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Infografía Ventana al Derecho:

¿Cuáles son las excepciones a la medida?

 

  

Prestación de servicios de salud, emergencia y funerarios; financieros; cambiarios; operadores postales de pago; juegos de suerte y azar; centrales de riesgo; transporte de valores; notariales y de registro de instrumentos públicos; expedición de licencias urbanísticas; carcelarios; postales y mensajería; vigilancia y seguridad privada; aseo; servicios públicos domiciliarios, internet y telefonía; parqueaderos públicos para vehículos, lavandería a domicilio, peluquerías, centros comerciales, actividades inmobiliarias ,bibliotecas y museos.

 

Cuidado de población vulnerable.

  

Producción, transporte, venta y suministro de bienes de primera necesidad; medicamentos; reactivos de laboratorio; insumos agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos; hidrocarburos, combustibles y minerales; materiales de construcción, ferretería, cerrajería, productos de vidrio y pintura; textiles, ropa, calzado, cuero, papel, cartón, y transformación de madera; metales y eléctricos; repuestos y accesorios de bicicletas convencionales y eléctricas; vehículos, remolques y motocicletas; muebles y enseres domésticos; computadores, equipos periféricos, de comunicación, electrónicos y ópticos; lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores, y libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio.

 

Actividades indispensables de servidores públicos, contratistas, misiones diplomáticas y consulares.

  

Fuerza pública y organismos de seguridad estatales, al igual que las comisarías de familia e inspecciones de policía.

 

Pagos de salarios, honorarios, pensiones, BEPS y demás referentes al Sistema de Seguridad Social.

  

Venta de productos gastronómicos, mediante comercio electrónico y entrega a domicilio.

 

Industria hotelera exclusiva para atender huéspedes.

  

Funcionamiento de medios de comunicación.

 

Operación de sistemas computacionales; redes de comunicaciones que incidan en economía o salud pública, y centros de llamadas, soporte técnico, procesamiento de datos y comercio electrónico.

  

Actividades del sector interreligioso referentes a programas de ayuda humanitaria, espiritual y sicológica.

 

Transporte de carga en puertos públicos y privados; dragado marítimo y fluvial; operación área y aeroportuaria; atención de afectaciones viales, y obras de infraestructura de transporte, salud y construcción de edificaciones, incluyendo la intervención de las que están en riesgo de colapso.

  

Mantenimiento de empresas, plantas industriales o minas públicas o privadas, que requieran operación permanente.

 

Desplazamiento requerido de personal docente.

  

Elaboración de estudios de títulos y avalúos de bienes destinados a la constitución de garantías.

 

Laboratorios prácticos y de investigación de las instituciones de educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano.

  

Actividades profesionales, técnicas y de servicios en general.

 

De acuerdo con las medidas, instrucciones y horarios que fijen los alcaldes en sus respectivas jurisdicciones territoriales, siguiendo los protocolos de bioseguridad se permitirá ejercicio al aire libre bajo los siguientes parámetros.

  • Personas de 18 a 69 años, por un período máximo 2 horas diarias.
  • Niños mayores de 6 años, tres 3 a la semana, una 1 hora al día.
  • Niños entre 2 y 5, tres veces a la semana, media hora al día.
  • Adultos mayores de 70 años, tres veces a la semana, media hora al día

  

Las personas que desarrollen las actividades exceptuadas, para iniciar las mismas, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad.

 

Suspensión de actividades permitidas: Los alcaldes con la debida autorización del Ministerio del Interior podrán suspender las actividades excluidas cuando un municipio presente una variación negativa en el comportamiento de la epidemia que genere un riesgo excepcional.

 

Municipios sin COVID-19 pueden solicitar la finalización del confinamiento en su territorio, mientras no haya aglomeraciones.

 

Actividades prohibidas: En ningún caso se podrán habilitar las siguientes actividades presenciales: Cines, teatros, locales comerciales de esparcimiento, piscinas, balnearios, gimnasios, parques de atracciones mecánicas, actividades religiosas que impliquen aglomeración.

Recuerde que la violación de la norma genera pena de prisión y multa hasta de 10.000 SMDLV

Boletín Edición 5:

Edición

No. 005 - 2020

Apuesta por la justicia digital y adecuación de centros de detención

El Gobierno expidió nuevas normas enfocadas en la justicia, ante la prolongación de la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia de COVID-19. El Decreto Legislativo 806 determina, con carácter transitorio, el uso prioritario de las tecnologías de la información y las comunicaciones en procesos judiciales, actuaciones adelantadas por autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, y procesos arbitrales, específicamente en la presentación de demandas, anexos y excepciones, realización de traslados, comunicaciones, notificaciones, emplazamientos y audiencias; la eliminación de la exigencia de formalidades presenciales en documentos, como firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales, autenticaciones adicionales o presentación en medios físicos; reglas específicas aplicables a las jurisdicciones administrativa, civil y laboral, y la posibilidad de que quienes requieran adelantar diligencias, pero carezcan de acceso a internet, lo hagan en las sedes de ciertas entidades públicas. A su vez, el Decreto 804 facilita a las entidades territoriales adecuar, ampliar o modificar inmuebles destinados a funcionar como centros transitorios de detención, previo aval de la autoridad de seguridad y convivencia en el municipio o distrito y el concepto de las condiciones de sismorresistencia. Adicionalmente, permite la creación de plantas temporales encargadas de la custodia de la población privada de la libertad en dichos establecimientos y la administración de estos. Por último, el Decreto 805 crea, durante cuatro meses y con cargo a los recursos del Fondo Cuenta Especial del Notariado, un apoyo económico correspondiente al 40% del salario mínimo de los trabajadores de las notarías relacionados en la planilla PILA, y cuyos notarios se encuentren al día con la presentación de informes estadísticos y pagos de seguridad social. A todo esto, se suma la extensión del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 15 de julio, efectuada en el Decreto 878.

Decretos 804, 805, 806 y 878, jun. 4 y 25/20.

Ejecutivo crea nuevos auxilios laborales

Mediante el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios, creado en el Decreto Legislativo 770, se pretende brindar a los empleadores un aporte de $220.000, por cada uno de los trabajadores dependientes que devenguen desde un salario mínimo y hasta $1.000.000 y hayan cotizado al Sistema General de Seguridad Social. Sumado a ello, esa norma prevé acuerdos de pago de la prima de servicios, que podrá realizarse hasta el 30 de diciembre del 2020. También contempla la entrega de una transferencia monetaria no condicionada, ($160.000), a favor de trabajadores afectados por la suspensión del contrato laboral o licencia no remunerada, en los meses en que no recibieron ingresos, entre abril y junio. Por su parte, el Decreto 771 indica que, durante la emergencia sanitaria, el empleador deberá reconocer, como auxilio de conectividad digital, el valor establecido para el de transporte a los empleados que devenguen hasta dos salarios mínimos y desarrollen su labor en su domicilio. Finalmente, el Decreto 801 estableció el auxilio económico a trabajadores dependientes e independientes cesantes, categoría A y B, de los sectores público y privado.

Decretos 770, 771, 801, 803 y 815, jun. 3 y 4/20.

Permiten terminación unilateral de arrendamiento de locales comerciales

Hasta el próximo 31 de agosto, los arrendatarios de locales comerciales que desarrollen actividades y eventos públicos o privados que impliquen aglomeración de personas podrán terminar unilateralmente los contratos de arrendamiento. Según el Decreto Legislativo 797, lo anterior aplica a bares, discotecas, billares, casinos, bingos, terminales de juego de video, gimnasios, piscinas, saunas, turcos, balnearios, canchas deportivas, parques infantiles y de atracciones mecánicas, cines, teatros y servicios religiosos, entre otros. Esta opción se efectuará solo si el arrendatario está al día en el pago de los cánones de arrendamiento, servicios públicos causados y demás obligaciones pecuniarias a su cargo hasta la finalización del contrato.

Decreto 797, jun. 4/20.

Facilitan afiliación al Sistema de Seguridad Social

Para garantizar el aseguramiento en salud en la emergencia, el Decreto Legislativo 800 señala que los cotizantes al régimen contributivo y sus beneficiarios podrán acceder temporalmente al régimen subsidiado, mediante contribución solidaria, si su relación laboral terminó durante la crisis o en los seis meses siguientes a la finalización de esta, y han aportado al Sistema de Seguridad Social sobre un ingreso base de cotización hasta de un salario mínimo. Entretanto, el Decreto 858 explica el procedimiento de afiliación de personas privadas de la libertad que estén detenidas o cumpliendo medida de aseguramiento en centros de detención transitoria, como unidades de reacción inmediata, estaciones de policía u otra institución estatal. Aunado a lo anterior, el Decreto 808 posibilita que las entidades operadoras de lotería tradicional o billetes ofrezcan al público incentivos con cobro de premio inmediato en dinero o especie, realicen dos sorteos anuales extraordinarios, y logren acuerdos de pago con distribuidores de lotería, a fin de incrementar los recursos en el sector salud.

Decretos 800, 808 y 858, jun. 4 y 17/20.

Gobierno agiliza procesos de insolvencia y reorganización empresarial

Con el objeto de atender adecuadamente el volumen de procesos de insolvencia y facilitar la recuperación de las empresas que enfrentan dificultades económicas por la crisis, el Decreto Legislativo 772 dispone el levantamiento automático, por ministerio de la ley, de medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos o de cobro coactivo que recaen sobre bienes no sujetos a registro, para asegurar liquidez a los deudores y disminuir los trámites correspondientes. Así mismo, regula el proceso de reorganización abreviado aplicable a pequeñas insolvencias de empresas, cuyos activos sean inferiores o iguales a 5.000 salarios mínimos, al igual que la liquidación judicial simplificada. Ahora bien, con el fin de superar los efectos causados por la pandemia a las iniciativas de mujeres trabajadoras, el Decreto 810 creó un patrimonio autónomo dirigido a promover, financiar y apoyar el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres en Colombia.

Decretos 772 y 810, jun. 3 y 4/20.

Estas son los nuevos cambios tributarios

El Ejecutivo también lanzó un nuevo paquete de medidas tributarias para afrontar la crisis, entre las que se destaca la exclusión transitoria del IVA en contratos de franquicia; importación de vehículos automotores de servicio público o particular de pasajeros y transporte de carga; adquisición de materias primas químicas para producción de medicamentos, y prestación de servicios de hotelería y turismo, a través del Decreto Legislativo 789. De otro lado, el Decreto 799 suspende, hasta el 31 de diciembre del 2020, el pago de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico por parte de los prestadores de servicios turísticos. Finalmente, el Decreto 807 aprueba que la Dian efectué la inspección tributaria y contable electrónica y visitas administrativas virtuales de vigilancia y control, en ese ámbito y de control cambiario.

Decretos 789, 799, 807 y 816, jun. 4/20.

Incrementan estímulos a espectáculos públicos

Dado que la suspensión de eventos perjudica a toda la cadena de valor relativa a espectáculos públicos de artes escénicas, exhibición cinematográfica e importantes actores del sector cultura, el Decreto Legislativo 818 facilita reducir costos de producción de transmisiones digitales, y contempla, transitoriamente, la exclusión del IVA en determinados servicios artísticos prestados en la realización de audiovisuales. Dicha normativa también modifica las fechas de declaración y pago de la contribución parafiscal de espectáculos públicos de artes escénicas, y fija una tarifa del 4% de retención en la fuente, a título de renta, sobre pagos referentes a actividades culturales y creativas, pero excluye a los estímulos públicos culturales de la misma. Por último, permite a productores y operadores de boletería devolver o reembolsar derechos de asistencia correspondientes a eventos cancelados, aplazados o reprogramados en el periodo de emergencia.

Decreto 818, jun. 4/20.

Adoptan Registro Social de Hogares

Para operar, de manera centralizada, las transferencias monetarias y optimizar los recursos presupuestales disponibles, el Decreto Legislativo 812 implantó el Registro Social de Hogares, administrado por el Departamento Nacional de Planeación, encargado de validar y actualizar la información socioeconómica de personas y hogares, y, así, identificar criterios de focalización, elegibilidad y permanencia de los beneficiarios de los programas sociales y subsidios brindados por el Gobierno nacional. A su vez, el Decreto 814 ordena nuevamente la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias a favor de sujetos de los programas Familias y Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.

Decretos 812 y 814, jun. 4/20.

Inexequibles facultades de procuradores de familia y suspensión de trámite de extradición en emergencia

Con ocasión de la revisión del Decreto Legislativo 460, la Corte Constitucional sostuvo que permitir a los procuradores judiciales de familia fijar obligaciones provisionales sobre alimentos, visitas y custodia contraviene la Carta Política. En el mismo fallo, estableció la constitucionalidad del articulado restante de dicha normativa, relacionada con la prestación de servicios en cabeza de las comisarías de familia en la emergencia. Además, el alto tribunal declaró inexequible el Decreto 567, que asignó a tales procuradores funciones para adelantar procesos de adopción, en ciertos eventos, al aseverar que esto desconoce la autonomía de la Rama Judicial, la igualdad y debido proceso de niños y adolescentes y las competencias constitucionales de la Procuraduría General. Igualmente, al determinar la inexequibilidad del Decreto 487, el cual suspendió los términos del trámite de extradición, salvo excepciones, la corporación advirtió que esa norma restringe el debido proceso y libertad de las personas requeridas. No obstante, esta decisión rige a futuro y no afecta la suspensión por 30 días calendario en los casos en que existía resolución ejecutoriada de concesión de extradición a la fecha de sanción del decreto, aclaró.

Corte Constitucional, Comunicados 25 y 26, Sentencias C-179, C-193 y C-201, jun. 17, 24 y 25/20.

Potestad de Corte para levantar suspensión de términos respeta autonomía judicial

El Decreto Legislativo 469, que permite a la Corte Constitucional levantar la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura, cuando sea necesario para cumplir sus funciones constitucionales, fue declarado ajustado a la Carta Política, pues no viola la separación de poderes ni la autonomía de la Rama Judicial. A juicio del alto tribunal, tal habilitación complementa el marco jurídico aplicable al trámite de los procedimientos judiciales a su cargo, a efectos de garantizar el acceso de los ciudadanos a la justicia constitucional.

Corte Constitucional, Comunicado 23, Sentencia C-156, jun. 3/20.

Cobrar intereses a beneficiarios del ICETEX en periodo de gracia es desproporcionado

Resulta desproporcionado que se cobren intereses a beneficiarios de créditos del Icetex acogidos al periodo de gracia en el estado de excepción. Por ende, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 1° del Decreto Legislativo 467, en el entendido que la medida denominada periodo de gracia no causa durante su vigencia intereses sobre los créditos. De acuerdo con el alto tribunal, ante los momentos difíciles que atraviesan las familias colombianas, es indispensable que los beneficios sobre los créditos educativos se traduzcan en un verdadero alivio financiero y no solo en el aplazamiento de sus obligaciones.

Corte Constitucional, Comunicado 23, Sentencia C-161, jun. 4/20.

Prórroga de servicio militar obligatorio es necesaria

Es exequible condicionalmente la prórroga del servicio militar obligatorio hasta por tres meses contados a partir de la fecha prevista para el licenciamiento, consagrada en el Decreto Legislativo 541 del 2020, en el entendido que únicamente aplicará al personal en servicio al momento de la expedición de tal norma y cuyo licenciamiento estaba fijado para abril, mayo, julio y octubre del 2020. Según la Corte Constitucional, dicha disposición es necesaria para asegurar el cumplimiento de las funciones de la fuerza pública, a quien, bajo las actuales circunstancias, se le dificulta incorporar nuevos miembros, debido a los riesgos para la salud del personal que realiza este proceso y los convocados.

Corte Constitucional, Comunicado 25, Sentencia C-180, jun. 17/20.

Eximir a empresas extranjeras de tener sucursal en Colombia es inconstitucional

Al revisar la constitucionalidad de los Decretos Legislativos 499 y 544 del 2020, referentes a la contratación estatal de dispositivos médicos para atender la emergencia sanitaria, la Corte Constitucional encontró que eximir de tener sucursal en Colombia a empresas extranjeras contratadas para adquirir tales bienes no cumple con el requisito de necesidad jurídica exigido a las medidas de excepción. Por esto, declaró inexequible la expresión “ni sucursal”, contenida en el parágrafo 2° del artículo 1° de tales normas. De otro lado, estableció la exequibilidad del Decreto 440, que posibilita aplicar el derecho privado a la contratación estatal, y realizar audiencias públicas y procedimientos sancionatorios, a través de medios electrónicos, al igual que el Decreto 537, dirigido a fortalecer el uso de herramientas digitales en procesos contractuales.

Corte Constitucional, Comunicados 23, 24 y 25, Sentencias C-162, C-163, C-172 y C-181, jun. 4, 11 y 17/20.

Cae reducción de cuota de pantalla nacional

Lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Legislativo 516, que reguló los porcentajes mínimos de programación de producción nacional durante el estado de excepción, desconoce los juicios de finalidad, conexidad, necesidad, motivación y proporcionalidad, exigidos por la jurisprudencia constitucional. Así lo sostuvo la Corte, al declarar la inexequibilidad de esa disposición y encontrar que la reducción significativa de la cuota de pantalla nacional no está directamente encaminada a conjurar la causa de la declaratoria de la emergencia, y, además, ella no es necesaria, pues existen otras opciones menos gravosas para la cultura e identidad nacional. En cambio, estableció la exequibilidad del Decreto 540, el cual aceleró el trámite de licencias de equipamiento de redes de telecomunicaciones y consagró la exención del IVA a servicios de voz e internet móviles. Del mismo modo, definió la constitucionalidad del Decreto 561, que otorgó incentivos económicos a artistas, creadores y gestores culturales en estado de vulnerabilidad o situación de discapacidad, con cargo a los recursos del impuesto nacional al consumo destinados a la cultura.

Corte Constitucional, Comunicados 25 y 26, Sentencias C-184, C-197 y C-204, jun. 17, 24 y 25/20.

Vía libre a agilización de donaciones para conjurar la crisis

La suspensión temporal del requisito de insinuación de donaciones superiores a 50 salarios mínimos, realizadas por personas naturales o jurídicas, incluida en el Decreto Legislativo 545, fue declarada exequible. En opinión de la Corte Constitucional, esa disposición tiene relación directa con la emergencia sanitaria, permite agilizar las donaciones correspondientes y contribuye a disminuir la afluencia de público en las notarías.

Corte Constitucional, Comunicado 24, Sentencia C-173, jun. 11/20.

Corte respalda Programa Ingreso Solidario

El Programa Ingreso Solidario, creado en el Decreto Legislativo 518, fue declarado constitucional. Sin embargo, se condicionó la exequibilidad de un aparte del parágrafo 1° del artículo 1° de esta normativa, en el entendido que la ausencia de responsabilidad de los participantes en la implementación de ese programa, en casos de recepción fraudulenta o sin sujeción a los requisitos legales, no significa una cláusula de inmunidad de los servidores públicos, sino que alude a la necesidad de que la valoración del dolo o culpa grave, presupuesto de la eventual responsabilidad en los eventos allí previstos, tenga en cuenta las condiciones de apremio y urgencia. En cuanto al Decreto 488, sobre protección al empleo durante la pandemia, sus artículos 3° al 8° fueron declarados exequibles condicionalmente por la Corte, bajo el entendido que regirán hasta la culminación de la emergencia sanitaria, y si se requiere un término más amplio, los inspectores de trabajo deberán certificar la permanencia de las circunstancias excepcionales, para seguir utilizando las medidas, o, hasta que el Congreso ejerza sus competencias ordinarias.

Corte Constitucional, Comunicado 24, Sentencias C-171 y C-174, jun. 11/20.

Exequible suspensión del ingreso de pasajeros aéreos

La interrupción del desembarque de pasajeros procedentes del exterior, vía aérea, en la emergencia, el aislamiento y cuarentena preventivos de quienes ingresen, y las responsabilidades consecuentes aplicables a aerolíneas, usuarios, tripulantes y autoridades, dispuestas en el Decreto 439 del 2020, resultan acordes con la Constitución. Así lo indicó la Corte, al afirmar que esas órdenes son necesarias y permiten a los competentes impartir medidas sanitarias adecuadas frente a los casos excepcionales de ingreso al país. Por otra parte, el Decreto 482, relativo a la prestación del servicio público de transporte, también fue declarado constitucional. Sin embargo, la exequibilidad del artículo 16 fue condicionada, bajo el entendido que la suspensión del tope máximo de trabajo suplementario de controladores de tránsito aéreo, bomberos y técnicos aeronáuticos, y la flexibilización del uso de este recurso en caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19 solo aplica cuando se requiera garantizar el transporte aéreo de pasajeros o carga.

Corte Constitucional, Comunicados 23 y 25, Sentencias C-157 y C-185, jun. 3 y 18/20.

Condicionan ejecución del PAE

Al considerar razonable que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se suministre en los hogares de los estudiantes, como lo prevé el Decreto 533 del 9 de abril, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de su artículo 2°, el cual brinda herramientas a las entidades territoriales para garantizar su ejecución. En opinión de la corporación, debe entenderse que, en el caso de los municipios no certificados, los recursos serán administrados por el respectivo departamento. Por otro lado, determinó la constitucionalidad del Decreto 532, que eximió de la presentación del examen de Estado del pasado 15 de marzo a los estudiantes inscritos.

Corte Constitucional, Comunicados 23 y 26, Sentencias C-164 y C-199, jun. 4 y 25/20.

Visto bueno a medidas tributarias y financieras excepcionales

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de los decretos 438, 468 y 535 del 2020. El primero de ellos contempla la exención del IVA en la adquisición de ciertos bienes médicos y la ampliación del plazo de actualización en el régimen tributario especial. La segunda norma autoriza a Findeter y Bancoldex a otorgar créditos directos con tasa compensada a entes territoriales y empresas, respectivamente, dirigidos a financiar proyectos y actividades en sectores elegibles para afrontar la crisis. La última disposición fija un procedimiento abreviado de devolución y compensación de saldos a favor de contribuyentes del impuesto sobre la renta e IVA y otras medidas tributarias correlativas. Así mismo, la adición presupuestal al Fondo de Mitigación de Emergencias, consagrada en el Decreto 519, está acorde con la Carta Política. Sin embargo, el alto tribunal aseguró que la liquidación del presupuesto dispuesta como medida de excepción es inconstitucional, ya que corresponde a facultades ordinarias del Ejecutivo, de forma que declaró inexequibles sus artículos 3°, 4° y 5°. Por otra parte, condicionó la exequibilidad de los artículos 1° y 2° del Decreto 461, que permite a gobernadores y alcaldes reorientar rentas de destinación específica y reducir tarifas de impuestos territoriales, en el entendido que estas facultades no los habilitan para modificar leyes, ordenanzas y acuerdos.

Corte Constitucional, Comunicados 23 y 24, Sentencias C-159, C-160, C-169, C-170 y C-175, jun. 3, 10 y 11/20.

Fallo precisa vigencia de control de precios de productos básicos

Si bien es constitucional el Decreto Legislativo 507 del 2020, referente al control de precios de productos de primera necesidad y medicamentos, encaminado a evitar el acaparamiento, especulación y usura, la indeterminación de su vigencia impone condicionar la exequibilidad de su artículo 7°, en el entendido que estará vigente en el año siguiente a la declaratoria inicial del estado de excepción, aseveró la Corte. Por otra parte, declaró la exequibilidad de los decretos 444, en donde se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias; 492, sobre el fortalecimiento patrimonial del Fondo Nacional de Garantías y el holding financiero Grupo Bicentenario, excepto su artículo 8°; 512, que autoriza temporalmente a gobernadores y alcaldes a realizar movimientos presupuestales en la emergencia; 517, el cual definió el pago diferido y su financiación para empresas que presten el servicio de energía y gas combustible; 528, que aceptó diferir el cobro del consumo de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de sus prestadores; 539, acerca de los protocolos de bioseguridad a cargo de Minsalud para controlar la COVID-19, y 565, el cual señala el mecanismo para garantizar la rentabilidad de los Beneficios Económicos Periódicos. De acuerdo con el alto tribunal, estas normas cumplen con los requisitos formales y materiales exigidos.

Corte Constitucional, Comunicados 25 y 26, Sentencias C-178, C-182, C-186, C-187, C-194, C-200 y C-205, jun. 17, 18, 24 y 25/20.

Admitidas recientes demandas de inconstitucionalidad

Durante el último mes, la Corte Constitucional admitió las demandas de inconstitucionalidad contra estas normas: Ley 1979 del 2019, sobre beneficios a veteranos de la fuerza pública; Ley 2010 del 2019, de crecimiento económico; Decreto 2610 de 1979, referente a la enajenación de inmuebles destinados a vivienda; Ley 3ª de 1991, relativa al subsidio familiar de vivienda; Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto al reglamento de trabajo y las labores que no deben ejecutar las mujeres y los menores de 16 años, y la terminación unilateral del contrato sin justa causa; Ley 797 del 2003, que fija requisitos para obtener la pensión de vejez; Código Civil, acerca de la impugnación de paternidad o maternidad; Ley 712 del 2001, sobre la medida cautelar en el proceso ordinario laboral; Código General Disciplinario, frente a notificaciones y comunicaciones; Código Penal, con respecto al tráfico de migrantes y otros delitos, y, el Decreto 2111 del 2019, el cual crea el Grupo Bicentenario.

Corte Constitucional, Demandas D-13686, D-13697, D-13699, D-13702, D-13722, D-13726, D-13732, D-13733, D-13736, D-13739, D-13746 y D-13752.

Atacan nuevamente ley sobre capacidad legal de personas con discapacidad

La ley de capacidad legal de personas con discapacidad (L. 1996/19) es objeto de nuevas demandas. Ahora acusan a dicha disposición de la presunta vulneración de los artículos 116, 152 y 153 de la Carta Política. El accionante alega, en uno de los procesos, que aquella debió ser tramitada como ley estatutaria, pues regula derechos fundamentales, mientras que, en el otro, asevera, frente a los acuerdos de apoyo por escritura pública, que la función del notario es dar fe pública, pero no verificar y garantizar los derechos, potestad propia de los operadores de justicia, lo cual vicia la norma de inconstitucionalidad.

Corte Constitucional, Demandas D-13738 y D-13743.

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