Historial Boletines:



















Historial Infografía:

















Infografía Ventana al Derecho:

 
Reserva de ley

 

  

Institución de fundamento constitucional, que protege el principio democrático, al obligar al legislador a regular materias que el constituyente decidió que fueran desarrolladas en una ley.

Sinónimo del principio de legalidad o de cláusula general de competencia del Congreso.

 

 
¿Características

 

  

  • Atiende al principio de división de poderes.
  • Identifica constitucionalmente los asuntos que son competencia exclusiva del legislador ordinario y sobre los que está prohibido conceder facultades extraordinarias.
  • Impone al Ejecutivo límites para actuar.
  • Asigna al Legislativo obligaciones irrenunciables.
  • Requiere aplicar el procedimiento fijado para tramitar la ley.
  • Incumplimiento genera invalidez de la norma.

 

 
Materias con reserva

 

  

Ley estatutaria
Derechos y deberes fundamentales de personas y procedimientos y recursos para su protección; administración de justicia; organización y régimen de partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales; instituciones y mecanismos de participación ciudadana; estados de excepción, e igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República.


Ley orgánica
Ejercicio de actividad legislativa; preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, plan nacional de desarrollo, y competencias normativas de entes territoriales.


Ámbito tributario
Impone un procedimiento democrático representativo, como condición de validez de los tributos, para evitar abusos en un asunto que afecta directamente al ciudadano y debe garantizar, al mismo tiempo, la sostenibilidad del Estado.


Naturaleza mixta
Si una disposición trata temas que deben ser tramitados mediante ley ordinaria, estatutaria y orgánica, simultáneamente, se puede realizar en un solo proyecto, bajo el procedimiento más exigente, es decir, el de las estatutarias.


Tratamiento de datos personales
El Gobierno no puede asumir esta competencia, ni por delegación expresa del legislador.

 

 
Casos destacados

 

  

Sentencia C-053/19

Inexequible artículo 33 de la Ley 136/94, sobre usos del suelo, pues fue tramitada como ordinaria pese a referirse a un tema propio de ley orgánica.

Sentencia C-030/19

Inconstitucional artículo 121 de la Ley 488/98, referente a la base gravable del impuesto a la gasolina y al ACPM, por infringir el principio de certeza tributaria y la reserva de ley en esa materia.

Sentencia C-748/11

Inexequible artículo 27 del proyecto de ley estatutaria 184/10S- 046/10C, acerca de la protección de datos personales, ya que el legislador no puede facultar al Gobierno para regular el tratamiento de datos personales que requieran de disposiciones especiales.

 

Boletín Edición 9:

Edición

No. 009 - 2020

Fijan condiciones de operación de renta vitalicia inmobiliaria

Establecer un marco regulatorio prudencial para el funcionamiento eficiente de la operación financiera de renta vitalicia inmobiliaria es el principal objetivo del Decreto 1398 del 26 de octubre. Esta norma fija condiciones que deben cumplir las compañías aseguradoras de vida, quienes otorgarán una renta periódica a cambio del precio de la prima, representado en la transferencia de la nuda propiedad del inmueble por parte del tomador a tales entes o los terceros designados. En el ofrecimiento de dicha operación, sin importar su modalidad, las aseguradoras y el personal contratado deben actuar con los más altos estándares de prudencia, diligencia, transparencia, honestidad, lealtad, idoneidad y profesionalismo exigibles a un experto, lo que incluye el acatamiento del deber de información que protege a los clientes en la toma de decisiones. El nuevo decreto regirá desde la publicación de las instrucciones pertinentes por la Superintendencia Financiera, en un plazo de 45 días.

Decreto 1398, oct. 26/20.

Reglamentan registro de inhabilidad en contratación estatal por sanciones penales o administrativas

El Ministerio de Justicia expidió el Decreto 1358 del pasado 16 de octubre, con el objetivo de materializar el registro y publicidad de la inhabilidad para participar en licitaciones y celebrar contratos con las entidades estatales, aplicable a los responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración pública u otros punibles o faltas contempladas en la Ley 1474 del 2011 y demás normativa relacionada. Esta nueva disposición reglamenta el trámite para solicitar las sentencias penales condenatorias y las sanciones administrativas impuestas por autoridades extranjeras y los mecanismos para asegurar la publicidad de los fallos proferidos por jueces penales colombianos. En ambos casos, la inhabilidad para contratar, incluida en el literal j) del artículo 8.1 de la Ley 80 de 1993, se debe inscribir en el Registro Único de Proponentes de la sociedad donde la persona natural responsable actúa o ha actuado en calidad de administrador, representante legal, miembro de junta directiva o socio controlante.

Decreto 1358, oct. 16/20.

Esta es la ley que reforma el PAEF

A través de la Ley 2060 del pasado 22 de octubre, se modificó el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), creado en el Decreto Legislativo 639, y el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios (PAP), previsto en el Decreto Legislativo 770. Esta nueva norma amplió el primero, hasta marzo del 2021, mientras que el PAP cubrirá el segundo pago de la prima de servicios del 2020. Igualmente, se precisaron los beneficiarios y el procedimiento de postulación para la obtención de cada aporte estatal, y se extendieron los plazos de fiscalización por parte de la UGPP. Cabe resaltar que la Corte Constitucional, en tres fallos recientes, avaló, salvo algunas excepciones, el articulado de los decretos 639, 677 y 815 del 2020, los cuales regularon inicialmente el PAEF.

Ley 2060, oct. 22/20.

Minsalud expide decreto que optimiza el PRASS

Para determinar el riesgo epidemiológico de crecimiento de la exposición, el contagio y la afectación poblacional e identificar y controlar el riego ante el comportamiento inesperado de la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Salud expidió el Decreto 1374, que optimiza el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS). De ese modo, se definió su estructura y las acciones a cargo de los actores responsables de su implementación, al igual que la interacción entre estos entes gubernamentales involucrados. Esta norma derogó el Decreto 1109 del 10 de agosto pasado.

Decreto 1374, oct. 19/20.

Gobierno aclara medidas de excepción en procesos de insolvencia

Con el fin de desarrollar el Decreto Legislativo 772, que dictó medidas especiales sobre los procesos de reorganización abreviados y liquidación judicial de pequeñas insolvencias, para mitigar los efectos de la emergencia en el sector empresarial, se expidió el Decreto 1332. Este pretende dar claridad acerca de los sujetos destinatarios y la coordinación de tales procesos. Así mismo, se precisa la presentación de las objeciones a la calificación y graduación de créditos, la designación del promotor, el reporte del estado de las obligaciones especiales de los deudores cuya actividad es la construcción de inmuebles destinados a vivienda y la cancelación de gravámenes judiciales, como garantía mobiliaria, entre otros temas.

Decreto 1332, oct. 06/20.

Depuran decreto único reglamentario del sector comercio

Mediante Decreto 1331 de 6 de octubre, se realizó la depuración del decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo, (D. 1074/15). Esta medida busca expulsar del ordenamiento jurídico las disposiciones obsoletas de la Administración pública. De ese modo, la depuración resulta una estrategia destinada a mejorar la calidad normativa y fortalecer el sistema interno, al brindar claridad y certeza sobre las disposiciones vigentes.

Decreto 1331, oct. 06/20.

Ejecutivo regula política pública de vivienda rural

La regulación de la política pública de vivienda rural y las condiciones de asignación del subsidio familiar por parte de Fonvivienda fueron establecidas en el Decreto 1341 del 8 de octubre. Dicha política quedó a cargo del Ministerio de Vivienda, y se formulará y ejecutará, con la finalidad de coordinar y liderar la ejecución de los proyectos y mejoramientos de vivienda encaminados a optimizar el bienestar de la población ubicada en suelo rural, lo que disminuiría el déficit habitacional.

Decreto 1341, oct. 08/20.

Disposiciones sucesorales aplican a cónyuges y compañeros heterosexuales y gais

Al condicionar la exequibilidad de diversas expresiones contenidas en el Código Civil, en materia de sucesiones, tradición y extraterritorialidad de la ley colombiana, la Corte Constitucional determinó que aquellas se refieren, en igualdad de derechos y deberes, a cónyuges y compañeros permanentes, ya sea que se trate de parejas de distinto o del mismo sexo. A juicio de la corporación, las normas acusadas fijan ciertos efectos jurídicos únicamente para los cónyuges heterosexuales, esto es, una diferencia de trato entre estos y los demás tipos de parejas, violatoria del derecho a la igualdad y la protección de la familia.

Corte Constitucional, Comunicado 44, Sentencia C-456, oct. 21/20.

Restricciones a publicidad en juicio oral respeta derecho a la información

La Corte declaró ajustada a derecho la facultad del juez penal de establecer, mediante auto motivado, restricciones a la publicidad en el juicio oral, con base en los intereses de la justicia. En su opinión, el artículo 152 de la Ley 906 del 2004 no desconoce la libertad de información ni el derecho de participación. El juez acude a esa potestad, cuando están en peligro los intereses de la justicia, como la seguridad de los sujetos procesales e intervinientes, la independencia judicial o la no contaminación de la prueba, y si es necesario restringir el acceso total a la audiencia, el juez debe comunicar lo acontecido, a través de cualquier recurso o medio, explicó. Por otra parte, la corporación hizo hincapié en el carácter adversarial del juicio penal, bajo el cual solo los sujetos procesales tienen el derecho a interponer recursos. Además, recordó que Ministerio Público representa al interés general en esta etapa.

Corte Constitucional, Comunicado 41, Sentencia C-429, sep. 30/20.

Aporte económico temporal para trabajadores de notarías es constitucional

El Decreto Legislativo 805 del 4 de junio pasado, que creó un aporte económico temporal de apoyo a los trabajadores de las notarías del país, en el marco del estado de excepción, fue declarado exequible. De acuerdo con la Corte Constitucional, tal normativa se dirigió a evitar la disminución de los ingresos de esos empleados y su desvinculación. Además, aquella resultó necesaria, ya que legislación ordinaria no prevé un subsidio de ese tipo.

Corte Constitucional, Comunicado 39, Sentencia C-408, sep. 16/20.

Avalan exención especial del IVA en el 2020

Son constitucionales las medidas adoptadas en el Decreto Legislativo 682, referentes a la exención del IVA para ciertos bienes en tres fechas del 2020; la reducción a 0% de las tarifas del impuesto nacional al consumo en el expendio de comidas y bebidas, durante el resto del año, y la exclusión del IVA a los cánones de arrendamiento de locales comerciales, hasta el 31 de julio pasado. Según la Corte, su finalidad es incentivar el consumo, objetivo materialmente conectado con las acciones destinadas a impulsar la reactivación del comercio y aliviar los impactos derivados de la caída sistemática de las ventas. Los tres beneficios transitorios están sujetos a límites, requisitos y controles para su aplicación, son proporcionales y no implican un gran desmedro al recaudo del presente año fiscal, añadió el alto tribunal.

Corte Constitucional, Comunicado 41, Sentencia C-430, sep. 30/20.

Inexequible derogatoria de inmovilización de vehículos por orden judicial

Por violación a los principios de unidad de materia, identidad flexible y consecutividad, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la derogatoria del artículo 167 de la Ley 769 del 2002, efectuada en el artículo 336 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (L. 1955/19). De acuerdo con el alto tribunal, esa derogatoria no fue aprobada en primer debate por las comisiones terceras y cuartas conjuntas de la Cámara y el Senado. En efecto, la disposición fue introducida, en el artículo de vigencias y derogatorias, solo hasta el tercer debate de la plenaria de la Cámara. El artículo 167 aborda la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial respecto a los vehículos inmovilizados por orden judicial, tema sin antecedente legislativo en el proyecto de ley original, agregó.

Corte Constitucional, Comunicado 42, Sentencia C-440, oct. 8/20.

Visto bueno a reconocimiento fiscal de costos y deducciones pagados en efectivo

Un aparte del artículo 307 de la Ley 1819 del 2016 prevé el reconocimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o impuestos descontables de los pagos en efectivo que efectúen los contribuyentes, independientemente del número realizado durante el año. Esta norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional, al considerar que el legislador goza de una amplia potestad de configuración en materia tributaria. Sumado a ello, la disposición no lesiona el derecho de igualdad y equidad tributaria, y su finalidad es legítima, pues busca garantizar la eficiencia y transparencia del sistema, al evitar la evasión de tributos y el lavado de activos. Asimismo, resaltó que la medida es idónea, porque facilita a los contribuyentes ajustar sus negocios a ella y permite canalizar las operaciones a través del sistema financiero, lo que genera mayor control y transparencia sobre las operaciones que causan las deducciones.

Corte Constitucional, Comunicado 41, Sentencia C-431, oct. 1°/20.

Desconocimiento de tecnologías por sujetos procesales puede interrumpir el proceso

En decisión de tutela, la Sala Civil de la Corte Suprema afirmó que el acceso y conocimiento de los medios tecnológicos a través de los cuales se celebra la audiencia virtual es condición para su realización, por ende, la ausencia de aquellos elementos por el apoderado judicial de las partes puede ser invocada como causal de interrupción del proceso. Además, cuando se alega tal situación, antes de la vista pública, dará lugar a la reprogramación de la sesión, y si a pesar de ello, la audiencia se practica, esto podrá causar la nulidad, según el caso particular. Para sustentar esta posición, el alto tribunal recordó que el artículo 2° del Decreto 806 del 2020 exige garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicción en la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Esto implica que el funcionario debe proporcionar a las partes las piezas procesales que se encuentren en su poder y se requieran para la siguiente actuación, cuando aquellas no puedan consultar el expediente físico en la sede judicial.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia STC7284-2020 (25000221300020200020901), sep. 11/20.

Caen artículos de proyecto de ley sobre vinculación de madres comunitarias

Debido al desconocimiento del trámite que debía seguir el Congreso, para rehacer el proyecto de ley objetado por el Gobierno, bajo lo ordenado en la Sentencia C-110 del 2019, fueron declarados inexequibles los artículos 2° al 7° y 10 del proyecto de ley 127/15S y 277/16C, destinado a fijar lineamientos para el trabajo de quienes prestan servicios en los programas de atención a la niñez y adolescencia en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para la Corte, tras la declaratoria de inexequibilidad parcial de la propuesta, el Legislativo, al rehacer el texto, debió suprimir los segmentos expulsados del ordenamiento, agregar o suprimir las expresiones necesarias para darle un sentido racional, modificar la numeración y los títulos, de ser necesario, y realizar los ajustes gramaticales y sintácticos pertinentes. Así, una vez rehecho, el proyecto debe constituir un texto armonioso y coherente, y sus modificaciones no pueden sobrepasar la ratio decidendi del fallo mencionado.

Corte Constitucional, Comunicado 43, Sentencia C-451, oct. 15/20.

Vía libre a mesas de trabajo virtuales para concertar límites de Santurbán

La Sección Primera del Consejo de Estado negó la tutela que buscaba suspender el proceso de concertación de la delimitación del páramo de Santurbán, entre el Ministerio de Ambiente y las comunidades que habitan el área de influencia, a través de mesas de trabajo virtuales. Según la corporación, la propuesta presentada por el Ministerio surgió de la propia comunidad, específicamente de juntas de acción comunal, asociaciones de productores y mineros y de dueños de predios, representantes sindicales, docentes y veedurías ciudadanas. Adicionalmente, recordó que esta opción se presentó, con el fin de no paralizar el proceso antes los riesgos sanitarios actuales.

Consejo de Estado, Sentencia 11001031500020200268700, sep. 14/20.

Nuevas inexequibilidades de medidas de emergencia

La Corte Constitucional declaró inexequibles las medidas de emergencia adoptadas por el Ejecutivo sobre terminación unilateral en los contratos de arrendamiento comercial, por afectación a la libertad económica y contractual de las partes y a la función de administración de justicia; lo referente a la enajenación de la participación accionaria del Estado, pues esta materia requiere un debate democrático que solo puede concretarse en el Congreso, a través de una ley ordinaria; y de algunas disposiciones tributarias y presupuestales de las entidades territoriales, referentes a la facultad de diferir el pago de las obligaciones, la recuperación de la cartera y la disposición de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones, porque estas estrategias corresponden a la autonomía de esos entes y modifican la destinación de los recursos de la seguridad social.

Corte Constitucional. Comunicados 39, 40 y 43, Sentencias C-409, C-416 y C-448, sep. 17 y 23 y oct. 15/20.

Cuestionada constitucionalidad de prisión perpetua revisable

Contra la reforma al artículo 34 superior, efectuada en el Acto Legislativo 01 del 2020, el cual consagra la pena de prisión perpetua revisable respecto a los delitos de homicidio doloso y acceso carnal violento cometidos contra niños y adolescentes, han sido presentadas más de diez demandas de inconstitucionalidad, bajo cargos de sustitución de los ejes definitorios de la Carta Política, referentes a la dignidad humana, resocialización de la pena e igualdad y, adicionalmente, por vicios insubsanables del procedimiento legislativo. Así, después de un año de trámite en el Congreso, adelantado durante dos periodos ordinarios y consecutivos y con exigencia de mayorías para su aprobación, esta reforma se enfrenta ahora al cuestionamiento de constitucionalidad que deberá definirse en el 2021.

Corte Constitucional. Demandas D-13834, D-13837, D-13838, D-13839, D-13844, D-13845, D-13848, D-13862, D-13915, D-13945 y D-13957.

¿Deberá la Corte revisar su jurisprudencia sobre el aborto?

En los últimos días, han sido admitidas nuevas demandas de inconstitucionalidad contra el artículo 122 del Código Penal, en donde se contemplan las tres excepciones a la penalización del aborto, señaladas en la Sentencia C-355 del 2006, en los casos de peligro para la vida y la salud de la mujer, malformación del feto y cuando el embarazo sea resultado de una conducta ilícita. Las demandas están dirigidas a la despenalización absoluta de este acto, pues consideran que se ha generado un cambio en el parámetro de control de constitucionalidad, con base en las observaciones y recomendaciones de organismos del Sistema Internacional de Derechos Humanos, que señalan como una obligación de los Estados derogar la normativa que penaliza el aborto. Así, la Corte podrá decidir si modifica o no su jurisprudencia y revisa la cosa juzgada existente.

Corte Constitucional. Demandas D-13856, D-13911 y D-13956.

Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico

Para seguir recibiendo este boletín.

Regístrese aquí

Para mejorar nuestro servicio

Por favor diligencie la siguiente encuesta

Cuéntenos su experiencia