Minjusticia pone en marcha depuración normativa

Gracias a la iniciativa del Ministerio de Justicia, se sancionó la Ley 2085 del pasado 3 de marzo, que ordenó la pérdida de vigencia y derogatoria de cerca de 7.000 artículos consagrados en 143 decretos y 465 leyes. El objetivo de esta depuración es fomentar la cultura de la legalidad y seguridad jurídica, que debe ser inculcada en todo el país, incluso por las facultades de Derecho. Se recuerda que la depuración se basó en los criterios de obsolescencia, contravención al régimen constitucional actual, derogatoria orgánica, cumplimiento del objeto, vigencia temporal y no adopción como legislación permanente de tales disposiciones. De hecho, aquella figura puede ser utilizada por asambleas, concejos y otras autoridades, en el marco de su competencia. La ley también advierte que opera la pérdida de fuerza ejecutoria de ciertas disposiciones administrativas generales dictadas, debido al decaimiento de su fundamento, según lo determinen los directores jurídicos responsables de cada sector. Además, esta derogatoria expresa no afecta derechos adquiridos consolidados ni fallos ejecutoriados y basados en las 608 normas correspondientes. Finalmente, se ratifica la actualización del Sistema Único de Información Normativa (SUIN-Juriscol) con el listado de normas de rango legal derogadas expresamente o declaradas inexequibles y nulas, y las que no hayan sido reglamentadas, al igual que la articulación de acciones con las entidades públicas que expidan normas generales y abstractas. Ley 2085, mar. 3/21..

Legislativo implementa procedimiento disciplinario antidopaje

En sintonía con la Ley 2083 del 2021, y para prevenir y luchar contra el dopaje en el deporte colombiano, el Congreso expidió la Ley 2084 del 3 de marzo. Así, se establecen funciones en la materia que recaen sobre el Ministerio del Deporte y la Organización Nacional Antidopaje, y, por otro lado, se implementa el procedimiento disciplinario antidopaje, de forma que se fijan las partes e intervinientes, sus etapas y el uso de medios electrónicos, entre otros aspectos.

Miembros de JAL podrán recibir honorarios

El legislador autorizó el reconocimiento y pago de honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales (JAL), hasta por dos unidades de valor tributario, por la asistencia a las sesiones plenarias y a comisiones, en virtud de las funciones constitucionales y legales que ellos desempeñan. La iniciativa corresponde a los alcaldes y la aprobación debe realizarse mediante acuerdo de los concejos. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de las JAL, el Gobierno nacional, las gobernaciones departamentales y los municipios adelantarán programas de capacitación y formación para los ediles.

Ley 2086, mar. 4/21.

Listo Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos

Con miras a adoptar un mecanismo jurídico de salvaguarda de la población migrante venezolana, el Ejecutivo creó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, que incluye el registro único de información, y, posteriormente, el otorgamiento de un beneficio temporal de regularización a favor de quienes deseen permanecer transitoriamente en el territorio nacional, siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos. Esta normativa cobijará, entre otros, a quienes estuvieran irregularmente en Colombia el 31 de enero pasado. El Decreto 216 del 1° de marzo empezará a regir 90 días calendario después de su publicación, y tal estatuto estará vigente durante 10 años.

Reglamentan reunión de asambleas y juntas en 2021

Atendiendo el parágrafo transitorio del artículo 6° de la Ley 2069 del 2020, que permite al Gobierno definir el tiempo, la forma de la convocatoria y demás reglas aplicables a las reuniones ordinarias del máximo órgano social de las personas jurídicas, que se realicen durante el 2021 y las pendientes del 2019 y 2020, se expidió el Decreto 176. De acuerdo con la norma, cada sociedad puede decidir si la reunión será presencial, no presencial o mixta, siempre que se respeten las disposiciones sanitarias pertinentes.

Este es el decreto de prima especial para servidores judiciales

Con base en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Decreto 272 del 11 de marzo fijó la prima especial equivalente al 30% del salario básico a favor de jueces, fiscales y magistrados de tribunales, entre otros servidores listados en la norma. Esta prestación será adicional a la asignación básica correspondiente, se pagará mensualmente y solo constituye factor salarial para efectos del ingreso base de cotización a los sistemas de salud y pensiones. La disposición tiene efectos fiscales desde el pasado 1° de enero.

Decreto 272, mar. 11/21.

Organizan Sistema Nacional de Rendición de Cuentas

A través del Decreto 230, el Departamento Administrativo de la Función Pública creó y organizó el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Su principal propósito es coordinar las actividades estatales y de los particulares, relacionadas con esa rendición, y facilitar el seguimiento y evaluación ciudadana a los compromisos de planeación y gestión de las entidades en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal.

Reforman régimen de zonas francas

El Ministerio de Comercio acabó de modificar el régimen de zonas francas en el país. El Decreto 278 del 15 de marzo busca simplificar y agilizar los requisitos y actuaciones relacionadas con la declaratoria de dichas zonas y brindar condiciones a los usuarios para competir con eficiencia en el mercado. Así, se crea el Comité Técnico de Zonas Francas, como parte del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación. De otro lado, se recalca la posibilidad de implementar el comercio electrónico en tales zonas, así como la constitución de algunas nuevas y la reducción del monto mínimo necesario para su creación y prórroga. De esa forma, se reformó el Decreto 2147 del 2016.

Decreto 278, mar. 15/21.

Presidencia fija lineamientos sobre seguridad digital

El presidente Duque dictó lineamientos referentes al uso de servicios en la nube, inteligencia artificial, seguridad digital y gestión de datos, dirigidos a las entidades públicas del orden nacional, en el marco de la política dictada en estas materias por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta directiva pretende disminuir los costos de funcionamiento, fomentar la innovación y mejorar los procedimientos y servicios de aquellas. Finalmente, se invita a las ramas Legislativa y Judicial y entes territoriales a acoger tales directrices.

Directiva Presidencial 3, mar. 15/21.

Cae creación de Minciencias

Por no especificar la estructura orgánica y las funciones de la entidad, la Corte declaró inconstitucional la Ley 1951 del 2019, que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y, por integración normativa, también corrieron la misma suerte los artículos 125 y 126 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 del 2019), en los que posteriormente fueron incluidos esos elementos. A juicio de la Sala Plena, estas dos disposiciones no corresponden a la función de planeación, ni se encaminan a cumplir el plan en el periodo presidencial pertinente. Dada la incidencia de la decisión en la ejecución de las políticas y programas de la tal cartera, sus efectos fueron diferidos a dos legislaturas, contadas a partir del 20 de julio del 2021.

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Corte Constitucional, Comunicado 08, Sentencia C-047, mar. 4/21.

 

Es inconstitucional que empleador determine trabajos de mujeres

La Corte Constitucional retiró del ordenamiento jurídico un aparte del numeral 13 del artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo, que autorizaba al empleador a especificar, en el reglamento de trabajo, las labores que no podían realizar las mujeres. De acuerdo con el alto tribunal, esa norma se funda en un criterio sospechoso claramente discriminatorio, en tanto reproduce patrones o estereotipos sociales y culturales basados en que las mujeres son presuntamente incapaces de ejercer ciertas ocupaciones por su supuesta debilidad corporal. Esto “parte de un reconocimiento de la superioridad masculina ajena al mandato de unidad de la naturaleza humana y su inseparable dignidad”, que conduce a “evitar tratar con privilegio a algunas personas y denigrar o disminuir a otras”, añade la corporación.

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Corte Constitucional, Boletín 18, feb. 25/21.

Corte avala ley de capacidad legal de personas con discapacidad

La Corte Constitucional falló dos procesos acumulados en los que se demandó la ley de capacidad legal de las personas con discapacidad (L. 1996/19). En el primero de ellos, la corporación concluyó que esta normativa no constituye una regulación integral y absoluta del derecho a la personalidad jurídica, ni afecta su núcleo esencial, por ende, el legislador no desconoció la regla de reserva de ley estatutaria. En el segundo, declaró exequibles los artículos 6° y 53 de la ley, respecto a la presunción de capacidad y prohibición de interdicción, al estimar que resultan acordes con el respeto a la dignidad humana y la igualdad, pues tienen en cuenta que, “independientemente de la deficiencia cognitiva que tenga una persona, ella es un fin en sí mismo, cuenta con un proyecto de vida que se construye de forma autónoma, y en ese sentido, su voluntad debe ser el centro de la toma de decisiones”.

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Corte Constitucional, Comunicados 02 y 03, Sentencias C-022 y C-025, feb. 4 y 5/21.

 

Medida cautelar innominada procede en jurisdicción laboral

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Para hacer efectivos los principios constitucionales de protección especial al trabajo en las reclamaciones laborales y garantizar la tutela judicial, fue declarado exequible condicionalmente el artículo 37A de la Ley 712 del 2001, bajo el entendido que, en el proceso ordinario laboral, pueden invocarse las medidas cautelares innominadas previstas en el literal c) del numeral 1° del artículo 590 del Código General del Proceso. Según este precepto, el juez podrá aplicar cualquier otra medida que considere razonable para proteger el derecho objeto de litigio, impedir su infracción, prevenir daños o asegurar la efectividad de la pretensión. Este fallo supera el criterio de la Sala Laboral de la Corte Suprema, en cuanto a la aplicación por analogía de la regulación procesal civil, solo en ausencia de norma especial.

Corte Constitucional, Boletín 22, feb. 26/21.

Medidas correctivas por realizar necesidades fisiológicas en espacio público no aplican a habitantes de calle

Al condicionar la exequibilidad del numeral 11 del parágrafo 2° del artículo 140 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (L. 1801/16), que contempla la multa y participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, como medidas correctivas a imponer a quien realice necesidades fisiológicas en el espacio público, la Corte Constitucional indicó que estas consecuencias jurídicas no pueden aplicarse a habitantes de la calle. A su juicio, en el caso de estas personas, tales medidas no son idóneas, ya que la comisión de dicha conducta no es una decisión autónoma, sino que se deriva de la falta de acceso a infraestructura sanitaria, la cual es insuficiente y presenta barreras basadas en estigmatización y prejuicios. Además, exhortó a las autoridades municipales y distritales a implementar una política pública que garantice esa clase de infraestructura en el espacio público y esté disponible para tal población.

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Corte Constitucional, Comunicado 11, Sentencia C-062, mar. 17/21. p>

 

Cesión de contratos ante corrupción es potestad del legislador

Se declaró inexequible la facultad del Ejecutivo para reglamentar el procedimiento de cesión de contratos estatales ante casos de corrupción, contemplada en el parágrafo 2° del artículo 6° de la Ley 2014 del 2019. En opinión de la Corte, la atribución de facultades reglamentarias destinadas a señalar cómo o a quién se va a ceder el contrato es un asunto que debe ser definido directamente en la ley. Por otra parte, determinó la exequibilidad del inciso 2° del artículo 2° de la Ley 2014 del 2019, que reformó el literal j) del numeral 1° del artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el cual prevé la inhabilidad para contratar con el Estado a la persona condenada por la comisión de delitos contra la Administración pública y actos de corrupción, aún en los casos en que esté pendiente resolver la impugnación del fallo condenatorio. De acuerdo con la corporación, la inhabilidad es idónea para garantizar la transparencia, imparcialidad, igualdad, moralidad y protección del patrimonio público y prevenir la corrupción.

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Corte Constitucional, Boletín 19 y Comunicado 08, Sentencia C-053, feb. 25 y mar. 5/21.

 

Visto bueno a registro de deudores alimentarios

Como resultado de la revisión de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que busca crear un registro de deudores alimentarios morosos e incentivar el pago oportuno de las obligaciones alimentarias, la Corte corroboró el cumplimiento de los requisitos del trámite legislativo y que la normativa aprobada encuentra justificación en la protección constitucional reforzada de los niños y adolescentes. Sin embargo, el alto tribunal condicionó la constitucionalidad de los artículos 3°, 4° y 9°, y precisó que la inscripción debe permanecer durante seis meses; la información debe ser retirada en caso de pago total; las personas a las que se refiere la norma serán exclusivamente aquellas que apliquen las consecuencias de la inscripción, y las advertencias del incumplimiento deberán incorporarse en los acuerdos de conciliación. Adicionalmente, se declaró la inexequibilidad de algunas expresiones del artículo 6° de la propuesta, sobre consecuencias del registro, por ser desproporcionadas.

Corte Constitucional, Boletín 14, feb. 22/21.

 
 

Conozca las nuevas demandas de inconstitucionalidad admitidas

Recientemente, fueron admitidas distintas demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra disposiciones relativas a las circunstancias de agravación punitiva en la falsedad de documento público (art. 290, Código Penal); ejecución de providencias judiciales contra entidades públicas (art. 307, Código General del Proceso); alimentos (art. 129, Código de Infancia y Adolescencia); imprescriptibilidad de acción penal frente a delitos sexuales contra menores (L. 2081/21); honorarios de concejales municipales (L. 2075/21), e inhabilidades para elegir personero (art. 174, L. 136/94).

Corte Constitucional. Demandas D-14063, D-14115, D-14127 (acumuladas D-14147 y D-14150), D-14138 (acumulada D-14140), D-14141 y D-14168.

 
 

602 trámites administrativos requieren racionalización

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública.

 
 
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