Edición

No. 005 - 2020

Apuesta por la justicia digital y adecuación de centros de detención

El Gobierno expidió nuevas normas enfocadas en la justicia, ante la prolongación de la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia de COVID-19. El Decreto Legislativo 806 determina, con carácter transitorio, el uso prioritario de las tecnologías de la información y las comunicaciones en procesos judiciales, actuaciones adelantadas por autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, y procesos arbitrales, específicamente en la presentación de demandas, anexos y excepciones, realización de traslados, comunicaciones, notificaciones, emplazamientos y audiencias; la eliminación de la exigencia de formalidades presenciales en documentos, como firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales, autenticaciones adicionales o presentación en medios físicos; reglas específicas aplicables a las jurisdicciones administrativa, civil y laboral, y la posibilidad de que quienes requieran adelantar diligencias, pero carezcan de acceso a internet, lo hagan en las sedes de ciertas entidades públicas. A su vez, el Decreto 804 facilita a las entidades territoriales adecuar, ampliar o modificar inmuebles destinados a funcionar como centros transitorios de detención, previo aval de la autoridad de seguridad y convivencia en el municipio o distrito y el concepto de las condiciones de sismorresistencia. Adicionalmente, permite la creación de plantas temporales encargadas de la custodia de la población privada de la libertad en dichos establecimientos y la administración de estos. Por último, el Decreto 805 crea, durante cuatro meses y con cargo a los recursos del Fondo Cuenta Especial del Notariado, un apoyo económico correspondiente al 40% del salario mínimo de los trabajadores de las notarías relacionados en la planilla PILA, y cuyos notarios se encuentren al día con la presentación de informes estadísticos y pagos de seguridad social. A todo esto, se suma la extensión del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 15 de julio, efectuada en el Decreto 878.

Decretos 804, 805, 806 y 878, jun. 4 y 25/20.

Ejecutivo crea nuevos auxilios laborales

Mediante el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios, creado en el Decreto Legislativo 770, se pretende brindar a los empleadores un aporte de $220.000, por cada uno de los trabajadores dependientes que devenguen desde un salario mínimo y hasta $1.000.000 y hayan cotizado al Sistema General de Seguridad Social. Sumado a ello, esa norma prevé acuerdos de pago de la prima de servicios, que podrá realizarse hasta el 30 de diciembre del 2020. También contempla la entrega de una transferencia monetaria no condicionada, ($160.000), a favor de trabajadores afectados por la suspensión del contrato laboral o licencia no remunerada, en los meses en que no recibieron ingresos, entre abril y junio. Por su parte, el Decreto 771 indica que, durante la emergencia sanitaria, el empleador deberá reconocer, como auxilio de conectividad digital, el valor establecido para el de transporte a los empleados que devenguen hasta dos salarios mínimos y desarrollen su labor en su domicilio. Finalmente, el Decreto 801 estableció el auxilio económico a trabajadores dependientes e independientes cesantes, categoría A y B, de los sectores público y privado.

Decretos 770, 771, 801, 803 y 815, jun. 3 y 4/20.

Permiten terminación unilateral de arrendamiento de locales comerciales

Hasta el próximo 31 de agosto, los arrendatarios de locales comerciales que desarrollen actividades y eventos públicos o privados que impliquen aglomeración de personas podrán terminar unilateralmente los contratos de arrendamiento. Según el Decreto Legislativo 797, lo anterior aplica a bares, discotecas, billares, casinos, bingos, terminales de juego de video, gimnasios, piscinas, saunas, turcos, balnearios, canchas deportivas, parques infantiles y de atracciones mecánicas, cines, teatros y servicios religiosos, entre otros. Esta opción se efectuará solo si el arrendatario está al día en el pago de los cánones de arrendamiento, servicios públicos causados y demás obligaciones pecuniarias a su cargo hasta la finalización del contrato.

Decreto 797, jun. 4/20.

Facilitan afiliación al Sistema de Seguridad Social

Para garantizar el aseguramiento en salud en la emergencia, el Decreto Legislativo 800 señala que los cotizantes al régimen contributivo y sus beneficiarios podrán acceder temporalmente al régimen subsidiado, mediante contribución solidaria, si su relación laboral terminó durante la crisis o en los seis meses siguientes a la finalización de esta, y han aportado al Sistema de Seguridad Social sobre un ingreso base de cotización hasta de un salario mínimo. Entretanto, el Decreto 858 explica el procedimiento de afiliación de personas privadas de la libertad que estén detenidas o cumpliendo medida de aseguramiento en centros de detención transitoria, como unidades de reacción inmediata, estaciones de policía u otra institución estatal. Aunado a lo anterior, el Decreto 808 posibilita que las entidades operadoras de lotería tradicional o billetes ofrezcan al público incentivos con cobro de premio inmediato en dinero o especie, realicen dos sorteos anuales extraordinarios, y logren acuerdos de pago con distribuidores de lotería, a fin de incrementar los recursos en el sector salud.

Decretos 800, 808 y 858, jun. 4 y 17/20.

Gobierno agiliza procesos de insolvencia y reorganización empresarial

Con el objeto de atender adecuadamente el volumen de procesos de insolvencia y facilitar la recuperación de las empresas que enfrentan dificultades económicas por la crisis, el Decreto Legislativo 772 dispone el levantamiento automático, por ministerio de la ley, de medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos o de cobro coactivo que recaen sobre bienes no sujetos a registro, para asegurar liquidez a los deudores y disminuir los trámites correspondientes. Así mismo, regula el proceso de reorganización abreviado aplicable a pequeñas insolvencias de empresas, cuyos activos sean inferiores o iguales a 5.000 salarios mínimos, al igual que la liquidación judicial simplificada. Ahora bien, con el fin de superar los efectos causados por la pandemia a las iniciativas de mujeres trabajadoras, el Decreto 810 creó un patrimonio autónomo dirigido a promover, financiar y apoyar el emprendimiento, la formalización y el fortalecimiento empresarial de las mujeres en Colombia.

Decretos 772 y 810, jun. 3 y 4/20.

Estas son los nuevos cambios tributarios

El Ejecutivo también lanzó un nuevo paquete de medidas tributarias para afrontar la crisis, entre las que se destaca la exclusión transitoria del IVA en contratos de franquicia; importación de vehículos automotores de servicio público o particular de pasajeros y transporte de carga; adquisición de materias primas químicas para producción de medicamentos, y prestación de servicios de hotelería y turismo, a través del Decreto Legislativo 789. De otro lado, el Decreto 799 suspende, hasta el 31 de diciembre del 2020, el pago de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico por parte de los prestadores de servicios turísticos. Finalmente, el Decreto 807 aprueba que la Dian efectué la inspección tributaria y contable electrónica y visitas administrativas virtuales de vigilancia y control, en ese ámbito y de control cambiario.

Decretos 789, 799, 807 y 816, jun. 4/20.

Incrementan estímulos a espectáculos públicos

Dado que la suspensión de eventos perjudica a toda la cadena de valor relativa a espectáculos públicos de artes escénicas, exhibición cinematográfica e importantes actores del sector cultura, el Decreto Legislativo 818 facilita reducir costos de producción de transmisiones digitales, y contempla, transitoriamente, la exclusión del IVA en determinados servicios artísticos prestados en la realización de audiovisuales. Dicha normativa también modifica las fechas de declaración y pago de la contribución parafiscal de espectáculos públicos de artes escénicas, y fija una tarifa del 4% de retención en la fuente, a título de renta, sobre pagos referentes a actividades culturales y creativas, pero excluye a los estímulos públicos culturales de la misma. Por último, permite a productores y operadores de boletería devolver o reembolsar derechos de asistencia correspondientes a eventos cancelados, aplazados o reprogramados en el periodo de emergencia.

Decreto 818, jun. 4/20.

Adoptan Registro Social de Hogares

Para operar, de manera centralizada, las transferencias monetarias y optimizar los recursos presupuestales disponibles, el Decreto Legislativo 812 implantó el Registro Social de Hogares, administrado por el Departamento Nacional de Planeación, encargado de validar y actualizar la información socioeconómica de personas y hogares, y, así, identificar criterios de focalización, elegibilidad y permanencia de los beneficiarios de los programas sociales y subsidios brindados por el Gobierno nacional. A su vez, el Decreto 814 ordena nuevamente la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias a favor de sujetos de los programas Familias y Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.

Decretos 812 y 814, jun. 4/20.

Inexequibles facultades de procuradores de familia y suspensión de trámite de extradición en emergencia

Con ocasión de la revisión del Decreto Legislativo 460, la Corte Constitucional sostuvo que permitir a los procuradores judiciales de familia fijar obligaciones provisionales sobre alimentos, visitas y custodia contraviene la Carta Política. En el mismo fallo, estableció la constitucionalidad del articulado restante de dicha normativa, relacionada con la prestación de servicios en cabeza de las comisarías de familia en la emergencia. Además, el alto tribunal declaró inexequible el Decreto 567, que asignó a tales procuradores funciones para adelantar procesos de adopción, en ciertos eventos, al aseverar que esto desconoce la autonomía de la Rama Judicial, la igualdad y debido proceso de niños y adolescentes y las competencias constitucionales de la Procuraduría General. Igualmente, al determinar la inexequibilidad del Decreto 487, el cual suspendió los términos del trámite de extradición, salvo excepciones, la corporación advirtió que esa norma restringe el debido proceso y libertad de las personas requeridas. No obstante, esta decisión rige a futuro y no afecta la suspensión por 30 días calendario en los casos en que existía resolución ejecutoriada de concesión de extradición a la fecha de sanción del decreto, aclaró.

Corte Constitucional, Comunicados 25 y 26, Sentencias C-179, C-193 y C-201, jun. 17, 24 y 25/20.

Potestad de Corte para levantar suspensión de términos respeta autonomía judicial

El Decreto Legislativo 469, que permite a la Corte Constitucional levantar la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura, cuando sea necesario para cumplir sus funciones constitucionales, fue declarado ajustado a la Carta Política, pues no viola la separación de poderes ni la autonomía de la Rama Judicial. A juicio del alto tribunal, tal habilitación complementa el marco jurídico aplicable al trámite de los procedimientos judiciales a su cargo, a efectos de garantizar el acceso de los ciudadanos a la justicia constitucional.

Corte Constitucional, Comunicado 23, Sentencia C-156, jun. 3/20.

Cobrar intereses a beneficiarios del ICETEX en periodo de gracia es desproporcionado

Resulta desproporcionado que se cobren intereses a beneficiarios de créditos del Icetex acogidos al periodo de gracia en el estado de excepción. Por ende, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 1° del Decreto Legislativo 467, en el entendido que la medida denominada periodo de gracia no causa durante su vigencia intereses sobre los créditos. De acuerdo con el alto tribunal, ante los momentos difíciles que atraviesan las familias colombianas, es indispensable que los beneficios sobre los créditos educativos se traduzcan en un verdadero alivio financiero y no solo en el aplazamiento de sus obligaciones.

Corte Constitucional, Comunicado 23, Sentencia C-161, jun. 4/20.

Prórroga de servicio militar obligatorio es necesaria

Es exequible condicionalmente la prórroga del servicio militar obligatorio hasta por tres meses contados a partir de la fecha prevista para el licenciamiento, consagrada en el Decreto Legislativo 541 del 2020, en el entendido que únicamente aplicará al personal en servicio al momento de la expedición de tal norma y cuyo licenciamiento estaba fijado para abril, mayo, julio y octubre del 2020. Según la Corte Constitucional, dicha disposición es necesaria para asegurar el cumplimiento de las funciones de la fuerza pública, a quien, bajo las actuales circunstancias, se le dificulta incorporar nuevos miembros, debido a los riesgos para la salud del personal que realiza este proceso y los convocados.

Corte Constitucional, Comunicado 25, Sentencia C-180, jun. 17/20.

Eximir a empresas extranjeras de tener sucursal en Colombia es inconstitucional

Al revisar la constitucionalidad de los Decretos Legislativos 499 y 544 del 2020, referentes a la contratación estatal de dispositivos médicos para atender la emergencia sanitaria, la Corte Constitucional encontró que eximir de tener sucursal en Colombia a empresas extranjeras contratadas para adquirir tales bienes no cumple con el requisito de necesidad jurídica exigido a las medidas de excepción. Por esto, declaró inexequible la expresión “ni sucursal”, contenida en el parágrafo 2° del artículo 1° de tales normas. De otro lado, estableció la exequibilidad del Decreto 440, que posibilita aplicar el derecho privado a la contratación estatal, y realizar audiencias públicas y procedimientos sancionatorios, a través de medios electrónicos, al igual que el Decreto 537, dirigido a fortalecer el uso de herramientas digitales en procesos contractuales.

Corte Constitucional, Comunicados 23, 24 y 25, Sentencias C-162, C-163, C-172 y C-181, jun. 4, 11 y 17/20.

Cae reducción de cuota de pantalla nacional

Lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto Legislativo 516, que reguló los porcentajes mínimos de programación de producción nacional durante el estado de excepción, desconoce los juicios de finalidad, conexidad, necesidad, motivación y proporcionalidad, exigidos por la jurisprudencia constitucional. Así lo sostuvo la Corte, al declarar la inexequibilidad de esa disposición y encontrar que la reducción significativa de la cuota de pantalla nacional no está directamente encaminada a conjurar la causa de la declaratoria de la emergencia, y, además, ella no es necesaria, pues existen otras opciones menos gravosas para la cultura e identidad nacional. En cambio, estableció la exequibilidad del Decreto 540, el cual aceleró el trámite de licencias de equipamiento de redes de telecomunicaciones y consagró la exención del IVA a servicios de voz e internet móviles. Del mismo modo, definió la constitucionalidad del Decreto 561, que otorgó incentivos económicos a artistas, creadores y gestores culturales en estado de vulnerabilidad o situación de discapacidad, con cargo a los recursos del impuesto nacional al consumo destinados a la cultura.

Corte Constitucional, Comunicados 25 y 26, Sentencias C-184, C-197 y C-204, jun. 17, 24 y 25/20.

Vía libre a agilización de donaciones para conjurar la crisis

La suspensión temporal del requisito de insinuación de donaciones superiores a 50 salarios mínimos, realizadas por personas naturales o jurídicas, incluida en el Decreto Legislativo 545, fue declarada exequible. En opinión de la Corte Constitucional, esa disposición tiene relación directa con la emergencia sanitaria, permite agilizar las donaciones correspondientes y contribuye a disminuir la afluencia de público en las notarías.

Corte Constitucional, Comunicado 24, Sentencia C-173, jun. 11/20.

Corte respalda Programa Ingreso Solidario

El Programa Ingreso Solidario, creado en el Decreto Legislativo 518, fue declarado constitucional. Sin embargo, se condicionó la exequibilidad de un aparte del parágrafo 1° del artículo 1° de esta normativa, en el entendido que la ausencia de responsabilidad de los participantes en la implementación de ese programa, en casos de recepción fraudulenta o sin sujeción a los requisitos legales, no significa una cláusula de inmunidad de los servidores públicos, sino que alude a la necesidad de que la valoración del dolo o culpa grave, presupuesto de la eventual responsabilidad en los eventos allí previstos, tenga en cuenta las condiciones de apremio y urgencia. En cuanto al Decreto 488, sobre protección al empleo durante la pandemia, sus artículos 3° al 8° fueron declarados exequibles condicionalmente por la Corte, bajo el entendido que regirán hasta la culminación de la emergencia sanitaria, y si se requiere un término más amplio, los inspectores de trabajo deberán certificar la permanencia de las circunstancias excepcionales, para seguir utilizando las medidas, o, hasta que el Congreso ejerza sus competencias ordinarias.

Corte Constitucional, Comunicado 24, Sentencias C-171 y C-174, jun. 11/20.

Exequible suspensión del ingreso de pasajeros aéreos

La interrupción del desembarque de pasajeros procedentes del exterior, vía aérea, en la emergencia, el aislamiento y cuarentena preventivos de quienes ingresen, y las responsabilidades consecuentes aplicables a aerolíneas, usuarios, tripulantes y autoridades, dispuestas en el Decreto 439 del 2020, resultan acordes con la Constitución. Así lo indicó la Corte, al afirmar que esas órdenes son necesarias y permiten a los competentes impartir medidas sanitarias adecuadas frente a los casos excepcionales de ingreso al país. Por otra parte, el Decreto 482, relativo a la prestación del servicio público de transporte, también fue declarado constitucional. Sin embargo, la exequibilidad del artículo 16 fue condicionada, bajo el entendido que la suspensión del tope máximo de trabajo suplementario de controladores de tránsito aéreo, bomberos y técnicos aeronáuticos, y la flexibilización del uso de este recurso en caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19 solo aplica cuando se requiera garantizar el transporte aéreo de pasajeros o carga.

Corte Constitucional, Comunicados 23 y 25, Sentencias C-157 y C-185, jun. 3 y 18/20.

Condicionan ejecución del PAE

Al considerar razonable que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se suministre en los hogares de los estudiantes, como lo prevé el Decreto 533 del 9 de abril, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de su artículo 2°, el cual brinda herramientas a las entidades territoriales para garantizar su ejecución. En opinión de la corporación, debe entenderse que, en el caso de los municipios no certificados, los recursos serán administrados por el respectivo departamento. Por otro lado, determinó la constitucionalidad del Decreto 532, que eximió de la presentación del examen de Estado del pasado 15 de marzo a los estudiantes inscritos.

Corte Constitucional, Comunicados 23 y 26, Sentencias C-164 y C-199, jun. 4 y 25/20.

Visto bueno a medidas tributarias y financieras excepcionales

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de los decretos 438, 468 y 535 del 2020. El primero de ellos contempla la exención del IVA en la adquisición de ciertos bienes médicos y la ampliación del plazo de actualización en el régimen tributario especial. La segunda norma autoriza a Findeter y Bancoldex a otorgar créditos directos con tasa compensada a entes territoriales y empresas, respectivamente, dirigidos a financiar proyectos y actividades en sectores elegibles para afrontar la crisis. La última disposición fija un procedimiento abreviado de devolución y compensación de saldos a favor de contribuyentes del impuesto sobre la renta e IVA y otras medidas tributarias correlativas. Así mismo, la adición presupuestal al Fondo de Mitigación de Emergencias, consagrada en el Decreto 519, está acorde con la Carta Política. Sin embargo, el alto tribunal aseguró que la liquidación del presupuesto dispuesta como medida de excepción es inconstitucional, ya que corresponde a facultades ordinarias del Ejecutivo, de forma que declaró inexequibles sus artículos 3°, 4° y 5°. Por otra parte, condicionó la exequibilidad de los artículos 1° y 2° del Decreto 461, que permite a gobernadores y alcaldes reorientar rentas de destinación específica y reducir tarifas de impuestos territoriales, en el entendido que estas facultades no los habilitan para modificar leyes, ordenanzas y acuerdos.

Corte Constitucional, Comunicados 23 y 24, Sentencias C-159, C-160, C-169, C-170 y C-175, jun. 3, 10 y 11/20.

Fallo precisa vigencia de control de precios de productos básicos

Si bien es constitucional el Decreto Legislativo 507 del 2020, referente al control de precios de productos de primera necesidad y medicamentos, encaminado a evitar el acaparamiento, especulación y usura, la indeterminación de su vigencia impone condicionar la exequibilidad de su artículo 7°, en el entendido que estará vigente en el año siguiente a la declaratoria inicial del estado de excepción, aseveró la Corte. Por otra parte, declaró la exequibilidad de los decretos 444, en donde se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias; 492, sobre el fortalecimiento patrimonial del Fondo Nacional de Garantías y el holding financiero Grupo Bicentenario, excepto su artículo 8°; 512, que autoriza temporalmente a gobernadores y alcaldes a realizar movimientos presupuestales en la emergencia; 517, el cual definió el pago diferido y su financiación para empresas que presten el servicio de energía y gas combustible; 528, que aceptó diferir el cobro del consumo de acueducto, alcantarillado y aseo por parte de sus prestadores; 539, acerca de los protocolos de bioseguridad a cargo de Minsalud para controlar la COVID-19, y 565, el cual señala el mecanismo para garantizar la rentabilidad de los Beneficios Económicos Periódicos. De acuerdo con el alto tribunal, estas normas cumplen con los requisitos formales y materiales exigidos.

Corte Constitucional, Comunicados 25 y 26, Sentencias C-178, C-182, C-186, C-187, C-194, C-200 y C-205, jun. 17, 18, 24 y 25/20.

Admitidas recientes demandas de inconstitucionalidad

Durante el último mes, la Corte Constitucional admitió las demandas de inconstitucionalidad contra estas normas: Ley 1979 del 2019, sobre beneficios a veteranos de la fuerza pública; Ley 2010 del 2019, de crecimiento económico; Decreto 2610 de 1979, referente a la enajenación de inmuebles destinados a vivienda; Ley 3ª de 1991, relativa al subsidio familiar de vivienda; Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto al reglamento de trabajo y las labores que no deben ejecutar las mujeres y los menores de 16 años, y la terminación unilateral del contrato sin justa causa; Ley 797 del 2003, que fija requisitos para obtener la pensión de vejez; Código Civil, acerca de la impugnación de paternidad o maternidad; Ley 712 del 2001, sobre la medida cautelar en el proceso ordinario laboral; Código General Disciplinario, frente a notificaciones y comunicaciones; Código Penal, con respecto al tráfico de migrantes y otros delitos, y, el Decreto 2111 del 2019, el cual crea el Grupo Bicentenario.

Corte Constitucional, Demandas D-13686, D-13697, D-13699, D-13702, D-13722, D-13726, D-13732, D-13733, D-13736, D-13739, D-13746 y D-13752.

Atacan nuevamente ley sobre capacidad legal de personas con discapacidad

La ley de capacidad legal de personas con discapacidad (L. 1996/19) es objeto de nuevas demandas. Ahora acusan a dicha disposición de la presunta vulneración de los artículos 116, 152 y 153 de la Carta Política. El accionante alega, en uno de los procesos, que aquella debió ser tramitada como ley estatutaria, pues regula derechos fundamentales, mientras que, en el otro, asevera, frente a los acuerdos de apoyo por escritura pública, que la función del notario es dar fe pública, pero no verificar y garantizar los derechos, potestad propia de los operadores de justicia, lo cual vicia la norma de inconstitucionalidad.

Corte Constitucional, Demandas D-13738 y D-13743.

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Edición

No. 004 - 2020

Gobierno decreta nuevo estado de excepción

El 6 de mayo pasado, en el Decreto 637, se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, durante treinta (30) días calendario, término en el que el Ejecutivo nacional continuará ejerciendo las facultades del artículo 215 de la Constitución, lo que incluye la emisión de decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. La nueva declaratoria pretende mitigar los efectos económicos de la emergencia y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos perjudicados por ellos. A su vez, el Decreto 749 del 28 de mayo extendió el confinamiento hasta el 1° de julio y amplió las excepciones al mismo.

Decretos 637 y 749, mayo 6 y 28/20.

Crean auxilio a pago de nóminas

Gracias a la creación del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), el Gobierno otorga un subsidio para pago de nómina en empresas constituidas antes del 1° de enero pasado y que hayan sufrido una reducción del 20% o más en sus ingresos, correspondiente al número de empleados reportados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, multiplicado por hasta el 40% del valor del salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, el Decreto 677 modificó el PAEF, de forma que cobija también a las personas naturales inscritas en el registro mercantil, consorcios y uniones temporales, bajo condiciones particulares. Este programa opera en mayo, junio y julio del 2020, y sus beneficiarios solo podrán solicitar el aporte una vez cada mes, quienes deberán postularse ante la entidad financiera en la que tengan un producto de depósito.

Decretos 639 y 677, mayo 8 y 19/20.

Días sin IVA: 19 de junio y 3 y 19 de julio

Con el fin de contrarrestar las implicaciones económicas negativas generadas por la COVID-19, el Ejecutivo fijó la exención del impuesto sobre las ventas (IVA) a determinados bienes muebles que se enajenen en Colombia, el 19 de junio y el 3 y 19 de julio siguientes. Los bienes cubiertos por la norma son el vestuario y sus complementos; electrodomésticos; elementos deportivos; juguetes y juegos; útiles escolares, y bienes e insumos para el sector agropecuario, en los montos definidos en cada caso. Por otro lado, la tarifa del impuesto al consumo en el expendio de comidas y bebidas se redujo al 0%, hasta el 31 de diciembre del 2020.

Decreto 682, mayo 21/20.

COVID-19: enfermedad laboral directa para personal de salud

La COVID-19 ya es una enfermedad laboral directa para los trabajadores de la salud, lo que incluye al personal administrativo, de apoyo, aseo y vigilancia. Como consecuencia, las administradoras de riesgos laborales deben asumir los costos derivados de las pruebas de tamizaje y diagnósticas realizadas a los trabajadores dependientes o independientes vinculados a través de contrato de prestación de servicios del sector. La dotación de los elementos de protección personal de los contratistas será proporcionada por el contratante.

Decreto 676, 19 mayo /20.

Establecen medidas contra deserción escolar

El Ministerio de Educación podrá realizar ajustes al calendario académico, encaminados a garantizar el derecho a la educación, la culminación del año escolar, el cuidado de la salud de la comunidad educativa y los derechos laborales de los directivos, docentes y personal administrativo de esos establecimientos. Esta facultad es desarrollada por el Decreto 662 del 2020, el cual también creó el Fondo Solidario para la Educación, dirigido a disminuir la deserción y fomentar la permanencia en el sector educativo. Los recursos de este fondo serán usados en el apalancamiento del Plan de Auxilios Educativos COVID-19 y concesión de líneas de crédito para pago de pensiones de jardines y colegios privados y de matrículas de jóvenes en condición de vulnerabilidad en instituciones públicas de educación superior y programas para el trabajo y desarrollo humano.

Decretos 660 y 662, mayo 13 y 14/20.

Ajustan gestión tributaria, financiera y presupuestal de entes territoriales

Ante las crecientes necesidades presupuestales de los entes territoriales, originadas por la crisis sanitaria, el Decreto 678 autoriza a gobernadores y alcaldes a reorientar rentas de destinación específica, para financiar gastos de funcionamiento, y efectuar adiciones, modificaciones, traslados y demás operaciones encaminadas a atender la ejecución de recursos en la emergencia. Además, permite a tales entidades y sus descentralizadas acceder a créditos de tesorería con instituciones financieras y contratar operaciones de crédito público, durante las vigencias fiscales 2020 y 2021, con el fin de compensar la caída de los ingresos corrientes, aliviar presiones de liquidez y lograr la reactivación económica. Por otra parte, el pago de las obligaciones tributarias se podrá diferir hasta en 12 cuotas mensuales, y la distribución de la sobretasa al ACPM será del 100% a favor de los departamentos y el Distrito Capital.

Decreto 678, mayo 20/20.

Ejecutivo amplía presentación de PDT

A través del Decreto 683 del 2020, se extendió el plazo de presentación, aprobación y modificación de los Planes de Desarrollo Territoriales (PDT). Los que no fueron presentados oportunamente podrán someterse a la asamblea o concejo hasta el 15 de junio, y, los presentados hasta el 30 de abril pasado pueden ser reformados por gobernadores y alcaldes, hasta esa misma fecha. Este término adicional les permitirá a dichas corporaciones adecuar sus sesiones a las normas de orden público y subsanar los inconvenientes de conectividad presentados. Adicionalmente, esta normativa prevé que los Planes de Seguridad y Convivencia Ciudadana se aprueben el mes siguiente a la fecha de adopción del respectivo PDT.

Decreto 683, mayo 21/20.

Nuevas fechas de pago de renta y contraprestaciones

El Ejecutivo decretó la ampliación de plazos de cumplimiento de obligaciones referentes a diversos sectores económicos y prestadores de servicios. Entre esas medidas, se destaca el pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta y complementarios, en cabeza de micro, pequeñas y medianas empresas, que deberá realizarse entre el 9 de noviembre y el 7 de diciembre del 2020. Esto se suma al aplazamiento del pago de las contraprestaciones por parte de los operadores del servicio de televisión abierta de operación privada, y de obligaciones al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a cargo de los operadores de televisión y radio comunitaria y de interés público. De igual forma, se difirió, hasta el 2021, el pago correspondiente a los operadores de radiodifusión sonora comercial por habilitación o concesión de servicios de provisión de redes y telecomunicaciones. En cuanto a las actividades de comercio exterior y turismo, se extendió por seis meses el lapso de presentación del estudio de demostración en los programas de sistemas especiales de importación y exportación de materias primas, insumos de bienes de capital, repuestos y servicios. Finalmente, se favoreció al sector de la construcción, al aumentar automáticamente, durante nueve meses, la vigencia de las licencias urbanísticas que rigieran al 12 de marzo pasado.

Decretos 655, 658, 680, 686 y 691, mayo 13, 21 y 22/20.

Fijan tasa transitoria de interés moratorio para obligaciones tributarias

La tasa de interés moratorio aplicable al pago de obligaciones administradas por la DIAN y las relacionadas con el Sistema General de la Protección Social, objeto de verificación por la UGPP, que se paguen hasta el próximo 30 de noviembre, será la consagrada en el artículo 635 del Estatuto Tributario y liquidada en las condiciones descritas en el Decreto 688. Además, los contribuyentes en mora y que presenten sus declaraciones tributarias entre el 1° de abril y el 1° julio del 2020 pueden solicitar acuerdos de pago, mediante procedimiento abreviado. Finalmente, para facilitar el acceso de los responsables a la conciliación contencioso administrativa, terminación por mutuo acuerdo y la favorabilidad en etapa de cobro, las solicitudes en estas materias podrán ser presentadas ante las autoridades competentes hasta la primera fecha indicada.

Decreto 688, mayo 22/20.

Reglamentan Áreas de Desarrollo Naranja

Con el propósito de fortalecer las actividades culturales y creativas, el Decreto 697 definió los objetivos, caracterización espacial y sectorial, constitución e identificación de las Áreas de Desarrollo Naranja, que operarán como centros de actividad económica y creativa, para contribuir a la renovación, emprendimiento, empleo, turismo, recuperación del patrimonio cultural construido, conservación medioambiental y transferencia de conocimientos. Así mismo, la disposición reglamenta los incentivos tributarios a proyectos de economía creativa y determina las iniciativas que pueden aplicar, beneficios, desarrollo de la convocatoria y parámetros del contenido y evaluación en la selección. Finalmente, este decreto determina los destinatarios, cobertura, fiscalización y responsables de efectuar la deducción del impuesto sobre la renta por inversiones y donaciones a dichos proyectos, pero tales incentivos no aplican a proyectos cinematográficos nacionales.

Decreto 697, mayo 26/20.

Declaratoria del estado de emergencia es constitucional

El Decreto 417 del 17 de marzo pasado, que declaró el estado de emergencia sanitaria, ante la COVID-19, fue declarado exequible por la Corte Constitucional. En su opinión, la norma cumplió con los presupuestos formales y materiales exigidos por la Carta Política y la Ley 137 de 1994, pues era necesario adoptar medidas extraordinarias para conjurar los efectos de la crisis, incluyendo los económicos, y fortalecer el sector salud. Entonces, la expedición de las disposiciones legislativas se dirige a mejorar la situación de los contagiados de coronavirus y evitar una mayor propagación del mismo.

Corte Constitucional, Comunicado 21, Sentencia C-145, mayo 20/20.

Estos son los primeros resultados de control de decretos legislativos

Como resultado del control de constitucionalidad de los decretos legislativos que desarrollan el estado de emergencia, la Corte declaró exequible el Decreto 434, que extendió los plazos para renovar la matrícula y registros mercantiles y adelantar otros trámites en las cámaras de comercio, junto con la realización de reuniones ordinarias de asambleas y demás cuerpos colegiados, al sostener que su objetivo es proteger la salud de los trabajadores de tales entes, comerciantes y asistentes, y preservar el funcionamiento de las empresas. Igualmente, estimó que el Decreto 441, que determinó la reconexión inmediata del sistema de acueducto y alcantarillado y la inaplicación de incrementos tarifarios, resultaba inaplazable para garantizar el derecho al agua durante la crisis sanitaria, y, por tanto, constitucional. Por otra parte, afirmó que las disposiciones tendientes a mejorar la situación de los creadores y gestores culturales en materia de seguridad social y flexibilizar el pago de ciertas obligaciones tributarias aplicables al sector, en particular, al cinematográfico, incluidas en el Decreto 475, eran necesarias y coherentes con las motivaciones de la emergencia, por ende, también fue declarado exequible. En el caso del Decreto 476, el alto tribunal aseveró que la autorización al Ministerio de Salud e Invima para realizar trámites relacionados con la importación y fabricación local de medicamentos, productos y otros implementos destinados a prevenir, diagnosticar y tratar la covid-19 no respetó el juicio de necesidad jurídica, pues ello está regulado en resoluciones previas. Así, declaró la inexequibilidad diferida de los artículos 1° y 2° de dicha normativa, por tres meses.

Corte Constitucional, Boletines 65, 66, 67 y 68, mayo 27 y 28/20.

Corte reafirma impugnación de fallo condenatorio

Impugnar la sentencia condenatoria, incluso la dictada en única instancia, es un derecho de aplicación inmediata existente en el ordenamiento jurídico interno y el internacional vinculante para el Estado. Con ese argumento, la Corte Constitucional tuteló el debido proceso de Andrés Felipe Arias Leiva y ordenó a la Sala Penal de la Corte Suprema tramitar la solicitud de impugnación de la condena en única instancia proferida contra aquel. También advirtió que, antes de esa decisión penal, se configuró un estándar de protección de tal derecho en el Sistema Regional de Derechos Humanos, incorporado en Colombia en la Sentencia C-792 del 2014 y el Acto Legislativo 01 del 2018. Por último, la corporación reiteró nuevamente el exhorto al Congreso, para que regule integralmente el mecanismo que permita impugnar la condena.

Corte Constitucional, Comunicado 21, Sentencia SU-146, mayo 21/20.

Exequible reforma al régimen de control fiscal

La reciente reforma al régimen de control fiscal, efectuada en el Acto Legislativo 4 del 2019, cuyos artículos 1° y 2° fueron demandados parcialmente por vicio de sustitución, fue declarada exequible por la Corte Constitucional, al considerar que el nuevo sistema preventivo y concomitante no viola el principio de separación de poderes. Según el alto tribunal, la disposición establece límites, cautelas y prohibiciones a dicho control, el cual no implica coadministración; se realiza en tiempo real, a través de tecnologías de la información; tiene carácter excepcional y no vinculante, y su ejercicio y coordinación corresponde exclusivamente al Contralor General de la República en materias específicas.

Corte Constitucional, Comunicado 19, Sentencia C-140, mayo 6/20.

Inclusión de deudores de multas policivas en Boletín de Responsables Fiscales viola buen nombre

El reporte, en el Boletín de Responsables Fiscales, de multas por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, no pagadas en el mes siguiente a su liquidación y comunicación, vulnera el derecho al buen nombre. Al declarar la inexequibilidad del inciso 6° del parágrafo del artículo 180 de la Ley 1801 del 2016, la Corte Constitucional afirmó que, si bien el legislador puede modificar el contenido del boletín, para incluir a personas que no son responsables fiscales, ello impone readecuar este instrumento, de modo que no se induzca a errores sobre la conducta de las personas. La publicidad pretendida se logra adecuadamente con el Registro Nacional de Medidas Correctivas, diseñado específicamente para tal fin en ese código, añadió la corporación.

Corte Constitucional, Comunicado 20, Sentencia C-142, mayo 13/20.

Presidente no debe asignar periodo fijo a superintendentes

La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad parcial del artículo 1° del Decreto 1817 del 2015, referente al nombramiento y remoción de los superintendentes de Industria y Comercio, Financiero y de Sociedades. A su juicio, el Gobierno excedió el ejercicio de la potestad reglamentaria e invadió el ámbito de competencia del legislador, al establecer un periodo fijo para desempeñar ese cargo y exigir la motivación del acto de retiro.

Consejo de Estado, Sentencia 11001032400020150054200, mayo. 14/20.

A revisión, decretos del segundo estado de excepción

La Corte Constitucional ya inició la revisión del Decreto 637 del 2020, declaratorio del nuevo estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, así como de los decretos legislativos expedidos en desarrollo de la misma. Los procesos se encuentran en etapa inicial, donde la corporación asume su conocimiento, efectúa las comunicaciones a las entidades respectivas y decreta pruebas.

Corte Constitucional, RE-305 al RE-314.

Admitidas últimas demandas de inconstitucionalidad

Dado el levantamiento parcial de la suspensión de términos en los procesos ordinarios de constitucionalidad, se admitieron demandas relacionadas con normas sobre simplificación de trámites en materia de transformación digital, tarifa del impuesto al patrimonio, sistema específico de carrera en la DIAN, prescripción de la acción cambiaria, beneficios para los veteranos de la Fuerza Pública, pago de condenas con cargo a recursos de la seguridad social, sobretasa al consumo de energía, y sanciones para los condenados por corrupción, entre otros temas.

Corte Constitucional, D-13663, D-13667, D-13668, D-13679, D-13695, D-13697, D-13704 y D-13705.

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Edición

No. 003 - 2020

En crisis sanitaria, Minjusticia promueve virtualidad, suspensión de términos procesales y sustitución transitoria de pena de prisión

Ante la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, debido a la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió un paquete de normas tendientes a proteger el acceso efectivo a la justicia, el debido proceso y otros derechos fundamentales y garantías procesales. El Decreto 491 del 2020 reguló la continuidad, en medios virtuales, del arbitraje, conciliación y otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y, estableció reglas aplicables a las conciliaciones no presenciales ante la Procuraduría General de la Nación. También, se destaca el Decreto 564, que suspendió los términos de prescripción y caducidad de derechos, acciones, medios de control y presentación de demandas, al igual que los de inactividad para el desistimiento tácito y de duración del proceso. De igual forma, el Decreto 595 amplió la suspensión de términos del trámite de extradición, contemplados en la Ley 600 del 2000 y la Ley 906 del 2004. Por su parte, el Decreto 567 otorgó funciones jurisdiccionales a los procuradores de familia para conocer los procesos de adopción excluidos del levantamiento de la suspensión de términos judiciales, dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura, y en los que aún no se ha admitido la demanda respectiva o los nuevos a tramitar, a través de medios digitales. Adicionalmente, el Decreto 545 suspendió el requisito de insinuación de donaciones a realizar ante notario, contenido en el inciso 1° del artículo 1458 del Código Civil. Finalmente, en el Decreto 546, se fijaron directrices relativas a la sustitución transitoria de la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por la prisión y detención domiciliaria en el lugar de residencia, aplicables a las personas privadas de la libertad en situación de mayor vulnerabilidad.

Decretos 491, 545, 546, 567 y 595, mar. 28 y abr. 13, 14, 15 y 25/20.

Ejecutivo amplía el aislamiento obligatorio

Con la finalidad de evitar el aumento del contagio del coronavirus COVID-19 y mantener el orden público en la emergencia sanitaria, el Gobierno nacional extendió, hasta el 11 de mayo, el aislamiento preventivo obligatorio, la suspensión de vuelos aéreos domésticos y la prohibición de consumo de bebidas embriagantes en espacio público. El Decreto 593 del 24 de abril también robusteció el catálogo de excepciones a la limitación de la circulación de personas, lo que posibilitó la reactivación de algunos sectores económicos, como la manufactura y la construcción. Por otra parte, se prorrogó el servicio militar obligatorio de quienes actualmente se encuentran en servicio, hasta por tres meses, con el objetivo de que el personal no licenciado apoye activamente las labores de seguridad y convivencia durante la crisis.

Decretos 531, 541 y 593, abr. 11, 13 y 24/20.

Expiden disposiciones en beneficio de trabajadores y la generación de empleo

Algunas de las nuevas normas expedidas por el Gobierno contemplan incentivos económicos a favor de trabajadores y productores del campo mayores de 70 años, y empleados que hayan cotizado a las cajas de compensación familiar; subsidio de emergencia como mecanismo de protección al cesante; promoción de la conservación del empleo; autorización del retiro de cesantías para compensar la reducción de ingresos mensuales; destinación de recursos de las cotizaciones de riesgos laborales a la atención de la propagación de la COVID-19; fortalecimiento patrimonial del Fondo Nacional de Garantías, en aras de respaldar la emisión de nuevos créditos y financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas, al igual que a personas naturales que dejaron de percibir ingresos por ser trabajadores independientes o desempleados, y mecanismos extraordinarios de salvamento y recuperación de las empresas perjudicadas por la crisis, pues estas son consideradas unidades de explotación económica y fuentes generadoras de empleo.

Decreto 486, 488, 492, 552, 553 y 560, mar. 27 y 28 y abr. 15/20.

Servicios públicos y conectividad, prioridad en la emergencia

Para garantizar el acceso a servicios públicos domiciliarios y esenciales durante la emergencia sanitaria, el Gobierno ha facilitado que las empresas de agua, acueducto y alcantarillado puedan diferir los pagos hasta 36 meses y definir incentivos tarifarios para el pago oportuno. Del mismo modo, el Ministerio de Vivienda permite a las entidades territoriales asignar subsidios o asumir total o parcialmente el valor de tales servicios, según su nivel de recursos y liquidez. Lo propio hace el Ministerio de Minas y Energía, respecto a los servicios de electricidad y gas combustible, al posibilitar el pago diferido o su asunción, el giro anticipado de subsidios y crear un aporte voluntario. Con el fin de otorgar liquidez a las empresas de servicios públicos domiciliarios, para implementar las medidas enunciadas, el Decreto 581 autoriza al Findeter a otorgar créditos directos y establecer las condiciones de operación de los mismos. Por otra parte, se define la exención del IVA a los servicios de conexión y acceso a voz e internet móviles, cuyo valor no supere $ 71.214. Finalmente, se agilizan los trámites de solicitudes para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

Decretos 517, 528, 540, 580 y 581, abr. 4, 7, 13 y 15/20.

Incrementan medidas de emergencia en ámbito presupuestal, tributario y financiero

Entre las últimas normas de emergencia expedidas por el Presidente de la República en materia presupuestal, se recalcan las referentes al trámite de los proyectos de inversión pública a ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías; adiciones al presupuesto general de la Nación y Fondo de Mitigación de Emergencias, al igual que autorizaciones amplias relacionadas con el cupo de endeudamiento de aquella; creación de una subcuenta en el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de una inversión obligatoria temporal en títulos de deuda pública, a fin de procurar liquidez. En el ámbito tributario, se resalta la exención del gravamen a los movimientos financieros a los retiros que realicen las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial y, además, en la importación y venta de nuevos bienes e insumos médicos; disposiciones frente al impuesto sobre las ventas aplicables a donaciones de ciertos bienes corporales muebles; el procedimiento abreviado de devolución y compensación de saldos a favor de los contribuyentes de los impuestos sobre la renta y ventas; creación del impuesto solidario por COVID-19, para inversión social con destino a la clase media vulnerable y trabajadores informales, y medidas relativas al Fondo Agropecuario de Garantías, dirigidas a asegurar su funcionamiento permanente y la seguridad alimentaria. El Gobierno también autorizó una nueva operación a la Financiera de Desarrollo Territorial, de forma que se otorguen créditos directos a las empresas de servicios públicos domiciliarios y, así, se garantice su solvencia operativa.

Decretos 513, 519, 522, 523, 530, 535, 551, 552, 559, 562, 568, 571, 572, 573 y 581, abr. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 15 y 16/20.

Implementan acciones que cobijan al sector salud

Con respecto a las últimas acciones ejecutadas por el Ejecutivo, es de subrayar la facultad asignada al Ministerio de Salud y Protección Social de flexibilizar requisitos normativos, para evitar el desabastecimiento de insumos médicos, junto con la exigencia de agilizar los procedimientos ante el Invima. De otro lado, cabe mencionar la adecuación de los servicios de los prestadores de salud a la coyuntura sanitaria; autorización del traslado de recursos a las ESE e IPS, privadas o mixtas, con el fin de lograr una mayor cobertura de atención; creación de garantías a los profesionales en la salud; inclusión de la COVID-19 entre las enfermedades laborales; implementación de protocolos de bioseguridad, y el aval para que la distribución y transferencia de recursos provenientes de juegos de suerte y azar novedosos se realice en el mes siguiente a su recaudo y no semestralmente.

Decretos 538, 539 y 576, abr. 12, 13 y 15/20.

Reglamentan alivios para arrendatarios y deudores de créditos de vivienda

El Ministerio de Vivienda suspendió, hasta el próximo 30 de junio, las acciones de desalojo destinadas a la restitución de inmuebles arrendados; aplazó el reajuste anual de cánones de arrendamiento y definió estipulaciones especiales respecto a su pago; prohibió el cobro de penalidades y multas, y prorrogó automáticamente los contratos que se vencen durante este periodo de emergencia. Igualmente, adoptó medidas frente al reajuste de las cuotas de administración de zonas comunes de la propiedad horizontal, la utilización del fondo de imprevistos y la realización virtual o aplazamiento de las asambleas de copropietarios. A su vez, el Decreto 493 avaló la concesión de periodos de gracia en capital e intereses en los créditos para adquisición de vivienda o contratos de leasing habitacional que cuenten con el beneficio de cobertura de tasa de interés, pactados entre los beneficiarios y la respectiva entidad financiera, sin que esto sea causal de terminación anticipada de la cobertura.

Decretos 493 y 579, mar. 29 y abr. 15/20.

Gobierno modifica normativa de protección de pensionados

Con el fin de proteger los derechos de pensionados y beneficiarios del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) y del Programa de Subsidio al Aporte a Pensión, durante la vigencia del estado de emergencia Sanitaria, el Gobierno aceptó que los documentos exigidos para el reconocimiento pensional se remitan en copia simple y vía electrónica. Tampoco se requiere presentar el certificado de invalidez, frente al pago de mesadas pensionales por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Así mismo, adoptó un mecanismo especial de pago de las pensiones reconocidas bajo la modalidad de retiro programado; disminuyó temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones; fijó directrices para garantizar las reservas que apalancan el pago de las anualidades vitalicias de los adultos mayores más vulnerables que reciben BEPS; suspendió la posibilidad de que los afiliados a dicho programa pierdan la condición de beneficiarios, cuando no se efectúe el pago oportuno del aporte; facilitó el pago de mesadas pensionales a mayores de 70 años, por medio de un tercero autorizado, sin que se requiera poder o autorización especial, y el de las mesadas pensionales y anualidades vitalicias correspondientes a BEPS, a través del abono en cuenta en entidades financieras.

Decretos 491, 558, 565 y 582, mar. 28 y abr. 15 y 16/20.

Aumentan control de precios y protección al consumidor

Con miras a lograr el bienestar de los consumidores más vulnerables y evitar que se impongan precios significativamente altos a los productos de primera necesidad, el Decreto 507 del 2020 asigna a los ministerios de Salud y Protección Social; Comercio, Industria y Turismo, y Agricultura y Desarrollo Rural la fijación de listados de bienes básicos. El encargado del seguimiento estadístico de tales listas y su publicación es el DANE. Así mismo, a la Superintendencia de Industria y Comercio le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control en la materia, con apoyo de los gobernadores y alcaldes del país, quienes deberán reportar las eventuales variaciones atípicas en los precios.

Decreto 507, abr. 1°/20

Exoneran a estudiantes de presentar el examen de Estado

El calendario académico y los programas del sector educativo han sido modificados, debido a las decisiones del Gobierno, como la exención de presentar el examen de Estado, a favor de los estudiantes inscritos para el 15 de marzo pasado, y la supresión de este requisito de ingreso a los programas de pregrado de educación superior, lo cual podría extenderse a quienes se hayan inscrito para aplicar a la prueba el próximo 9 de agosto, si persisten las causas de la declaratoria del estado de excepción. Así mismo, se dispuso que el Programa de Alimentación Escolar sea brindado a los niños y adolescentes matriculados en las instituciones oficiales, de forma que el consumo se realice en casa, mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria.

Decretos 532 y 533, abr. 8/20.

Estos son los cambios referentes a logística y transporte

En el marco de las restricciones de movilidad y el aislamiento preventivo obligatorio, el Decreto 569 del 2020 contiene disposiciones relacionadas con el trasporte de pasajeros, carga y aéreo; exención del cobro de peajes; suspensión transitoria del cobro de cánones de arrendamiento y de infraestructura aeroportuaria, y ampliación del funcionamiento del Centro de Logística y Transporte. Adicionalmente, esa norma permite a los puertos de servicio privado atender las operaciones de carga encaminadas a lograr el abastecimiento de bienes de primera necesidad para las poblaciones ubicadas en la zona portuaria. Entretanto, el Decreto 575 prevé la financiación y sostenibilidad de los sistemas de transporte masivo; modificaciones en los programas de reposición del parque automotor, y, en el caso de la reactivación del transporte aéreo, una vez se autorice su prestación doméstica e internacional, la reducción del impuesto de valor agregado para el transporte aéreo de pasajeros y la gasolina de aviación.

Decretos 569 y 575, abr. 15/20.

Fijan nuevas medidas a favor del turismo y la cultura

A través del Decreto 557 del 2020, se permitió destinar lo recaudado por el impuesto nacional del turismo, para contribuir a la subsistencia de los guías de turismo que cuenten con inscripción activa y vigente en el Registro Nacional de Turismo; se reguló el derecho de retracto, desistimiento y las circunstancias relacionadas con el reembolso de los paquetes turísticos durante la crisis, y se fijaron tarifas diferenciadas de expedición, modificación y renovación de los registros sanitarios del Invima, en beneficio de las micro y pequeñas empresas y algunas entidades sin ánimo de lucro. De otro lado, el Decreto 561 indicó que los recursos del impuesto nacional al consumo con destino a la cultura, no ejecutados ni comprometidos, deberán asignarse temporalmente a la subsistencia de los artistas y creadores que demuestren su estado de vulnerabilidad. Lo anterior se suma al ajuste transitorio de los porcentajes mínimos de programación de producción nacional y la posibilidad de destinar los recursos de fortalecimiento de los canales regionales a su funcionamiento.

Decretos 516, 557 y 561, abr. 4 y 15/20.

Derecho a lactar está garantizado en empresas pequeñas

Al declarar exequible la norma que obliga a entidades públicas y privadas a adecuar espacios para el funcionamiento de las Salas Amigas de la Familia Lactante en el entorno laboral (parágrafo del artículo 2° de la Ley 1823 del 2017), la Corte Constitucional encontró que aquella no establece un trato discriminatorio, al fijar un límite basado en el capital y el número de empleadas. Para la corporación, el derecho a lactar se garantiza, mediante la estrategia de tales Salas Amigas y las de lactancia, previstas en el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo.

Corte Constitucional, Comunicado 16, Sentencia C-118, abr. 15/20.

Establecimiento de pliegos tipo en ciertos contratos respeta autonomía territorial

La facultad del Gobierno de estandarizar pliegos tipo de condiciones uniformes en procesos de contratación estatal de obra pública (selección, interventoría y consultoría de estudios, diseños e ingeniería) y en cualquier otro contrato o proceso de selección, cuando lo considere necesario, consagrada en el artículo 4° de la Ley 1882 del 2018, no vulnera el principio de autonomía territorial. La Corte Constitucional declaró exequible algunas expresiones de esa disposición y advirtió que dicha potestad solo se predica de los requisitos habilitantes y los criterios de escogencia, materias reservadas a la ley y no a la regulación de las entidades territoriales. Además, la posibilidad de estas últimas de gestionar sus propios intereses, en materia contractual, se refiere a la identificación de sus necesidades y la configuración de los elementos del contrato.

Corte Constitucional, Comunicado 16, Sentencia C-119, abr. 15/20.

Calificación de capacidad laboral y ocupacional por quien asume el pago del beneficio es razonable

El artículo 142 del Decreto Ley 19 del 2012, que permite a Colpensiones, ARL, compañías de seguros que asumen el riesgo de invalidez y muerte y EPS determinar, inicialmente, la pérdida de capacidad laboral y el el grado de invalidez, fue declarada exequible por la Corte Constitucional. En su opinión, la medida resulta razonable constitucionalmente, pues busca el fin legítimo de agilizar y hacer más eficiente el trámite, mediante el ejercicio de una facultad regulativa o competencial idónea para lograr el fin perseguido: evitar que los trámites a adelantar cuando las aseguradoras consideran que existe una pérdida de esas clases deban esperar el proceso administrativo ante las juntas regionales de calificación.

Corte Constitucional, Comunicado 16, Sentencia C-120, abr. 15/20.

Estatuto de TIC no tiene reserva de ley estatutaria

Frente a las dos demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 1978 del 2019, que, junto con la Ley 1341 del 2009, integra el régimen de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la Corte Constitucional estableció que tales normativas no están amparadas por la reserva de ley estatutaria, ya que ni su objeto ni su contenido está dirigido a regular derechos fundamentales, por tanto, no es posible afectar su núcleo esencial. Con base en estas razones, la corporación declaró exequibles dichas normas.

Corte Constitucional, Comunicado 17, Sentencia C-127, abr. 22/20.

A control de constitucionalidad, nuevos decretos legislativos

Ya están en la Corte Constitucional los últimos decretos legislativos expedidos por el Presidente de la República, en el estado de excepción, los cuales deberán ser estudiados por el alto tribunal en los próximos dos meses. En el caso del primero de los procesos de revisión, correspondiente al Decreto 417, declaratorio de la emergencia, el Procurador General cuenta con 10 días para rendir concepto, posteriormente, corren otros siete para la presentación del proyecto de fallo y, finalmente, restan 20 días en los que la Corte deberá adoptar la decisión correspondiente. Así, en mayo, se conocería el pronunciamiento de la corporación.

Corte Constitucional, Procesos RE-232 al 304.

Consejo de Estado adelanta control de legalidad de medidas de emergencia

Las medidas de carácter general expedidas en ejercicio de la función administrativa por las diferentes autoridades del orden nacional, bajo el estado de emergencia declarado por el Gobierno nacional, están sujetas a control inmediato de legalidad por parte del Consejo de Estado, según el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Hasta la fecha, en la página web de la corporación, se han registrado casi 300 actos, entre decretos, circulares, resoluciones y otros.

Consejo de Estado, Circular 004, mar. 23/20.

Corte Constitucional levanta parcialmente términos judiciales

En Sala Plena, la Corte Constitucional decidió levantar la suspensión los términos judiciales referentes a la admisión de demandas de inconstitucionalidad y la revisión de acciones de tutela que cumplan determinados criterios, como la urgencia de adoptar decisiones sobre protección de derechos fundamentales, la importancia nacional del caso, y la posibilidad de que el asunto pueda ser tramitado de forma compatible con las condiciones del aislamiento preventivo obligatorio.

Corte Constitucional, Auto 121, abr. 16/20.

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No. 002 - 2020

Estas son las medidas fijadas por el Gobierno para contener el COVID-19

Con base en la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, ante la pandemia causada por el coronavirus COVID-19, el Gobierno nacional ha expedido más de quince decretos legislativos, y alrededor de otros 20, en ejercicio de facultades ordinarias, los cuales impartieron una serie de medidas extraordinarias y urgentes encaminadas a contrarrestar la crisis en todos los sectores y ámbitos considerados esenciales. Además del aislamiento preventivo obligatorio decretado entre el pasado 25 de marzo y el próximo 13 de abril, se destacan el cierre de fronteras; la suspensión de desembarque de pasajeros procedentes del exterior, vía aérea; beneficios arancelarios y tributarios, como la flexibilización del calendario de declaración y pago de impuestos, la compensación del IVA a favor de población vulnerable, y la autorización a gobernadores y alcaldes para reorientar las rentas de destinación específica y reducir la tarifa de tributos territoriales; la reconexión y reinstalación del servicio de acueducto a suscriptores suspendidos o cortados; la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), destinado a solventar necesidades de recursos de atención en salud y de la economía productiva, y del Centro de Logística y Transporte; modificaciones en materia de contratación estatal y en la operación del Programa de Alimentación Escolar; la entrega de transferencias monetarias adicionales a hogares en condición de pobreza; cambios en la prestación del servicio a cargo de comisarías de familia y de telecomunicaciones; la concesión de auxilios a beneficiarios del Icetex, y la suspensión de términos en actuaciones administrativas y judiciales, entre otras acciones.

Decretos 397, 398, 400, 401, 402, 410, 411, 412, 417, 418, 419, 420, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 444, 457, 458, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 473, 475, 476 y 482, mar. 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26/20.

Descuento por votaciones será transferido a instituciones oficiales de educación superior

Con la sanción de la Ley 2019 del 2020, el Gobierno reconocerá a las instituciones públicas de educación superior el valor de los descuentos hechos por votaciones. Este descuento equivale al 10% de la matrícula del estudiante, si este acredita haber sufragado en los últimos comicios, lo cual es efectivo para todos los periodos académicos adelantados hasta las siguientes elecciones.

Ley 2019, feb. 28/20.

Modifican reglamentación de facturación electrónica

El Decreto 358 del pasado 5 de marzo, reglamentario del Estatuto Tributario, las leyes 962 del 2005 y 1607 del 2012, y el Decreto 1625 del 2016, regula lo concerniente a la factura electrónica de venta, las notas débito y crédito y demás documentos electrónicos utilizados en materia tributaria. La norma aclara los requisitos exigidos, los sujetos obligados, la forma de transmisión y divulgación, y la validación de sus proveedores electrónicos.

Decreto 358, mar. 5/20.

Adoptan Código de Integridad del Servicio Público Colombiano

El Congreso expidió el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano, con el propósito de que las entidades estatales lo implementen y complementen autónomamente. La Ley 2016 de 27 de febrero pasado también creó el Sistema Nacional de Integridad, a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Ley 2016, feb. 27/20.

Incremento salarial del 5.12% para servidores públicos

El Gobierno nacional expidió los decretos anuales de régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de las entidades y organismos del Estado del orden nacional, y fijó los límites máximos salariales para los servidores del orden territorial. El aumento salarial para este año, con retroactividad al 1° de enero del 2020, es del 5.12%, que comprende el incremento porcentual del IPC total en el 2019, certificado por el DANE, esto es, 3.80%, sumado al 1.32%, según el acuerdo logrado con los representantes de las centrales y federaciones sindicales de los empleados públicos.

Decreto 300 al 320, feb. 27/20.

Conscriptos no bachilleres pueden solicitar que prestación del servicio militar sea de 12 meses

Es desproporcionada la limitación establecida en el parágrafo 4° del artículo 13 de la Ley 1861 del 2017, que impedía a los jóvenes no bachilleres incorporados bajo la modalidad de servicio militar obligatorio de 18 meses solicitar el cambio del mismo a 12 meses. Al declarar la inexequibilidad de un aparte de dicha norma, la Corte Constitucional advirtió la necesidad de garantizar la igualdad en el ejercicio de la libertad para escoger la formación educativa a todas las personas que prestan el servicio militar obligatorio.

Corte Constitucional, Comunicado 10, Sentencia C-084, feb. 27/20

Reparación en divorcio es viable, si se prueba violencia intrafamiliar

En sede de revisión de una tutela contra sentencia emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en un proceso de cesación de efectos civiles de matrimonio católico, la Corte Constitucional aseveró que los jueces están obligados a aplicar la reparación efectiva prevista en la Convención de Belém do Pará, cuando se demuestra la causal de ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra, consagrada en el Código Civil. La sentencia de unificación de jurisprudencia señaló que los operadores jurídicos deben asegurar que la mujer víctima de violencia intrafamiliar tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios compensatorios justos. El alto tribunal exhortó al Congreso a regular el derecho a reparación ante violencia intrafamiliar.

Corte Constitucional, Sentencia SU-080, feb. 25/20

Restricción para ejercer cargo público por incumplir pago de multa es razonable

La restricción para ser nombrado o ascendido en un cargo público, por incumplir el pago de una multa impuesta bajo el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, durante los seis meses siguientes a su imposición, es razonable. Así lo determinó la Corte Constitucional, al declarar exequible el numeral 2° del artículo 183 de la Ley 1801 del 2016. De acuerdo con la corporación, tal restricción procura garantizar los principios de sujeción y respeto de la ley, no es requisito para postularse o ingresar al concurso, ni es absoluta, pues contiene un límite temporal.

Corte Constitucional, Comunicado 12, Sentencia C-093, mar. 3/20.

Avalan contribución fiscal al arbitraje

La justicia arbitral es un privilegio que debe pagarse y costearse, por tanto, la contribución especial que grava las condenas fijadas en laudos arbitrales de contenido económico no contraría los mandatos de igualdad y equidad tributaria. Bajo este argumento, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 130 del Plan Nacional de Desarrollo (L.1955/19), que creó una contribución fiscal al arbitraje, destinada a la modernización, descongestión y bienestar de la administración de justicia. El alto tribunal destacó que es plausible la imposición de este gravamen, teniendo en cuenta que la administración de justicia estatal se financia a través de impuestos generales.

Corte Constitucional, Comunicado 13, Sentencia C-109, mar. 11/20.

Exequible prórroga de entrada en vigor del Código General Disciplinario

Hasta el 1° de julio del 2021 empezará a regir el Código General Disciplinario (L. 1952/19). La Corte Constitucional declaró exequible la prórroga de la entrada en vigencia de esta norma, ordenada por el artículo 140 del Plan Nacional de Desarrollo (L. 1955/19). La corporación afirmó que la inclusión de esta disposición en el Plan no vulnera la unidad de materia, pues las bases del mismo reflejan la necesidad de prorrogar el inicio de la vigencia de tal código, con el fin de asegurar la adecuación técnica, procedimental, logística, conceptual y de infraestructura tecnológica y física necesaria para su debida implementación.

Corte Constitucional, Comunicado 12, Sentencia C-095, mar. 3/20

Competencia del Presidente para integrar terna de candidatos a Fiscal General es discrecional

La Sección Quinta del Consejo de Estado negó la nulidad del Decreto 1163 del 2019, derogatorio del Decreto 450 del 2016, que fijaba el trámite de integración de terna de candidatos a Fiscal General de la Nación. Según la decisión, el Presidente de la República, en uso de su facultad discrecional, puede variar la reglamentación referente a la conformación de la terna destinada a la elección del Fiscal General, siempre y cuando respete el artículo 249 de la Carta Política y el artículo 29 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, como ocurrió en este caso. Si bien es viable expedir reglamentaciones adicionales, estas no son inmodificables o inderogables, porque dependen directamente de las consideraciones del primer mandatario, quien tiene la atribución para integrar la terna y reformar el procedimiento aplicable, aclaró el alto tribunal.

Consejo de Estado, Sentencia 11001032400020190031900, feb. 27/20.

Corte Constitucional mantiene postura sobre despenalización parcial del aborto

En sentencias C-088 y C-089 del 2 de marzo pasado, la Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse de fondo frente a una demanda interpuesta contra el artículo 122 del Código Penal, que tipifica el aborto, y otra, que atacaba el artículo 90 del Código Civil, el cual regula la existencia legal de las personas. En opinión del alto tribunal, las razones expuestas por la demandante no cumplieron con los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia, suficiencia y claridad exigidos, esto es, la ineptitud sustantiva de la demanda. Con respecto a los cargos contra el Código Civil, la Corte consideró que operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, dictada en la Sentencia C-591 de 1995.

Corte Constitucional, Comunicado 11, Sentencias C-088 y C-089, mar. 2/20.

Decretos de estado de emergencia pasan a control de constitucionalidad

La Corte Constitucional inició el trámite de revisión de constitucionalidad del Decreto 417 del 2020, que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, ante la pandemia causada por el COVID-19, así como lo hará frente a los decretos legislativos derivados tal declaratoria. En ese sentido, se destaca que el Decreto 469 del pasado 23 de marzo permitió a la Sala Plena de la corporación levantar la suspensión de términos ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura, si es necesario. En estos procesos, la Corte estudiará el cumplimiento de los requisitos formales de expedición y motivación de los actos, al igual que los requisitos materiales de validez de los mismos, es decir, los presupuestos fácticos, valorativos y de necesidad que fundamentaron la declaratoria de la emergencia.

Corte Constitucional, RE-232.

Cuestionada nuevamente la reforma tributaria

En menos de tres meses ha sido presentada más de una decena de demandas contra la Ley de Crecimiento Económico (L. 2010/19), reemplazo de la denominada Ley de Financiamiento (L. 1943/18), declarada inexequible por la Corte Constitucional, debido a vicios en su trámite legislativo. Entre ellas, se destaca una demanda que impugna setenta artículos de la Ley 2010, al considerar que esta reproduce disposiciones que ya fueron declaradas inconstitucionales.

Corte Constitucional, Demanda D-13666.

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