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Reserva de ley

 

  

Institución de fundamento constitucional, que protege el principio democrático, al obligar al legislador a regular materias que el constituyente decidió que fueran desarrolladas en una ley.

Sinónimo del principio de legalidad o de cláusula general de competencia del Congreso.

 

 
¿Características

 

  

  • Atiende al principio de división de poderes.
  • Identifica constitucionalmente los asuntos que son competencia exclusiva del legislador ordinario y sobre los que está prohibido conceder facultades extraordinarias.
  • Impone al Ejecutivo límites para actuar.
  • Asigna al Legislativo obligaciones irrenunciables.
  • Requiere aplicar el procedimiento fijado para tramitar la ley.
  • Incumplimiento genera invalidez de la norma.

 

 
Materias con reserva

 

  

Ley estatutaria
Derechos y deberes fundamentales de personas y procedimientos y recursos para su protección; administración de justicia; organización y régimen de partidos y movimientos políticos; estatuto de la oposición y funciones electorales; instituciones y mecanismos de participación ciudadana; estados de excepción, e igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República.


Ley orgánica
Ejercicio de actividad legislativa; preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, plan nacional de desarrollo, y competencias normativas de entes territoriales.


Ámbito tributario
Impone un procedimiento democrático representativo, como condición de validez de los tributos, para evitar abusos en un asunto que afecta directamente al ciudadano y debe garantizar, al mismo tiempo, la sostenibilidad del Estado.


Naturaleza mixta
Si una disposición trata temas que deben ser tramitados mediante ley ordinaria, estatutaria y orgánica, simultáneamente, se puede realizar en un solo proyecto, bajo el procedimiento más exigente, es decir, el de las estatutarias.


Tratamiento de datos personales
El Gobierno no puede asumir esta competencia, ni por delegación expresa del legislador.

 

 
Casos destacados

 

  

Sentencia C-053/19

Inexequible artículo 33 de la Ley 136/94, sobre usos del suelo, pues fue tramitada como ordinaria pese a referirse a un tema propio de ley orgánica.

Sentencia C-030/19

Inconstitucional artículo 121 de la Ley 488/98, referente a la base gravable del impuesto a la gasolina y al ACPM, por infringir el principio de certeza tributaria y la reserva de ley en esa materia.

Sentencia C-748/11

Inexequible artículo 27 del proyecto de ley estatutaria 184/10S- 046/10C, acerca de la protección de datos personales, ya que el legislador no puede facultar al Gobierno para regular el tratamiento de datos personales que requieran de disposiciones especiales.

 

Boletín Edición 7:

Edición

No. 007 - 2020

Sancionan nueva Ley Antitrámites

Con la entrada en vigencia de la Ley 2052 del 25 de agosto, se fortalece la racionalización, digitalización y automatización de los trámites ante el Ejecutivo nacional y territorial y los particulares que cumplan funciones públicas o administrativas. Según la norma, los nuevos trámites deben realizarse totalmente en línea por parte de los ciudadanos, quienes podrán recibir un incentivo fijado por cada entidad. Adicionalmente, exige a tales obligados garantizar la interoperabilidad de los sistemas de información y gestionar la autentificación digital y automatización de estampillas electrónicas. Esta ley también contempla el lenguaje claro en la creación e implementación de los formularios únicos, procedimientos y esquemas de comunicación e información pública relacionados con los trámites de cada organismo; y prevé la racionalización del otorgamiento de licencias, autorizaciones y permisos. De otro lado, además de actualizar el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), el Departamento Administrativo de la Función Pública, cada dos años, debe emitir un informe sobre los procedimientos a racionalizar y en los que aplica el silencio administrativo positivo.

Ley 2052, ago. 25/20.

Gobierno ordena aislamiento selectivo

El pasado 25 de agosto, el Ejecutivo decretó el aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, que implica que todas las personas deben cumplir con los protocolos de bioseguridad, para evitar el contagio del nuevo coronavirus. En esta nueva etapa, los alcaldes de los municipios de alta afectación, con la autorización del Ministerio del Interior y previo concepto del Ministerio de Salud y Protección Social, podrán restringir las actividades, zonas y hogares que consideren pertinentes para realizar ese aislamiento. Igualmente, siguen restringidos los eventos públicos o privados que generen aglomeración, bares, discotecas, lugares de baile y el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio. Además, las entidades públicas y privadas deben seguir privilegiando las modalidades de teletrabajo, mientras que el cierre de fronteras marítimas, terrestres y fluviales se mantiene hasta el 1° de octubre.

Decreto 1168, ago. 25/20.

Precisan implementación del piso de protección social

Para lograr el acceso efectivo al piso de protección social por parte de las personas que tengan relación contractual laboral o de prestación de servicios, por tiempo parcial, y perciban un ingreso mensual inferior a un salario mínimo, el Ministerio del Trabajo expidió el Decreto 1174, que regula, entre otros temas, la composición, vinculados obligatorios y voluntarios, aseguramiento inclusivo y condiciones del aporte a los Beneficios Económicos Periódicos.

Decreto 1174, ago. 27/20.

Esta es la ley que prohíbe pruebas cosméticas en animales

Gracias a la Ley 2047, quedan prohibidas la experimentación, importación, exportación, fabricación y comercialización de productos cosméticos, sus ingredientes y combinaciones que sean probados en animales, excepto cuando un ingrediente deba someterse a pruebas de seguridad, por riesgos de salud o al ambiente y no existan otras alternativas validadas internacionalmente, y, se realice para un propósito diferente al cosmético. Por su parte, el Invima podrá sancionar a quienes incumplan la prohibición, con multas entre 133 y 50.000 salarios mínimos. Sin embargo, la norma empezará a surtir efectos a partir del cuarto año posterior a su sanción.

Ley 2047, ago. 10/20.

Mincomercio cambia reglamento de circulación de factura electrónica

Contar con mecanismos de autoregulación que detecten, prevengan y mitiguen acciones de fraude, suplantación, extorsión por ciframiento de datos almacenados (ransonware), robo de identidades (phishing) y demás prácticas nocivas en el procesamiento de datos referente a la factura electrónica. Este es el objetivo del Decreto 1154, que reglamenta la circulación de la factura electrónica de venta, como título valor, y define cuando se genera la aceptación tácita o expresa; el endoso electrónico; los usuarios autorizados del RADIAN; las reglas particulares de los sistemas de negociación electrónica, y los límites de circulación, la exigibilidad y el pago de esa factura.

Decreto 1154, ago. 20/20.

Controles a Planes Estratégicos de Seguridad Vial

Mediante la Ley 2050, se faculta a la Superintendencia de Transporte, los organismos de tránsito y el Ministerio del Trabajo a verificar la implementación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial. Sumado a ello, exige a la Agencia Nacional de Seguridad Vial desarrollar anualmente campañas publicitarias educativas o informativas dirigidas a los usuarios de la vía, y contempla estímulos o distinciones a entidades públicas del nivel nacional y territorial y sus funcionarios, por la ejecución de los planes. La novedad más significativa de la norma es la adopción de sanciones de amonestación escrita, multa e intervención operativa, imponibles a los organismos de tránsito y de apoyo relacionados.

Ley 2050, ago. 12/20.

Crean Consejo de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas

Con el propósito de integrar y reconocer los derechos lingüísticos de la comunidad sorda, la Ley 2049 creó el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas, cuya función principal es recopilar, documentar y divulgar las variaciones que se producen naturalmente en su utilización, el vocabulario cotidiano y los términos especializados, para eliminar las barreras comunicativas presentadas por su desconocimiento. Este nuevo órgano deberá formular y concertar una política de protección, fortalecimiento y promoción de esa lengua y gestionar, a nivel nacional, recursos científicos, técnicos o financieros destinados a promover programas y proyectos a favor de esta población, de modo que se facilite su interacción con oyentes e intérpretes en todo el país.

Ley 2049, ago. 10/20.

Ejecutivo adopta programa de rastreo de COVID-19

A través del Decreto 1109, se creó el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS), que permite el seguimiento de casos y contactos del nuevo coronavirus y su enfermedad COVID-19, a fin de interrumpir las cadenas de transmisión . La norma también reglamentó el reconocimiento económico a quienes deben respetar el aislamiento. Entretanto, el Decreto 1148 determinó una serie de requisitos sanitarios transitorios que facilitan la fabricación, importación y comercialización de medicamentos, dispositivos médicos y otros productos declarados por el Invima como vitales no disponibles.

Decretos 1109 y 1148, ago. 10 y 18/20.

Reglamentan nuevamente impuesto unificado bajo régimen simple

El Ministerio de Hacienda reglamentó el tratamiento aplicable a los tributos que sustituye, comprende e integra el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, y al IVA. Así, el Decreto 1091 regula las condiciones de dicha sustitución e integración; el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes durante periodos gravables en curso; la liquidación del anticipo bimestral a pagar en los recibos electrónicos, y el contenido de estos últimos y de la declaración de dicho impuesto, entre otros aspectos.

Decreto 1091, ago. 03/20.

A salvo, segunda declaratoria de emergencia

Con una revisión más rigurosa en la verificación de los hechos sobrevinientes, graves y que no pueden ser afrontados por medios ordinarios, resultó a salvo, en la Corte Constitucional, la segunda declaratoria de emergencia, efectuada en el Decreto 637 del 2020. La corporación aseveró que la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia de COVID-19 se ha agravado de manera rápida e inusitada, es la más grave en la historia del país, y corresponde a hechos nuevos que superan lo estimado al declararse el primer estado de excepción, por lo cual dicha norma es constitucional.

Corte Constitucional, Comunicado 33, Sentencia C-307, ago. 12/20.

Inexequible impuesto solidario

Por vulnerar los principios de equidad e igualdad tributaria y de generalidad del impuesto, fue declarado inconstitucional, con efectos retroactivos, el Decreto Legislativo 568, que creó el impuesto solidario por COVID-19, exigible a cierto grupo de servidores públicos, contratistas y pensionados. En consecuencia, los dineros cancelados se entenderán como abono del impuesto de renta a pagar en el 2021.

Corte Constitucional, Comunicado 32, Sentencia C-293, ago. 5/20.

Cae reducción de cotización y pago especial de pensiones

El Decreto Legislativo 558, que adoptó un mecanismo especial de pago de las pensiones reconocidas bajo la modalidad de retiro programado y disminuyó temporalmente la cotización al sistema pensional, fue declarado inexequible por tres razones: desmejoró los derechos sociales de los trabajadores con expectativa de pensiones superiores a un salario mínimo; dispuso de recursos destinados a la financiación de aquellas para fines distintos, y no aseguró la sostenibilidad financiera del sistema con respecto al reconocimiento de las semanas de abril y mayo del 2020, para efectos de la pensión mínima en el régimen de ahorro individual y de la de vejez de un salario mínimo en el de prima media. Asimismo, al incumplir la conexidad, necesidad y motivación suficiente exigidas a las medidas de excepción, se consideró inexequible el Decreto 802, modificatorio del 558, referente a tal mecanismo especial y el traslado de recursos a Colpensiones, por parte de las administradoras. Según la Corte, la descapitalización de las cuentas individuales de ahorro pensional que soportan el pago de las mesadas obedece a factores estructurales del régimen de ahorro individual y no a efectos económicos derivados de la pandemia. Tampoco se demostró la insuficiencia de recursos en tales cuentas que afectaría a un grupo de pensionados, ni la falta de idoneidad de los medios ordinarios para resguardar sus mesadas, pese a lo cual el mecanismo especial se adoptó permanentemente, lo que afectó el derecho a elegir libremente el régimen pensional y la naturaleza del capital existente.

Corte Constitucional, Comunicados 31 y 33, Sentencias C-258 y C-308, jul. 23 y ago. 12/20.

Avalan parcialmente medidas de excepción sobre proyectos de inversión y juegos de azar

Para la Corte Constitucional, las medidas de emergencia sobre la financiación de los proyectos de inversión pública con recursos del Sistema General de Regalías y las adoptadas en el sector de juegos de suerte y azar cumplen con los requisitos formales y materiales de validez exigidos. No obstante, lo referente a los costos de la prestación del servicio de alumbrado público, contenido en el artículo 5° del Decreto 513 del 2020, no guardó relación con las causas del estado de excepción y viola la autonomía territorial, mientras que lo relativo a la importación de elementos de juego usados, previsto en el artículo 6° del Decreto Legislativo 576, no superó el juicio de necesidad jurídica, al ser objeto de regulación ordinaria, por ende, estas disposiciones fueron declaradas inexequibles.

Corte Constitucional, Comunicado 31, Sentencias C-254 y C-257, jul. 22 y 23/20.

Visto bueno a disposiciones financieras, tributarias y de servicios públicos

Al encontrar cumplidos los requisitos formales y materiales de los decretos legislativos, la Corte Constitucional declaró exequible lo concerniente al otorgamiento de crédito público para garantizar procesos de toma de posesión a cargo del Fondo Empresarial de la Superservicios (Decreto 809); financiamiento y subsidios a servicios públicos de agua potable, saneamiento básico y aseo (Decreto 819); exención del IVA respecto a algunos bienes médicos, bajo el entendido que ella perderá vigencia al término de la siguiente vigencia fiscal (Decreto 551); y el reconocimiento del auxilio de transporte como de conectividad a favor de trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos y desarrollen su labor en el domicilio, condicionado a que aquel se extienda más allá de la vigencia de la emergencia, si es necesario garantizar la continuidad del trabajo en casa (Decreto 771).

Corte Constitucional, Comunicados 32 y 33, Sentencias C-292, C-309, C-310 y C-311, ago. 5, 12 y 13/20.

Corte IDH precisa protección de derechos políticos de funcionarios de elección popular

La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra el Estado colombiano por la destitución impuesta, en el 2013, por la Procuraduría General de la Nación al hoy senador Gustavo Petro, cuando este se desempeñaba como alcalde de Bogotá. A juicio de este tribunal internacional, en el caso concreto, no se respetó la garantía de imparcialidad ni la presunción de inocencia, ya que, en la Sala Disciplinaria de esa entidad, se concentraron las facultades de investigación, acusación y sanción, lo cual es incompatible con la Convención Americana. Además de las reparaciones económicas ordenadas, la decisión indica que el Estado debe adecuar su ordenamiento interno, de forma tal que los funcionarios de elección popular no sean destituidos ni inhabilitados mediante decisiones de autoridades administrativas.

CorteIDH. Sentencia Caso Petro Urrego vs. Colombia, jul. 8/20.

Atacan competencia de defensores de familia

Ante la Sección Primera del Consejo de Estado fue demandada la nulidad del artículo 2.2.3.8.1.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho (D. 1069/15), referente a la intervención del defensor de familia en las actuaciones en las que estén involucrados menores de edad, que, en caso de infracción de la ley penal, prevé remitir la actuación al funcionario competente, una vez dictadas las medidas de protección respectivas. La demanda sostiene que la disposición “compiló una normatividad pretérita que va en contravía de la legislación actual e impone un deber caprichoso al Defensor de Familia, cuando los asuntos son de competencia directa del Comisario de Familia dentro del marco de la violencia intrafamiliar.” El proceso sigue su curso, ante el levantamiento de la suspensión de términos judiciales.

Consejo de Estado, Auto 11001032400020180020900, mar. 13/20.

Últimas demandas admitidas en la Corte

Recientemente, la Corte Constitucional admitió varias demandas de inconstitucionalidad contra normas del Plan Nacional de Desarrollo, referentes a los derechos patrimoniales de derecho de autor, y generación de empleo para la población joven; Código Penal, sobre acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir; Código de Procedimiento Penal, relativas a la duración de los procedimientos, el vencimiento de los términos y el inicio del descubrimiento de elementos materiales probatorios; Estatuto de Contratación Estatal, respecto a las inhabilidades e incompatibilidades para contratar; del fortalecimiento del proceso de responsabilidad fiscal, y las disposiciones sobre desconocimiento de costos por campañas de publicidad de productos extranjeros.

Corte Constitucional, Demandas D-13614, D-13720, D-13749, D-13765, D-13772, D-13779, D-13782 y D-13789.

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