Esta es la reforma al CPACA

Por iniciativa del Consejo de Estado y el apoyo del Gobierno, se aprobó la Ley 2080 del 2021, que modificó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). La reforma contiene 87 artículos y, entre los temas abordados, se resaltan: competencias del Consejo de Estado, tribunales y juzgados administrativos; integración y funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil, la cual decidirá sobre determinados conflictos de competencia; procedimiento administrativo sancionatorio fiscal; uso de medios tecnológicos en la presentación de peticiones y notificación de actos, al igual que el expediente y la sede electrónica; extensión de jurisprudencia de ese alto tribunal a favor de terceros por parte de las autoridades; trámite de impedimentos y recusaciones; control automático de legalidad de fallos sobre responsabilidad fiscal; aspectos relativos a la demanda; casos en que se puede dictar sentencia anticipada; audiencias públicas potestativas; dictamen pericial; procedencia o no de recursos y su trámite, incluyendo el extraordinario de unificación jurisprudencial. Finalmente, la nueva norma prevé la creación de despachos judiciales y dotación de recursos para su funcionamiento. Ley 2080, ene. 25/21..

Acción penal frente a delitos sexuales contra menores es imprescriptible

El Ejecutivo sancionó la Ley 2081, que reformó el artículo 83 del Código Penal (Ley 599 del 2000) y estableció la imprescriptibilidad de la acción penal aplicable a delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, e incesto, cuyas víctimas sean menores de edad. Con lo anterior, se pretende que esta clase de ilícitos puedan ser objeto de investigación y no queden en la impunidad.

Agravan sanciones del suministro de sustancias prohibidas a deportistas

El artículo 380 del Código Penal, que tipifica el suministro ilegal a deportistas, acaba de ser reformado por la Ley 2083 del 18 de febrero. Esta nueva norma cambió la descripción del ilícito, en el sentido de castigar a la persona que, sin justificación terapéutica y para aumentar las capacidades deportivas (físicas o sicológicas), o modificar los resultados en competencias, suministre sustancia o método prohibido a un deportista profesional, o lo induzca en el consumo. La comisión de esta conducta genera 24 a 72 meses de prisión y 66 a 750 salarios mínimos de multa. También se consagra la agravación de la pena hasta la mitad, si el delito recae sobre un menor de edad, se realiza con engaño o coacción, o en un escenario deportivo, y el responsable ostenta calidad que le dé autoridad sobre la víctima.

Ley 2083, feb. 18/21.

Ley crea categoría municipal de ciudades capitales

Colombia ahora cuenta con la categoría municipal de ciudades capitales, gracias a la expedición de la Ley 2082 del 2021. Atendiendo el artículo 320 de la Constitución, se prevé que el Distrito Capital de Bogotá y demás distritos y municipios con dicha condición pertenezcan a esta nueva categoría. Por tanto, estas entidades territoriales gozarán de un régimen especial de organización, gobierno y administración, además de un tratamiento diferenciado, destinado a fomentar su desarrollo integral y regional, dada su población e importancia económica.

Ley 2082, feb. 18/21.

En marcha, plan de vacunación contra covid-19

Se adoptó el Plan nacional de vacunación contra la covid-19, que define la población objeto, los criterios de priorización, las fases y ruta de aplicación y las responsabilidades de cada actor del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de los administradores de los regímenes especiales y de excepción, así como el procedimiento de pago de los costos de su ejecución. A través del Decreto 109, el Ministerio de Salud procura que la adquisición, distribución y aplicación de las vacunas sea centralizada, organizada y monitoreada. Así, bajo este marco jurídico, inició la vacunación de la población priorizada en la Etapa 1 de la primera fase.

Reglamentan Unidades Vocacionales de Aprendizaje en Empresa

Mediante Decreto 154, el Ministerio del Trabajo reglamentó el registro y funcionamiento de la Unidad Vocacional de Aprendizaje en Empresa (UVAE), mecanismo de capacitación destinado al fortalecimiento de capacidades para el desempeño laboral y la productividad, a favor de trabajadores, aprendices o practicantes. Además, estos procesos de formación, con duración máxima de 159 horas, están guiados por los principios de gratuidad, calidad, pertinencia y oportunidad, de modo que orienten el desarrollo de competencias y satisfagan las necesidades empresariales.

Conozca los turnos de notarías en los sábados del 2021

A través de la Resolución 610 del 27 de enero, la Superintendencia de Notariado y Registro fijó los turnos de los sábados comprendidos entre el 1° de febrero del 2021 y el 31 de enero del 2022, para la prestación del servicio en los círculos notariales del país que cuentan con más de una notaría. Por su parte, las resoluciones 536 y 545 actualizaron las tarifas aplicables, las cuales se incrementaron en el mismo porcentaje del IPC (1,61%).

Unifican reglas de amparo en desalojo de población vulnerable

Con ocasión de una tutela instaurada por víctimas de desplazamiento y otras personas, que ocupaban irregularmente un predio en el municipio de El Copey y pretendían la suspensión de actuaciones de desalojo y la garantía del derecho a la vivienda, la Corte Constitucional unificó las reglas jurisprudenciales sobre medidas de amparo en los procesos de desalojo de sujetos de especial protección (SEP). Según el alto tribunal, la ocupación irregular de un predio público no genera derechos ni suspende el desalojo; las autoridades deben adelantar actuaciones diligentes para el desalojo, bajo el debido proceso; tratándose de desplazados, la entidad territorial debe proveer un albergue temporal, por máximo siete meses, medida que no cobija a otros SEP, y las autoridades encargadas de la política de vivienda deben inscribir en los programas respectivos a tales víctimas y los SEP que cumplan con los requisitos. Con el propósito de lograr la debida ejecución de estas medidas, se profirieron órdenes estructurales encaminadas a reforzar la capacidad de respuesta de la Administración, la adecuada identificación de la política de vivienda y el desarrollo de estrategias de comunicación más efectivas. Esta sentencia tiene efectos inter comunis.

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Reiteran inclusión de perspectiva de género en administración de justicia

En la Sentencia T-344 del 2020, objeto de reciente polémica por la aclaratoria de prescindir en el texto de la misma de la doble mención de género, sin que ello implique desconocer la jurisprudencia sobre lenguaje inclusivo, la Corte Constitucional efectuó importantes pronunciamientos respecto al enfoque diferencial con perspectiva de género en la administración de justicia. La acción fue interpuesta por mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, demandadas por sus parejas en procesos ejecutivos fundados en acuerdos conciliatorios suscritos para finalizar la convivencia y liquidar el patrimonio. A juicio de la corporación, la perspectiva de género es un criterio hermenéutico que deben emplear todos los operadores jurídicos en la resolución del litigio, si existe sospecha de relaciones asimétricas, prejuicios o patrones estereotipados de género. Así, ese enfoque exige integrar los principios de igualdad y no discriminación en la interpretación y aplicación de las normas, a fin de garantizar la mayor protección de los derechos humanos. Los conciliadores en derecho, jueces y demás autoridades con funciones judiciales no pueden evadir la aplicación de esta regla, añade.

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Sin efectos fallo que avaló reivindicación de predio en Barú a favor de particulares

En sede de revisión, la Sala Civil de la Corte Suprema se pronunció acerca de la propiedad colectiva que ostenta la comunidad negra de Barú y la titularidad del Estado sobre bienes fiscales, y específicamente, un predio destinado a adelantar planes de desarrollo en la zona. Esta decisión se enmarcó en el conflicto entre dichos derechos y la acción reivindicatoria de dominio, ejercida por particulares sobre el fundo denominado Los Pantanos, ubicado en dicha isla. Al advertir la eventual lesión al patrimonio público y a los derechos de tal población vulnerable, la corporación dejó sin efectos la providencia proferida por el Tribunal de Cartagena, en el 2008, que ordenó abrir un nuevo folio de matrícula referente a ese bien y a favor de dichos particulares. Además, en el trámite del proceso, no se convocó a varias sociedades con interés en él, lo cual transgredió su defensa, otro de los motivos causantes de nulidad. Por ende, la Sala ordenó al tribunal dictar una nueva sentencia, de forma que vincule a todos los interesados, reconstruya debidamente los hechos y resuelva la tensión entre la propiedad privada, colectiva y estatal. Así mismo, compulsó copias de toda la actuación a la Fiscalía General, para que investigue la conducta de las partes y los funcionarios judiciales que participaron en ese trámite.

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Corte Suprema de Justicia, Sentencia 11001020300020090187700, ene. 18/21.

 

Verificación de cumplimiento de fallo de constitucionalidad no corresponde a Corte

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La Corte Constitucional recordó que ella no es competente para verificar el cumplimiento de lo ordenado en las sentencias de constitucionalidad proferidas, y, por ende, tampoco puede iniciar incidentes de desacato con ese fin, ni forzar el acatamiento por las autoridades o establecer responsabilidades por la presunta inobservancia de lo decidido. Así lo determinó, al rechazar diversas solicitudes de cumplimiento de la Sentencia C-038 del 2020, que declaró inexequible el parágrafo 1° del artículo 8° de la Ley 1843 del 2017, sobre la responsabilidad solidaria entre el propietario del vehículo y el conductor ante fotomultas. En todo caso, el alto tribunal remitió tales peticiones a la Procuraduría General, para su conocimiento.

Corte Constitucional, Auto 455, nov. 26/20.

 

Corte inicia revisión de proyecto del nuevo Código Electoral

En los últimos días, la Corte Constitucional admitió varias demandas dirigidas contra normas referentes al trabajo para adultos mayores (L. 2040/20, art. 3°); proyectos de asociación público privada y piso de protección social para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo (L. 1955/19, arts. 116 y 193); acción de cumplimiento contra particulares y jurisdicción que conoce de las acciones populares (L. 393/97, art. 6°, y, L. 472/98, art. 15). Adicionalmente, la corporación asumió la revisión del Proyecto de Ley Estatutaria 234/20S - 409/20C, por el cual se expide el Código Electoral Colombiano.

Corte Constitucional. Demandas D-13892, D-14052 y D-14056 y Proceso PE-050.

 
 

200 años de la Constitución de Cúcuta (1821-2021).

 
 
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