituciones oficiales, de forma que el consumo se realice en casa, mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria.

Decretos 532 y 533, abr. 8/20.

Estos son los cambios referentes a logística y transporte

En el marco de las restricciones de movilidad y el aislamiento preventivo obligatorio, el Decreto 569 del 2020 contiene disposiciones relacionadas con el trasporte de pasajeros, carga y aéreo; exención del cobro de peajes; suspensión transitoria del cobro de cánones de arrendamiento y de infraestructura aeroportuaria, y ampliación del funcionamiento del Centro de Logística y Transporte. Adicionalmente, esa norma permite a los puertos de servicio privado atender las operaciones de carga encaminadas a lograr el abastecimiento de bienes de primera necesidad para las poblaciones ubicadas en la zona portuaria. Entretanto, el Decreto 575 prevé la financiación y sostenibilidad de los sistemas de transporte masivo; modificaciones en los programas de reposición del parque automotor, y, en el caso de la reactivación del transporte aéreo, una vez se autorice su prestación doméstica e internacional, la reducción del impuesto de valor agregado para el transporte aéreo de pasajeros y la gasolina de aviación.

Decretos 569 y 575, abr. 15/20.

Fijan nuevas medidas a favor del turismo y la cultura

A través del Decreto 557 del 2020, se permitió destinar lo recaudado por el impuesto nacional del turismo, para contribuir a la subsistencia de los guías de turismo que cuenten con inscripción activa y vigente en el Registro Nacional de Turismo; se reguló el derecho de retracto, desistimiento y las circunstancias relacionadas con el reembolso de los paquetes turísticos durante la crisis, y se fijaron tarifas diferenciadas de expedición, modificación y renovación de los registros sanitarios del Invima, en beneficio de las micro y pequeñas empresas y algunas entidades sin ánimo de lucro. De otro lado, el Decreto 561 indicó que los recursos del impuesto nacional al consumo con destino a la cultura, no ejecutados ni comprometidos, deberán asignarse temporalmente a la subsistencia de los artistas y creadores que demuestren su estado de vulnerabilidad. Lo anterior se suma al ajuste transitorio de los porcentajes mínimos de programación de producción nacional y la posibilidad de destinar los recursos de fortalecimiento de los canales regionales a su funcionamiento.

Decretos 516, 557 y 561, abr. 4 y 15/20.

 
 

Derecho a lactar está garantizado en empresas pequeñas

Al declarar exequible la norma que obliga a entidades públicas y privadas a adecuar espacios para el funcionamiento de las Salas Amigas de la Familia Lactante en el entorno laboral (parágrafo del artículo 2° de la Ley 1823 del 2017), la Corte Constitucional encontró que aquella no establece un trato discriminatorio, al fijar un límite basado en el capital y el número de empleadas. Para la corporación, el derecho a lactar se garantiza, mediante la estrategia de tales Salas Amigas y las de lactancia, previstas en el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.

Corte Constitucional, Comunicado 16, Sentencia C-118, abr. 15/20.

Establecimiento de pliegos tipo en ciertos contratos respeta autonomía territorial

La facultad del Gobierno de estandarizar pliegos tipo de condiciones uniformes en procesos de contratación estatal de obra pública (selección, interventoría y consultoría de estudios, diseños e ingeniería) y en cualquier otro contrato o proceso de selección, cuando lo considere necesario, consagrada en el artículo 4° de la Ley 1882 del 2018, no vulnera el principio de autonomía territorial. La Corte Constitucional declaró exequible algunas expresiones de esa disposición y advirtió que dicha potestad solo se predica de los requisitos habilitantes y los criterios de escogencia, materias reservadas a la ley y no a la regulación de las entidades territoriales. Además, la posibilidad de estas últimas de gestionar sus propios intereses, en materia contractual, se refiere a la identificación de sus necesidades y la configuración de los elementos del contrato.

Corte Constitucional, Comunicado 16, Sentencia C-119, abr. 15/20.

Calificación de capacidad laboral y ocupacional por quien asume el pago del beneficio es razonable

El artículo 142 del Decreto Ley 19 del 2012, que permite a Colpensiones, ARL, compañías de seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte y EPS determinar, inicialmente, la pérdida de capacidad laboral y el el grado de invalidez, fue declarada exequible por la Corte Constitucional. En su opinión, la medida resulta razonable constitucionalmente, pues busca el fin legítimo de agilizar y hacer más eficiente el trámite, mediante el ejercicio de una facultad regulativa o competencial idónea para lograr el fin perseguido: evitar que los trámites a adelantar cuando las aseguradoras consideran que existe una pérdida de esas clases deban esperar el proceso administrativo ante las juntas regionales de calificación.

Corte Constitucional, Comunicado 16, Sentencia C-120, abr. 15/20.

Estatuto de TIC no tiene reserva de ley estatutaria

Frente a las dos demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 1978 del 2019, que, junto con la Ley 1341 del 2009, integra el régimen de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la Corte Constitucional estableció que tales normativas no están amparadas por la reserva de ley estatutaria, ya que ni su objeto ni su contenido está dirigido a regular derechos fundamentales, por tanto, no es posible afectar su núcleo esencial. Con base en estas razones, la corporación declaró exequibles dichas normas.

Corte Constitucional, Comunicado 17, Sentencia C-127, abr. 22/20.

 
 

A control de constitucionalidad, nuevos decretos legislativos

Ya están en la Corte Constitucional los últimos decretos legislativos expedidos por el Presidente de la República, en el estado de excepción, los cuales deberán ser estudiados por el alto tribunal en los próximos dos meses. En el caso del primero de los procesos de revisión, correspondiente al Decreto 417, declaratorio de la emergencia, el Procurador General cuenta con 10 días para rendir concepto, posteriormente, corren otros siete para la presentación del proyecto de fallo y, finalmente, restan 20 días en los que la Corte deberá adoptar la decisión correspondiente. Así, en mayo, se conocería el pronunciamiento de la corporación.

Corte Constitucional, Procesos RE-232 al 304.

Consejo de Estado adelanta control de legalidad de medidas de emergencia

Las medidas de carácter general expedidas en ejercicio de la función administrativa por las diferentes autoridades del orden nacional, bajo el estado de emergencia declarado por el Gobierno nacional, están sujetas a control inmediato de legalidad por parte del Consejo de Estado, según el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Hasta la fecha, en la página web de la corporación, se han registrado casi 300 actos, entre decretos, circulares, resoluciones y otros.

Consejo de Estado, Circular 004, mar. 23/20.

Corte Constitucional levanta parcialmente términos judiciales

En Sala Plena, la Corte Constitucional decidió levantar la suspensión los términos judiciales referentes a la admisión de demandas de inconstitucionalidad y la revisión de acciones de tutela que cumplan determinados criterios, como la urgencia de adoptar decisiones sobre protección de derechos fundamentales, la importancia nacional del caso, y la posibilidad de que el asunto pueda ser tramitado de forma compatible con las condiciones del aislamiento preventivo obligatorio.

Corte Constitucional, Auto 121, abr. 16/20.

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Boletín Edición 2:

Edición

No. 002 - 2020

Estas son las medidas fijadas por el Gobierno para contener el COVID-19

Con base en la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, ante la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, el Gobierno nacional ha expedido más de quince decretos legislativos, y alrededor de otros 20, en ejercicio de facultades ordinarias, los cuales impartieron una serie de medidas extraordinarias y urgentes encaminadas a contrarrestar la crisis en todos los sectores y ámbitos considerados esenciales. Además del aislamiento preventivo obligatorio decretado entre el pasado 25 de marzo y el próximo 13 de abril, se destacan el cierre de fronteras; la suspensión de desembarque de pasajeros procedentes del exterior, vía aérea; beneficios arancelarios y tributarios, como la flexibilización del calendario de declaración y pago de impuestos, la compensación del IVA a favor de población vulnerable, y la autorización a gobernadores y alcaldes para reorientar las rentas de destinación específica y reducir la tarifa de tributos territoriales; la reconexión y reinstalación del servicio de acueducto a suscriptores suspendidos o cortados; la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), destinado a solventar necesidades de recursos de atención en salud y de la economía productiva, y del Centro de Logística y Transporte; modificaciones en materia de contratación estatal y en la operación del Programa de Alimentación Escolar; la entrega de transferencias monetarias adicionales a hogares en condición de pobreza; cambios en la prestación del servicio a cargo de comisarías de familia y de telecomunicaciones; la concesión de auxilios a beneficiarios del Icetex, y la suspensión de términos en actuaciones administrativas y judiciales, entre otras acciones.

Decretos 397, 398, 400, 401, 402, 410, 411, 412, 417, 418, 419, 420, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 444, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 473, 475, 476 y 482, mar. 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26/20.

Descuento por votaciones será transferido a instituciones oficiales de educación superior

Con la sanción de la Ley 2019 del 2020, el Gobierno reconocerá a las instituciones públicas de educación superior el valor de los descuentos hechos por votaciones. Este descuento equivale al 10% de la matrícula del estudiante, si este acredita haber sufragado en los últimos comicios, lo cual es efectivo para todos los periodos académicos adelantados hasta las siguientes elecciones.

Ley 2019, feb. 28/20.

Modifican reglamentación de facturación electrónica

El Decreto 358 del pasado 5 de marzo, reglamentario del Estatuto Tributario, las leyes 962 del 2005 y 1607 del 2012, y el Decreto 1625 del 2016, regula lo concerniente a la factura electrónica de venta, las notas débito y crédito y demás documentos electrónicos utilizados en materia tributaria. La norma aclara los requisitos exigidos, los sujetos obligados, la forma de transmisión y divulgación, y la validación de sus proveedores electrónicos.

Decreto 358, mar. 5/20.

Adoptan Código de Integridad del Servicio Público Colombiano

El Congreso expidió el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano, con el propósito de que las entidades estatales lo implementen y complementen autónomamente. La Ley 2016 de 27 de febrero pasado también creó el Sistema Nacional de Integridad, a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Ley 2016, feb. 27/20.

Incremento salarial del 5.12% para servidores públicos

El Gobierno nacional expidió los decretos anuales de régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de las entidades y organismos del Estado del orden nacional, y fijó los límites máximos salariales para los servidores del orden territorial. El aumento salarial para este año, con retroactividad al 1° de enero del 2020, es del 5.12%, que comprende el incremento porcentual del IPC total en el 2019, certificado por el DANE, esto es, 3.80%, sumado al 1.32%, según el acuerdo logrado con los representantes de las centrales y federaciones sindicales de los empleados públicos.

Decreto 300 al 320, feb. 27/20.

Conscriptos no bachilleres pueden solicitar que prestación del servicio militar sea de 12 meses

Es desproporcionada la limitación establecida en el parágrafo 4° del artículo 13 de la Ley 1861 del 2017, que impedía a los jóvenes no bachilleres incorporados bajo la modalidad de servicio militar obligatorio de 18 meses solicitar el cambio del mismo a 12 meses. Al declarar la inexequibilidad de un aparte de dicha norma, la Corte Constitucional advirtió la necesidad de garantizar la igualdad en el ejercicio de la libertad para escoger la formación educativa a todas las personas que prestan el servicio militar obligatorio.

Corte Constitucional, Comunicado 10, Sentencia C-084, feb. 27/20

Reparación en divorcio es viable, si se prueba violencia intrafamiliar

En sede de revisión de una tutela contra sentencia emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico, la Corte Constitucional aseveró que los jueces están obligados a aplicar la reparación efectiva prevista en la Convención de Belém do Pará, cuando se demuestra la causal de ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra, consagrada en el Código Civil. La sentencia de unificación de jurisprudencia señaló que los operadores jurídicos deben asegurar que la mujer víctima de violencia intrafamiliar tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios compensatorios justos. El alto tribunal exhortó al Congreso a regular el derecho a reparación ante violencia intrafamiliar.

Corte Constitucional, Sentencia SU-080, feb. 25/20

Restricción para ejercer cargo público por incumplir pago de multa es razonable

La restricción para ser nombrado o ascendido en un cargo público, por incumplir el pago de una multa impuesta bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante los seis meses siguientes a su imposición, es razonable. Así lo determinó la Corte Constitucional, al declarar exequible el numeral 2° del artículo 183 de la Ley 1801 del 2016. De acuerdo con la corporación, tal restricción procura garantizar los principios de sujeción y respeto de la ley, no es requisito para postularse o ingresar al concurso, ni es absoluta, pues contiene un límite temporal.

Corte Constitucional, Comunicado 12, Sentencia C-093, mar. 3/20.

Avalan contribución fiscal al arbitraje

La justicia arbitral es un privilegio que debe pagarse y costearse, por tanto, la contribución especial que grava las condenas fijadas en laudos arbitrales de contenido económico no contraría los mandatos de igualdad y equidad tributaria. Bajo este argumento, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 130 del Plan Nacional de Desarrollo (L.1955/19), que creó una contribución fiscal al arbitraje, destinada a la modernización, descongestión y bienestar de la administración de justicia. El alto tribunal destacó que es plausible la imposición de este gravamen, teniendo en cuenta que la administración de justicia estatal se financia a través de impuestos generales.

Corte Constitucional, Comunicado 13, Sentencia C-109, mar. 11/20.

Exequible prórroga de entrada en vigor del Código General Disciplinario

Hasta el 1° de julio del 2021 empezará a regir el Código General Disciplinario (L. 1952/19). La Corte Constitucional declaró exequible la prórroga de la entrada en vigencia de esta norma, ordenada por el artículo 140 del Plan Nacional de Desarrollo (L. 1955/19). La corporación afirmó que la inclusión de esta disposición en el Plan no vulnera la unidad de materia, pues las bases del mismo reflejan la necesidad de prorrogar el inicio de la vigencia de tal código, con el fin de asegurar la adecuación técnica, procedimental, logística, conceptual y de infraestructura tecnológica y física necesaria para su debida implementación.

Corte Constitucional, Comunicado 12, Sentencia C-095, mar. 3/20

Competencia del Presidente para integrar terna de candidatos a Fiscal General es discrecional

La Sección Quinta del Consejo de Estado negó la nulidad del Decreto 1163 del 2019, derogatorio del Decreto 450 del 2016, que fijaba el trámite de integración de terna de candidatos a Fiscal General de la Nación. Según la decisión, el Presidente de la República, en uso de su facultad discrecional, puede variar la reglamentación referente a la conformación de la terna destinada a la elección del Fiscal General, siempre y cuando respete el artículo 249 de la Carta Política y el artículo 29 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, como ocurrió en este caso. Si bien es viable expedir reglamentaciones adicionales, estas no son inmodificables o inderogables, porque dependen directamente de las consideraciones del primer mandatario, quien tiene la atribución para integrar la terna y reformar el procedimiento aplicable, aclaró el alto tribunal.

Consejo de Estado, Sentencia 11001032400020190031900, feb. 27/20.

Corte Constitucional mantiene postura sobre despenalización parcial del aborto

En sentencias C-088 y C-089 del 2 de marzo pasado, la Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse de fondo frente a una demanda interpuesta contra el artículo 122 del Código Penal, que tipifica el aborto, y otra, que atacaba el artículo 90 del Código Civil, el cual regula la existencia legal de las personas. En opinión del alto tribunal, las razones expuestas por la demandante no cumplieron con los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia, suficiencia y claridad exigidos, esto es, la ineptitud sustantiva de la demanda. Con respecto a los cargos contra el Código Civil, la Corte consideró que operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, dictada en la Sentencia C-591 de 1995.

Corte Constitucional, Comunicado 11, Sentencias C-088 y C-089, mar. 2/20.

Decretos de estado de emergencia pasan a control de constitucionalidad

La Corte Constitucional inició el trámite de revisión de constitucionalidad del Decreto 417 del 2020, que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, ante la pandemia causada por el COVID-19, así como lo hará frente a los decretos legislativos derivados tal declaratoria. En ese sentido, se destaca que el Decreto 469 del pasado 23 de marzo permitió a la Sala Plena de la corporación levantar la suspensión de términos ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura, si es necesario. En estos procesos, la Corte estudiará el cumplimiento de los requisitos formales de expedición y motivación de los actos, al igual que los requisitos materiales de validez de los mismos, es decir, los presupuestos fácticos, valorativos y de necesidad que fundamentaron la declaratoria de la emergencia.

Corte Constitucional, RE-232.

Cuestionada nuevamente la reforma tributaria

En menos de tres meses ha sido presentada más de una decena de demandas contra la Ley de Crecimiento Económico (L. 2010/19), reemplazo de la denominada Ley de Financiamiento (L. 1943/18), declarada inexequible por la Corte Constitucional, debido a vicios en su trámite legislativo. Entre ellas, se destaca una demanda que impugna setenta artículos de la Ley 2010, al considerar que esta reproduce disposiciones que ya fueron declaradas inconstitucionales.

Corte Constitucional, Demanda D-13666.

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