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¿Qué es la consulta previa?

 

  

Derecho de las comunidades étnicas a ser consultadas sobre las decisiones que las puedan afectar directamente.

Busca proteger la diversidad étnica de la Nación y la igualdad y dignidad de las culturas que conviven en el país. (Convenio 169 de la OIT, aprobado en Ley 21 de 1991).

Sentencia C-369/19

 

 
Características

 

  

  • Obligatoriedad de consultar a pueblos las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.
  • Afectación es directa, si se regulan asuntos que conciernen al grupo, o la norma incide en la conformación de su identidad.
  • No son objeto de consulta las disposiciones que afecten, de manera uniforme, a todas las personas.
  • Se debe agotar proceso, independientemente del presunto carácter benéfico de la medida, considerado según el concepto propio de buen vivir de estos pueblos.
  • No es un mero acto informativo o de notificación.
  • Proceso consultivo debe realizarse antes de radicar la iniciativa.
  • Representatividad de grupos en el Legislativo no subsana la falta de consulta.
  • Requiere espacios suficientes y adecuados de participación.
  • En caso de desacuerdo, las decisiones estatales deben estar desprovistas de arbitrariedad.

 

 
Inexequibilidades

 

  

Sentencia C-295/19


P. L. 113/16C- 257/17S, “por el cual se establece la caracterización integral de la población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal”. Pese a que la iniciativa pretendía atender la problemática ocasionada por la insuficiente visibilización y caracterización de esta comunidad en los registros oficiales, no está justificado diseñar e implementar medidas legislativas de forma inconsulta.


Sentencia C-702/10

Inciso 8° del artículo 2° del Acto Legislativo 01 del 2009, referente a la circunscripción especial de minorías étnicas. Audiencias públicas convocadas durante el trámite de la reforma no equivalen ni convalidan la consulta previa que debió realizarse.


 

Boletín Edición 11:

Edición

No. 011 - 2020

A sanción presidencial, depuración normativa y reforma al CPACA

El Congreso aprobó el informe sobre objeciones presidenciales efectuadas al proyecto de ley de depuración normativa, de forma que resta la sanción presidencial. Se recuerda que su propósito es expulsar del ordenamiento jurídico a un extenso grupo de normas de rango legal, debido al cumplimiento de su objeto, derogatoria orgánica, obsolescencia, vencimiento del término de vigencia, no adopción como legislación permanente, e incompatibilidad con el régimen constitucional actual. Por otra parte, el Legislativo concilió el texto de las propuestas referentes a la política pública de vivienda y hábitat, que incluye la promoción del acceso a la vivienda para población joven, rural y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar; la imprescriptibilidad de la acción penal frente a delitos sexuales e incesto cometidos contra menores; la prórroga de la Ley de Víctimas (L. 1448/11), hasta el 10 de junio del 2031; al fomento del emprendimiento, a través de la reducción y simplificación de trámites y tarifas y otras medidas, y, adicionalmente, la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), especialmente en materia de descongestión judicial y uso de medios electrónicos. Sumado a ello, se aprobó el nuevo Código Electoral. Así también queda pendiente la sanción de estas iniciativas por parte del Gobierno.

Informe de objeciones y de conciliación P. L. 169/18C-199/18S, 280/20C-158/20S, 125/19C-180/19C-290/20S, 284/20S-199/19C-247/19C, 122/20C-161/20S, 364/20C-007/19S y 234/20S-409/20C, nov. 18 y 25 y dic. 3, 11, 14 y 16/20.

Esta es la ley que facilita adquirir vacunas contra la covid-19

Con el fin de crear medidas administrativas y tributarias dirigidas a financiar la inmunización de la población contra la covid-19, se expidió la Ley 2064. La nueva normativa permite al Ejecutivo concertar alianzas encaminadas a la consecución de recursos destinados a combatir cualquier amenaza de epidemia o pandemia; el descuento tributario a quienes realicen donaciones relacionadas, y la gratuidad del proceso de inmunización, bajo la priorización de los grupos poblacionales determinados por el Ministerio de Salud.

Ley 2064, dic. 9/20.

Modifican requisitos de subsidio familiar de vivienda

Mediante el Decreto 1603 del 3 de diciembre, se modificó el Decreto Único Reglamentario 1077 del 2015, respecto a la operación de las cajas de compensación familiar. Esta norma surge de la necesidad de establecer requisitos de acceso al subsidio familiar de vivienda y arrendamiento, así como las condiciones y plazos referentes a proyectos integrales y devolución de recursos de promoción de oferta. Entonces, se posibilita que esos entes otorguen subsidios de arrendamiento temporal y prorroguen la vigencia de los de vivienda asignados a sus afiliados.

Decreto 1603, dic. 3/20.

Congreso fija descuento para normalizar cartera de operadores de televisión comunitaria

A través de la Ley 2066 del 14 de diciembre, el Congreso fijó las condiciones especiales para la normalización de cartera, por única vez, a favor de los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora de interés público y operadores del servicio de televisión comunitaria, quienes podrán acogerse a un descuento del 100% de la deuda a su cargo, por conceptos de capital, sanciones e intereses. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es el encargado de reglamentar el tema, en los seis meses siguientes a la expedición de esta normativa.

Ley 2066, dic. 14/20.

Gobierno reforma comisiones consultivas de comunidades negras

En el Decreto 1640, el Ministerio del Interior modificó la conformación y objeto de la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, instancia mixta de diálogo e interlocución entre dichos grupos y el Gobierno nacional, encargada de adelantar el seguimiento, reglamentación y aplicación efectiva de la Ley 70 de 1993. Así mismo, se regula la composición, funciones, elección de representantes, financiación, sesión y demás aspectos relacionados de las comisiones departamentales y la distrital de Bogotá, al igual que el Registro Público de Instituciones Representativas.

Decreto 1640, dic. 14/20.

Reglamentan diagnóstico ambiental de alternativas

Atendiendo la Ley 99 de 1993, respecto a la obligatoriedad de la licencia ambiental para ejecutar obras, establecer industrias o desarrollar cualquier actividad que pueda deteriorar gravemente los recursos naturales renovables o el medio ambiente, o introducir modificaciones considerables al paisaje, el Ejecutivo expidió el Decreto 1585, donde reglamenta lo relacionado con el diagnóstico ambiental de alternativas, el cual permite evaluar las diferentes opciones presentadas por el interesado en ejecutar el proyecto objeto del licenciamiento. Así, la disposición otorga un término de vigencia de tres años al acto administrativo que establezca la alternativa seleccionada de dicho diagnóstico, además de señalar los trámites para la obtención y modificación de la licencia.

Decreto 1585, dic. 2/20.

Inicia vacancia judicial

La vacancia judicial empieza el próximo 19 de diciembre y finaliza el 11 de enero del 2021. Debido a esto, a través de la Circular PCSJC20-37, el Consejo Superior de la Judicatura permitió bloquear, de manera masiva, las cuentas de correo electrónico institucionales de los despachos en dicho periodo. Se recuerda que las vacaciones colectivas benefician a los funcionarios y empleados de la mayoría de juzgados, los tribunales y las altas cortes.

Consejo Superior de la Judicatura, Circular PCSJC20-37, nov. 27/20.

Sobretasa de energía en PND es inconstitucional

La sobretasa por kilovatio hora de energía eléctrica consumido, prevista en el artículo 313 del Plan Nacional de Desarrollo (L. 1955/19), para atender las obligaciones financieras del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, fue declarada inexequible. Según la Corte Constitucional, el precepto vulneró la prohibición de establecer rentas de destinación específica que no correspondan a inversión social. En este caso, la asignación del tributo para el saneamiento de las empresas de energía en toma de posesión no tiene ese carácter, pues, si bien la prestación de esos servicios es inherente a la finalidad social del Estado, esta no se concreta en la renta creada.

Corte Constitucional, Comunicado 51, Sentencia C-504, dic. 3/20.

Cae bonificación por quinquenio para servidores de Auditoría General

Por desconocer el principio de unidad de materia en la aprobación de las leyes, fue declarada inconstitucional la bonificación especial denominada quinquenio, creada a favor de los funcionarios de la Auditoría General de la República, en el artículo 153 de la Ley de Crecimiento Económico (L. 2010/19). A juicio de la Corte, entre la disposición acusada y el título y los objetivos de esa ley no existe vínculo de conexidad material, teleológico, sistemático o causal, ya que mientras la primera carece de contenido tributario y busca brindar un beneficio prestacional para los servidores de una entidad, la normativa en la que se enmarca está destinada a lograr un propósito de financiamiento y enmendar distorsiones del sistema tributario, para la consecución del interés general. La decisión tiene efectos retroactivos, pero no implica la devolución del dinero pagado.

Corte Constitucional, Comunicado 51, Sentencia C-507, dic. 3/20.

Visto bueno a elección de fiscal del sindicato

Al pronunciarse sobre un aparte del artículo 391.2 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual la elección de fiscal del sindicato debe corresponder a la fracción mayoritaria de las minorías, la Corte encontró que el precepto se ajusta a la Constitución y a las directrices del Comité de Libertad Sindical, bajo el Convenio 87 de la OIT. En su opinión, la norma se basa en la salvaguarda de la participación y el pluralismo a favor de las minorías y asegura la independencia del control que debe ejercerse en la organización sindical, con miras a la realización de los principios democráticos.

Corte Constitucional, Comunicado 46, Sentencia C-471, nov. 5/20.

Falta de competencia de alcaldes para autorizar porte de armas respeta autonomía territorial

Por no existir una omisión legislativa relativa ni la violación de los principios de democracia participativa y autonomía territorial, fueron declaradas exequibles algunas expresiones de los artículos 32 y 41 del Decreto 2535 de 1993, que fijan la competencia del Ministerio de Defensa y las autoridades militares respectivas, para expedir permisos de tenencia y porte de armas, y establecen la posibilidad de que gobernadores y alcaldes soliciten la suspensión general de esos avales. De acuerdo con la Corte, aunque las autoridades territoriales carezcan de competencia propia para otorgar o suspender tales permisos, esto no lesiona la Carta Política, porque el diseño y ejecución de sus programas de gobierno sobre seguridad y mantenimiento del orden público se establecen en el marco de sus facultades legales y constitucionales. Señala, finalmente, que el Acto Legislativo 5 del 2017 no constituye un nuevo parámetro de interpretación del monopolio de la fuerza por parte del Estado.

Corte Constitucional, Comunicado 46, Sentencia C-473, nov. 5/20.

Corte Constitucional puede conocer tutelas contra fallos de JEP

En sentencia de unificación de jurisprudencia, la Corte Constitucional determinó que ella puede estudiar, en sede de revisión, las acciones de tutela interpuestas contra los fallos proferidos por los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De acuerdo con el alto tribunal, el amparo procederá ante la configuración de una manifiesta vía de hecho o si la violación del derecho fundamental es consecuencia directa, por deducirse de la parte resolutiva de la providencia, y, además, cuando se hayan agotado todos los recursos previstos en tal jurisdicción y, por ende, no exista otro mecanismo idóneo para exigir dicha protección.

Corte Constitucional, Comunicado 50, Sentencia SU-495, nov. 27/20.

Nuevas demandas admitidas de inconstitucionalidad

Recientemente, se presentaron ante la Corte Constitucional demandas contra normas relativas a la interpretación del Consejo de Estado sobre la aprobación o improbación de actas de conciliación (L. 640/01, art. 24); medidas cautelares en el proceso ordinario laboral (L. 712/01, art. 37A); autorización a los puertos privados para prestar servicios a terceros (L. 2008/19, art. 140); acuerdos sobre derechos patrimoniales de autor (L. 1955/19, art. 181); régimen de conflicto de intereses de congresistas (L. 2003/19, art. 1°); inhabilidad en contratación estatal por comisión de delitos contra la Administración pública (L. 2014/19, art. 2°); liquidación de pensión de invalidez (L. 100/93, art. 40); subsidio familiar en dinero (L. 789/02, art. 3°); recurso contra sentencia en acciones de grupo (L. 472/98, art. 67); creación del área metropolitana de Bogotá y Cundinamarca (A. L. 02/20); y cobro de tasas, tarifas y peajes en infraestructura de transporte (L. 105/93, art. 21).

Corte Constitucional. Demandas D-13801, D-13828, D-14000, D-14004, D-14013, D-14019, D-14034, D-14038, D-14044, D-14045 y D-14049.

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