Edición

No. 011 - 2020

A sanción presidencial, depuración normativa y reforma al CPACA

El Congreso aprobó el informe sobre objeciones presidenciales efectuadas al proyecto de ley de depuración normativa, de forma que resta la sanción presidencial. Se recuerda que su propósito es expulsar del ordenamiento jurídico a un extenso grupo de normas de rango legal, debido al cumplimiento de su objeto, derogatoria orgánica, obsolescencia, vencimiento del término de vigencia, no adopción como legislación permanente, e incompatibilidad con el régimen constitucional actual. Por otra parte, el Legislativo concilió el texto de las propuestas referentes a la política pública de vivienda y hábitat, que incluye la promoción del acceso a la vivienda para población joven, rural y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar; la imprescriptibilidad de la acción penal frente a delitos sexuales e incesto cometidos contra menores; la prórroga de la Ley de Víctimas (L. 1448/11), hasta el 10 de junio del 2031; al fomento del emprendimiento, a través de la reducción y simplificación de trámites y tarifas y otras medidas, y, adicionalmente, la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), especialmente en materia de descongestión judicial y uso de medios electrónicos. Sumado a ello, se aprobó el nuevo Código Electoral. Así también queda pendiente la sanción de estas iniciativas por parte del Gobierno.

Informe de objeciones y de conciliación P. L. 169/18C-199/18S, 280/20C-158/20S, 125/19C-180/19C-290/20S, 284/20S-199/19C-247/19C, 122/20C-161/20S, 364/20C-007/19S y 234/20S-409/20C, nov. 18 y 25 y dic. 3, 11, 14 y 16/20.

Esta es la ley que facilita adquirir vacunas contra la covid-19

Con el fin de crear medidas administrativas y tributarias dirigidas a financiar la inmunización de la población contra la covid-19, se expidió la Ley 2064. La nueva normativa permite al Ejecutivo concertar alianzas encaminadas a la consecución de recursos destinados a combatir cualquier amenaza de epidemia o pandemia; el descuento tributario a quienes realicen donaciones relacionadas, y la gratuidad del proceso de inmunización, bajo la priorización de los grupos poblacionales determinados por el Ministerio de Salud.

Ley 2064, dic. 9/20.

Modifican requisitos de subsidio familiar de vivienda

Mediante el Decreto 1603 del 3 de diciembre, se modificó el Decreto Único Reglamentario 1077 del 2015, respecto a la operación de las cajas de compensación familiar. Esta norma surge de la necesidad de establecer requisitos de acceso al subsidio familiar de vivienda y arrendamiento, así como las condiciones y plazos referentes a proyectos integrales y devolución de recursos de promoción de oferta. Entonces, se posibilita que esos entes otorguen subsidios de arrendamiento temporal y prorroguen la vigencia de los de vivienda asignados a sus afiliados.

Decreto 1603, dic. 3/20.

Congreso fija descuento para normalizar cartera de operadores de televisión comunitaria

A través de la Ley 2066 del 14 de diciembre, el Congreso fijó las condiciones especiales para la normalización de cartera, por única vez, a favor de los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora de interés público y operadores del servicio de televisión comunitaria, quienes podrán acogerse a un descuento del 100% de la deuda a su cargo, por conceptos de capital, sanciones e intereses. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es el encargado de reglamentar el tema, en los seis meses siguientes a la expedición de esta normativa.

Ley 2066, dic. 14/20.

Gobierno reforma comisiones consultivas de comunidades negras

En el Decreto 1640, el Ministerio del Interior modificó la conformación y objeto de la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, instancia mixta de diálogo e interlocución entre dichos grupos y el Gobierno nacional, encargada de adelantar el seguimiento, reglamentación y aplicación efectiva de la Ley 70 de 1993. Así mismo, se regula la composición, funciones, elección de representantes, financiación, sesión y demás aspectos relacionados de las comisiones departamentales y la distrital de Bogotá, al igual que el Registro Público de Instituciones Representativas.

Decreto 1640, dic. 14/20.

Reglamentan diagnóstico ambiental de alternativas

Atendiendo la Ley 99 de 1993, respecto a la obligatoriedad de la licencia ambiental para ejecutar obras, establecer industrias o desarrollar cualquier actividad que pueda deteriorar gravemente los recursos naturales renovables o el medio ambiente, o introducir modificaciones considerables al paisaje, el Ejecutivo expidió el Decreto 1585, donde reglamenta lo relacionado con el diagnóstico ambiental de alternativas, el cual permite evaluar las diferentes opciones presentadas por el interesado en ejecutar el proyecto objeto del licenciamiento. Así, la disposición otorga un término de vigencia de tres años al acto administrativo que establezca la alternativa seleccionada de dicho diagnóstico, además de señalar los trámites para la obtención y modificación de la licencia.

Decreto 1585, dic. 2/20.

Inicia vacancia judicial

La vacancia judicial empieza el próximo 19 de diciembre y finaliza el 11 de enero del 2021. Debido a esto, a través de la Circular PCSJC20-37, el Consejo Superior de la Judicatura permitió bloquear, de manera masiva, las cuentas de correo electrónico institucionales de los despachos en dicho periodo. Se recuerda que las vacaciones colectivas benefician a los funcionarios y empleados de la mayoría de juzgados, los tribunales y las altas cortes.

Consejo Superior de la Judicatura, Circular PCSJC20-37, nov. 27/20.

Sobretasa de energía en PND es inconstitucional

La sobretasa por kilovatio hora de energía eléctrica consumido, prevista en el artículo 313 del Plan Nacional de Desarrollo (L. 1955/19), para atender las obligaciones financieras del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, fue declarada inexequible. Según la Corte Constitucional, el precepto vulneró la prohibición de establecer rentas de destinación específica que no correspondan a inversión social. En este caso, la asignación del tributo para el saneamiento de las empresas de energía en toma de posesión no tiene ese carácter, pues, si bien la prestación de esos servicios es inherente a la finalidad social del Estado, esta no se concreta en la renta creada.

Corte Constitucional, Comunicado 51, Sentencia C-504, dic. 3/20.

Cae bonificación por quinquenio para servidores de Auditoría General

Por desconocer el principio de unidad de materia en la aprobación de las leyes, fue declarada inconstitucional la bonificación especial denominada quinquenio, creada a favor de los funcionarios de la Auditoría General de la República, en el artículo 153 de la Ley de Crecimiento Económico (L. 2010/19). A juicio de la Corte, entre la disposición acusada y el título y los objetivos de esa ley no existe vínculo de conexidad material, teleológico, sistemático o causal, ya que mientras la primera carece de contenido tributario y busca brindar un beneficio prestacional para los servidores de una entidad, la normativa en la que se enmarca está destinada a lograr un propósito de financiamiento y enmendar distorsiones del sistema tributario, para la consecución del interés general. La decisión tiene efectos retroactivos, pero no implica la devolución del dinero pagado.

Corte Constitucional, Comunicado 51, Sentencia C-507, dic. 3/20.

Visto bueno a elección de fiscal del sindicato

Al pronunciarse sobre un aparte del artículo 391.2 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual la elección de fiscal del sindicato debe corresponder a la fracción mayoritaria de las minorías, la Corte encontró que el precepto se ajusta a la Constitución y a las directrices del Comité de Libertad Sindical, bajo el Convenio 87 de la OIT. En su opinión, la norma se basa en la salvaguarda de la participación y el pluralismo a favor de las minorías y asegura la independencia del control que debe ejercerse en la organización sindical, con miras a la realización de los principios democráticos.

Corte Constitucional, Comunicado 46, Sentencia C-471, nov. 5/20.

Falta de competencia de alcaldes para autorizar porte de armas respeta autonomía territorial

Por no existir una omisión legislativa relativa ni la violación de los principios de democracia participativa y autonomía territorial, fueron declaradas exequibles algunas expresiones de los artículos 32 y 41 del Decreto 2535 de 1993, que fijan la competencia del Ministerio de Defensa y las autoridades militares respectivas, para expedir permisos de tenencia y porte de armas, y establecen la posibilidad de que gobernadores y alcaldes soliciten la suspensión general de esos avales. De acuerdo con la Corte, aunque las autoridades territoriales carezcan de competencia propia para otorgar o suspender tales permisos, esto no lesiona la Carta Política, porque el diseño y ejecución de sus programas de gobierno sobre seguridad y mantenimiento del orden público se establecen en el marco de sus facultades legales y constitucionales. Señala, finalmente, que el Acto Legislativo 5 del 2017 no constituye un nuevo parámetro de interpretación del monopolio de la fuerza por parte del Estado.

Corte Constitucional, Comunicado 46, Sentencia C-473, nov. 5/20.

Corte Constitucional puede conocer tutelas contra fallos de JEP

En sentencia de unificación de jurisprudencia, la Corte Constitucional determinó que ella puede estudiar, en sede de revisión, las acciones de tutela interpuestas contra los fallos proferidos por los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De acuerdo con el alto tribunal, el amparo procederá ante la configuración de una manifiesta vía de hecho o si la violación del derecho fundamental es consecuencia directa, por deducirse de la parte resolutiva de la providencia, y, además, cuando se hayan agotado todos los recursos previstos en tal jurisdicción y, por ende, no exista otro mecanismo idóneo para exigir dicha protección.

Corte Constitucional, Comunicado 50, Sentencia SU-495, nov. 27/20.

Nuevas demandas admitidas de inconstitucionalidad

Recientemente, se presentaron ante la Corte Constitucional demandas contra normas relativas a la interpretación del Consejo de Estado sobre la aprobación o improbación de actas de conciliación (L. 640/01, art. 24); medidas cautelares en el proceso ordinario laboral (L. 712/01, art. 37A); autorización a los puertos privados para prestar servicios a terceros (L. 2008/19, art. 140); acuerdos sobre derechos patrimoniales de autor (L. 1955/19, art. 181); régimen de conflicto de intereses de congresistas (L. 2003/19, art. 1°); inhabilidad en contratación estatal por comisión de delitos contra la Administración pública (L. 2014/19, art. 2°); liquidación de pensión de invalidez (L. 100/93, art. 40); subsidio familiar en dinero (L. 789/02, art. 3°); recurso contra sentencia en acciones de grupo (L. 472/98, art. 67); creación del área metropolitana de Bogotá y Cundinamarca (A. L. 02/20); y cobro de tasas, tarifas y peajes en infraestructura de transporte (L. 105/93, art. 21).

Corte Constitucional. Demandas D-13801, D-13828, D-14000, D-14004, D-14013, D-14019, D-14034, D-14038, D-14044, D-14045 y D-14049.

Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico

Para seguir recibiendo este boletín.

Regístrese aquí

Para mejorar nuestro servicio

Por favor diligencie la siguiente encuesta

Cuéntenos su experiencia

Edición

No. 010 - 2020

Minjusticia reglamenta formalización de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas

Precisar el desarrollo de las competencias atribuidas a centros de conciliación y notarías frente a la formalización de acuerdos de apoyo y directivas anticipadas, previstos en la Ley 1996 del 2019, es el objetivo del Decreto 1429 del 2020. Esta norma fija las obligaciones de notarios y conciliadores destinadas a garantizar el derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayores de edad y el acceso a los apoyos que puedan requerirse para su ejercicio. Por ende, regula el trámite de solicitud, reparto, audiencia privada y suscripción del acuerdo o directiva ante tales centros, y también prevé las reglas para formalizarlos en escritura pública. El trámite es gratuito, si se adelanta ante centros de conciliación públicos o consultorios jurídicos, mientras que, si se realiza en notarías, tendrá la tarifa fijada para los actos sin cuantía. Teniendo en cuenta el grado de urgencia o las barreras físicas, económicas, geográficas o de cualquier otra índole que enfrente la persona con discapacidad, esta podrá recibir el servicio en el lugar donde se encuentra, o los encargados utilizarán los medios tecnológicos encaminados a garantizar la voluntad y preferencias, añade la normativa.

Decreto 1429, nov. 5/20.

Avalan transferencia de predios rurales para población en proceso de reincorporación

El Gobierno reguló el procedimiento que permite al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado transferir el dominio de los bienes rurales que cuentan con declaratoria judicial de extinción de dominio a favor de la población en proceso de reincorporación o asociaciones cooperativas conformadas por exintegrantes de las FARC acreditados y que tengan aprobado un proyecto productivo. La trasferencia estará exenta del pago de derechos derivados del servicio registral.

Decreto 1543, nov. 24/20.

Precisan determinación de renta para personas naturales

Atendiendo lo dispuesto en la Ley 2010 del 2019, el Decreto 1435 introdujo precisiones en la determinación del impuesto sobre la renta para personas naturales. Entre los temas abordados, se encuentran el tratamiento tributario de los aportes obligatorios al sistema pensional y cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual; efectos tributarios del leasing habitacional; procedimiento para asignar la renta presuntiva cedular; clasificación de las rentas cedulares de personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes, y definición y límites de rentas exentas y deducciones.

Decreto 1435, nov. 5/20.

Régimen normativo especial por declaratoria de desastre en San Andrés

Debido a la grave situación humanitaria ocasionada por el huracán Iota en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Decreto 1472 del pasado 18 de noviembre declaró la situación de desastre por 12 meses prorrogables. Esta declaratoria permite aplicar un régimen normativo especial en materia de contratación estatal; empréstitos; control fiscal de recursos; ocupación, adquisición, expropiación y demolición de inmuebles e imposición de servidumbres; reubicación de asentamientos; solución de conflictos, moratoria o refinanciación de deudas; suspensión de juicios ejecutivos; créditos para afectados; incentivos para la rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo sostenible; administración y destinación de donaciones, y otras medidas encaminadas a garantizar el regreso a la normalidad en ese departamento, bajo lo consagrado en la Ley 1523 del 2012. A su vez, el Decreto 1549 dispuso que los envíos procedentes de tal archipiélago y realizados al resto del territorio nacional, en cantidades no comerciales, están exentos de tributos aduaneros.

Decretos 1472 y 1549, nov. 18 y 26/20.

Definen aplicación del análisis de impacto normativo en reglamentos técnicos

Mediante el Decreto 1468, el Ministerio de Comercio pretende dar mayor claridad a las entidades que emiten reglamentos técnicos respecto al análisis de impacto normativo y asegurar un proceso estándar que disminuya los tiempos de aplicación de la herramienta en beneficio de los sujetos interesados. De esa manera, señala el proceso para planear, revisar y emitir los informes de tal análisis. Igualmente, esta norma determina la forma de desarrollar la evaluación, consulta pública y concepto previo de la reglamentación.

Decreto 1468, nov. 12/20.

Mintransporte modifica registro de centros de enseñanza automovilística

Con el fin de actualizar la regulación del registro de centros de enseñanza automovilística y reemplazar la autenticación actual del ciudadano por otros mecanismos que serán implementados en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito, el Ministerio de Transporte expidió el Decreto 1538. Este regula, entre otros asuntos, áreas de realización de prácticas, aperturas de programas de conducción en convenio y la implementación de un sistema de identificación en la formación de conductores e instructores.

Decreto 1538, nov. 24/20.

Inexequible creación de planta global temporal en Contraloría

La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 38 de la Ley 1942 del 2018, al determinar que la creación de una planta global de duración temporal en la Contraloría General de la República, desde el 1° de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2020, omitió los principios de publicidad y democrático exigidos, pues la materia regulada no es propia de una ley presupuestal. Adicionalmente, indicó que la disposición desconoció el principio de legalidad del gasto, que exige correspondencia entre las destinaciones contenidas en el presupuesto de gastos y los autorizados previamente por el legislador. No obstante, el alto tribunal difirió los efectos de la decisión hasta el 1° de enero del 2021. En todo caso, resaltó que la Ley 1942 del 2019 habilita al Presidente para reestructurar la nueva planta temporal de la entidad, de modo que aquel puede efectuarlo antes del próximo 31 de diciembre, fecha en que termina la vigencia de la normativa habilitante.

Corte Constitucional, Boletín 167, nov. 20/20.

Arbitramento obligatorio en concesión minera lesiona voluntariedad

Fue declarado inexequible el artículo 294 de la Ley 685 del 2001, que contemplaba el arbitramento técnico obligatorio frente a las diferencias surgidas en los contratos de concesión minera. En opinión de la Corte Constitucional, tal disposición vulneró el principio de libre habilitación de la justicia arbitral, contenido en el artículo 116 de la Carta Política. No es posible convertir al arbitramento en una justicia permanente que juzgue diferencias técnicas en estos contratos, pues, si bien la protección de los intereses económicos estatales es una finalidad legítima, no prevalece sobre el principio de voluntariedad, añadió la corporación.

Corte Constitucional, Comunicado 45, Sentencia C-466, oct. 29/20.

Tasa para financiar consulta previa vulneró unidad de materia

Como inconstitucional fue declarado el artículo 161 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Ley 1955 del 2019), el cual creó una tasa impuesta a los responsables de los proyectos objeto de consulta previa y a favor del Ministerio del Interior, causada por los servicios de coordinación destinados a su realización y el uso y acceso a la información sobre presencia de comunidades étnicas. De acuerdo con la Corte, el precepto quebrantó el principio de unidad de materia, ya que no existió relación entre el cobro de dicho tributo y las restantes disposiciones sustanciales de esa ley.

Corte Constitucional, Boletín 173, nov. 26/20.

Nula suspensión de términos en conciliación de la Fiscalía

En el marco de un proceso de control inmediato de legalidad, el Consejo de Estado declaró la nulidad parcial de un aparte del artículo 1° de la Resolución 453 del 3 de abril pasado, expedida por la Fiscalía General de la Nación, que autorizaba suspender términos en los procesos de pago de sentencias y conciliaciones, durante la emergencia decretada, con el fin de tomar las medidas necesarias para afrontar la pandemia de COVID-19. A juicio del alto tribunal, esa disposición no guardaba conexidad con la norma superior en la que basaba su expedición. Así, recordó que la Sentencia C-242 del 2020 declaró inexequible el parágrafo 1° del artículo 6° del Decreto Legislativo 491, el cual daba sustento a una de las medidas generales adoptadas en la resolución cuestionada. Por tanto, se generó una pérdida de fuerza ejecutoria, al desaparecer su fundamento central del ordenamiento jurídico.

Consejo de Estado, Sentencia 11001031500020200149300, oct. 23/20.

Contribuciones para prestadores de servicios públicos violan legalidad y certeza tributaria

Por resultar contrario a los principios de legalidad y certeza tributaria y a los límites de la facultad reglamentaria del Gobierno en esta materia, la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 18 de la Ley 1955 del 2019, que disponía contribuciones especiales a favor de las comisiones de Regulación de Energía y Gas y de Agua Potable y Saneamiento Básico y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La decisión se fundamentó en que la norma imponía una limitación, al establecer solamente la fijación de la tarifa para la recuperación de los costos por la prestación del servicio. Se recuerda que la Sentencia C-464 del 2020 ordenó la inexequibilidad de un aparte del numeral 4° de dicho artículo 18, y del contenido restante de este, con efectos diferidos, a partir del 2023.

Corte Constitucional, Boletín 169, noviembre 20/20.

Por vicio formal, cae fuente de financiación del sistema de residencias médicas

El artículo 8.3 de la Ley 1917 del 2018, que consideraba a los excedentes del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante una fuente de financiación del sistema de residencias médicas fue declarado inconstitucional por la Corte, al encontrar que, durante el trámite del proyecto de ley, se incurrió en un vicio insubsanable contrario al principio democrático, porque el asunto solo fue introducido en el cuarto debate en la plenaria del Senado.

Corte Constitucional, Boletín 172, noviembre 20/20.

Acoso laboral se puede configurar en ‘outsourcing’

Al efectuar la revisión de una tutela interpuesta en Barranquilla, referente al despido de un vigilante de un inmueble de propiedad horizontal, la Corte Constitucional se pronunció sobre la posibilidad de que, en un contrato de outsourcing o tercerización laboral, se configure una conducta de acoso laboral, en los términos de la Ley 1010 del 2016, cuando se presente asimetría de las partes, intención de dañar o causación de un daño y agresión deliberada, compleja, continua y sistemática. En ese sentido, la Sala enfatizó que la autonomía contractual tiene límites, y la discrecionalidad de los empleadores para terminar unilateralmente el contrato laboral resulta ilegítima, si afecta un derecho fundamental, no está amparada por una justificación objetiva y razonable, carece de finalidad constitucionalmente reconocida o sacrifica excesiva o innecesariamente los derechos de los trabajadores.

Corte Constitucional, Sentencia T-317, ago. 18/20.

Principio de favorabilidad rige ante conflicto normativo

En sede de tutela, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia reiteró que, si existe conflicto de aplicación entre la norma vigente y alguna derogada frente a la cual el solicitante de la prestación se haya creado una expectativa legítima, el juez deberá observar el principio de favorabilidad, para acoger la condición más beneficiosa. Esta postura concuerda con la de la Corte Constitucional, que exige que, ante dicho conflicto, se acuda a la disposición que resulte más garantista para el involucrado.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia STC-74632020 (11001020400020200063501), sep. 16/20.

Conozca las últimas demandas de inconstitucionalidad admitidas

En los últimos días, la Corte admitió las demandas de inconstitucionalidad dirigidas contra normas referentes a la inhabilidad para contratar de los responsables por la comisión de delitos contra la Administración pública, actos de corrupción y soborno transnacional (art. 2 de Ley 2014 del 2019); el establecimiento de la prisión perpetua revisable (Acto Legislativo 01 del 2020); los beneficios económicos periódicos a favor de personas de escasos recursos (art. 87 de Ley 1328 del 2009), y el deber de los comerciales de efectuar el pago de sus obligaciones en plazos justos (art. 3 de Ley 2024 del 2020).

Corte Constitucional. Demandas D-13801, D-13915, D-13945, D-13957, D-14005 y D-14015.

Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico

Para seguir recibiendo este boletín.

Regístrese aquí

Para mejorar nuestro servicio

Por favor diligencie la siguiente encuesta

Cuéntenos su experiencia

Edición

No. 009 - 2020

Fijan condiciones de operación de renta vitalicia inmobiliaria

Establecer un marco regulatorio prudencial para el funcionamiento eficiente de la operación financiera de renta vitalicia inmobiliaria es el principal objetivo del Decreto 1398 del 26 de octubre. Esta norma fija condiciones que deben cumplir las compañías aseguradoras de vida, quienes otorgarán una renta periódica a cambio del precio de la prima, representado en la transferencia de la nuda propiedad del inmueble por parte del tomador a tales entes o los terceros designados. En el ofrecimiento de dicha operación, sin importar su modalidad, las aseguradoras y el personal contratado deben actuar con los más altos estándares de prudencia, diligencia, transparencia, honestidad, lealtad, idoneidad y profesionalismo exigibles a un experto, lo que incluye el acatamiento del deber de información que protege a los clientes en la toma de decisiones. El nuevo decreto regirá desde la publicación de las instrucciones pertinentes por la Superintendencia Financiera, en un plazo de 45 días.

Decreto 1398, oct. 26/20.

Reglamentan registro de inhabilidad en contratación estatal por sanciones penales o administrativas

El Ministerio de Justicia expidió el Decreto 1358 del pasado 16 de octubre, con el objetivo de materializar el registro y publicidad de la inhabilidad para participar en licitaciones y celebrar contratos con las entidades estatales, aplicable a los responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración pública u otros punibles o faltas contempladas en la Ley 1474 del 2011 y demás normativa relacionada. Esta nueva disposición reglamenta el trámite para solicitar las sentencias penales condenatorias y las sanciones administrativas impuestas por autoridades extranjeras y los mecanismos para asegurar la publicidad de los fallos proferidos por jueces penales colombianos. En ambos casos, la inhabilidad para contratar, incluida en el literal j) del artículo 8.1 de la Ley 80 de 1993, se debe inscribir en el Registro Único de Proponentes de la sociedad donde la persona natural responsable actúa o ha actuado en calidad de administrador, representante legal, miembro de junta directiva o socio controlante.

Decreto 1358, oct. 16/20.

Esta es la ley que reforma el PAEF

A través de la Ley 2060 del pasado 22 de octubre, se modificó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), creado en el Decreto Legislativo 639, y el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP), previsto en el Decreto Legislativo 770. Esta nueva norma amplió el primero, hasta marzo del 2021, mientras que el PAP cubrirá el segundo pago de la prima de servicios del 2020. Igualmente, se precisaron los beneficiarios y el procedimiento de postulación para la obtención de cada aporte estatal, y se extendieron los plazos de fiscalización por parte de la UGPP. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, en tres fallos recientes, avaló, salvo algunas excepciones, el articulado de los decretos 639, 677 y 815 del 2020, los cuales regularon inicialmente el PAEF.

Ley 2060, oct. 22/20.

Minsalud expide decreto que optimiza el PRASS

Para determinar el riesgo epidemiológico de crecimiento de la exposición, el contagio y la afectación poblacional e identificar y controlar el riego ante el comportamiento inesperado de la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Salud expidió el Decreto 1374, que optimiza el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS). De ese modo, se definió su estructura y las acciones a cargo de los actores responsables de su implementación, al igual que la interacción entre estos entes gubernamentales involucrados. Esta norma derogó el Decreto 1109 del 10 de agosto pasado.

Decreto 1374, oct. 19/20.

Gobierno aclara medidas de excepción en procesos de insolvencia

Con el fin de desarrollar el Decreto Legislativo 772, que dictó medidas especiales sobre los procesos de reorganización abreviados y liquidación judicial de pequeñas insolvencias, para mitigar los efectos de la emergencia en el sector empresarial, se expidió el Decreto 1332. Este pretende dar claridad acerca de los sujetos destinatarios y la coordinación de tales procesos. Así mismo, se precisa la presentación de las objeciones a la calificación y graduación de créditos, la designación del promotor, el reporte del estado de las obligaciones especiales de los deudores cuya actividad es la construcción de inmuebles destinados a vivienda y la cancelación de gravámenes judiciales, como garantía mobiliaria, entre otros temas.

Decreto 1332, oct. 06/20.

Depuran decreto único reglamentario del sector comercio

Mediante Decreto 1331 de 6 de octubre, se realizó la depuración del decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo, (D. 1074/15). Esta medida busca expulsar del ordenamiento jurídico las disposiciones obsoletas de la Administración pública. De ese modo, la depuración resulta una estrategia destinada a mejorar la calidad normativa y fortalecer el sistema interno, al brindar claridad y certeza sobre las disposiciones vigentes.

Decreto 1331, oct. 06/20.

Ejecutivo regula política pública de vivienda rural

La regulación de la política pública de vivienda rural y las condiciones de asignación del subsidio familiar por parte de Fonvivienda fueron establecidas en el Decreto 1341 del 8 de octubre. Dicha política quedó a cargo del Ministerio de Vivienda, y se formulará y ejecutará, con la finalidad de coordinar y liderar la ejecución de los proyectos y mejoramientos de vivienda encaminados a optimizar el bienestar de la población ubicada en suelo rural, lo que disminuiría el déficit habitacional.

Decreto 1341, oct. 08/20.

Disposiciones sucesorales aplican a cónyuges y compañeros heterosexuales y gais

Al condicionar la exequibilidad de diversas expresiones contenidas en el Código Civil, en materia de sucesiones, tradición y extraterritorialidad de la ley colombiana, la Corte Constitucional determinó que aquellas se refieren, en igualdad de derechos y deberes, a cónyuges y compañeros permanentes, ya sea que se trate de parejas de distinto o del mismo sexo. A juicio de la corporación, las normas acusadas fijan ciertos efectos jurídicos únicamente para los cónyuges heterosexuales, esto es, una diferencia de trato entre estos y los demás tipos de parejas, violatoria del derecho a la igualdad y la protección de la familia.

Corte Constitucional, Comunicado 44, Sentencia C-456, oct. 21/20.

Restricciones a publicidad en juicio oral respeta derecho a la información

La Corte declaró ajustada a derecho la facultad del juez penal de establecer, mediante auto motivado, restricciones a la publicidad en el juicio oral, con base en los intereses de la justicia. En su opinión, el artículo 152 de la Ley 906 del 2004 no desconoce la libertad de información ni el derecho de participación. El juez acude a esa potestad, cuando están en peligro los intereses de la justicia, como la seguridad de los sujetos procesales e intervinientes, la independencia judicial o la no contaminación de la prueba, y si es necesario restringir el acceso total a la audiencia, el juez debe comunicar lo acontecido, a través de cualquier recurso o medio, explicó. Por otra parte, la corporación hizo hincapié en el carácter adversarial del juicio penal, bajo el cual solo los sujetos procesales tienen el derecho a interponer recursos. Además, recordó que Ministerio Público representa al interés general en esta etapa.

Corte Constitucional, Comunicado 41, Sentencia C-429, sep. 30/20.

Aporte económico temporal para trabajadores de notarías es constitucional

El Decreto Legislativo 805 del 4 de junio pasado, que creó un aporte económico temporal de apoyo a los trabajadores de las notarías del país, en el marco del estado de excepción, fue declarado exequible. De acuerdo con la Corte Constitucional, tal normativa se dirigió a evitar la disminución de los ingresos de esos empleados y su desvinculación. Además, aquella resultó necesaria, ya que legislación ordinaria no prevé un subsidio de ese tipo.

Corte Constitucional, Comunicado 39, Sentencia C-408, sep. 16/20.

Avalan exención especial del IVA en el 2020

Son constitucionales las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo 682, referentes a la exención del IVA para ciertos bienes en tres fechas del 2020; la reducción a 0% de las tarifas del impuesto nacional al consumo en el expendio de comidas y bebidas, durante el resto del año, y la exclusión del IVA a los cánones de arrendamiento de locales comerciales, hasta el 31 de julio pasado. Según la Corte, su finalidad es incentivar el consumo, objetivo materialmente conectado con las acciones destinadas a impulsar la reactivación del comercio y aliviar los impactos derivados de la caída sistemática de las ventas. Los tres beneficios transitorios están sujetos a límites, requisitos y controles para su aplicación, son proporcionales y no implican un gran desmedro al recaudo del presente año fiscal, añadió el alto tribunal.

Corte Constitucional, Comunicado 41, Sentencia C-430, sep. 30/20.

Inexequible derogatoria de inmovilización de vehículos por orden judicial

Por violación a los principios de unidad de materia, identidad flexible y consecutividad, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la derogatoria del artículo 167 de la Ley 769 del 2002, efectuada en el artículo 336 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (L. 1955/19). De acuerdo con el alto tribunal, esa derogatoria no fue aprobada en primer debate por las comisiones terceras y cuartas conjuntas de la Cámara y el Senado. En efecto, la disposición fue introducida, en el artículo de vigencias y derogatorias, solo hasta el tercer debate de la plenaria de la Cámara. El artículo 167 aborda la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial respecto a los vehículos inmovilizados por orden judicial, tema sin antecedente legislativo en el proyecto de ley original, agregó.

Corte Constitucional, Comunicado 42, Sentencia C-440, oct. 8/20.

Visto bueno a reconocimiento fiscal de costos y deducciones pagados en efectivo

Un aparte del artículo 307 de la Ley 1819 del 2016 prevé el reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables de los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes, independientemente del número realizado durante el año. Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional, al considerar que el legislador goza de una amplia potestad de configuración en materia tributaria. Sumado a ello, la disposición no lesiona el derecho de igualdad y equidad tributaria, y su finalidad es legítima, pues busca garantizar la eficiencia y transparencia del sistema, al evitar la evasión de tributos y el lavado de activos. Asimismo, resaltó que la medida es idónea, porque facilita a los contribuyentes ajustar sus negocios a ella y permite canalizar las operaciones a través del sistema financiero, lo que genera mayor control y transparencia sobre las operaciones que causan las deducciones.

Corte Constitucional, Comunicado 41, Sentencia C-431, oct. 1°/20.

Desconocimiento de tecnologías por sujetos procesales puede interrumpir el proceso

En decisión de tutela, la Sala Civil de la Corte Suprema afirmó que el acceso y conocimiento de los medios tecnológicos a través de los cuales se celebra la audiencia virtual es condición para su realización, por ende, la ausencia de aquellos elementos por el apoderado judicial de las partes puede ser invocada como causal de interrupción del proceso. Además, cuando se alega tal situación, antes de la vista pública, dará lugar a la reprogramación de la sesión, y si a pesar de ello, la audiencia se practica, esto podrá causar la nulidad, según el caso particular. Para sustentar esta posición, el alto tribunal recordó que el artículo 2° del Decreto 806 del 2020 exige garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicción en la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Esto implica que el funcionario debe proporcionar a las partes las piezas procesales que se encuentren en su poder y se requieran para la siguiente actuación, cuando aquellas no puedan consultar el expediente físico en la sede judicial.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia STC7284-2020 (25000221300020200020901), sep. 11/20.

Caen artículos de proyecto de ley sobre vinculación de madres comunitarias

Debido al desconocimiento del trámite que debía seguir el Congreso, para rehacer el proyecto de ley objetado por el Gobierno, bajo lo ordenado en la Sentencia C-110 del 2019, fueron declarados inexequibles los artículos 2° al 7° y 10 del proyecto de ley 127/15S y 277/16C, destinado a fijar lineamientos para el trabajo de quienes prestan servicios en los programas de atención a la niñez y adolescencia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para la Corte, tras la declaratoria de inexequibilidad parcial de la propuesta, el Legislativo, al rehacer el texto, debió suprimir los segmentos expulsados del ordenamiento, agregar o suprimir las expresiones necesarias para darle un sentido racional, modificar la numeración y los títulos, de ser necesario, y realizar los ajustes gramaticales y sintácticos pertinentes. Así, una vez rehecho, el proyecto debe constituir un texto armonioso y coherente, y sus modificaciones no pueden sobrepasar la ratio decidendi del fallo mencionado.

Corte Constitucional, Comunicado 43, Sentencia C-451, oct. 15/20.

Vía libre a mesas de trabajo virtuales para concertar límites de Santurbán

La Sección Primera del Consejo de Estado negó la tutela que buscaba suspender el proceso de concertación de la delimitación del páramo de Santurbán, entre el Ministerio de Ambiente y las comunidades que habitan el área de influencia, a través de mesas de trabajo virtuales. Según la corporación, la propuesta presentada por el Ministerio surgió de la propia comunidad, específicamente de juntas de acción comunal, asociaciones de productores y mineros y de dueños de predios, representantes sindicales, docentes y veedurías ciudadanas. Adicionalmente, recordó que esta opción se presentó, con el fin de no paralizar el proceso antes los riesgos sanitarios actuales.

Consejo de Estado, Sentencia 11001031500020200268700, sep. 14/20.

Nuevas inexequibilidades de medidas de emergencia

La Corte Constitucional declaró inexequibles las medidas de emergencia adoptadas por el Ejecutivo sobre terminación unilateral en los contratos de arrendamiento comercial, por afectación a la libertad económica y contractual de las partes y a la función de administración de justicia; lo referente a la enajenación de la participación accionaria del Estado, pues esta materia requiere un debate democrático que solo puede concretarse en el Congreso, a través de una ley ordinaria; y de algunas disposiciones tributarias y presupuestales de las entidades territoriales, referentes a la facultad de diferir el pago de las obligaciones, la recuperación de la cartera y la disposición de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones, porque estas estrategias corresponden a la autonomía de esos entes y modifican la destinación de los recursos de la seguridad social.

Corte Constitucional. Comunicados 39, 40 y 43, Sentencias C-409, C-416 y C-448, sep. 17 y 23 y oct. 15/20.

Cuestionada constitucionalidad de prisión perpetua revisable

Contra la reforma al artículo 34 superior, efectuada en el Acto Legislativo 01 del 2020, el cual consagra la pena de prisión perpetua revisable respecto a los delitos de homicidio doloso y acceso carnal violento cometidos contra niños y adolescentes, han sido presentadas más de diez demandas de inconstitucionalidad, bajo cargos de sustitución de los ejes definitorios de la Carta Política, referentes a la dignidad humana, resocialización de la pena e igualdad y, adicionalmente, por vicios insubsanables del procedimiento legislativo. Así, después de un año de trámite en el Congreso, adelantado durante dos periodos ordinarios y consecutivos y con exigencia de mayorías para su aprobación, esta reforma se enfrenta ahora al cuestionamiento de constitucionalidad que deberá definirse en el 2021.

Corte Constitucional. Demandas D-13834, D-13837, D-13838, D-13839, D-13844, D-13845, D-13848, D-13862, D-13915, D-13945 y D-13957.

¿Deberá la Corte revisar su jurisprudencia sobre el aborto?

En los últimos días, han sido admitidas nuevas demandas de inconstitucionalidad contra el artículo 122 del Código Penal, en donde se contemplan las tres excepciones a la penalización del aborto, señaladas en la Sentencia C-355 del 2006, en los casos de peligro para la vida y la salud de la mujer, malformación del feto y cuando el embarazo sea resultado de una conducta ilícita. Las demandas están dirigidas a la despenalización absoluta de este acto, pues consideran que se ha generado un cambio en el parámetro de control de constitucionalidad, con base en las observaciones y recomendaciones de organismos del Sistema Internacional de Derechos Humanos, que señalan como una obligación de los Estados derogar la normativa que penaliza el aborto. Así, la Corte podrá decidir si modifica o no su jurisprudencia y revisa la cosa juzgada existente.

Corte Constitucional. Demandas D-13856, D-13911 y D-13956.

Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico

Para seguir recibiendo este boletín.

Regístrese aquí

Para mejorar nuestro servicio

Por favor diligencie la siguiente encuesta

Cuéntenos su experiencia

Edición

No. 008 - 2020

Esta son las nuevas directrices de técnica normativa

Precisar las reglas de publicidad y participación ciudadana aplicables a los proyectos específicos de regulación elaborados por las entidades públicas regidas por las directrices generales de técnica normativa, contenidas en el Decreto 1081 del 2015, es el objetivo principal del Decreto 1273 del 18 de septiembre. La norma señala que los proyectos de decreto y resolución proyectados para la firma del presidente de la República se deben remitir a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, junto con la respectiva memoria justificativa. Sumado a ello, se prevé la obligación de publicar tales proyectos durante 15 días, para que los ciudadanos o grupos de interés participen en el proceso de producción normativa, con opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. De otro lado, a más tardar el 31 de octubre de cada año, los ministerios y departamentos administrativos deben publicar, en su página web, el proyecto de agenda regulatoria para el año siguiente.

Decreto 1273, sep. 18/20.

Minjusticia regula firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada

Para garantizar la seguridad de la información, el Decreto 1287 reguló la firma autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada de actos, providencias, decisiones y demás documentos. Esta normativa también obedece a la necesidad de priorizar el trabajo en casa de las entidades públicas durante la emergencia sanitaria, y asegurar, en todo momento, la prestación de los servicios a su cargo. La documentación firmada de dicha forma deberá ser comunicada, a través de correo y sedes electrónicas y ventanillas únicas, entre otros medios digitales. Así mismo, deben aplicarse los procedimientos indicados por el Archivo General de la Nación en la organización, conservación e incorporación al expediente respectivo de los documentos de archivo producidos, clasificados según la tabla de retención documental correspondiente.

Decreto 1287, sep. 24/20.

Gobierno implementa subsidio para comprar vivienda nueva no VIS

Con el fin de incentivar el desarrollo del sector de la construcción y facilitar la compra de vivienda urbana nueva, se expidió el Decreto 1233 del 2020, que modifica el Decreto 1068 del 2015, en lo relacionado con la cobertura del programa FRECH NO VIS. La cobertura equivaldrá a máximo 42 salarios mínimos, al momento del desembolso del crédito de vivienda o de inicio del contrato de leasing habitacional, respecto a viviendas cuyo costo no supere los 500 salarios mínimos. Esos dineros se destinarán a cubrir el valor mensual de los intereses causados sobre el saldo del capital vigente no vencido y se abonará al componente de intereses corrientes de las primeras 84 cuotas o cánones mensuales.

Decreto 1233, sep. 14/20.

Colombia aprueba Convención sobre protección de derechos humanos de personas mayores

La Ley 2055 del pasado 10 de septiembre aprobó un nuevo instrumento interamericano dirigido a la promoción, protección y el pleno goce y ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores. Este convenio pretende contribuir a la plena inclusión, integración y participación igualitaria de las personas mayores en la sociedad. Según la normativa, los Estados parte están obligados a prevenir, sancionar y erradicar prácticas que afectan especialmente a esta población, como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad, negación de nutrición, infantilización y tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados. Otra exigencia es el fortalecimiento de las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, a fin de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos.

Ley 2055, sep. 10/20.

Modifican normas de estructuración de POT

A través del Decreto 1232 del 14 septiembre, se reguló el contenido de los planes de ordenamiento territorial (POT) y el procedimiento para su adopción o reforma. Con esta norma, el Ministerio de Vivienda pretende aclarar las definiciones en la materia, estructurar las etapas de construcción de esos planes y fortalecer la participación ciudadana en la elaboración de los mismos.

Decreto 1232, sep. 14/20.

Reglamentan traslado de aportes al fondo de contingencias judiciales

El Decreto 1266 del 2020 reglamenta el proceso que deberán efectuar las entidades estatales que constituyan una sección del Presupuesto General de la Nación en la valoración de sus contingencias judiciales, frente a todos los procesos judiciales que se adelanten en su contra, cuya notificación del auto admisorio se haya realizado desde el 1° de enero del 2019. Con base a la estimación del pasivo contingente judicial, las entidades deberán hacer un plan de aportes anuales al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales. El desembolso de los recursos de este fondo requiere que la entidad remita la resolución ejecutoriada que reconoce la suma de dinero declarada en la sentencia judicial o en el auto que apruebe la conciliación judicial y los intereses a pagar, cuando corresponda, junto con la documentación que respalde la solicitud.

Decreto 1266, sep. 17/20.

Nueva línea de Findeter para prevenir deserción en educación superior

Mediante una línea de redescuento en pesos con tasa compensada, desarrollada por Findeter, las instituciones de educación superior, públicas o privadas, que ofrezcan planes de incentivos, becas o descuentos a las matrículas podrán financiar total o parcialmente los rubros de estas operaciones, con el fin de prevenir la deserción de estudiantes durante la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19. El Decreto 1280 establece que la aprobación de las operaciones de redescuento se podrá otorgar por un monto de 200.000 millones de pesos, hasta el 30 de junio del 2021.

Decreto 1280, sep. 23/20.

Ejecutivo crea instancia de asesoría sobre vacunas contra COVID-19

El Gobierno creó la Instancia de Coordinación y Asesoría, que hará parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a la cual le corresponde analizar y recomendar estrategias encaminadas a acceder a vacunas seguras y eficaces contra el nuevo coronavirus y la COVID-19, para superar la emergencia sanitaria generada por la pandemia, atendiendo los principios de disponibilidad, universalidad, equidad, solidaridad y oportunidad del derecho fundamental a la salud. Así lo indicó el Decreto 1258 del pasado 15 de septiembre. Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado afirmó que los recursos del FOME sí pueden destinarse a financiar la investigación de dicha vacuna y al pago del anticipo solicitado por las farmacéuticas para garantizar la distribución oportuna de la misma.

Decreto 1258, sep. 15/20.

Ley ordena creación de centros de bienestar animal

Debido a la tenencia irresponsable de los animales domésticos de compañía, se sancionó la Ley 2054, que introduce modificaciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y genera nuevas obligaciones aplicables a municipios y distritos, de forma que estos financien, según sus capacidades, centros de bienestar animal y albergues para fauna, y promuevan los programas de adopción y esterilización. De igual modo, exige la inclusión en los POT de un área destinada a la construcción estos centros, los cuales deberán contar con asistencia veterinaria. Mientras estos lugares se constituyen, los entes territoriales deben apoyar las labores de los refugios o fundaciones de carácter privado, a través de aportes directos en especie. Finalmente, se reemplaza en la legislación nacional la expresión “perro o razas potencialmente peligrosas” por “perro o razas de manejo especial”.

Ley 2054, sep. 03/20.

Exequible decreto que implementa uso de tecnologías en actuaciones judiciales

A juicio de la Corte Constitucional, el Decreto Legislativo 806 del 4 de junio 2020 se encuentra ajustado a la Carta Política. Esta norma determinó, con carácter transitorio, el uso prioritario de las tecnologías de la información y las comunicaciones en procesos judiciales, actuaciones adelantadas por autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, y procesos arbitrales, específicamente en la presentación de demandas, anexos y excepciones, realización de traslados, comunicaciones, notificaciones, emplazamientos y audiencias; la eliminación de la exigencia de formalidades presenciales en documentos, como presentaciones personales, autenticaciones adicionales o presentación en medios físicos; reglas específicas aplicables a las jurisdicciones administrativa, civil y laboral, y la posibilidad de que quienes requieran adelantar diligencias, pero carezcan de acceso a internet, lo hagan en las sedes de ciertas entidades públicas.

Corte Constitucional, Noticia, Expediente RE-333, sep. 24/20.

Constitucional autorización a entes territoriales para adecuar centros transitorios de detención

Se declaró exequible el Decreto Legislativo 804, que permitió la adecuación, ampliación o modificación de inmuebles destinados a centros transitorios de detención, a cargo de los entes territoriales, en el marco de estado de emergencia. En opinión de la Corte Constitucional, evitar la propagación del coronavirus y su enfermedad COVID-19 y garantizar condiciones mínimas de salud a las personas privadas de la libertad en tales lugares exige contar con espacios que faciliten el distanciamiento social mínimo. En ese sentido, la corporación explicó que la normativa aplicable a los trámites y permisos de licencias urbanísticas correspondientes contemplan términos muy extensos que agravan la situación de dicha población en la coyuntura.

Corte Constitucional, Comunicado 38, Sentencia C-395, sep. 09/20.

Inhabilidad para condenados por delitos sexuales contra menores se limita a duración de pena accesoria

En el marco de la revisión de la Ley 1918 del 2018, sobre el régimen relativo a la inhabilidad para desempeñar cargos, oficios o profesiones relacionados directa y habitualmente con menores, imponible a los condenados por delitos sexuales cometidos contra aquellos, y la cual crea el registro de las mismas, la Corte Constitucional condicionó la exequibilidad del artículo 1°, al precisar que tal inhabilidad queda limitada a la duración de la pena accesoria que establezca el Código Penal. Sumado a ello, declaró inexequible el artículo 2° de la norma, que asignaba al ICBF la obligación de delimitar tales cargos, oficios o profesiones, al aclarar que esta facultad corresponde a las competencias de Congreso de la República.

Corte Constitucional, Boletín 143, sep. 16/20.

Visto bueno a régimen excepcional de insolvencia empresarial

Como ajustado a derecho fue considerado el Decreto Legislativo 772, el cual reguló el acceso y trámite expedito de los procedimientos de insolvencia, y creó un proceso de reorganización abreviada y otro de liquidación judicial simplificado a favor de deudores con activos hasta de 5.000 salarios mínimos. Sin embargo, la Corte condicionó la exequibilidad del parágrafo 1° del artículo 3°, para garantizar que todos los sujetos del concurso tengan facilidades tecnológicas y el apoyo de la secretaría del despacho en el diligenciamiento y radicación de la solicitud. Por otra parte, estableció la inexequibilidad de algunas expresiones del artículo 7°, y de los parágrafos 3° de los artículos 11 y 12. El primero de ellos se refería a la figura del interventor, mientras que las otras dos disposiciones permitían al Gobierno modificar el monto de los activos, con el fin de acceder a la reorganización abreviada y liquidación judicial voluntaria. Por último, se declaró inexequible el artículo 13, que regulaba el pago de los honorarios del liquidador en el proceso de liquidación judicial simplificado, decisión que conduce a aplicar la Ley 1116 del 2006 y su reglamentación.

Corte Constitucional, Comunicado 37, Sentencia C-378, sep. 02/20.

Corte extiende beneficio tributario sobre renta a sujetos no contribuyentes del IVA

Al estudiar el artículo 83 de la Ley 1943 del 2018 y el 95 de la Ley 2010 del 2019, los cuales permiten que el IVA pagado por la adquisición, construcción, formación e importación de activos fijos reales productivos, incluyendo el asociado a los servicios necesarios para ponerlos en condiciones de utilización, sea descontado del impuesto sobre la renta, la Corte determinó que las modificaciones introducidas por tales disposiciones son compatibles con la Carta Política. No obstante, el alto tribunal decidió que ese beneficio tributario también debe extenderse a aquellos sujetos que no son responsables del IVA, pues ambos grupos se encuentran en la misma situación frente al objeto particular de la norma.

Corte Constitucional, Comunicado 37, Sentencia C-379, sep. 02/20.

Denuncia de mujer víctima de violencia de género puede constituir prueba de referencia

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que la mujer víctima de violencia de género tiene derecho a no declarar en el proceso judicial. Sin embargo, si se establece que aquella no ejerce tal derecho libremente, sino debido al sometimiento derivado de la violencia sexual, física, sicológica o económica, sus declaraciones anteriores, incluida la denuncia, pueden ser incorporadas en el juicio oral, como pruebas de referencia. En el caso estudiado, se corroboró que la víctima de violencia y agresión sexual ejecutada por su compañero no lograba separarse de este, porque era el proveedor económico de su familia, temor que coartaba la capacidad de decisión de la mujer. En efecto, los testigos evidenciaron un patrón sistemático de maltrato y subyugación en la relación con el procesado, imposible de escindir de la violencia sexual e intrafamiliar. De otro lado, el fallo reiteró que existencia de una relación afectiva y la convivencia que la víctima mantiene con el agresor no pueden sustentar un consentimiento presunto en materia de relaciones sexuales.

Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia SP3274-2020 (50587), sep. 02/20.

Avalan más disposiciones tributarias y financieras en la emergencia

El máximo tribunal constitucional declaró la exequibilidad del Decreto Legislativo 668, que facilitó el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el marco de la emergencia, y el Decreto Legislativo 800, relacionado con el flujo de recursos al Sistema General de Seguridad Social en Salud y la necesidad de mantener la afiliación a quienes han perdido la capacidad de pago, norma que regirá durante la emergencia sanitaria o el término de vigencia que señale el Congreso. En la misma línea, se avalaron las disposiciones referentes al sector juegos de suerte y azar, emitidas en el Decreto Legislativo 808, frente al cual se aclaró que la exclusión del IVA contemplada solo aplicará hasta el 31 de diciembre del 2021. También se determinó la constitucionalidad del Decreto Legislativo 812, en donde se creó el Registro Social de Hogares y la Plataforma de Transferencias Monetarias. En cuanto al Decreto Legislativo 807, se declararon inexequibles los artículos 1° y 2°, y un aparte del artículo 9°, al no superar el juicio de finalidad y cesar la vigencia del procedimiento abreviado de devolución o compensación de saldos a favor de los responsables del impuesto sobre la renta e IVA.

Corte Constitucional, Comunicados 37 y 38, Sentencias C-380, C-381, C-382, C-383 y C-394, sep. 02, 03 y 09/20.

Creación de patrimonio autónomo para fortalecimiento empresarial de mujeres respeta la Carta Política

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del Decreto Legislativo 810, donde se creó el patrimonio autónomo destinado al emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres. Según la corporación, la norma tiene en cuenta los impactos de la pandemia de COVID-19 en las mujeres, pues estas sienten, con mayor rigor, las consecuencias de las cuarentenas, especialmente el cierre de empresas y la suspensión de actividades en sectores económicos con altos riesgos, sumadas a las brechas sociales que impiden la igualdad real y efectiva, hechos que justifican la expedición de la disposición en la emergencia sanitaria.

Corte Constitucional, Comunicado 38, Sentencia C-396, sep. 09/20.

Niegan suspensión provisional de decreto sobre proyectos piloto de ‘fraking’

El pasado 4 de septiembre, la Sección Tercera del Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional del Decreto 328 del 2020, el cual establece parámetros para adelantar proyectos piloto de exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales, mediante fracturamiento hidráulico fracking. La corporación aseveró que, en esta etapa procesal, no se encontró oposición directa entre el acto acusado y las normas superiores invocadas que justificara la aplicación de una cautela, en aplicación del principio de precaución. Respecto a la presunta vulneración de la consulta previa, sostuvo que aún no es posible concluir el desconocimiento de este derecho fundamental.

Consejo de Estado, Auto 11001032600020200004200 (65992), sep. 04/20.

Conozca las demandas recién admitidas en la Corte

En las últimas semanas, la Corte Constitucional admitió las demandas interpuestas contra diversas normas, entre ellas, el Código General del Proceso; frente a la disposición que impide recurrir el auto que inadmite la demanda de casación, y la restitución de inmueble arrendado; Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, respecto a la prohibición de realizar necesidades fisiológicas en el espacio público; Código Penal, sobre la tipificación del delito de aborto; Código Nacional de Tránsito, referente a los beneficios de pronto pago de las multas derivadas de la comisión de infracciones; Ley 1221 del 2008, acerca de las garantías laborales de los teletrabajadores, y Decreto 2106 del 2019, sobre los requisitos únicos de concesión del permiso o licencia ambiental.

Corte Constitucional, Demandas D-13849, D-13850, D-13856, D-13859, D-13866, D-13867, D-13796 y D-13831.

Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico

Para seguir recibiendo este boletín.

Regístrese aquí

Para mejorar nuestro servicio

Por favor diligencie la siguiente encuesta

Cuéntenos su experiencia

Edición

No. 007 - 2020

Sancionan nueva Ley Antitrámites

Con la entrada en vigencia de la Ley 2052 del 25 de agosto, se fortalece la racionalización, digitalización y automatización de los trámites ante el Ejecutivo nacional y territorial y los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas. Según la norma, los nuevos trámites deben realizarse totalmente en línea por parte de los ciudadanos, quienes podrán recibir un incentivo fijado por cada entidad. Adicionalmente, exige a tales obligados garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información y gestionar la autentificación digital y automatización de estampillas electrónicas. Esta ley también contempla el lenguaje claro en la creación e implementación de los formularios únicos, procedimientos y esquemas de comunicación e información pública relacionados con los trámites de cada organismo; y prevé la racionalización del otorgamiento de licencias, autorizaciones y permisos. De otro lado, además de actualizar el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), el Departamento Administrativo de la Función Pública, cada dos años, debe emitir un informe sobre los procedimientos a racionalizar y en los que aplica el silencio administrativo positivo.

Ley 2052, ago. 25/20.

Gobierno ordena aislamiento selectivo

El pasado 25 de agosto, el Ejecutivo decretó el aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, que implica que todas las personas deben cumplir con los protocolos de bioseguridad, para evitar el contagio del nuevo coronavirus. En esta nueva etapa, los alcaldes de los municipios de alta afectación, con la autorización del Ministerio del Interior y previo concepto del Ministerio de Salud y Protección Social, podrán restringir las actividades, zonas y hogares que consideren pertinentes para realizar ese aislamiento. Igualmente, siguen restringidos los eventos públicos o privados que generen aglomeración, bares, discotecas, lugares de baile y el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. Además, las entidades públicas y privadas deben seguir privilegiando las modalidades de teletrabajo, mientras que el cierre de fronteras marítimas, terrestres y fluviales se mantiene hasta el 1° de octubre.

Decreto 1168, ago. 25/20.

Precisan implementación del piso de protección social

Para lograr el acceso efectivo al piso de protección social por parte de las personas que tengan relación contractual laboral o de prestación de servicios, por tiempo parcial, y perciban un ingreso mensual inferior a un salario mínimo, el Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 1174, que regula, entre otros temas, la composición, vinculados obligatorios y voluntarios, aseguramiento inclusivo y condiciones del aporte a los Beneficios Económicos Periódicos.

Decreto 1174, ago. 27/20.

Esta es la ley que prohíbe pruebas cosméticas en animales

Gracias a la Ley 2047, quedan prohibidas la experimentación, importación, exportación, fabricación y comercialización de productos cosméticos, sus ingredientes y combinaciones que sean probados en animales, excepto cuando un ingrediente deba someterse a pruebas de seguridad, por riesgos de salud o al ambiente y no existan otras alternativas validadas internacionalmente, y, se realice para un propósito diferente al cosmético. Por su parte, el Invima podrá sancionar a quienes incumplan la prohibición, con multas entre 133 y 50.000 salarios mínimos. Sin embargo, la norma empezará a surtir efectos a partir del cuarto año posterior a su sanción.

Ley 2047, ago. 10/20.

Mincomercio cambia reglamento de circulación de factura electrónica

Contar con mecanismos de autoregulación que detecten, prevengan y mitiguen acciones de fraude, suplantación, extorsión por ciframiento de datos almacenados (ransonware), robo de identidades (phishing) y demás prácticas nocivas en el procesamiento de datos referente a la factura electrónica. Este es el objetivo del Decreto 1154, que reglamenta la circulación de la factura electrónica de venta, como título valor, y define cuando se genera la aceptación tácita o expresa; el endoso electrónico; los usuarios autorizados del RADIAN; las reglas particulares de los sistemas de negociación electrónica, y los límites de circulación, la exigibilidad y el pago de esa factura.

Decreto 1154, ago. 20/20.

Controles a Planes Estratégicos de Seguridad Vial

Mediante la Ley 2050, se faculta a la Superintendencia de Transporte, los organismos de tránsito y el Ministerio del Trabajo a verificar la implementación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial. Sumado a ello, exige a la Agencia Nacional de Seguridad Vial desarrollar anualmente campañas publicitarias educativas o informativas dirigidas a los usuarios de la vía, y contempla estímulos o distinciones a entidades públicas del nivel nacional y territorial y sus funcionarios, por la ejecución de los planes. La novedad más significativa de la norma es la adopción de sanciones de amonestación escrita, multa e intervención operativa, imponibles a los organismos de tránsito y de apoyo relacionados.

Ley 2050, ago. 12/20.

Crean Consejo de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas

Con el propósito de integrar y reconocer los derechos lingüísticos de la comunidad sorda, la Ley 2049 creó el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas, cuya función principal es recopilar, documentar y divulgar las variaciones que se producen naturalmente en su utilización, el vocabulario cotidiano y los términos especializados, para eliminar las barreras comunicativas presentadas por su desconocimiento. Este nuevo órgano deberá formular y concertar una política de protección, fortalecimiento y promoción de esa lengua y gestionar, a nivel nacional, recursos científicos, técnicos o financieros destinados a promover programas y proyectos a favor de esta población, de modo que se facilite su interacción con oyentes e intérpretes en todo el país.

Ley 2049, ago. 10/20.

Ejecutivo adopta programa de rastreo de COVID-19

A través del Decreto 1109, se creó el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS), que permite el seguimiento de casos y contactos del nuevo coronavirus y su enfermedad COVID-19, a fin de interrumpir las cadenas de transmisión . La norma también reglamentó el reconocimiento económico a quienes deben respetar el aislamiento. Entretanto, el Decreto 1148 determinó una serie de requisitos sanitarios transitorios que facilitan la fabricación, importación y comercialización de medicamentos, dispositivos médicos y otros productos declarados por el Invima como vitales no disponibles.

Decretos 1109 y 1148, ago. 10 y 18/20.

Reglamentan nuevamente impuesto unificado bajo régimen simple

El Ministerio de Hacienda reglamentó el tratamiento aplicable a los tributos que sustituye, comprende e integra el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, y al IVA. Así, el Decreto 1091 regula las condiciones de dicha sustitución e integración; el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes durante periodos gravables en curso; la liquidación del anticipo bimestral a pagar en los recibos electrónicos, y el contenido de estos últimos y de la declaración de dicho impuesto, entre otros aspectos.

Decreto 1091, ago. 03/20.

A salvo, segunda declaratoria de emergencia

Con una revisión más rigurosa en la verificación de los hechos sobrevinientes, graves y que no pueden ser afrontados por medios ordinarios, resultó a salvo, en la Corte Constitucional, la segunda declaratoria de emergencia, efectuada en el Decreto 637 del 2020. La corporación aseveró que la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia de COVID-19 se ha agravado de manera rápida e inusitada, es la más grave en la historia del país, y corresponde a hechos nuevos que superan lo estimado al declararse el primer estado de excepción, por lo cual dicha norma es constitucional.

Corte Constitucional, Comunicado 33, Sentencia C-307, ago. 12/20.

Inexequible impuesto solidario

Por vulnerar los principios de equidad e igualdad tributaria y de generalidad del impuesto, fue declarado inconstitucional, con efectos retroactivos, el Decreto Legislativo 568, que creó el impuesto solidario por COVID-19, exigible a cierto grupo de servidores públicos, contratistas y pensionados. En consecuencia, los dineros cancelados se entenderán como abono del impuesto de renta a pagar en el 2021.

Corte Constitucional, Comunicado 32, Sentencia C-293, ago. 5/20.

Cae reducción de cotización y pago especial de pensiones

El Decreto Legislativo 558, que adoptó un mecanismo especial de pago de las pensiones reconocidas bajo la modalidad de retiro programado y disminuyó temporalmente la cotización al sistema pensional, fue declarado inexequible por tres razones: desmejoró los derechos sociales de los trabajadores con expectativa de pensiones superiores a un salario mínimo; dispuso de recursos destinados a la financiación de aquellas para fines distintos, y no aseguró la sostenibilidad financiera del sistema con respecto al reconocimiento de las semanas de abril y mayo del 2020, para efectos de la pensión mínima en el régimen de ahorro individual y de la de vejez de un salario mínimo en el de prima media. Asimismo, al incumplir la conexidad, necesidad y motivación suficiente exigidas a las medidas de excepción, se consideró inexequible el Decreto 802, modificatorio del 558, referente a tal mecanismo especial y el traslado de recursos a Colpensiones, por parte de las administradoras. Según la Corte, la descapitalización de las cuentas individuales de ahorro pensional que soportan el pago de las mesadas obedece a factores estructurales del régimen de ahorro individual y no a efectos económicos derivados de la pandemia. Tampoco se demostró la insuficiencia de recursos en tales cuentas que afectaría a un grupo de pensionados, ni la falta de idoneidad de los medios ordinarios para resguardar sus mesadas, pese a lo cual el mecanismo especial se adoptó permanentemente, lo que afectó el derecho a elegir libremente el régimen pensional y la naturaleza del capital existente.

Corte Constitucional, Comunicados 31 y 33, Sentencias C-258 y C-308, jul. 23 y ago. 12/20.

Avalan parcialmente medidas de excepción sobre proyectos de inversión y juegos de azar

Para la Corte Constitucional, las medidas de emergencia sobre la financiación de los proyectos de inversión pública con recursos del Sistema General de Regalías y las adoptadas en el sector de juegos de suerte y azar cumplen con los requisitos formales y materiales de validez exigidos. No obstante, lo referente a los costos de la prestación del servicio de alumbrado público, contenido en el artículo 5° del Decreto 513 del 2020, no guardó relación con las causas del estado de excepción y viola la autonomía territorial, mientras que lo relativo a la importación de elementos de juego usados, previsto en el artículo 6° del Decreto Legislativo 576, no superó el juicio de necesidad jurídica, al ser objeto de regulación ordinaria, por ende, estas disposiciones fueron declaradas inexequibles.

Corte Constitucional, Comunicado 31, Sentencias C-254 y C-257, jul. 22 y 23/20.

Visto bueno a disposiciones financieras, tributarias y de servicios públicos

Al encontrar cumplidos los requisitos formales y materiales de los decretos legislativos, la Corte Constitucional declaró exequible lo concerniente al otorgamiento de crédito público para garantizar procesos de toma de posesión a cargo del Fondo Empresarial de la Superservicios (Decreto 809); financiamiento y subsidios a servicios públicos de agua potable, saneamiento básico y aseo (Decreto 819); exención del IVA respecto a algunos bienes médicos, bajo el entendido que ella perderá vigencia al término de la siguiente vigencia fiscal (Decreto 551); y el reconocimiento del auxilio de transporte como de conectividad a favor de trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos y desarrollen su labor en el domicilio, condicionado a que aquel se extienda más allá de la vigencia de la emergencia, si es necesario garantizar la continuidad del trabajo en casa (Decreto 771).

Corte Constitucional, Comunicados 32 y 33, Sentencias C-292, C-309, C-310 y C-311, ago. 5, 12 y 13/20.

Corte IDH precisa protección de derechos políticos de funcionarios de elección popular

La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado colombiano por la destitución impuesta, en el 2013, por la Procuraduría General de la Nación al hoy senador Gustavo Petro, cuando este se desempeñaba como alcalde de Bogotá. A juicio de este tribunal internacional, en el caso concreto, no se respetó la garantía de imparcialidad ni la presunción de inocencia, ya que, en la Sala Disciplinaria de esa entidad, se concentraron las facultades de investigación, acusación y sanción, lo cual es incompatible con la Convención Americana. Además de las reparaciones económicas ordenadas, la decisión indica que el Estado debe adecuar su ordenamiento interno, de forma tal que los funcionarios de elección popular no sean destituidos ni inhabilitados mediante decisiones de autoridades administrativas.

CorteIDH. Sentencia Caso Petro Urrego vs. Colombia, jul. 8/20.

Atacan competencia de defensores de familia

Ante la Sección Primera del Consejo de Estado fue demandada la nulidad del artículo 2.2.3.8.1.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho (D. 1069/15), referente a la intervención del defensor de familia en las actuaciones en las que estén involucrados menores de edad, que, en caso de infracción de la ley penal, prevé remitir la actuación al funcionario competente, una vez dictadas las medidas de protección respectivas. La demanda sostiene que la disposición “compiló una normatividad pretérita que va en contravía de la legislación actual e impone un deber caprichoso al Defensor de Familia, cuando los asuntos son de competencia directa del Comisario de Familia dentro del marco de la violencia intrafamiliar.” El proceso sigue su curso, ante el levantamiento de la suspensión de términos judiciales.

Consejo de Estado, Auto 11001032400020180020900, mar. 13/20.

Últimas demandas admitidas en la Corte

Recientemente, la Corte Constitucional admitió varias demandas de inconstitucionalidad contra normas del Plan Nacional de Desarrollo, referentes a los derechos patrimoniales de derecho de autor, y generación de empleo para la población joven; Código Penal, sobre acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir; Código de Procedimiento Penal, relativas a la duración de los procedimientos, el vencimiento de los términos y el inicio del descubrimiento de elementos materiales probatorios; Estatuto de Contratación Estatal, respecto a las inhabilidades e incompatibilidades para contratar; del fortalecimiento del proceso de responsabilidad fiscal, y las disposiciones sobre desconocimiento de costos por campañas de publicidad de productos extranjeros.

Corte Constitucional, Demandas D-13614, D-13720, D-13749, D-13765, D-13772, D-13779, D-13782 y D-13789.

Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico

Para seguir recibiendo este boletín.

Regístrese aquí

Para mejorar nuestro servicio

Por favor diligencie la siguiente encuesta

Cuéntenos su experiencia

Edición

No. 006 - 2020

Promulgan prisión perpetua revisable

Mediante el Acto Legislativo 1 del pasado 22 de julio, se modificó el artículo 34 de la Constitución, y así, se implantó la cadena perpetua excepcional, si un menor de edad es víctima de homicidio doloso, acceso carnal violento o sea puesto en incapacidad de resistir o es incapaz de resistir, pena que podrá ser revisada en un plazo mínimo de 25 años, con el fin de evaluar la resocialización del condenado. La reforma le asignó al Ejecutivo el término de un año, para que radique el proyecto de ley reglamentario de la materia. En el mismo lapso, se deberá formular la política pública integral de protección de niños y adolescentes, fundamentada, principalmente, en alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento sicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena, cuando los derechos de aquellos sean vulnerados.

Acto Legislativo 1, jul. 22/20.

Vía libre a región metropolitana de Bogotá y Cundinamarca

Al modificar el artículo 325 de la Carta Política, en el Acto Legislativo 2 del 2020, el Congreso creó la región metropolitana Bogotá – Cundinamarca, como entidad administrativa de asociatividad regional de régimen especial. A través de esta figura, se pretende garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo sostenible y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo. En ese contexto, el Distrito Capital, la Gobernación de Cundinamarca y los municipios de este departamento podrán asociarse a tal región, cuando compartan dinámicas territoriales, ambientales, sociales o económicas.

Acto Legislativo 2, jul. 22/20.

Impulsan inserción laboral de jóvenes y adultos mayores

El Gobierno sancionó una serie de leyes que favorecen la inserción laboral de jóvenes y adultos mayores sin pensión. En primer lugar, la Ley 2039 estipuló que las prácticas, monitorías y participación en grupos de investigación debidamente certificados, entre otros, serán acreditables como experiencia profesional válida, siempre que su contenido se relacione con el programa cursado. Adicionalmente, en los concursos públicos de mérito, se deberá tener en cuenta la experiencia previa a la obtención del título profesional. En la misma línea, la Ley 2043 reconoce como experiencia profesional o relacionada, de manera obligatoria, las prácticas realizadas en el sector público o privado, como opción para adquirir el correspondiente título. De otro lado, la Ley 2040 indica que las empresas pueden obtener la deducción en la determinación del impuesto sobre la renta por contratación de adultos mayores no pensionados, y, en los procesos de contratación pública, si hay empate en la puntuación, se preferirá al proponente que demuestre la vinculación del mayor porcentaje de personas mayores.

Leyes 2039, 2040 y 2043, jul. 27/20.

Amnistía a deudores de multas de tránsito

El Congreso dispuso que, hasta el 31 de diciembre del 2020, los infractores que tengan pendiente el pago de multas, o estén pagando o hayan incumplido acuerdos de pago por infracciones a normas de tránsito, impuestas hasta el 31 de mayo pasado, podrán recibir un descuento del 50% del total de su deuda y del 100% de sus respectivos intereses, sin necesidad de asistir al curso pedagógico de tránsito. Según la Ley 2027, quienes se acojan a este beneficio tendrán plazo de hasta un año contado desde la fecha de suscripción del acuerdo pertinente. A partir de ahora, los ciudadanos podrán suscribir acuerdos de pago directamente con los organismos de tránsito. La norma no aplica a los conductores que, al momento de la infracción, estuvieran en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias sicoactivas.

Ley 2027, jul. 24/20.

Lista ley que fomenta ambiente libre de plomo

A fin de garantizar el desarrollo físico e intelectual y la salud de las personas, en especial de niños y adolescentes, en un ambiente libre de plomo, el pasado 27 de julio se sancionó la Ley 2041, que dispone lineamientos generales de prevención de contaminación, intoxicación y enfermedades derivadas de la exposición a ese metal. Esta norma ordena al Gobierno expedir la reglamentación técnica correspondiente a la prohibición del uso, fabricación, importación o comercialización de productos, como juguetes, tuberías, pinturas e insumos agropecuarios, cuando contengan plomo. En las practicas industriales, el empleador deberá realizar la evaluación de los límites máximos permisibles de concentraciones de plomo en ambientes laborales, añade.

Ley 2041, jul. 27/20.

Uso obligatorio de documentos tipos en contratación estatal

Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública deben atender, en su actividad contractual, los documentos tipo adoptados por la Agencia Compra Eficiente. Así lo ordena la Ley 2022, según la cual, entre ellos, se establecerán los requisitos habilitantes, técnicos, económicos y otros factores de escogencia, así como los que, previa justificación, representen buenas prácticas contractuales. Esta exigencia se implementará gradualmente, con el propósito de facilitar la incorporación de esos documentos en el sistema de compra pública.

Ley 2022, jul. 22/20.

Esta es la ley de saneamiento de propiedad de bienes con asentamientos ilegales

Acaba de ser sancionada la Ley 2044, destinada a sanear, de forma definitiva, la propiedad de los asentamientos humanos ilegales consolidados y precarios en inmuebles baldíos urbanos, fiscales titulables y los que existan en predios de dominio legítimo de particulares, cuya ocupación o posesión sea mayor a 10 años, bajo ciertos requisitos. La norma también prevé la titulación de predios de uso público a favor de entidades territoriales, para materializar el principio de equidad. Se destaca que la normativa no aplica a nuevos asentamientos.

Ley 2044, jul. 30/20.

Incorporan obligación de pago en plazos justos en ámbito comercial

Con el objeto de desarrollar el principio de buena fe contractual, la Ley 2024 incorporó el deber general de todos los comerciantes y quienes ejerzan operaciones mercantiles de efectuar el pago de sus obligaciones contractuales en plazos justos, excepto en ciertos eventos. Durante el primer año de vigencia de la norma, el lapso máximo será de 60 días calendario, y, a partir del segundo año, 45 días. La adopción de los nuevos términos crea un deber adicional de ajustar los procedimientos y políticas de facturación. Igualmente, esta ley regula la indemnización por costos de cobro a favor del acreedor, cuando el contratante incurra en mora por vencimiento del plazo.

Ley 2024, jul. 23/20.

Legislador declara atención integral prioritaria de menores con cáncer

Lograr la protección efectiva del derecho fundamental a la salud de menores de 18 años con diagnóstico o presunción de cáncer es el objetivo principal de la Ley 2026. Esta normativa obliga a los actores del Sistema de Salud a garantizar la atención integral, prioritaria y continuada, que comprende presunción de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación, seguimiento y asistencia sicosocial y familiar. Así mismo, concede la prelación en el pago de la facturación y el mecanismo de giro directo a los prestadores de servicios de salud a tales niños y adolescentes. De hecho, otorga al Gobierno el plazo de un año, para desarrollar la estrategia de promoción y prevención contra el cáncer infantil.

Ley 2026, jul. 23/20.

Permiten pago anticipado de créditos cooperativos

A partir de la expedición de la Ley 2032, los consumidores de productos crediticios de las entidades del sector cooperativo podrán realizar el pago anticipado de las cuotas o saldos, en forma total o parcial, en toda operación de crédito en moneda nacional, sin incurrir en penalización o compensación por lucro cesante. Lo anterior también aplica a las operaciones de crédito en las que el productor o proveedor otorgue financiación directa. La disposición no cobija los créditos superiores a 880 salarios mínimos.

Ley 2032, jul. 27/20.

Asambleas y concejos pueden fijar tasa pro deporte y recreación

Conforme con las políticas y programas nacionales o territoriales, la Ley 2023 permite a las asambleas departamentales y concejos municipales y distritales crear una tasa pro deporte y recreación. Este tributo se genera por la suscripción de contratos y convenios entre toda persona natural o jurídica y la Administración central del departamento, municipio o distrito, sus establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales, y sociales del Estado de la entidad territorial respectiva o sus descentralizadas, salvo excepciones.

Ley 2023, jul. 23/20.

Novedades reglamentarias en materia tributaria

Durante el mes de julio, el Ejecutivo expidió una serie de reformas al Decreto Único Tributario 1625 del 2016. El Decreto 963 del 2020 reglamentó la devolución automática de los saldos a favor determinados en declaraciones de impuestos sobre la renta y las ventas, a favor de los contribuyentes que cumplan los requisitos exigidos. El Decreto 1010 señaló el procedimiento de inclusión de los activos omitidos en las declaraciones de impuestos nacionales, cuando el contribuyente tiene el aprovechamiento económico, potencial o real, de tales activos, que corresponde al impuesto de normalización tributaria. Adicionalmente, se actualizaron los requisitos de acceso a las deducciones por contribuciones a educación de los empleados, en el Decreto 1013. También se indicaron los requisitos de procedencia de la exención de renta en la enajenación de predios destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social o prioritario, mediante el Decreto 1066. Por último, el Decreto 1012 reguló el remate virtual, durante la celebración de la audiencia para la venta forzada de bienes, efectuado en el proceso de cobro coactivo adelantado por la DIAN.

Decretos 963, 1010, 1011, 1012 y 1013, jul. 7°, 14 y 23/20.

Gobierno viabiliza sometimiento a la justicia de integrantes de GAO

Con el propósito de coordinar y viabilizar la ruta de sometimiento individual a la justicia de integrantes de Grupos Armados Organizados (GAO), se expidió el Decreto 965, el cual fija competencias y desarrolla procedimientos de acceso a los beneficios correspondientes. Así, se brindan alternativas de retorno a la legalidad a los miembros de tales grupos que se presenten voluntariamente ante cualquier autoridad militar, policial, administrativa o judicial. Esta norma adiciona el Capítulo 8 al Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 del 2015.

Decreto 965, jul. 7/20.

Exequible suspensión de términos procesales

El Decreto Legislativo 564 del 2020, que suspendió los términos de prescripción y caducidad de derechos, acciones, medios de control y presentación de demandas, al igual que los de inactividad para el desistimiento tácito y de duración del proceso, fue declarado exequible por la Corte Constitucional, al considerar que aquel busca desarrollar la tutela judicial efectiva, confiere certeza legal a los usuarios, funcionarios y empleados, y es necesario para evitar que los efectos de la crisis sanitaria se extiendan al servicio judicial. Sin embargo, estableció la inexequibilidad de un aparte del parágrafo del artículo 1°, sobre la no suspensión de términos en materia penal, específicamente, el término para solicitar la apertura del incidente de reparación integral y presentar las querellas, por desconocer los derechos de las víctimas, incluido el acceso a la administración de justicia.

Corte Constitucional, Comunicado 27, Sentencia C-213, jul. 1°/20.

Visto bueno a sustitución transitoria de prisión y detención preventiva

La Corte Constitucional declaró exequible la totalidad del Decreto Legislativo 546, relativo a la sustitución transitoria de la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por la prisión y detención domiciliaria en el lugar de residencia, aplicables a las personas en situación de mayor vulnerabilidad frente a la COVID-19. Sin embargo, la providencia condicionó algunas disposiciones, como el literal d) del artículo 2°, el cual no excluye otras formas de discapacidad que puedan resultar incompatibles con las medidas sanitarias y de distanciamiento social. En cuanto a los artículos 3° y 10, advirtió que, al vencer el término de la medida, las personas beneficiadas no podrán regresar al centro donde estaban originalmente privadas de la libertad, si en él se presenta un brote del nuevo coronavirus. Frente a los artículos 7° y 8°, aclaró que, cuando el solicitante está cobijado por la Ley 600 del 2000, la Fiscalía General o la Corte Suprema de Justicia es la competente para definir la aplicación del beneficio, y, los abogados pueden presentar las solicitudes directamente ante el juez competente, siempre que adjunten las cartillas biográficas entregadas por el Inpec y el certificado médico respectivo.

Corte Constitucional, Boletín 126, Sentencia C-255, jul. 22/20.

Por vicio formal, inexequible norma que permitió subsidiar servicios públicos

Debido a la ausencia de la firma de los ministros de Salud y Protección Social y de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 580 del 2020, que permitió a las entidades territoriales asignar subsidios o asumir total o parcialmente el costo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, según su nivel de recursos y liquidez. La corporación aseveró que la suscripción de los decretos legislativos por parte de todos los ministros es una condición indispensable de validez de estas normas, que garantiza el principio democrático en el estado de excepción, pues limita la facultad discrecional del Presidente.

Corte Constitucional, Boletín 127, Sentencia C-256, jul. 23/20.

Es innecesario que decreto legislativo disponga sesiones no presenciales de órganos colegiados

La Corte Constitucional sostuvo que las disposiciones del Decreto 491, acerca de la atención y prestación de los servicios por la Administración pública durante la emergencia, se ajustan, en términos generales, al ordenamiento superior. En su opinión, el decreto contiene un conjunto de medidas idóneas dirigidas a contrarrestar la afectación del desarrollo normal de las actividades del Estado, debido a las restricciones sanitarias, directrices que no interrumpen su normal funcionamiento y, por el contrario, habilitan el uso de las tecnologías. No obstante, declaró inexequible el artículo 12, sobre reuniones no presenciales de órganos colegiados de las ramas del poder público, y estimó que hay ausencia de necesidad jurídica, porque existen normas de rango legal que permiten realizar sesiones corporativas en medios tecnológicos. Además, se violó la autonomía del Legislativo y los órganos autónomos, quienes son los llamados a definir la manera de reunirse en el estado de excepción. Se aclaró que la decisión tiene efectos futuros. De otro lado, el alto tribunal condicionó la exequibilidad de los artículos 4°, 5°, 8° y 10 y el parágrafo 2° del artículo 6°, y, estableció la inexequibilidad del parágrafo 1° del artículo 6° y el aparte “de los pensionados y beneficiarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales -FOMAG”, consagrado en el inciso 2° del artículo 7°.

Corte Constitucional, Comunicado 29, Sentencia C-242/20, jul. 9/20.

Otras medidas de emergencia avaladas por la Corte

Como ajustados a la Carta Política fueron considerados por la Corte Constitucional, entre otros, los decretos legislativos relativos al turismo y registro sanitario para las micro y pequeñas empresas; servicios de telecomunicaciones; creación de la Subcuenta para la Mitigación de Emergencias - COVID-19; destinación de recursos a administradoras de riesgos laborales de carácter público; exenciones tributarias al gravamen a los movimientos financieros a favor de entidades sin ánimo de lucro; apoyo económico a población en proceso de reintegración y trabajadores y productores del campo; acciones en el sector salud, como la inclusión de la COVID-19 entre las enfermedades laborales; mecanismos de salvamento y recuperación de empresas perjudicadas por la crisis y sujetos de procesos de insolvencia y reorganización, y trasporte de pasajeros, carga y aéreo y exención del cobro de peajes. A juicio del alto tribunal, estas normas son necesarias y están dirigidas a evitar la extensión de los efectos de la pandemia.

Corte Constitucional, Comunicados 27, 28 y 30, Sentencias C-208, C-209, C-210, C-211, C-212, C-215, C-216, C-217, C-218, C-237, C-239, C-248 y C-252, jul. 1°, 2, 8 y 15/20.

Condicionan decreto que combate microtráfico en espacio público

Al revisar la legalidad del Decreto 1844 del 2018, reglamentario del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en lo referente a la prohibición del porte y consumo de estupefacientes en espacios públicos, la Sección Primera del Consejo de Estado condicionó la validez de esa norma, en el entendido que el porte, tenencia y posesión esté relacionado con la comercialización, distribución o afectación de los derechos de terceros o colectivos; los miembros de la Policía seguirán el proceso verbal inmediato correspondiente, cuando se requiera verificar que la dosis personal está siendo utilizada para fines distintos al consumo de quien la tiene en su poder, y, conforme lo señaló la Corte Constitucional, en la Sentencia C-253 del 2019, los comportamientos únicamente podrán ser corregidos por la Policía, si las autoridades competentes fijan, bajo los límites constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en las cuales el acto de consumo afecta el orden público.

Consejo de Estado, Sentencia 110010324000201800387 y 11001032400020200039900, abr. 30/20.

Demandan nuevamente elección del Fiscal General

Ante el Consejo de Estado fue presentada una nueva demanda de nulidad contra la elección del Fiscal General de la Nación. En esta oportunidad, se controvierte si el periodo de ese alto funcionario debe ser constitucional o personal.

Consejo de Estado, Auto 11001032800020200005800, jul. 17/20.

Últimas admisiones de demandas de inconstitucionalidad

En el último mes, la Corte Constitucional admitió demandas contra normas referentes a los contratos de concesión minera, vigencia y derogatorias del Plan Nacional de Desarrollo; régimen sancionatorio del contrabando y el lavado de activos de la Ley 1762 del 2015; proceso de insolvencia de persona natural no comerciante, previsto en el Código General del Proceso, y los concursos de méritos para el acceso a los empleos públicos, contemplados en la Ley 1960 del 2019.

Corte Constitucional, Demandas D-13682, D-13683, D-13709, D-13751, D-13759 y D-13784.

Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico

Para seguir recibiendo este boletín.

Regístrese aquí

Para mejorar nuestro servicio

Por favor diligencie la siguiente encuesta

Cuéntenos su experiencia

Edición

No. 005 - 2020

Apuesta por la justicia digital y adecuación de centros de detención

El Gobierno expidió nuevas normas enfocadas en la justicia, ante la prolongación de la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia de COVID-19. El Decreto Legislativo 806 determina, con carácter transitorio, el uso prioritario de las tecnologías de la información y las comunicaciones en procesos judiciales, actuaciones adelantadas por autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, y procesos arbitrales, específicamente en la presentación de demandas, anexos y excepciones, realización de traslados, comunicaciones, notificaciones, emplazamientos y audiencias; la eliminación de la exigencia de formalidades presenciales en documentos, como firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales, autenticaciones adicionales o presentación en medios físicos; reglas específicas aplicables a las jurisdicciones administrativa, civil y laboral, y la posibilidad de que quienes requieran adelantar diligencias, pero carezcan de acceso a internet, lo hagan en las sedes de ciertas entidades públicas. A su vez, el Decreto 804 facilita a las entidades territoriales adecuar, ampliar o modificar inmuebles destinados a funcionar como centros transitorios de detención, previo aval de la autoridad de seguridad y convivencia en el municipio o distrito y el concepto de las condiciones de sismorresistencia. Adicionalmente, permite la creación de plantas temporales encargadas de la custodia de la población privada de la libertad en dichos establecimientos y la administración de estos. Por último, el Decreto 805 crea, durante cuatro meses y con cargo a los recursos del Fondo Cuenta Especial del Notariado, un apoyo económico correspondiente al 40% del salario mínimo de los trabajadores de las notarías relacionados en la planilla PILA, y cuyos notarios se encuentren al día con la presentación de informes estadísticos y pagos de seguridad social. A todo esto, se suma la extensión del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 15 de julio, efectuada en el Decreto 878.

Decretos 804, 805, 806 y 878, jun. 4 y 25/20.

Ejecutivo crea nuevos auxilios laborales

Mediante el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios, creado en el Decreto Legislativo 770, se pretende brindar a los empleadores un aporte de $220.000, por cada uno de los trabajadores dependientes que devenguen desde un salario mínimo y hasta $1.000.000 y hayan cotizado al Sistema General de Seguridad Social. Sumado a ello, esa norma prevé acuerdos de pago de la prima de servicios, que podrá realizarse hasta el 30 de diciembre del 2020. También contempla la entrega de una transferencia monetaria no condicionada, ($160.000), a favor de trabajadores afectados por la suspensión del contrato laboral o licencia no remunerada, en los meses en que no recibieron ingresos, entre abril y junio. Por su parte, el Decreto 771 indica que, durante la emergencia sanitaria, el empleador deberá reconocer, como auxilio de conectividad digital, el valor establecido para el de transporte a los empleados que devenguen hasta dos salarios mínimos y desarrollen su labor en su domicilio. Finalmente, el Decreto 801 estableció el auxilio económico a trabajadores dependientes e independientes cesantes, categoría A y B, de los sectores público y privado.

Decretos 770, 771, 801, 803 y 815, jun. 3 y 4/20.

Permiten terminación unilateral de arrendamiento de locales comerciales

Hasta el próximo 31 de agosto, los arrendatarios de locales comerciales que desarrollen actividades y eventos públicos o privados que impliquen aglomeración de personas podrán terminar unilateralmente los contratos de arrendamiento. Según el Decreto Legislativo 797, lo anterior aplica a bares, discotecas, billares, casinos, bingos, terminales de juego de video, gimnasios, piscinas, saunas, turcos, balnearios, canchas deportivas, parques infantiles y de atracciones mecánicas, cines, teatros y servicios religiosos, entre otros. Esta opción se efectuará solo si el arrendatario está al día en el pago de los cánones de arrendamiento, servicios públicos causados y demás obligaciones pecuniarias a su cargo hasta la finalización del contrato.

Decreto 797, jun. 4/20.

Facilitan afiliación al Sistema de Seguridad Social

Para garantizar el aseguramiento en salud en la emergencia, el Decreto Legislativo 800 señala que los cotizantes al régimen contributivo y sus beneficiarios podrán acceder temporalmente al régimen subsidiado, mediante contribución solidaria, si su relación laboral terminó durante la crisis o en los seis meses siguientes a la finalización de esta, y han aportado al Sistema de Seguridad Social sobre un ingreso base de cotización hasta de un salario mínimo. Entretanto, el Decreto 858 explica el procedimiento de afiliación de personas privadas de la libertad que estén detenidas o cumpliendo medida de aseguramiento en centros de detención transitoria, como unidades de reacción inmediata, estaciones de policía u otra institución estatal. Aunado a lo anterior, el Decreto 808 posibilita que las entidades operadoras de lotería tradicional o billetes ofrezcan al público incentivos con cobro de premio inmediato en dinero o especie, realicen dos sorteos anuales extraordinarios, y logren acuerdos de pago con distribuidores de lotería, a fin de incrementar los recursos en el sector salud.

Decretos 800, 808 y 858, jun. 4 y 17/20.

Gobierno agiliza procesos de insolvencia y reorganización empresarial

Con el objeto de atender adecuadamente el volumen de procesos de insolvencia y facilitar la recuperación de las empresas que enfrentan dificultades económicas por la crisis, el Decreto Legislativo 772 dispone el levantamiento automático, por ministerio de la ley, de medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos o de cobro coactivo que recaen sobre bienes no sujetos a registro, para asegurar liquidez a los deudores y disminuir los trámites correspondientes. Así mismo, regula el proceso de reorganización abreviado aplicable a pequeñas insolvencias de empresas, cuyos activos sean inferiores o iguales a 5.000 salarios mínimos, al igual que la liquidación judicial simplificada. Ahora bien, con el fin de superar los efectos causados por la pandemia a las iniciativas de mujeres trabajadoras, el Decreto 810 creó un patrimonio autónomo dirigido a promover, financiar y apoyar el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres en Colombia.

Decretos 772 y 810, jun. 3 y 4/20.

Estas son los nuevos cambios tributarios

El Ejecutivo también lanzó un nuevo paquete de medidas tributarias para afrontar la crisis, entre las que se destaca la exclusión transitoria del IVA en contratos de franquicia; importación de vehículos automotores de servicio público o particular de pasajeros y transporte de carga; adquisición de materias primas químicas para producción de medicamentos, y prestación de servicios de hotelería y turismo, a través del Decreto Legislativo 789. De otro lado, el Decreto 799 suspende, hasta el 31 de diciembre del 2020, el pago de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico por parte de los prestadores de servicios turísticos. Finalmente, el Decreto 807 aprueba que la Dian efectué la inspección tributaria y contable electrónica y visitas administrativas virtuales de vigilancia y control, en ese ámbito y de control cambiario.

Decretos 789, 799, 807 y 816, jun. 4/20.

Incrementan estímulos a espectáculos públicos

Dado que la suspensión de eventos perjudica a toda la cadena de valor relativa a espectáculos públicos de artes escénicas, exhibición cinematográfica e importantes actores del sector cultura, el Decreto Legislativo 818 facilita reducir costos de producción de transmisiones digitales, y contempla, transitoriamente, la exclusión del IVA en determinados servicios artísticos prestados en la realización de audiovisuales. Dicha normativa también modifica las fechas de declaración y pago de la contribución parafiscal de espectáculos públicos de artes escénicas, y fija una tarifa del 4% de retención en la fuente, a título de renta, sobre pagos referentes a actividades culturales y creativas, pero excluye a los estímulos públicos culturales de la misma. Por último, permite a productores y operadores de boletería devolver o reembolsar derechos de asistencia correspondientes a eventos cancelados, aplazados o reprogramados en el periodo de emergencia.

Decreto 818, jun. 4/20.

Adoptan Registro Social de Hogares

Para operar, de manera centralizada, las transferencias monetarias y optimizar los recursos presupuestales disponibles, el Decreto Legislativo 812 implantó el Registro Social de Hogares, administrado por el Departamento Nacional de Planeación, encargado de validar y actualizar la información socioeconómica de personas y hogares, y, así, identificar criterios de focalización, elegibilidad y permanencia de los beneficiarios de los programas sociales y subsidios brindados por el Gobierno nacional. A su vez, el Decreto 814 ordena nuevamente la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias a favor de sujetos de los programas Familias y Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.

Decretos 812 y 814, jun. 4/20.

Inexequibles facultades de procuradores de familia y suspensión de trámite de extradición en emergencia

Con ocasión de la revisión del Decreto Legislativo 460, la Corte Constitucional sostuvo que permitir a los procuradores judiciales de familia fijar obligaciones provisionales sobre alimentos, visitas y custodia contraviene la Carta Política. En el mismo fallo, estableció la constitucionalidad del articulado restante de dicha normativa, relacionada con la prestación de servicios en cabeza de las comisarías de familia en la emergencia. Además, el alto tribunal declaró inexequible el Decreto 567, que asignó a tales procuradores funciones para adelantar procesos de adopción, en ciertos eventos, al aseverar que esto desconoce la autonomía de la Rama Judicial, la igualdad y debido proceso de niños y adolescentes y las competencias constitucionales de la Procuraduría General. Igualmente, al determinar la inexequibilidad del Decreto 487, el cual suspendió los términos del trámite de extradición, salvo excepciones, la corporación advirtió que esa norma restringe el debido proceso y libertad de las personas requeridas. No obstante, esta decisión rige a futuro y no afecta la suspensión por 30 días calendario en los casos en que existía resolución ejecutoriada de concesión de extradición a la fecha de sanción del decreto, aclaró.

Corte Constitucional, Comunicados 25 y 26, Sentencias C-179, C-193 y C-201, jun. 17, 24 y 25/20.

Potestad de Corte para levantar suspensión de términos respeta autonomía judicial

El Decreto Legislativo 469, que permite a la Corte Constitucional levantar la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura, cuando sea necesario para cumplir sus funciones constitucionales, fue declarado ajustado a la Carta Política, pues no viola la separación de poderes ni la autonomía de la Rama Judicial. A juicio del alto tribunal, tal habilitación complementa el marco jurídico aplicable al trámite de los procedimientos judiciales a su cargo, a efectos de garantizar el acceso de los ciudadanos a la justicia constitucional.

Corte Constitucional, Comunicado 23, Sentencia C-156, jun. 3/20.

Cobrar intereses a beneficiarios del ICETEX en periodo de gracia es desproporcionado

Resulta desproporcionado que se cobren intereses a beneficiarios de créditos del Icetex acogidos al periodo de gracia en el estado de excepción. Por ende, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 1° del Decreto Legislativo 467, en el entendido que la medida denominada periodo de gracia no causa durante su vigencia intereses sobre los créditos. De acuerdo con el alto tribunal, ante los momentos difíciles que atraviesan las familias colombianas, es indispensable que los beneficios sobre los créditos educativos se traduzcan en un verdadero alivio financiero y no solo en el aplazamiento de sus obligaciones.

Corte Constitucional, Comunicado 23, Sentencia C-161, jun. 4/20.

Prórroga de servicio militar obligatorio es necesaria

Es exequible condicionalmente la prórroga del servicio militar obligatorio hasta por tres meses contados a partir de la fecha prevista para el licenciamiento, consagrada en el Decreto Legislativo 541 del 2020, en el entendido que únicamente aplicará al personal en servicio al momento de la expedición de tal norma y cuyo licenciamiento estaba fijado para abril, mayo, julio y octubre del 2020. Según la Corte Constitucional, dicha disposición es necesaria para asegurar el cumplimiento de las funciones de la fuerza pública, a quien, bajo las actuales circunstancias, se le dificulta incorporar nuevos miembros, debido a los riesgos para la salud del personal que realiza este proceso y los convocados.

Corte Constitucional, Comunicado 25, Sentencia C-180, jun. 17/20.

Eximir a empresas extranjeras de tener sucursal en Colombia es inconstitucional

Al revisar la constitucionalidad de los Decretos Legislativos 499 y 544 del 2020, referentes a la contratación estatal de dispositivos médicos para atender la emergencia sanitaria, la Corte Constitucional encontró que eximir de tener sucursal en Colombia a empresas extranjeras contratadas para adquirir tales bienes no cumple con el requisito de necesidad jurídica exigido a las medidas de excepción. Por esto, declaró inexequible la expresión “ni sucursal”, contenida en el parágrafo 2° del artículo 1° de tales normas. De otro lado, estableció la exequibilidad del Decreto 440, que posibilita aplicar el derecho privado a la contratación estatal, y realizar audiencias públicas y procedimientos sancionatorios, a través de medios electrónicos, al igual que el Decreto 537, dirigido a fortalecer el uso de herramientas digitales en procesos contractuales.

Corte Constitucional, Comunicados 23, 24 y 25, Sentencias C-162, C-163, C-172 y C-181, jun. 4, 11 y 17/20.

Cae reducción de cuota de pantalla nacional

Lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Legislativo 516, que reguló los porcentajes mínimos de programación de producción nacional durante el estado de excepción, desconoce los juicios de finalidad, conexidad, necesidad, motivación y proporcionalidad, exigidos por la jurisprudencia constitucional. Así lo sostuvo la Corte, al declarar la inexequibilidad de esa disposición y encontrar que la reducción significativa de la cuota de pantalla nacional no está directamente encaminada a conjurar la causa de la declaratoria de la emergencia, y, además, ella no es necesaria, pues existen otras opciones menos gravosas para la cultura e identidad nacional. En cambio, estableció la exequibilidad del Decreto 540, el cual aceleró el trámite de licencias de equipamiento de redes de telecomunicaciones y consagró la exención del IVA a servicios de voz e internet móviles. Del mismo modo, definió la constitucionalidad del Decreto 561, que otorgó incentivos económicos a artistas, creadores y gestores culturales en estado de vulnerabilidad o situación de discapacidad, con cargo a los recursos del impuesto nacional al consumo destinados a la cultura.

Corte Constitucional, Comunicados 25 y 26, Sentencias C-184, C-197 y C-204, jun. 17, 24 y 25/20.

Vía libre a agilización de donaciones para conjurar la crisis

La suspensión temporal del requisito de insinuación de donaciones superiores a 50 salarios mínimos, realizadas por personas naturales o jurídicas, incluida en el Decreto Legislativo 545, fue declarada exequible. En opinión de la Corte Constitucional, esa disposición tiene relación directa con la emergencia sanitaria, permite agilizar las donaciones correspondientes y contribuye a disminuir la afluencia de público en las notarías.

Corte Constitucional, Comunicado 24, Sentencia C-173, jun. 11/20.

Corte respalda Programa Ingreso Solidario

El Programa Ingreso Solidario, creado en el Decreto Legislativo 518, fue declarado constitucional. Sin embargo, se condicionó la exequibilidad de un aparte del parágrafo 1° del artículo 1° de esta normativa, en el entendido que la ausencia de responsabilidad de los participantes en la implementación de ese programa, en casos de recepción fraudulenta o sin sujeción a los requisitos legales, no significa una cláusula de inmunidad de los servidores públicos, sino que alude a la necesidad de que la valoración del dolo o culpa grave, presupuesto de la eventual responsabilidad en los eventos allí previstos, tenga en cuenta las condiciones de apremio y urgencia. En cuanto al Decreto 488, sobre protección al empleo durante la pandemia, sus artículos 3° al 8° fueron declarados exequibles condicionalmente por la Corte, bajo el entendido que regirán hasta la culminación de la emergencia sanitaria, y si se requiere un término más amplio, los inspectores de trabajo deberán certificar la permanencia de las circunstancias excepcionales, para seguir utilizando las medidas, o, hasta que el Congreso ejerza sus competencias ordinarias.

Corte Constitucional, Comunicado 24, Sentencias C-171 y C-174, jun. 11/20.

Exequible suspensión del ingreso de pasajeros aéreos

La interrupción del desembarque de pasajeros procedentes del exterior, vía aérea, en la emergencia, el aislamiento y cuarentena preventivos de quienes ingresen, y las responsabilidades consecuentes aplicables a aerolíneas, usuarios, tripulantes y autoridades, dispuestas en el Decreto 439 del 2020, resultan acordes con la Constitución. Así lo indicó la Corte, al afirmar que esas órdenes son necesarias y permiten a los competentes impartir medidas sanitarias adecuadas frente a los casos excepcionales de ingreso al país. Por otra parte, el Decreto 482, relativo a la prestación del servicio público de transporte, también fue declarado constitucional. Sin embargo, la exequibilidad del artículo 16 fue condicionada, bajo el entendido que la suspensión del tope máximo de trabajo suplementario de controladores de tránsito aéreo, bomberos y técnicos aeronáuticos, y la flexibilización del uso de este recurso en caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19 solo aplica cuando se requiera garantizar el transporte aéreo de pasajeros o carga.

Corte Constitucional, Comunicados 23 y 25, Sentencias C-157 y C-185, jun. 3 y 18/20.

Condicionan ejecución del PAE

Al considerar razonable que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se suministre en los hogares de los estudiantes, como lo prevé el Decreto 533 del 9 de abril, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de su artículo 2°, el cual brinda herramientas a las entidades territoriales para garantizar su ejecución. En opinión de la corporación, debe entenderse que, en el caso de los municipios no certificados, los recursos serán administrados por el respectivo departamento. Por otro lado, determinó la constitucionalidad del Decreto 532, que eximió de la presentación del examen de Estado del pasado 15 de marzo a los estudiantes inscritos.

Corte Constitucional, Comunicados 23 y 26, Sentencias C-164 y C-199, jun. 4 y 25/20.

Visto bueno a medidas tributarias y financieras excepcionales

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de los decretos 438, 468 y 535 del 2020. El primero de ellos contempla la exención del IVA en la adquisición de ciertos bienes médicos y la ampliación del plazo de actualización en el régimen tributario especial. La segunda norma autoriza a Findeter y Bancoldex a otorgar créditos directos con tasa compensada a entes territoriales y empresas, respectivamente, dirigidos a financiar proyectos y actividades en sectores elegibles para afrontar la crisis. La última disposición fija un procedimiento abreviado de devolución y compensación de saldos a favor de contribuyentes del impuesto sobre la renta e IVA y otras medidas tributarias correlativas. Así mismo, la adición presupuestal al Fondo de Mitigación de Emergencias, consagrada en el Decreto 519, está acorde con la Carta Política. Sin embargo, el alto tribunal aseguró que la liquidación del presupuesto dispuesta como medida de excepción es inconstitucional, ya que corresponde a facultades ordinarias del Ejecutivo, de forma que declaró inexequibles sus artículos 3°, 4° y 5°. Por otra parte, condicionó la exequibilidad de los artículos 1° y 2° del Decreto 461, que permite a gobernadores y alcaldes reorientar rentas de destinación específica y reducir tarifas de impuestos territoriales, en el entendido que estas facultades no los habilitan para modificar leyes, ordenanzas y acuerdos.

Corte Constitucional, Comunicados 23 y 24, Sentencias C-159, C-160, C-169, C-170 y C-175, jun. 3, 10 y 11/20.

Fallo precisa vigencia de control de precios de productos básicos

Si bien es constitucional el Decreto Legislativo 507 del 2020, referente al control de precios de productos de primera necesidad y medicamentos, encaminado a evitar el acaparamiento, especulación y usura, la indeterminación de su vigencia impone condicionar la exequibilidad de su artículo 7°, en el entendido que estará vigente en el año siguiente a la declaratoria inicial del estado de excepción, aseveró la Corte. Por otra parte, declaró la exequibilidad de los decretos 444, en donde se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias; 492, sobre el fortalecimiento patrimonial del Fondo Nacional de Garantías y el holding financiero Grupo Bicentenario, excepto su artículo 8°; 512, que autoriza temporalmente a gobernadores y alcaldes a realizar movimientos presupuestales en la emergencia; 517, el cual definió el pago diferido y su financiación para empresas que presten el servicio de energía y gas combustible; 528, que aceptó diferir el cobro del consumo de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de sus prestadores; 539, acerca de los protocolos de bioseguridad a cargo de Minsalud para controlar la COVID-19, y 565, el cual señala el mecanismo para garantizar la rentabilidad de los Beneficios Económicos Periódicos. De acuerdo con el alto tribunal, estas normas cumplen con los requisitos formales y materiales exigidos.

Corte Constitucional, Comunicados 25 y 26, Sentencias C-178, C-182, C-186, C-187, C-194, C-200 y C-205, jun. 17, 18, 24 y 25/20.

Admitidas recientes demandas de inconstitucionalidad

Durante el último mes, la Corte Constitucional admitió las demandas de inconstitucionalidad contra estas normas: Ley 1979 del 2019, sobre beneficios a veteranos de la fuerza pública; Ley 2010 del 2019, de crecimiento económico; Decreto 2610 de 1979, referente a la enajenación de inmuebles destinados a vivienda; Ley 3ª de 1991, relativa al subsidio familiar de vivienda; Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto al reglamento de trabajo y las labores que no deben ejecutar las mujeres y los menores de 16 años, y la terminación unilateral del contrato sin justa causa; Ley 797 del 2003, que fija requisitos para obtener la pensión de vejez; Código Civil, acerca de la impugnación de paternidad o maternidad; Ley 712 del 2001, sobre la medida cautelar en el proceso ordinario laboral; Código General Disciplinario, frente a notificaciones y comunicaciones; Código Penal, con respecto al tráfico de migrantes y otros delitos, y, el Decreto 2111 del 2019, el cual crea el Grupo Bicentenario.

Corte Constitucional, Demandas D-13686, D-13697, D-13699, D-13702, D-13722, D-13726, D-13732, D-13733, D-13736, D-13739, D-13746 y D-13752.

Atacan nuevamente ley sobre capacidad legal de personas con discapacidad

La ley de capacidad legal de personas con discapacidad (L. 1996/19) es objeto de nuevas demandas. Ahora acusan a dicha disposición de la presunta vulneración de los artículos 116, 152 y 153 de la Carta Política. El accionante alega, en uno de los procesos, que aquella debió ser tramitada como ley estatutaria, pues regula derechos fundamentales, mientras que, en el otro, asevera, frente a los acuerdos de apoyo por escritura pública, que la función del notario es dar fe pública, pero no verificar y garantizar los derechos, potestad propia de los operadores de justicia, lo cual vicia la norma de inconstitucionalidad.

Corte Constitucional, Demandas D-13738 y D-13743.

Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico

Para seguir recibiendo este boletín.

Regístrese aquí

Para mejorar nuestro servicio

Por favor diligencie la siguiente encuesta

Cuéntenos su experiencia

Edición

No. 004 - 2020

Gobierno decreta nuevo estado de excepción

El 6 de mayo pasado, en el Decreto 637, se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, durante treinta (30) días calendario, término en el que el Ejecutivo nacional continuará ejerciendo las facultades del artículo 215 de la Constitución, lo que incluye la emisión de decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. La nueva declaratoria pretende mitigar los efectos económicos de la emergencia y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos perjudicados por ellos. A su vez, el Decreto 749 del 28 de mayo extendió el confinamiento hasta el 1° de julio y amplió las excepciones al mismo.

Decretos 637 y 749, mayo 6 y 28/20.

Crean auxilio a pago de nóminas

Gracias a la creación del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), el Gobierno otorga un subsidio para pago de nómina en empresas constituidas antes del 1° de enero pasado y que hayan sufrido una reducción del 20% o más en sus ingresos, correspondiente al número de empleados reportados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, multiplicado por hasta el 40% del valor del salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, el Decreto 677 modificó el PAEF, de forma que cobija también a las personas naturales inscritas en el registro mercantil, consorcios y uniones temporales, bajo condiciones particulares. Este programa opera en mayo, junio y julio del 2020, y sus beneficiarios solo podrán solicitar el aporte una vez cada mes, quienes deberán postularse ante la entidad financiera en la que tengan un producto de depósito.

Decretos 639 y 677, mayo 8 y 19/20.

Días sin IVA: 19 de junio y 3 y 19 de julio

Con el fin de contrarrestar las implicaciones económicas negativas generadas por la COVID-19, el Ejecutivo fijó la exención del impuesto sobre las ventas (IVA) a determinados bienes muebles que se enajenen en Colombia, el 19 de junio y el 3 y 19 de julio siguientes. Los bienes cubiertos por la norma son el vestuario y sus complementos; electrodomésticos; elementos deportivos; juguetes y juegos; útiles escolares, y bienes e insumos para el sector agropecuario, en los montos definidos en cada caso. Por otro lado, la tarifa del impuesto al consumo en el expendio de comidas y bebidas se redujo al 0%, hasta el 31 de diciembre del 2020.

Decreto 682, mayo 21/20.

COVID-19: enfermedad laboral directa para personal de salud

La COVID-19 ya es una enfermedad laboral directa para los trabajadores de la salud, lo que incluye al personal administrativo, de apoyo, aseo y vigilancia. Como consecuencia, las administradoras de riesgos laborales deben asumir los costos derivados de las pruebas de tamizaje y diagnósticas realizadas a los trabajadores dependientes o independientes vinculados a través de contrato de prestación de servicios del sector. La dotación de los elementos de protección personal de los contratistas será proporcionada por el contratante.

Decreto 676, 19 mayo /20.

Establecen medidas contra deserción escolar

El Ministerio de Educación podrá realizar ajustes al calendario académico, encaminados a garantizar el derecho a la educación, la culminación del año escolar, el cuidado de la salud de la comunidad educativa y los derechos laborales de los directivos, docentes y personal administrativo de esos establecimientos. Esta facultad es desarrollada por el Decreto 662 del 2020, el cual también creó el Fondo Solidario para la Educación, dirigido a disminuir la deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo. Los recursos de este fondo serán usados en el apalancamiento del Plan de Auxilios Educativos COVID-19 y concesión de líneas de crédito para pago de pensiones de jardines y colegios privados y de matrículas de jóvenes en condición de vulnerabilidad en instituciones públicas de educación superior y programas para el trabajo y desarrollo humano.

Decretos 660 y 662, mayo 13 y 14/20.

Ajustan gestión tributaria, financiera y presupuestal de entes territoriales

Ante las crecientes necesidades presupuestales de los entes territoriales, originadas por la crisis sanitaria, el Decreto 678 autoriza a gobernadores y alcaldes a reorientar rentas de destinación específica, para financiar gastos de funcionamiento, y efectuar adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones encaminadas a atender la ejecución de recursos en la emergencia. Además, permite a tales entidades y sus descentralizadas acceder a créditos de tesorería con instituciones financieras y contratar operaciones de crédito público, durante las vigencias fiscales 2020 y 2021, con el fin de compensar la caída de los ingresos corrientes, aliviar presiones de liquidez y lograr la reactivación económica. Por otra parte, el pago de las obligaciones tributarias se podrá diferir hasta en 12 cuotas mensuales, y la distribución de la sobretasa al ACPM será del 100% a favor de los departamentos y el Distrito Capital.

Decreto 678, mayo 20/20.

Ejecutivo amplía presentación de PDT

A través del Decreto 683 del 2020, se extendió el plazo de presentación, aprobación y modificación de los Planes de Desarrollo Territoriales (PDT). Los que no fueron presentados oportunamente podrán someterse a la asamblea o concejo hasta el 15 de junio, y, los presentados hasta el 30 de abril pasado pueden ser reformados por gobernadores y alcaldes, hasta esa misma fecha. Este término adicional les permitirá a dichas corporaciones adecuar sus sesiones a las normas de orden público y subsanar los inconvenientes de conectividad presentados. Adicionalmente, esta normativa prevé que los Planes de Seguridad y Convivencia Ciudadana se aprueben el mes siguiente a la fecha de adopción del respectivo PDT.

Decreto 683, mayo 21/20.

Nuevas fechas de pago de renta y contraprestaciones

El Ejecutivo decretó la ampliación de plazos de cumplimiento de obligaciones referentes a diversos sectores económicos y prestadores de servicios. Entre esas medidas, se destaca el pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta y complementarios, en cabeza de micro, pequeñas y medianas empresas, que deberá realizarse entre el 9 de noviembre y el 7 de diciembre del 2020. Esto se suma al aplazamiento del pago de las contraprestaciones por parte de los operadores del servicio de televisión abierta de operación privada, y de obligaciones al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a cargo de los operadores de televisión y radio comunitaria y de interés público. De igual forma, se difirió, hasta el 2021, el pago correspondiente a los operadores de radiodifusión sonora comercial por habilitación o concesión de servicios de provisión de redes y telecomunicaciones. En cuanto a las actividades de comercio exterior y turismo, se extendió por seis meses el lapso de presentación del estudio de demostración en los programas de sistemas especiales de importación y exportación de materias primas, insumos de bienes de capital, repuestos y servicios. Finalmente, se favoreció al sector de la construcción, al aumentar automáticamente, durante nueve meses, la vigencia de las licencias urbanísticas que rigieran al 12 de marzo pasado.

Decretos 655, 658, 680, 686 y 691, mayo 13, 21 y 22/20.

Fijan tasa transitoria de interés moratorio para obligaciones tributarias

La tasa de interés moratorio aplicable al pago de obligaciones administradas por la DIAN y las relacionadas con el Sistema General de la Protección Social, objeto de verificación por la UGPP, que se paguen hasta el próximo 30 de noviembre, será la consagrada en el artículo 635 del Estatuto Tributario y liquidada en las condiciones descritas en el Decreto 688. Además, los contribuyentes en mora y que presenten sus declaraciones tributarias entre el 1° de abril y el 1° julio del 2020 pueden solicitar acuerdos de pago, mediante procedimiento abreviado. Finalmente, para facilitar el acceso de los responsables a la conciliación contencioso administrativa, terminación por mutuo acuerdo y la favorabilidad en etapa de cobro, las solicitudes en estas materias podrán ser presentadas ante las autoridades competentes hasta la primera fecha indicada.

Decreto 688, mayo 22/20.

Reglamentan Áreas de Desarrollo Naranja

Con el propósito de fortalecer las actividades culturales y creativas, el Decreto 697 definió los objetivos, caracterización espacial y sectorial, constitución e identificación de las Áreas de Desarrollo Naranja, que operarán como centros de actividad económica y creativa, para contribuir a la renovación, emprendimiento, empleo, turismo, recuperación del patrimonio cultural construido, conservación medioambiental y transferencia de conocimientos. Así mismo, la disposición reglamenta los incentivos tributarios a proyectos de economía creativa y determina las iniciativas que pueden aplicar, beneficios, desarrollo de la convocatoria y parámetros del contenido y evaluación en la selección. Finalmente, este decreto determina los destinatarios, cobertura, fiscalización y responsables de efectuar la deducción del impuesto sobre la renta por inversiones y donaciones a dichos proyectos, pero tales incentivos no aplican a proyectos cinematográficos nacionales.

Decreto 697, mayo 26/20.

Declaratoria del estado de emergencia es constitucional

El Decreto 417 del 17 de marzo pasado, que declaró el estado de emergencia sanitaria, ante la COVID-19, fue declarado exequible por la Corte Constitucional. En su opinión, la norma cumplió con los presupuestos formales y materiales exigidos por la Carta Política y la Ley 137 de 1994, pues era necesario adoptar medidas extraordinarias para conjurar los efectos de la crisis, incluyendo los económicos, y fortalecer el sector salud. Entonces, la expedición de las disposiciones legislativas se dirige a mejorar la situación de los contagiados de coronavirus y evitar una mayor propagación del mismo.

Corte Constitucional, Comunicado 21, Sentencia C-145, mayo 20/20.

Estos son los primeros resultados de control de decretos legislativos

Como resultado del control de constitucionalidad de los decretos legislativos que desarrollan el estado de emergencia, la Corte declaró exequible el Decreto 434, que extendió los plazos para renovar la matrícula y registros mercantiles y adelantar otros trámites en las cámaras de comercio, junto con la realización de reuniones ordinarias de asambleas y demás cuerpos colegiados, al sostener que su objetivo es proteger la salud de los trabajadores de tales entes, comerciantes y asistentes, y preservar el funcionamiento de las empresas. Igualmente, estimó que el Decreto 441, que determinó la reconexión inmediata del sistema de acueducto y alcantarillado y la inaplicación de incrementos tarifarios, resultaba inaplazable para garantizar el derecho al agua durante la crisis sanitaria, y, por tanto, constitucional. Por otra parte, afirmó que las disposiciones tendientes a mejorar la situación de los creadores y gestores culturales en materia de seguridad social y flexibilizar el pago de ciertas obligaciones tributarias aplicables al sector, en particular, al cinematográfico, incluidas en el Decreto 475, eran necesarias y coherentes con las motivaciones de la emergencia, por ende, también fue declarado exequible. En el caso del Decreto 476, el alto tribunal aseveró que la autorización al Ministerio de Salud e Invima para realizar trámites relacionados con la importación y fabricación local de medicamentos, productos y otros implementos destinados a prevenir, diagnosticar y tratar la covid-19 no respetó el juicio de necesidad jurídica, pues ello está regulado en resoluciones previas. Así, declaró la inexequibilidad diferida de los artículos 1° y 2° de dicha normativa, por tres meses.

Corte Constitucional, Boletines 65, 66, 67 y 68, mayo 27 y 28/20.

Corte reafirma impugnación de fallo condenatorio

Impugnar la sentencia condenatoria, incluso la dictada en única instancia, es un derecho de aplicación inmediata existente en el ordenamiento jurídico interno y el internacional vinculante para el Estado. Con ese argumento, la Corte Constitucional tuteló el debido proceso de Andrés Felipe Arias Leiva y ordenó a la Sala Penal de la Corte Suprema tramitar la solicitud de impugnación de la condena en única instancia proferida contra aquel. También advirtió que, antes de esa decisión penal, se configuró un estándar de protección de tal derecho en el Sistema Regional de Derechos Humanos, incorporado en Colombia en la Sentencia C-792 del 2014 y el Acto Legislativo 01 del 2018. Por último, la corporación reiteró nuevamente el exhorto al Congreso, para que regule integralmente el mecanismo que permita impugnar la condena.

Corte Constitucional, Comunicado 21, Sentencia SU-146, mayo 21/20.

Exequible reforma al régimen de control fiscal

La reciente reforma al régimen de control fiscal, efectuada en el Acto Legislativo 4 del 2019, cuyos artículos 1° y 2° fueron demandados parcialmente por vicio de sustitución, fue declarada exequible por la Corte Constitucional, al considerar que el nuevo sistema preventivo y concomitante no viola el principio de separación de poderes. Según el alto tribunal, la disposición establece límites, cautelas y prohibiciones a dicho control, el cual no implica coadministración; se realiza en tiempo real, a través de tecnologías de la información; tiene carácter excepcional y no vinculante, y su ejercicio y coordinación corresponde exclusivamente al Contralor General de la República en materias específicas.

Corte Constitucional, Comunicado 19, Sentencia C-140, mayo 6/20.

Inclusión de deudores de multas policivas en Boletín de Responsables Fiscales viola buen nombre

El reporte, en el Boletín de Responsables Fiscales, de multas por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, no pagadas en el mes siguiente a su liquidación y comunicación, vulnera el derecho al buen nombre. Al declarar la inexequibilidad del inciso 6° del parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 del 2016, la Corte Constitucional afirmó que, si bien el legislador puede modificar el contenido del boletín, para incluir a personas que no son responsables fiscales, ello impone readecuar este instrumento, de modo que no se induzca a errores sobre la conducta de las personas. La publicidad pretendida se logra adecuadamente con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, diseñado específicamente para tal fin en ese código, añadió la corporación.

Corte Constitucional, Comunicado 20, Sentencia C-142, mayo 13/20.

Presidente no debe asignar periodo fijo a superintendentes

La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad parcial del artículo 1° del Decreto 1817 del 2015, referente al nombramiento y remoción de los superintendentes de Industria y Comercio, Financiero y de Sociedades. A su juicio, el Gobierno excedió el ejercicio de la potestad reglamentaria e invadió el ámbito de competencia del legislador, al establecer un periodo fijo para desempeñar ese cargo y exigir la motivación del acto de retiro.

Consejo de Estado, Sentencia 11001032400020150054200, mayo. 14/20.

A revisión, decretos del segundo estado de excepción

La Corte Constitucional ya inició la revisión del Decreto 637 del 2020, declaratorio del nuevo estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, así como de los decretos legislativos expedidos en desarrollo de la misma. Los procesos se encuentran en etapa inicial, donde la corporación asume su conocimiento, efectúa las comunicaciones a las entidades respectivas y decreta pruebas.

Corte Constitucional, RE-305 al RE-314.

Admitidas últimas demandas de inconstitucionalidad

Dado el levantamiento parcial de la suspensión de términos en los procesos ordinarios de constitucionalidad, se admitieron demandas relacionadas con normas sobre simplificación de trámites en materia de transformación digital, tarifa del impuesto al patrimonio, sistema específico de carrera en la DIAN, prescripción de la acción cambiaria, beneficios para los veteranos de la Fuerza Pública, pago de condenas con cargo a recursos de la seguridad social, sobretasa al consumo de energía, y sanciones para los condenados por corrupción, entre otros temas.

Corte Constitucional, D-13663, D-13667, D-13668, D-13679, D-13695, D-13697, D-13704 y D-13705.

Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico

Para seguir recibiendo este boletín.

Regístrese aquí

Para mejorar nuestro servicio

Por favor diligencie la siguiente encuesta

Cuéntenos su experiencia

Edición

No. 003 - 2020

En crisis sanitaria, Minjusticia promueve virtualidad, suspensión de términos procesales y sustitución transitoria de pena de prisión

Ante la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, debido a la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió un paquete de normas tendientes a proteger el acceso efectivo a la justicia, el debido proceso y otros derechos fundamentales y garantías procesales. El Decreto 491 del 2020 reguló la continuidad, en medios virtuales, del arbitraje, conciliación y otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y, estableció reglas aplicables a las conciliaciones no presenciales ante la Procuraduría General de la Nación. También, se destaca el Decreto 564, que suspendió los términos de prescripción y caducidad de derechos, acciones, medios de control y presentación de demandas, al igual que los de inactividad para el desistimiento tácito y de duración del proceso. De igual forma, el Decreto 595 amplió la suspensión de términos del trámite de extradición, contemplados en la Ley 600 del 2000 y la Ley 906 del 2004. Por su parte, el Decreto 567 otorgó funciones jurisdiccionales a los procuradores de familia para conocer los procesos de adopción excluidos del levantamiento de la suspensión de términos judiciales, dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, y en los que aún no se ha admitido la demanda respectiva o los nuevos a tramitar, a través de medios digitales. Adicionalmente, el Decreto 545 suspendió el requisito de insinuación de donaciones a realizar ante notario, contenido en el inciso 1° del artículo 1458 del Código Civil. Finalmente, en el Decreto 546, se fijaron directrices relativas a la sustitución transitoria de la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por la prisión y detención domiciliaria en el lugar de residencia, aplicables a las personas privadas de la libertad en situación de mayor vulnerabilidad.

Decretos 491, 545, 546, 567 y 595, mar. 28 y abr. 13, 14, 15 y 25/20.

Ejecutivo amplía el aislamiento obligatorio

Con la finalidad de evitar el aumento del contagio del coronavirus COVID-19 y mantener el orden público en la emergencia sanitaria, el Gobierno nacional extendió, hasta el 11 de mayo, el aislamiento preventivo obligatorio, la suspensión de vuelos aéreos domésticos y la prohibición de consumo de bebidas embriagantes en espacio público. El Decreto 593 del 24 de abril también robusteció el catálogo de excepciones a la limitación de la circulación de personas, lo que posibilitó la reactivación de algunos sectores económicos, como la manufactura y la construcción. Por otra parte, se prorrogó el servicio militar obligatorio de quienes actualmente se encuentran en servicio, hasta por tres meses, con el objetivo de que el personal no licenciado apoye activamente las labores de seguridad y convivencia durante la crisis.

Decretos 531, 541 y 593, abr. 11, 13 y 24/20.

Expiden disposiciones en beneficio de trabajadores y la generación de empleo

Algunas de las nuevas normas expedidas por el Gobierno contemplan incentivos económicos a favor de trabajadores y productores del campo mayores de 70 años, y empleados que hayan cotizado a las cajas de compensación familiar; subsidio de emergencia como mecanismo de protección al cesante; promoción de la conservación del empleo; autorización del retiro de cesantías para compensar la reducción de ingresos mensuales; destinación de recursos de las cotizaciones de riesgos laborales a la atención de la propagación de la COVID-19; fortalecimiento patrimonial del Fondo Nacional de Garantías, en aras de respaldar la emisión de nuevos créditos y financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, al igual que a personas naturales que dejaron de percibir ingresos por ser trabajadores independientes o desempleados, y mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación de las empresas perjudicadas por la crisis, pues estas son consideradas unidades de explotación económica y fuentes generadoras de empleo.

Decreto 486, 488, 492, 552, 553 y 560, mar. 27 y 28 y abr. 15/20.

Servicios públicos y conectividad, prioridad en la emergencia

Para garantizar el acceso a servicios públicos domiciliarios y esenciales durante la emergencia sanitaria, el Gobierno ha facilitado que las empresas de agua, acueducto y alcantarillado puedan diferir los pagos hasta 36 meses y definir incentivos tarifarios para el pago oportuno. Del mismo modo, el Ministerio de Vivienda permite a las entidades territoriales asignar subsidios o asumir total o parcialmente el valor de tales servicios, según su nivel de recursos y liquidez. Lo propio hace el Ministerio de Minas y Energía, respecto a los servicios de electricidad y gas combustible, al posibilitar el pago diferido o su asunción, el giro anticipado de subsidios y crear un aporte voluntario. Con el fin de otorgar liquidez a las empresas de servicios públicos domiciliarios, para implementar las medidas enunciadas, el Decreto 581 autoriza al Findeter a otorgar créditos directos y establecer las condiciones de operación de los mismos. Por otra parte, se define la exención del IVA a los servicios de conexión y acceso a voz e internet móviles, cuyo valor no supere $ 71.214. Finalmente, se agilizan los trámites de solicitudes para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

Decretos 517, 528, 540, 580 y 581, abr. 4, 7, 13 y 15/20.

Incrementan medidas de emergencia en ámbito presupuestal, tributario y financiero

Entre las últimas normas de emergencia expedidas por el Presidente de la República en materia presupuestal, se recalcan las referentes al trámite de los proyectos de inversión pública a ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías; adiciones al presupuesto general de la Nación y Fondo de Mitigación de Emergencias, al igual que autorizaciones amplias relacionadas con el cupo de endeudamiento de aquella; creación de una subcuenta en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de una inversión obligatoria temporal en títulos de deuda pública, a fin de procurar liquidez. En el ámbito tributario, se resalta la exención del gravamen a los movimientos financieros a los retiros que realicen las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial y, además, en la importación y venta de nuevos bienes e insumos médicos; disposiciones frente al impuesto sobre las ventas aplicables a donaciones de ciertos bienes corporales muebles; el procedimiento abreviado de devolución y compensación de saldos a favor de los contribuyentes de los impuestos sobre la renta y ventas; creación del impuesto solidario por COVID-19, para inversión social con destino a la clase media vulnerable y trabajadores informales, y medidas relativas al Fondo Agropecuario de Garantías, dirigidas a asegurar su funcionamiento permanente y la seguridad alimentaria. El Gobierno también autorizó una nueva operación a la Financiera de Desarrollo Territorial, de forma que se otorguen créditos directos a las empresas de servicios públicos domiciliarios y, así, se garantice su solvencia operativa.

Decretos 513, 519, 522, 523, 530, 535, 551, 552, 559, 562, 568, 571, 572, 573 y 581, abr. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 15 y 16/20.

Implementan acciones que cobijan al sector salud

Con respecto a las últimas acciones ejecutadas por el Ejecutivo, es de subrayar la facultad asignada al Ministerio de Salud y Protección Social de flexibilizar requisitos normativos, para evitar el desabastecimiento de insumos médicos, junto con la exigencia de agilizar los procedimientos ante el Invima. De otro lado, cabe mencionar la adecuación de los servicios de los prestadores de salud a la coyuntura sanitaria; autorización del traslado de recursos a las ESE e IPS, privadas o mixtas, con el fin de lograr una mayor cobertura de atención; creación de garantías a los profesionales en la salud; inclusión de la COVID-19 entre las enfermedades laborales; implementación de protocolos de bioseguridad, y el aval para que la distribución y transferencia de recursos provenientes de juegos de suerte y azar novedosos se realice en el mes siguiente a su recaudo y no semestralmente.

Decretos 538, 539 y 576, abr. 12, 13 y 15/20.

Reglamentan alivios para arrendatarios y deudores de créditos de vivienda

El Ministerio de Vivienda suspendió, hasta el próximo 30 de junio, las acciones de desalojo destinadas a la restitución de inmuebles arrendados; aplazó el reajuste anual de cánones de arrendamiento y definió estipulaciones especiales respecto a su pago; prohibió el cobro de penalidades y multas, y prorrogó automáticamente los contratos que se vencen durante este periodo de emergencia. Igualmente, adoptó medidas frente al reajuste de las cuotas de administración de zonas comunes de la propiedad horizontal, la utilización del fondo de imprevistos y la realización virtual o aplazamiento de las asambleas de copropietarios. A su vez, el Decreto 493 avaló la concesión de periodos de gracia en capital e intereses en los créditos para adquisición de vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés, pactados entre los beneficiarios y la respectiva entidad financiera, sin que esto sea causal de terminación anticipada de la cobertura.

Decretos 493 y 579, mar. 29 y abr. 15/20.

Gobierno modifica normativa de protección de pensionados

Con el fin de proteger los derechos de pensionados y beneficiarios del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y del Programa de Subsidio al Aporte a Pensión, durante la vigencia del estado de emergencia Sanitaria, el Gobierno aceptó que los documentos exigidos para el reconocimiento pensional se remitan en copia simple y vía electrónica. Tampoco se requiere presentar el certificado de invalidez, frente al pago de mesadas pensionales por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Así mismo, adoptó un mecanismo especial de pago de las pensiones reconocidas bajo la modalidad de retiro programado; disminuyó temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones; fijó directrices para garantizar las reservas que apalancan el pago de las anualidades vitalicias de los adultos mayores más vulnerables que reciben BEPS; suspendió la posibilidad de que los afiliados a dicho programa pierdan la condición de beneficiarios, cuando no se efectúe el pago oportuno del aporte; facilitó el pago de mesadas pensionales a mayores de 70 años, por medio de un tercero autorizado, sin que se requiera poder o autorización especial, y el de las mesadas pensionales y anualidades vitalicias correspondientes a BEPS, a través del abono en cuenta en entidades financieras.

Decretos 491, 558, 565 y 582, mar. 28 y abr. 15 y 16/20.

Aumentan control de precios y protección al consumidor

Con miras a lograr el bienestar de los consumidores más vulnerables y evitar que se impongan precios significativamente altos a los productos de primera necesidad, el Decreto 507 del 2020 asigna a los ministerios de Salud y Protección Social; Comercio, Industria y Turismo, y Agricultura y Desarrollo Rural la fijación de listados de bienes básicos. El encargado del seguimiento estadístico de tales listas y su publicación es el DANE. Así mismo, a la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control en la materia, con apoyo de los gobernadores y alcaldes del país, quienes deberán reportar las eventuales variaciones atípicas en los precios.

Decreto 507, abr. 1°/20

Exoneran a estudiantes de presentar el examen de Estado

El calendario académico y los programas del sector educativo han sido modificados, debido a las decisiones del Gobierno, como la exención de presentar el examen de Estado, a favor de los estudiantes inscritos para el 15 de marzo pasado, y la supresión de este requisito de ingreso a los programas de pregrado de educación superior, lo cual podría extenderse a quienes se hayan inscrito para aplicar a la prueba el próximo 9 de agosto, si persisten las causas de la declaratoria del estado de excepción. Así mismo, se dispuso que el Programa de Alimentación Escolar sea brindado a los niños y adolescentes matriculados en las instituciones oficiales, de forma que el consumo se realice en casa, mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria.

Decretos 532 y 533, abr. 8/20.

Estos son los cambios referentes a logística y transporte

En el marco de las restricciones de movilidad y el aislamiento preventivo obligatorio, el Decreto 569 del 2020 contiene disposiciones relacionadas con el trasporte de pasajeros, carga y aéreo; exención del cobro de peajes; suspensión transitoria del cobro de cánones de arrendamiento y de infraestructura aeroportuaria, y ampliación del funcionamiento del Centro de Logística y Transporte. Adicionalmente, esa norma permite a los puertos de servicio privado atender las operaciones de carga encaminadas a lograr el abastecimiento de bienes de primera necesidad para las poblaciones ubicadas en la zona portuaria. Entretanto, el Decreto 575 prevé la financiación y sostenibilidad de los sistemas de transporte masivo; modificaciones en los programas de reposición del parque automotor, y, en el caso de la reactivación del transporte aéreo, una vez se autorice su prestación doméstica e internacional, la reducción del impuesto de valor agregado para el transporte aéreo de pasajeros y la gasolina de aviación.

Decretos 569 y 575, abr. 15/20.

Fijan nuevas medidas a favor del turismo y la cultura

A través del Decreto 557 del 2020, se permitió destinar lo recaudado por el impuesto nacional del turismo, para contribuir a la subsistencia de los guías de turismo que cuenten con inscripción activa y vigente en el Registro Nacional de Turismo; se reguló el derecho de retracto, desistimiento y las circunstancias relacionadas con el reembolso de los paquetes turísticos durante la crisis, y se fijaron tarifas diferenciadas de expedición, modificación y renovación de los registros sanitarios del Invima, en beneficio de las micro y pequeñas empresas y algunas entidades sin ánimo de lucro. De otro lado, el Decreto 561 indicó que los recursos del impuesto nacional al consumo con destino a la cultura, no ejecutados ni comprometidos, deberán asignarse temporalmente a la subsistencia de los artistas y creadores que demuestren su estado de vulnerabilidad. Lo anterior se suma al ajuste transitorio de los porcentajes mínimos de programación de producción nacional y la posibilidad de destinar los recursos de fortalecimiento de los canales regionales a su funcionamiento.

Decretos 516, 557 y 561, abr. 4 y 15/20.

Derecho a lactar está garantizado en empresas pequeñas

Al declarar exequible la norma que obliga a entidades públicas y privadas a adecuar espacios para el funcionamiento de las Salas Amigas de la Familia Lactante en el entorno laboral (parágrafo del artículo 2° de la Ley 1823 del 2017), la Corte Constitucional encontró que aquella no establece un trato discriminatorio, al fijar un límite basado en el capital y el número de empleadas. Para la corporación, el derecho a lactar se garantiza, mediante la estrategia de tales Salas Amigas y las de lactancia, previstas en el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.

Corte Constitucional, Comunicado 16, Sentencia C-118, abr. 15/20.

Establecimiento de pliegos tipo en ciertos contratos respeta autonomía territorial

La facultad del Gobierno de estandarizar pliegos tipo de condiciones uniformes en procesos de contratación estatal de obra pública (selección, interventoría y consultoría de estudios, diseños e ingeniería) y en cualquier otro contrato o proceso de selección, cuando lo considere necesario, consagrada en el artículo 4° de la Ley 1882 del 2018, no vulnera el principio de autonomía territorial. La Corte Constitucional declaró exequible algunas expresiones de esa disposición y advirtió que dicha potestad solo se predica de los requisitos habilitantes y los criterios de escogencia, materias reservadas a la ley y no a la regulación de las entidades territoriales. Además, la posibilidad de estas últimas de gestionar sus propios intereses, en materia contractual, se refiere a la identificación de sus necesidades y la configuración de los elementos del contrato.

Corte Constitucional, Comunicado 16, Sentencia C-119, abr. 15/20.

Calificación de capacidad laboral y ocupacional por quien asume el pago del beneficio es razonable

El artículo 142 del Decreto Ley 19 del 2012, que permite a Colpensiones, ARL, compañías de seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte y EPS determinar, inicialmente, la pérdida de capacidad laboral y el el grado de invalidez, fue declarada exequible por la Corte Constitucional. En su opinión, la medida resulta razonable constitucionalmente, pues busca el fin legítimo de agilizar y hacer más eficiente el trámite, mediante el ejercicio de una facultad regulativa o competencial idónea para lograr el fin perseguido: evitar que los trámites a adelantar cuando las aseguradoras consideran que existe una pérdida de esas clases deban esperar el proceso administrativo ante las juntas regionales de calificación.

Corte Constitucional, Comunicado 16, Sentencia C-120, abr. 15/20.

Estatuto de TIC no tiene reserva de ley estatutaria

Frente a las dos demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 1978 del 2019, que, junto con la Ley 1341 del 2009, integra el régimen de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la Corte Constitucional estableció que tales normativas no están amparadas por la reserva de ley estatutaria, ya que ni su objeto ni su contenido está dirigido a regular derechos fundamentales, por tanto, no es posible afectar su núcleo esencial. Con base en estas razones, la corporación declaró exequibles dichas normas.

Corte Constitucional, Comunicado 17, Sentencia C-127, abr. 22/20.

A control de constitucionalidad, nuevos decretos legislativos

Ya están en la Corte Constitucional los últimos decretos legislativos expedidos por el Presidente de la República, en el estado de excepción, los cuales deberán ser estudiados por el alto tribunal en los próximos dos meses. En el caso del primero de los procesos de revisión, correspondiente al Decreto 417, declaratorio de la emergencia, el Procurador General cuenta con 10 días para rendir concepto, posteriormente, corren otros siete para la presentación del proyecto de fallo y, finalmente, restan 20 días en los que la Corte deberá adoptar la decisión correspondiente. Así, en mayo, se conocería el pronunciamiento de la corporación.

Corte Constitucional, Procesos RE-232 al 304.

Consejo de Estado adelanta control de legalidad de medidas de emergencia

Las medidas de carácter general expedidas en ejercicio de la función administrativa por las diferentes autoridades del orden nacional, bajo el estado de emergencia declarado por el Gobierno nacional, están sujetas a control inmediato de legalidad por parte del Consejo de Estado, según el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Hasta la fecha, en la página web de la corporación, se han registrado casi 300 actos, entre decretos, circulares, resoluciones y otros.

Consejo de Estado, Circular 004, mar. 23/20.

Corte Constitucional levanta parcialmente términos judiciales

En Sala Plena, la Corte Constitucional decidió levantar la suspensión los términos judiciales referentes a la admisión de demandas de inconstitucionalidad y la revisión de acciones de tutela que cumplan determinados criterios, como la urgencia de adoptar decisiones sobre protección de derechos fundamentales, la importancia nacional del caso, y la posibilidad de que el asunto pueda ser tramitado de forma compatible con las condiciones del aislamiento preventivo obligatorio.

Corte Constitucional, Auto 121, abr. 16/20.

Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico

Para seguir recibiendo este boletín.

Regístrese aquí

Para mejorar nuestro servicio

Por favor diligencie la siguiente encuesta

Cuéntenos su experiencia

Edición

No. 002 - 2020

Estas son las medidas fijadas por el Gobierno para contener el COVID-19

Con base en la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, ante la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, el Gobierno nacional ha expedido más de quince decretos legislativos, y alrededor de otros 20, en ejercicio de facultades ordinarias, los cuales impartieron una serie de medidas extraordinarias y urgentes encaminadas a contrarrestar la crisis en todos los sectores y ámbitos considerados esenciales. Además del aislamiento preventivo obligatorio decretado entre el pasado 25 de marzo y el próximo 13 de abril, se destacan el cierre de fronteras; la suspensión de desembarque de pasajeros procedentes del exterior, vía aérea; beneficios arancelarios y tributarios, como la flexibilización del calendario de declaración y pago de impuestos, la compensación del IVA a favor de población vulnerable, y la autorización a gobernadores y alcaldes para reorientar las rentas de destinación específica y reducir la tarifa de tributos territoriales; la reconexión y reinstalación del servicio de acueducto a suscriptores suspendidos o cortados; la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), destinado a solventar necesidades de recursos de atención en salud y de la economía productiva, y del Centro de Logística y Transporte; modificaciones en materia de contratación estatal y en la operación del Programa de Alimentación Escolar; la entrega de transferencias monetarias adicionales a hogares en condición de pobreza; cambios en la prestación del servicio a cargo de comisarías de familia y de telecomunicaciones; la concesión de auxilios a beneficiarios del Icetex, y la suspensión de términos en actuaciones administrativas y judiciales, entre otras acciones.

Decretos 397, 398, 400, 401, 402, 410, 411, 412, 417, 418, 419, 420, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 444, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 473, 475, 476 y 482, mar. 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26/20.

Descuento por votaciones será transferido a instituciones oficiales de educación superior

Con la sanción de la Ley 2019 del 2020, el Gobierno reconocerá a las instituciones públicas de educación superior el valor de los descuentos hechos por votaciones. Este descuento equivale al 10% de la matrícula del estudiante, si este acredita haber sufragado en los últimos comicios, lo cual es efectivo para todos los periodos académicos adelantados hasta las siguientes elecciones.

Ley 2019, feb. 28/20.

Modifican reglamentación de facturación electrónica

El Decreto 358 del pasado 5 de marzo, reglamentario del Estatuto Tributario, las leyes 962 del 2005 y 1607 del 2012, y el Decreto 1625 del 2016, regula lo concerniente a la factura electrónica de venta, las notas débito y crédito y demás documentos electrónicos utilizados en materia tributaria. La norma aclara los requisitos exigidos, los sujetos obligados, la forma de transmisión y divulgación, y la validación de sus proveedores electrónicos.

Decreto 358, mar. 5/20.

Adoptan Código de Integridad del Servicio Público Colombiano

El Congreso expidió el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano, con el propósito de que las entidades estatales lo implementen y complementen autónomamente. La Ley 2016 de 27 de febrero pasado también creó el Sistema Nacional de Integridad, a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Ley 2016, feb. 27/20.

Incremento salarial del 5.12% para servidores públicos

El Gobierno nacional expidió los decretos anuales de régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de las entidades y organismos del Estado del orden nacional, y fijó los límites máximos salariales para los servidores del orden territorial. El aumento salarial para este año, con retroactividad al 1° de enero del 2020, es del 5.12%, que comprende el incremento porcentual del IPC total en el 2019, certificado por el DANE, esto es, 3.80%, sumado al 1.32%, según el acuerdo logrado con los representantes de las centrales y federaciones sindicales de los empleados públicos.

Decreto 300 al 320, feb. 27/20.

Conscriptos no bachilleres pueden solicitar que prestación del servicio militar sea de 12 meses

Es desproporcionada la limitación establecida en el parágrafo 4° del artículo 13 de la Ley 1861 del 2017, que impedía a los jóvenes no bachilleres incorporados bajo la modalidad de servicio militar obligatorio de 18 meses solicitar el cambio del mismo a 12 meses. Al declarar la inexequibilidad de un aparte de dicha norma, la Corte Constitucional advirtió la necesidad de garantizar la igualdad en el ejercicio de la libertad para escoger la formación educativa a todas las personas que prestan el servicio militar obligatorio.

Corte Constitucional, Comunicado 10, Sentencia C-084, feb. 27/20

Reparación en divorcio es viable, si se prueba violencia intrafamiliar

En sede de revisión de una tutela contra sentencia emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico, la Corte Constitucional aseveró que los jueces están obligados a aplicar la reparación efectiva prevista en la Convención de Belém do Pará, cuando se demuestra la causal de ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra, consagrada en el Código Civil. La sentencia de unificación de jurisprudencia señaló que los operadores jurídicos deben asegurar que la mujer víctima de violencia intrafamiliar tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios compensatorios justos. El alto tribunal exhortó al Congreso a regular el derecho a reparación ante violencia intrafamiliar.

Corte Constitucional, Sentencia SU-080, feb. 25/20

Restricción para ejercer cargo público por incumplir pago de multa es razonable

La restricción para ser nombrado o ascendido en un cargo público, por incumplir el pago de una multa impuesta bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante los seis meses siguientes a su imposición, es razonable. Así lo determinó la Corte Constitucional, al declarar exequible el numeral 2° del artículo 183 de la Ley 1801 del 2016. De acuerdo con la corporación, tal restricción procura garantizar los principios de sujeción y respeto de la ley, no es requisito para postularse o ingresar al concurso, ni es absoluta, pues contiene un límite temporal.

Corte Constitucional, Comunicado 12, Sentencia C-093, mar. 3/20.

Avalan contribución fiscal al arbitraje

La justicia arbitral es un privilegio que debe pagarse y costearse, por tanto, la contribución especial que grava las condenas fijadas en laudos arbitrales de contenido económico no contraría los mandatos de igualdad y equidad tributaria. Bajo este argumento, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 130 del Plan Nacional de Desarrollo (L.1955/19), que creó una contribución fiscal al arbitraje, destinada a la modernización, descongestión y bienestar de la administración de justicia. El alto tribunal destacó que es plausible la imposición de este gravamen, teniendo en cuenta que la administración de justicia estatal se financia a través de impuestos generales.

Corte Constitucional, Comunicado 13, Sentencia C-109, mar. 11/20.

Exequible prórroga de entrada en vigor del Código General Disciplinario

Hasta el 1° de julio del 2021 empezará a regir el Código General Disciplinario (L. 1952/19). La Corte Constitucional declaró exequible la prórroga de la entrada en vigencia de esta norma, ordenada por el artículo 140 del Plan Nacional de Desarrollo (L. 1955/19). La corporación afirmó que la inclusión de esta disposición en el Plan no vulnera la unidad de materia, pues las bases del mismo reflejan la necesidad de prorrogar el inicio de la vigencia de tal código, con el fin de asegurar la adecuación técnica, procedimental, logística, conceptual y de infraestructura tecnológica y física necesaria para su debida implementación.

Corte Constitucional, Comunicado 12, Sentencia C-095, mar. 3/20

Competencia del Presidente para integrar terna de candidatos a Fiscal General es discrecional

La Sección Quinta del Consejo de Estado negó la nulidad del Decreto 1163 del 2019, derogatorio del Decreto 450 del 2016, que fijaba el trámite de integración de terna de candidatos a Fiscal General de la Nación. Según la decisión, el Presidente de la República, en uso de su facultad discrecional, puede variar la reglamentación referente a la conformación de la terna destinada a la elección del Fiscal General, siempre y cuando respete el artículo 249 de la Carta Política y el artículo 29 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, como ocurrió en este caso. Si bien es viable expedir reglamentaciones adicionales, estas no son inmodificables o inderogables, porque dependen directamente de las consideraciones del primer mandatario, quien tiene la atribución para integrar la terna y reformar el procedimiento aplicable, aclaró el alto tribunal.

Consejo de Estado, Sentencia 11001032400020190031900, feb. 27/20.

Corte Constitucional mantiene postura sobre despenalización parcial del aborto

En sentencias C-088 y C-089 del 2 de marzo pasado, la Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse de fondo frente a una demanda interpuesta contra el artículo 122 del Código Penal, que tipifica el aborto, y otra, que atacaba el artículo 90 del Código Civil, el cual regula la existencia legal de las personas. En opinión del alto tribunal, las razones expuestas por la demandante no cumplieron con los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia, suficiencia y claridad exigidos, esto es, la ineptitud sustantiva de la demanda. Con respecto a los cargos contra el Código Civil, la Corte consideró que operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, dictada en la Sentencia C-591 de 1995.

Corte Constitucional, Comunicado 11, Sentencias C-088 y C-089, mar. 2/20.

Decretos de estado de emergencia pasan a control de constitucionalidad

La Corte Constitucional inició el trámite de revisión de constitucionalidad del Decreto 417 del 2020, que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, ante la pandemia causada por el COVID-19, así como lo hará frente a los decretos legislativos derivados tal declaratoria. En ese sentido, se destaca que el Decreto 469 del pasado 23 de marzo permitió a la Sala Plena de la corporación levantar la suspensión de términos ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura, si es necesario. En estos procesos, la Corte estudiará el cumplimiento de los requisitos formales de expedición y motivación de los actos, al igual que los requisitos materiales de validez de los mismos, es decir, los presupuestos fácticos, valorativos y de necesidad que fundamentaron la declaratoria de la emergencia.

Corte Constitucional, RE-232.

Cuestionada nuevamente la reforma tributaria

En menos de tres meses ha sido presentada más de una decena de demandas contra la Ley de Crecimiento Económico (L. 2010/19), reemplazo de la denominada Ley de Financiamiento (L. 1943/18), declarada inexequible por la Corte Constitucional, debido a vicios en su trámite legislativo. Entre ellas, se destaca una demanda que impugna setenta artículos de la Ley 2010, al considerar que esta reproduce disposiciones que ya fueron declaradas inconstitucionales.

Corte Constitucional, Demanda D-13666.

Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico

Para seguir recibiendo este boletín.

Regístrese aquí

Para mejorar su experiencia

Por favor diligencie la siguiente encuesta

Cuéntenos sobre su experiencia